Sentencia Social 192/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 8 de Murcia, Rec. 690/2019 de 19 de abril del 2026

PRIMERO. -La pretensión ejercitada se dirige contra una resolución administrativa sancionadora en materia laboral, agotada la vía administrativa previa mediante recurso de alzada, siendo ésta la modalidad procesal invocada en la demanda. La pretensión ha de resolverse desde el control jurisdiccional de la legalidad del acto sancionador y de la suficiencia de la prueba de cargo existente en el expediente.

SEGUNDO. -La primera cuestión controvertida se refiere a la validez formal del acta y a la denunciada indefensión por falta de acompañamiento del anexo.

El artículo 14 del Real Decreto 928/1998 exige que las actas de infracción reflejen la identificación del presunto responsable, los hechos comprobados relevantes para la tipificación, la infracción imputada, la propuesta sancionadora y el órgano competente, y el artículo 15 del mismo Reglamento atribuye presunción de certeza a las actas formalizadas con arreglo a esos requisitos, salvo prueba en contrario.

Además, el artículo 53.1.a de la Ley 39/2015 reconoce al interesado el derecho a acceder y obtener copia de los documentos obrantes en el procedimiento.

Con arreglo a ese marco, no se aprecia indefensión material invalidante. El expediente muestra que la empresa recibió el acta, formuló alegaciones, interpuso recurso de alzada y promovió ulterior demanda judicial.

Aunque la parte actora insiste en la falta inicial de remisión del anexo, conoció suficientemente el núcleo de la imputación, la cuantía, el período afectado y la base documental de la acusación, y pudo articular defensa plena frente a ello.

La doctrina constitucional exige indefensión real y efectiva, no mera irregularidad formal. En esa línea, la STC 84/2022, recurso de amparo 83-2021, de 27 de junio, ponente Pedro José González-Trevijano Sánchez, ECLI:ES:TC:2022:84, declara que la lesión sólo surge cuando la actuación administrativa impide efectivamente la defensa, lo que aquí no concurre a la vista de la actividad impugnatoria desplegada por la empresa.

TERCERO. -Tampoco puede prosperar la alegación relativa a la obligatoriedad del requerimiento previo de subsanación. El artículo 11.5 del Real Decreto 928/1998, en la redacción vigente tanto al tiempo de los hechos como en la actualidad, dispone que el Inspector actuante podrá advertir o requerir, en vez de iniciar el procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y no se deriven perjuicios directos a los trabajadores. La norma, por su propio tenor literal, configura una potestad y no una carga procedimental inexcusable. Por ello, la falta de requerimiento previo no vicia por sí sola el expediente sancionador.

CUARTO. -En cuanto al fondo, el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores impone que la liquidación y el pago del salario se hagan puntual y documentalmente, y el artículo 8.1 de la LISOS tipifica como infracción muy grave el impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

El expediente sancionador se apoya en una prueba de cargo objetiva, consistente en los registros de jornada y nóminas aportados por la propia empresa, complementada con un anexo individualizado y con la declaración en juicio del Inspector actuante.

La defensa empresarial, tanto en vía administrativa como judicial, descansa en que el convenio colectivo permitiría un pago por día trabajado para determinados contratos y en que el Inspector no habría distinguido adecuadamente entre trabajadores eventuales y fijos discontinuos.

Ahora bien, esa tesis, aun tomada en su máxima extensión dialéctica, no basta para desvirtuar la infracción apreciada. La empresa no aportó una liquidación alternativa individualizada que demostrase que, aplicando la concreta modalidad retributiva que sostenía como correcta, ningún trabajador sufrió diferencias salariales en el período enero a mayo de 2016.

La discrepancia interpretativa abstracta sobre salario día o salario hora no sustituye la necesidad de una contradicción probatoria concreta frente al anexo inspector, trabajador por trabajador y mes por mes.

A ello se añade que el Inspector explicó en juicio que la diferencia se obtuvo cruzando las horas reflejadas en los registros empresariales con el importe horario tomado del convenio y restando el salario bruto abonado por la empresa. Ese método podrá ser discutido, pero no ha sido neutralizado mediante una prueba técnica de contrario suficientemente robusta.

QUINTO. -Debe rechazarse la alegación relativa a la inexistencia de culpabilidad. El principio de culpabilidad rige plenamente en el derecho administrativo sancionador y excluye la responsabilidad objetiva. Así lo recuerda la STC 164/2005, recurso de amparo 2096-2002, de 20 de junio, ponente Eugeni Gay Montalvo, ECLI:ES:TC:2005:164, al afirmar que no cabe sancionar sin un mínimo juicio de reproche, siquiera sea por simple negligencia.

Pero esa misma doctrina no ampara a quien, siendo empresario y obligado al exacto pago del salario debido, mantiene durante varios meses un sistema de abono que genera diferencias salariales apreciadas sobre su propia documentación. El «error» alegado por la mercantil no excluye la culpabilidad cuando revela, al menos, una negligencia relevante en la fijación y liquidación de salarios.

SEXTO. -La cuestión de la proporcionalidad de la sanción tampoco puede prosperar. El artículo 39.2 de la LISOS ordena graduar la sanción atendiendo, entre otros criterios, a la negligencia, intencionalidad, número de trabajadores afectados y perjuicio causado, y el artículo 39.6 exige que el acta y la resolución expliciten los criterios de graduación aplicados.

La reforma del artículo 40 LISOS operada por la Ley 10/2021 elevó las cuantías sancionadoras a partir del 1 de octubre de 2021 y declaró expresamente que las infracciones cometidas con anterioridad se sancionarían conforme a las cuantías anteriores, de modo que la escala actual no es retroactivamente aplicable a hechos de 2016 ni a una sanción impuesta en 2017 y confirmada en 2019.

En el caso enjuiciado, la Administración ya anuló la segunda infracción inicialmente propuesta y mantuvo sólo la sanción de 25.001 euros por la primera, haciendo descansar su graduación en la afectación plural a los trabajadores y en la entidad de las diferencias salariales apreciadas.

Con el material probatorio disponible no existe base bastante para sustituir ese juicio administrativo por una reducción adicional, pues la actora no ha probado ni la inexistencia de diferencias ni la concurrencia de circunstancias atenuadoras específicas distintas de la mera invocación genérica de error.

SÉPTIMO. -Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El recurso deberá prepararse ante este Tribunal de Instancia, Sección Social, dentro del plazo legalmente establecido desde la notificación de la resolución, con cumplimiento de los requisitos formales y, en su caso, de los depósitos y consignaciones exigidos por la ley, sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,