Sentencia Social 144/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 8 de Murcia, Rec. 644/2021 de 04 de abril del 2026

PRIMERO.La cuestión litigiosa no consiste en determinar si la empresa padeció o no una afectación real de su actividad, extremo que, en términos generales, ha de darse por acreditado a la vista de la documental obrante en autos.

La auténtica cuestión controvertida reside en decidir si aquella afectación alcanzó la cualificación jurídica necesaria para ser subsumida en la categoría excepcional de fuerza mayor por limitación del desarrollo normalizado de la actividad, en los términos legalmente exigibles al tiempo de la solicitud administrativa.

Tal delimitación del objeto litigioso no es meramente retórica. El debate no puede resolverse mediante una aproximación impresionista al contexto pandémico ni por el solo dato de la contracción de actividad o de ingresos. Exige, por el contrario, separar con rigor la existencia de medidas públicas condicionantes, la efectiva incidencia de dichas medidas sobre la actividad y la concurrencia del presupuesto jurídico extraordinario que habilita la constatación de fuerza mayor. La prueba del perjuicio económico o de la alteración organizativa no comporta por sí misma la prueba de la fuerza mayor limitativa.

SEGUNDO. -La solicitud fue presentada el 30 de abril de 2021. En ese momento el soporte general del mecanismo seguía residiendo en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero la concreta modalidad excepcional invocada debía integrarse en el régimen extraordinario articulado durante la crisis sanitaria.

La propia solicitud administrativa se formuló por la vía de los artículos 22.1 y 22.2 a) del Real Decreto ley 8/2020, mientras que la construcción material de la empresa, tanto en sede administrativa ulterior como en vía judicial, se apoya en la modalidad de limitación del desarrollo normalizado de la actividad prevista en el artículo 2 del Real Decreto ley 30/2020, proyectada sobre el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021 por el Real Decreto ley 2/2021.

La precisión temporal y sistemática no es secundaria y por ende el enjuiciamiento debe efectuarse conforme al régimen vigente cuando la empresa formalizó su solicitud, y en ese régimen la figura de la limitación no equivalía a cualquier descenso de actividad acaecido durante la pandemia, sino a una restricción del desarrollo normalizado de la actividad impuesta por decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, con suficiente entidad y adecuada conexión causal.

TERCERO. -La empresa actora parte de una premisa correcta, no se exige cierre absoluto para apreciar fuerza mayor por limitación.

Ahora bien, de esa premisa no se sigue que toda perturbación relevante del funcionamiento ordinario de una actividad, por intensa que sea, quede automáticamente comprendida en la figura excepcional invocada.

La modalidad legal examinada exige una limitación jurídicamente cualificada, de procedencia externa, causalmente conectada con la actuación de la autoridad y suficientemente acreditada en su incidencia real sobre la concreta actividad concernida.

No basta, por tanto, con mostrar que la empresa trabajó en condiciones más gravosas, menos flexibles o menos rentables. Es necesario acreditar que la autoridad impuso una restricción de tal intensidad que el desarrollo normalizado de la actividad quedó efectivamente limitado en el sentido normativo requerido para esta modalidad específica.

En este punto conserva utilidad metodológica la STS núm. 83/2021, Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Pleno, de 25 de enero de 2021, recurso 125/2020, ECLI:ES:TS:2021:59, ponente Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol, en cuanto recuerda la centralidad de la constatación administrativa y el análisis riguroso del presupuesto de fuerza mayor en el marco de los expedientes extraordinarios vinculados a la COVID 19. Su pertinencia aquí deriva de la cuestión jurídica tratada, no de una identidad sectorial plena.

CUARTO. -Este Tribunal no minimiza, ni puede hacerlo, la intensidad del marco normativo sanitario y organizativo que disciplinó la prestación del servicio de comedor escolar durante el curso 2020 2021.

La documentación aportada por la actora acredita la existencia de una regulación pública detallada, exigente y de incidencia directa en la organización del servicio. Hubo medidas de distancia interpersonal, grupos estables de convivencia, turnos, zonificación, limpieza reforzada, ventilación, adaptación de recorridos y redistribución funcional de espacios y personal.

Ahora bien, el propio contenido de ese marco regulatorio muestra que su lógica no descansaba sobre la clausura general del comedor escolar, sino sobre su mantenimiento mediante adaptación intensiva. La posibilidad de organizar varios turnos, emplear espacios anexos, sectorizar al alumnado y asignar puestos fijos revela una política de continuidad funcional bajo condiciones reforzadas, no una política de supresión general del servicio.

De ahí que el verdadero problema jurídico no sea el de la existencia de medidas públicas, que es indiscutible, sino el de su concreta intensidad limitativa en los cinco centros afectados y durante el preciso periodo temporal a que la solicitud se contrae.

