Sentencia Social 237/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 8 de Murcia, Rec. 450/2023 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.El conocimiento del presente litigio corresponde al orden jurisdiccional social, al impugnarse una resolución administrativa sancionadora dictada en materia laboral. La modalidad procesal aplicable es la prevista para la impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales, conforme al artículo 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El objeto del proceso queda delimitado por la demanda, por la resolución sancionadora impugnada y por la oposición formulada por la Administración. La cuestión no consiste en determinar cuál sea la organización productiva más conveniente para la empresa, ni cuál sea el horario empresarialmente más eficiente, sino en resolver si la Administración ha acreditado que la empresa incurrió en la infracción grave prevista en el artículo 7.10 LISOS.

Dicho precepto sanciona, como infracción grave, establecer condiciones de trabajo inferiores a las previstas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones contrarios a los derechos reconocidos en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy grave.

El control judicial de la potestad sancionadora exige comprobar la realidad de los hechos, su subsunción típica, la culpabilidad, la proporcionalidad y la motivación. En el presente caso, ese control conduce a confirmar la resolución administrativa, por haberse acreditado la conducta imputada y no haberse desvirtuado suficientemente su encaje típico.

SEGUNDO.La sanción se funda en el artículo 9 del Convenio Colectivo de Empresas Cosecheras y Productoras de Tomate, Lechuga y otros productos agrícolas de la Región de Murcia, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 18 de junio de 2022.

El artículo 9, tal como aparece reproducido en el expediente administrativo, establece, para los trabajos agrícolas y con las excepciones previstas en el propio precepto, jornada intensiva de siete horas de trabajo efectivo como máximo en el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de agosto de cada año, salvo modificación de fechas por mutuo acuerdo entre la Dirección de la empresa y su respectivo Comité. Añade que la duración de la jornada podrá ser distinta por acuerdo entre Empresa y Comité. El precepto contiene además una previsión sobre jornada continuada de más de seis horas a efectos del descanso mínimo.

No se discute la vigencia del convenio ni su aplicabilidad general a la empresa. Lo controvertido es si la empresa podía mantener jornada partida en determinados invernaderos del Campo de Cartagena durante el periodo estival con apoyo en la documentación aportada y en razones preventivas. La respuesta debe ser negativa.

El convenio contiene una regla específica para el periodo estival, consistente en la aplicación de jornada intensiva durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de agosto. La posibilidad de acuerdo con el Comité no permite tener por excluida dicha regla mediante una referencia genérica a una práctica organizativa, sino que exige acreditar un acuerdo suficiente, identificable y referido a los centros afectados, que permita conocer su objeto, su alcance personal, funcional y temporal, así como la concreta modificación introducida respecto de la previsión convencional.

TERCERO.La prueba practicada en juicio fue exclusivamente documental. No se practicó prueba testifical ni pericial. La valoración probatoria debe ceñirse, por tanto, al expediente administrativo, al acta de infracción, al informe ampliatorio y al acta de reunión del Comité de Empresa de 24 de agosto de 2022.

Los hechos constatados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social gozan de presunción de certeza conforme al artículo 23 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados.

La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016, recurso 659/2015, ECLI:ES:TS:2016:5600, ponente Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero, delimita el alcance de esa presunción y recuerda que queda referida a hechos objetivos percibidos directamente o acreditados mediante medios de prueba citados en el acta, sin comprender simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas. Su pertinencia en este proceso radica en la cuestión común que se examina, el valor probatorio de las actas inspectoras y su control judicial, y en que aquí los hechos relevantes proceden, en buena medida, de documentación aportada por la propia empresa.

La presunción de certeza no impide el control judicial de la interpretación del convenio ni de la subsunción jurídica. Pero sí resulta relevante cuando los hechos esenciales han sido extraídos de la documentación examinada y no han sido eficazmente desvirtuados por prueba contradictoria.

