Sentencia Social 178/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 8 de Murcia, Rec. 388/2023 de 17 de abril del 2026

PRIMERO.-La competencia corresponde al orden social y la acción se encauza por la modalidad de impugnación de actos administrativos en materia laboral, conforme a los artículos 69 y 151 LRJS.

El objeto del proceso queda delimitado por la demanda a la Resolución de 9 de enero de 2023, confirmatoria del Acta NUM000.

La mención final, en el suplico de la página 8, a una resolución de la Junta de Andalucía de 1 de febrero de 2022 constituye un error material manifiesto, sin incidencia en la delimitación del litigio, pues el resto del escrito identifica de forma inequívoca la resolución de Murcia, la autoridad, el número de acta y la cuantía de la sanción.

SEGUNDO. -La cuestión de fondo se rige por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, vigente tanto en la fecha del acta y de la resolución sancionadora como en la actualidad, sin alteración sustancial en los apartados relevantes para este pleito.

Dicho precepto reputa cesión ilegal, entre otros supuestos, la mera puesta a disposición, la falta de actividad u organización propia y estable de la cedente, la carencia de medios necesarios o la ausencia de ejercicio real de las funciones inherentes al empresario.

La conducta se tipifica como infracción muy grave en el artículo 8.2 LISOS y, en la fecha de la resolución de 9 de enero de 2023, la horquilla sancionadora mínima para tales infracciones era de 7.501 a 30.000 euros, conforme al artículo 40.1.c) LISOS.

A ello se suma la presunción de certeza del artículo 23 de la Ley 23/2015 respecto de los hechos constatados en el acta, sin perjuicio de la prueba en contrario.

TERCERO. -La parte actora articula su defensa sobre la doctrina de la circulación intragrupo. Ahora bien, la STS, Sala Cuarta, de 25 de junio de 2009, recurso 57/2008, ECLI:ES:TS:2009:4934, ponente Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández, que examina la circulación de trabajadores dentro de un grupo, no proclama una exención del grupo frente al artículo 43 ET. Su doctrina es más limitada. La circulación intragrupo puede ser en principio lícita cuando responde a una técnica organizativa y no a una mera interposición, pero esa licitud queda condicionada a que se preserven las garantías del trabajador y a que no se vacíe de contenido la posición empresarial real. La propia sentencia parte, además, de un conflicto colectivo sobre antigüedad, no de un procedimiento sancionador por cesión ilegal como el presente.

CUARTO.-Más próxima al caso es la STSJ de Andalucía, Sala de lo Social de Málaga, sentencia 212/2019, de 6 de febrero, recurso 1488/2018, ECLI:ES:TSJAND:2019:462, ponente Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vela Torres, cuya pertinencia se justifica por la similitud fáctica y jurídica, empresa formal que contrata y paga, pero empresa real distinta que ordena, integra, supervisa y dota medios a la prestación. Esa resolución afirma expresamente que la existencia de grupo de empresas no excluye por sí sola la cesión ilegal cuando existe discrepancia entre empleador formal y empleador real. La cita resulta pertinente porque el problema nuclear aquí debatido es precisamente este.

QUINTO. -La defensa de Nexalia no desvirtúa el relato esencial del acta. No estamos, según lo acreditado, ante una verdadera circulación sucesiva de personal entre varias sociedades del grupo, sino ante una contratación por Nexalia seguida de una prestación estable de servicios docentes para King's College Murcia, S.L.

Resulta de las actuaciones que el trabajador prestaba servicios docentes para King's y que le fueron reconociendo las condiciones del convenio docente aplicable. A ello se añade el dato puesto de manifiesto en la vista, consistente en que el trabajador impartía clases concretas y aparecía integrado en cuadrantes docentes del colegio.

Esa realidad funcional, unida a la regularización posterior de categoría y salario, pone de manifiesto una discordancia entre el contrato inicial y la prestación efectivamente desarrollada.

SEXTO. -Tampoco puede prosperar, en los términos en que se formula, la alegación de inexistencia de finalidad fraudulenta o de degradación.

En primer lugar, porque el artículo 43 ET no exige, en todos sus supuestos, la acreditación autónoma de un ánimo subjetivo añadido cuando concurren los indicadores legales de puesta a disposición, carencia de medios o falta de ejercicio real de funciones empresariales.

En segundo lugar, porque incluso desde la perspectiva sostenida por la actora, los propios datos del proceso muestran una necesidad de corrección posterior de la categoría y de la retribución, lo que evidencia que la relación laboral formal no coincidía inicialmente con la realidad de los servicios prestados.

La regularización ulterior no destruye la infracción originaria, sino que confirma la existencia de una disociación previa.

SÉPTIMO. -La presunción de certeza del acta inspectora no ha sido desvirtuada con prueba bastante.

La apelación al grupo mercantil, a la buena fe empresarial y a la posterior adecuación convencional resulta insuficiente frente a un cuadro indiciario integrado por la contratación inicial con categoría no coincidente con la función principal finalmente reconocida, la prestación docente para el colegio, la referencia a cuadrantes de clases y la existencia de acuerdos de regularización.

De todo ello resulta una discrepancia material entre empresario formal y empresario real en la ejecución diaria de la prestación.

OCTAVO. -Acreditada la cesión ilegal en los términos del artículo 43 ET, la subsunción en el artículo 8.2 LISOS es directa. La multa de 7.501 euros impuesta a Nexalia coincide con el mínimo legal del grado mínimo para las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales vigente en enero de 2023, por lo que no se aprecia desproporción alguna.

NOVENO. -Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El recurso deberá prepararse ante este Tribunal de Instancia, Sección Social, dentro del plazo legalmente establecido desde la notificación de la resolución, con cumplimiento de los requisitos formales y, en su caso, de los depósitos y consignaciones exigidos por la ley, sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo