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Última revisión
16/07/2026
Sentencia Social 155/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 8 de Murcia, Rec. 721/2021 de 07 de abril del 2026
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Tiempo de lectura: 18 min
Orden: Social
Fecha: 07 de Abril de 2026
Tribunal: Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 8 de Murcia
Ponente: MANUEL ARLANDIS RUIZ
Nº de sentencia: 155/2026
Núm. Cendoj: 30030440082026100008
Núm. Ecli: ES:TIS:2026:1105
Núm. Roj: STIS 1105:2026
Encabezamiento
SERVICIO COMUN DE TRAMITACION
AVDA CIUDAD DE LA JUSTICIA SN CIUDAD DE LA JUSTICIA FASE I CP 30011 MURCIA DIR3: J00001070
Equipo/usuario: ASN
Modelo: N02700 SENTENCIA
Procedimiento origen: /
Sobre: ORDINARIO
Murcia, 7 de abril de 2026
Visto por D. MANUEL ARLANDIS RUIZ, Magistrado-Juez del Tribunal de Instancia, Sección Social, Plaza nº 8 de Murcia,, los presentes autos número los presentes autos seguidos con número IAA 721/2021, sobre impugnación de sanción derivada de acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, promovidos por D.ª Eva María, asistida por el Letrado D. Sebastián Martínez Sánchez, frente a la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA, representada y defendida por la Abogacía del Estado, compareciendo en el acto del juicio la Letrada D.ª Yolanda Olmos Gálvez, y habiendo sido emplazado como posible afectado D. Roque, comparecido por sí mismo en el acto del juicio.
En nombre de S. M. el Rey, y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional atribuida por la Constitución y las leyes, se pronuncia la presente sentencia.
Antecedentes
En la demanda se identificó como acto impugnado la resolución administrativa que confirmó una sanción de 10.001 euros por infracción muy grave de obstrucción.
En el cuerpo del acta se hizo constar que el día 25 de septiembre de 2019, a las 22:05 horas, se giró visita inspectora al establecimiento de hostelería explotado por la actora en Puerto de Mazarrón, y que, al iniciarse la actuación, se hallaban dos personas detrás de la barra, identificándose a una de ellas como D. Sebastián y no obteniéndose la identificación de la otra.
La parte actora propuso documental por reproducida, más documental consistente en copia del DNI obtenido por adquisición de nacionalidad española y certificado de concordancia, así como la testifical de D. Sebastián y la declaración testifical de D. Roque, prueba que fue admitida.
Consta en autos que la parte actora presentó escrito de conclusiones en el procedimiento en fecha 24 de enero de 2024.
Por su parte, D. Roque declaró esencialmente que acudió al local como cliente, que se le estaba preparando un café, que salió fuera a sentarse y que nadie le requirió personalmente su documentación, añadiendo que no trabajaba ni había trabajado en el bar. D. Sebastián manifestó, también básicamente, que conocía a Roque de vista como cliente habitual, pero que no conocía entonces su nombre ni sus datos personales, y que solo pudo obtenerlos días después.
Tras la práctica de la prueba, las partes realizaron sus conclusiones y quedaron los autos vistos para sentencia.
Hechos
Tal extremo aparece afirmado en el acta, pero fue negado en sede judicial por la parte actora, por D. Sebastián (testigo) y por el propio D. Roque, sin corroboración periférica adicional en autos.
Fundamentos
El objeto del proceso consiste en determinar si la resolución sancionadora impugnada es o no conforme a Derecho.
El artículo 13.3.a) de la Ley 23/2015 faculta a los Inspectores para exigir la identificación o razón de presencia de las personas que se encuentren en el centro inspeccionado.
El artículo 18.1.b) impone a empresarios y demás sujetos obligados el deber de acreditar su identidad y la de quienes se hallen en los centros de trabajo.
El artículo 23 reconoce a las actas presunción de certeza, sin perjuicio de la prueba de descargo. Y el artículo 50.4.a) de la LISOS tipifica como infracción muy grave por obstrucción la negativa a identificarse, a identificar o a dar razón de la presencia de personas halladas en el centro de trabajo realizando cualquier actividad.
Así lo confirma el propio artículo 23 de la Ley 23/2015 y la doctrina constitucional. La STC 169/1998, de 21 de julio, recurso de amparo 3760/1996, ponente Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, ECLI:ES:TC:1998:169, resulta pertinente porque niega a las actas administrativas una preferencia probatoria absoluta e inmune a la prueba de descargo.
La STC 76/1990, de 26 de abril, recurso de inconstitucionalidad 695/1985 y cuestiones acumuladas 889/1988 y 1960/1988, ponente Excmo. Sr. D. Jesús Leguina Villa, ECLI:ES:TC:1990:76, es aplicable como doctrina general sobre la exigencia de verdadera prueba de cargo en materia sancionadora.
Y la STC 34/2003, de 25 de febrero, recurso de amparo 2819/1998, ponente Excmo. Sr. D. Roberto García-Calvo y Montiel, ECLI:ES:TC:2003:34, es útil por recordar, en un contexto de actuación inspectora y enjuiciamiento sancionador, que una explicación alternativa razonable puede desvirtuar la conclusión administrativa cuando la prueba no alcanza suficiente solidez.
En Derecho administrativo sancionador no basta la simple frustración del resultado inspector y se precisa la acreditación del comportamiento típico y culpable.
En primer lugar, D. Roque mantuvo de forma sostenida que era cliente y no trabajador del local. En segundo lugar, D. Sebastián declaró de forma coherente que lo conocía de vista, pero no por su nombre o datos de filiación. En tercer lugar, la afirmación del acta relativa a que la titular del negocio conminó a la otra persona a marcharse no ha quedado apoyada por ningún dato periférico objetivo adicional.
La suma de esos elementos impide tener por acreditada, con el estándar reforzado propio del ius puniendi administrativo, una negativa consciente a identificar a quien se sabía perfectamente quién era.
En efecto, la eventual inexistencia de relación laboral no constituye por sí sola razón bastante para anular la sanción.
La razón decisiva es otra, que no ha quedado acreditada una negativa voluntaria a identificar pudiendo hacerlo. Lo probado es, más bien, una explicación alternativa razonable y persistente desde la fase administrativa hasta el juicio, compatible con la inexistencia de obstrucción típicamente imputable.
La prueba disponible permite sostener, cuando menos de forma razonable, que la identificación nominal inmediata no pudo facilitarse por desconocimiento real de los datos personales de quien estaba en el local, y no por una decisión obstructiva.
Esa duda razonable, seria y objetivamente fundada, impide mantener una sanción administrativa muy grave.
Visto lo preceptos citados y demás de pertinente aplicación;
Fallo
Que debo estimar y ESTIMO la demanda interpuesta por D.ª Eva María frente a la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA, con intervención de D. Roque, y, en consecuencia, declaro no conformes a Derecho y dejo sin efecto la resolución administrativa sancionadora dictada en el expediente derivado del acta de infracción número NUM000, así como la resolución desestimatoria del recurso de alzada, anulando la sanción de DIEZ MIL UN EUROS, 10.001 €, impuesta a la parte actora.
No ha lugar a expresa imposición de costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no procede recurso de suplicación, conforme al artículo 191.2.a) de la LRJS.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.