En este caso, el hecho nuclear no ofrece duda suficiente. En la Finca La Cruz se aplicaba jornada intensiva. En los invernaderos del Campo de Cartagena identificados en el acta no se aplicaba dicha jornada, sino jornada partida. Este dato deriva de la documentación empresarial examinada por la Inspección y no ha sido negado en términos sustanciales por la parte actora. La discrepancia se centra en la justificación jurídica de esa práctica.

CUARTO.La parte actora sostuvo en conclusiones que el acta del Comité de Empresa de 24 de agosto de 2022 acreditaba la existencia de un acuerdo o, cuando menos, de una pauta organizativa tratada con la representación de los trabajadores, conforme a la cual la jornada intensiva se limitó a la Finca La Cruz. Añadió que la jornada partida en los invernaderos del Campo de Cartagena respondía a razones preventivas frente al estrés térmico, y que la Inspección no efectuó mediciones ni comprobaciones objetivas por finca.

La Administración mantuvo que no se había desvirtuado la presunción de certeza del acta, que la documental aportada ya había sido examinada en vía administrativa y que la jornada intensiva era obligatoria entre el 15 de mayo y el 31 de agosto, sin que el acuerdo invocado por la empresa pudiera excluir su cumplimiento en los invernaderos del Campo de Cartagena.

De lo anterior resulta que la controversia no es puramente fáctica. La Administración no niega la existencia del acta de 24 de agosto de 2022. Tampoco niega que la Finca La Cruz recibiera un tratamiento diferenciado. Lo que niega, con fundamento suficiente, es que esa documentación equivalga a un acuerdo válido y bastante para excluir la aplicación de la jornada intensiva en el resto de fincas.

La cuestión decisiva es si la empresa ha acreditado la concurrencia de una excepción convencional suficiente. La carga de probar el hecho impeditivo o excluyente de la infracción, esto es, la existencia de un acuerdo eficaz que permitiera no aplicar la jornada intensiva en los centros afectados, correspondía a quien lo invocaba. La prueba practicada no permite alcanzar esa conclusión.

QUINTO.El acta del Comité de Empresa de 24 de agosto de 2022 recoge que el segundo punto del orden del día se refería a la jornada de campo en periodo estival. En ese punto se afirma que, tal como se había tratado en la reunión del Comité de Seguridad y Salud de 2 de junio de 2022, la aplicación de jornada intensiva se limitó a la Finca La Cruz.

Ese documento tiene valor probatorio en cuanto acredita que la organización de la jornada fue tratada con la representación de las personas trabajadoras y que existía una pauta diferenciada por fincas. Sin embargo, no acredita con la precisión necesaria la existencia de un acuerdo entre la Dirección de la empresa y el Comité de Empresa que permitiera excluir la jornada intensiva en los invernaderos del Campo de Cartagena durante el periodo estival de 2022.

El artículo 9 del convenio se refiere al acuerdo entre la Dirección de la empresa y su respectivo Comité. La referencia a lo tratado en el Comité de Seguridad y Salud no equivale, por sí sola, a un pacto modificativo de jornada en los términos previstos por el convenio. El Comité de Seguridad y Salud tiene funciones propias en materia preventiva, pero no sustituye automáticamente al órgano llamado por la norma convencional a pactar la modificación de la jornada.

Tampoco basta la afirmación de que la jornada intensiva se limitó a la Finca La Cruz. Esa afirmación permite conocer la práctica seguida, pero no incorpora por sí misma una cláusula expresa de inaplicación de la jornada intensiva en los restantes invernaderos, ni delimita de modo suficiente su alcance temporal, funcional y personal.

La Administración valoró el documento y concluyó que permitía apreciar un pacto referido a la Finca La Cruz, pero no un acuerdo que habilitara a dejar de aplicar la jornada intensiva en los demás invernaderos. Dicha conclusión no resulta arbitraria ni irrazonable, pues se corresponde con el contenido literal del acta aportada.

SEXTO.La empresa sostiene que jornada intensiva y jornada continuada son conceptos distintos, y que una jornada de siete horas puede ser intensiva aunque se preste en régimen partido. Esta tesis no puede prosperar en el presente caso.

El artículo 9 del convenio no se limita a fijar una jornada diaria máxima de siete horas. Establece una modalidad específica de jornada para el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de agosto, que denomina jornada intensiva. Si la previsión convencional hubiera querido fijar únicamente un límite cuantitativo diario, habría bastado con establecer una duración máxima de siete horas de trabajo efectivo. Sin embargo, el convenio emplea expresamente la expresión jornada intensiva y la vincula a un periodo estival determinado.

La referencia posterior a la jornada continuada de más de seis horas, a efectos del descanso mínimo, no permite privar de eficacia a la regla convencional anterior. La diferencia terminológica puede tener relevancia interpretativa, pero no autoriza a equiparar cualquier distribución de siete horas, incluida la jornada partida con interrupción prolongada, a la jornada intensiva prevista como regla general para el periodo estival.

No se sanciona a la empresa por no adoptar la organización productiva preferida por la Administración. La sanción se impone por mantener jornada partida en centros incluidos en el ámbito de la regla convencional estival, sin acreditar un acuerdo suficiente que excepcionara dicha regla.

La conducta encaja en el artículo 7.10 LISOS porque la empresa aplicó, respecto de los trabajadores afectados, una condición de jornada distinta e inferior a la prevista en el convenio colectivo. La jornada intensiva estival constituye una condición convencional de trabajo. Su no aplicación, salvo excepción válidamente acreditada, integra el supuesto típico sancionado.

SÉPTIMO.La actuación inspectora se inició en relación con medidas preventivas y organizativas frente al riesgo de estrés térmico. La empresa sostuvo que la jornada partida permitía evitar las horas centrales de mayor calor, facilitar el descanso, la hidratación y la reanudación posterior de la actividad en condiciones más favorables.

El artículo 4.2.d del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de las personas trabajadoras a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales. El artículo 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, reconoce el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y el correlativo deber empresarial de protección.

La prevención de riesgos laborales no autoriza a la empresa a inaplicar por su sola decisión una regla convencional de jornada. La empresa debe organizar el trabajo de forma segura, pero esa obligación debe cumplirse dentro del marco legal y convencional aplicable. Si considera que la jornada convencional presenta problemas preventivos en determinados centros, debe articular las medidas técnicas, organizativas o negociadoras procedentes, y acreditar de forma objetiva la necesidad de la adaptación.

En el presente caso no se practicó prueba pericial ni testifical que acreditara que la jornada intensiva convencional resultara técnicamente inviable o más perjudicial para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los invernaderos afectados. Tampoco consta una evaluación específica incorporada al proceso que demuestre que la única medida preventiva adecuada fuera mantener la jornada partida durante el periodo estival.

Los motivos organizativos y productivos invocados por la empresa, relativos a la luz en invernaderos, al doble desplazamiento o a la recolección de determinados cultivos, pueden explicar la preferencia empresarial por una determinada distribución horaria. No justifican, sin embargo, la inaplicación de una norma convencional sin acuerdo suficiente ni acreditación técnica concluyente. Su relevancia es contextual, no excluyente de la infracción.

La ausencia de mediciones térmicas por parte de la Inspección no determina, por sí misma, la anulación de la sanción. La infracción imputada no es una infracción preventiva autónoma por insuficiencia de medidas frente al calor, sino una infracción en materia de relaciones laborales por incumplimiento de una condición de jornada prevista en convenio colectivo. Para apreciar el tipo del artículo 7.10 LISOS bastaba acreditar la regla convencional aplicable, la jornada efectivamente seguida y la falta de acuerdo suficiente que autorizara la excepción.

OCTAVO.El artículo 7.10 LISOS sanciona el establecimiento de condiciones de trabajo inferiores a las previstas legal o convencionalmente, así como determinados actos u omisiones contrarios a derechos laborales básicos. La Administración debía acreditar que la jornada aplicada en los invernaderos del Campo de Cartagena suponía una condición contraria o inferior a la prevista en el convenio colectivo.

La prueba obrante permite tener por acreditado ese extremo.