QUINTO.La documental aportada acredita un descenso relevante de usuarios y de facturación. La empresa no comparece sosteniendo una afectación meramente hipotética, sino apoyándose en comparativas internas, facturas y documentación funcional del servicio. Desde esa perspectiva, este Tribunal acepta que existió una perturbación material cierta y apreciable de la actividad empresarial.

Pero la aceptación de ese presupuesto fáctico no determina por sí sola la estimación de la demanda. La figura de fuerza mayor por limitación no puede confundirse con toda reducción sensible de actividad acaecida en contexto COVID. Exige un plus de conexión jurídica y causal entre la medida pública y la concreta restricción del desarrollo normalizado de la actividad. Si esa exigencia desapareciera, quedaría vacía la distinción entre la fuerza mayor limitativa y las restantes causas de ajuste que el ordenamiento mantuvo vigentes como categorías autónomas.

SEXTO.Es precisamente en este punto donde la pretensión actora no alcanza la suficiencia probatoria necesaria.

La empresa sostiene que las medidas sanitarias comportaron una severa reducción de aforo, una pérdida estructural de usuarios, la eliminación de ciertas modalidades de utilización del servicio y una intensa pérdida de flexibilidad organizativa. Tales alegaciones, consideradas en abstracto, no son irrazonables. Pero lo decisivo no es su plausibilidad general, sino su acreditación singularizada respecto de los cinco centros concretamente afectados y del periodo litigioso.

Y esa acreditación no concurre con la precisión exigible. No consta resolución singular de autoridad que ordenase el cierre total del servicio en los cinco centros. No consta prohibición administrativa específica de prestación del comedor en tales centros. No consta acto individualizado que impusiera, para ellos, una reducción coactiva del servicio equivalente a la suspensión interesada. Lo que sí consta es una modificación intensa de la forma de prestación del servicio y una disminución correlativa de usuarios. Pero ese dato, aun siendo relevante, no basta para integrar sin más la modalidad excepcional invocada.

La diferencia entre una actividad condicionada severamente y una actividad limitada en sentido jurídico cualificado es, aquí, decisiva. La primera resulta acreditada. La segunda, en los términos precisos exigibles para estimar la demanda, no.

SÉPTIMO.-Examinada la resolución administrativa de fecha 6 de mayo de 2021, no puede afirmarse que sea arbitraria, ilógica o inmotivada en sentido invalidante. Su núcleo argumental es inteligible, reconoce que las medidas sanitarias afectaban al funcionamiento del comedor escolar, pero rechaza que ese solo hecho justificase la constatación de fuerza mayor limitativa bastante para la suspensión pretendida.

La parte actora entiende que esa conclusión incurre en contradicción, porque admitir limitaciones de aforo, sectorización, turnos y pérdida de actividad debería conducir necesariamente a la estimación de la solicitud.

Sin embargo, esa objeción no puede compartirse. Una cosa es reconocer una prestación más compleja, menos flexible y menos rentable. Otra, distinta, es afirmar la concurrencia de la modalidad extraordinaria y específica de fuerza mayor por limitación. La resolución administrativa no niega la afectación. Niega su suficiente cualificación jurídica.

OCTAVO.La demanda articula además un motivo autónomo de nulidad al amparo del artículo 14 de la Constitución, sobre la base de que en otros territorios o respecto de expedientes semejantes se habrían dictado resoluciones administrativas favorables.

La alegación no puede prosperar a criterio de este Tribunal , porque no toda divergencia de criterio entre órganos administrativos distintos, actuantes en marcos territoriales diversos y sobre expedientes con facticidad propia, integra lesión del principio de igualdad en la aplicación de la ley.

Para que la denuncia pudiera abrirse paso sería necesaria la acreditación de un término homogéneo de comparación, con identidad sustancial de hechos, de marco normativo aplicado, de estructura del servicio afectado, de intensidad de las limitaciones y de razón decisoria. Tal identidad no ha quedado acreditada con el rigor que este motivo constitucional exige.

NOVENO. -En definitiva, la empresa ha probado que durante el periodo litigioso sufrió una perturbación real y significativa de su actividad en los comedores escolares afectados, con descenso de comensales, reducción de facturación y necesidad de adaptar intensamente la organización del servicio a exigencias sanitarias reforzadas.

Pero no ha probado, con idéntico grado de solidez, que una decisión singular de autoridad o un efecto normativo directo proyectado específicamente sobre los cinco centros concernidos impusiera una limitación bastante del servicio que obligue a calificar jurídicamente la situación como fuerza mayor por limitación en los términos excepcionales aquí defendidos.

La consecuencia no puede ser otra que la confirmación de la resolución administrativa impugnada, sin perjuicio de que la afectación empresarial alegada hubiera podido, en su caso, encontrar encaje en otras causas de ajuste distintas de la ejercitada en este proceso.

DÉCIMO.Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en la forma y dentro del plazo legalmente establecidos, con cumplimiento, en su caso, de los requisitos de depósito y consignación exigidos por la ley, sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,