Consta que el convenio establecía jornada intensiva de siete horas de trabajo efectivo como máximo durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de agosto. Consta también que en determinados invernaderos del Campo de Cartagena la empresa no aplicó dicha jornada, sino jornada partida. Consta, finalmente, que no se ha acreditado un acuerdo suficiente entre la Dirección de la empresa y el Comité que permitiera excluir la regla convencional en esos centros.

La empresa no negó la vigencia del convenio ni la existencia de la regla general de jornada intensiva. Lo que opuso fue una organización tratada con la representación de las personas trabajadoras y justificada, según su tesis, por razones preventivas frente al estrés térmico. Esa oposición no desvirtúa la infracción, porque la documentación aportada no acredita una excepción convencional suficiente y la finalidad preventiva alegada no permite, por sí sola, desplazar una condición pactada colectivamente.

No existe una duda interpretativa de entidad bastante para excluir la tipicidad. La empresa podía conocer la obligación convencional de aplicar jornada intensiva durante el periodo estival. La regla era expresa, el periodo estaba delimitado y las excepciones exigían acuerdo. Mantener una jornada partida en determinados centros sin acreditar suficientemente ese acuerdo integra la infracción apreciada.

También concurre culpabilidad en grado suficiente. No se exige dolo para apreciar la infracción administrativa. Basta la negligencia o la falta de diligencia exigible al sujeto responsable. La empresa conocía el convenio aplicable, conocía la regla estival de jornada intensiva y, pese a ello, mantuvo una organización distinta en determinados invernaderos sin asegurarse de que existiera un pacto suficiente, documentado y referido a esos centros en los términos exigidos por el convenio. La conducta resulta, por tanto, imputable al menos a título de negligencia.

Procede, en consecuencia, desestimar la pretensión principal de la demanda y confirmar la resolución administrativa sancionadora.

NOVENO.La parte actora solicitó, con carácter subsidiario, la reducción de la sanción al grado mínimo. Sostuvo que la cifra de negocios no podía operar como criterio agravante automático, al no tratarse de un supuesto de impago salarial, infracotización, fraude económico o beneficio patrimonial directo.

La pretensión subsidiaria tampoco puede prosperar.

El artículo 39.2 LISOS contempla expresamente, entre los criterios de graduación, la cifra de negocios de la empresa. No se trata de un criterio reservado a infracciones de contenido estrictamente económico, ni limitado a supuestos de impago salarial, infracotización o fraude patrimonial. Es un criterio legal de graduación que puede ser tomado en consideración cuando la Administración lo aprecia y lo explicita.

El artículo 39.6 LISOS exige que el acta de la Inspección y la resolución administrativa expliciten los criterios de graduación tenidos en cuenta. En este caso, el acta identificó el criterio aplicado, esto es, el importe neto de la cifra de negocios de la empresa, obtenido mediante consulta a base de datos mercantil, y con base en ello propuso la sanción en grado medio.

La motivación resulta suficiente en atención a la naturaleza de la infracción y a la cuantía finalmente impuesta. No se ha impuesto la sanción en grado máximo ni en cuantía próxima al límite superior de la horquilla aplicable. La multa de 3.000 euros se sitúa dentro del grado medio previsto para las infracciones graves y resulta proporcionada atendida la entidad empresarial, el periodo afectado y la proyección de la conducta sobre varios centros de trabajo.

Tampoco puede aceptarse que la existencia de una controversia interpretativa obligue automáticamente a situar la sanción en grado mínimo. La controversia no elimina la obligación de diligencia de la empresa ni priva de relevancia sancionadora al incumplimiento de una condición convencional de jornada durante el periodo estival.

Por todo ello, procede confirmar también la graduación de la sanción.

DÉCIMO.La cuantía de la sanción impugnada asciende a 3.000 euros. Conforme al artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en los procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral procede recurso de suplicación cuando la pretensión sea susceptible de valoración económica y la cuantía litigiosa exceda de 18.000 euros, salvo que concurra otro título autónomo de recurribilidad.

No constando afectación general ni otro supuesto legal específico de recurribilidad, contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación ordinario por razón de cuantía, sin perjuicio de los demás remedios procesales que legalmente procedan.

Visto los preceptos citados y demás de pertinente aplicación;