Sentencia Social 127/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 8 de Murcia, Rec. 15/2023 de 09 de abril del 2026

PRIMERO. -La pretensión ejercitada se incardina en el ámbito material de las prestaciones de Seguridad Social, al versar sobre la extinción de un subsidio por desempleo para mayores de 52 años acordada por el Servicio Público de Empleo Estatal.

El artículo 2, letra o), de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, atribuye al orden social el conocimiento de las cuestiones litigiosas en materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas las relativas a la protección por desempleo, así como las controversias derivadas de su reconocimiento, denegación, suspensión, extinción o revisión.

El proceso viene precedido, además, de la preceptiva reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, conforme a los artículos 71 a 73 de la misma ley.

SEGUNDO. -La competencia territorial constituye presupuesto procesal de orden público. Conforme al artículo 5 de la LRJS, si el órgano judicial se estima incompetente por razón del territorio debe declararlo así y, cuando la cuestión se resuelva en sentencia, abstenerse de entrar en el conocimiento del fondo del asunto.

A su vez, el artículo 14 de la LRJS «BOE» núm. 245, de 11/10/2011),establece que la declinatoria se propone como excepción y se resuelve previamente en la sentencia, sin suspensión del curso de los autos, y que, si se estima, el demandante podrá deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente, quedando suspendido el plazo de caducidad desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia estimatoria de la declinatoria quede firme.

TERCERO. -La regla aplicable al presente litigio no es la general del artículo 10.1 de la LRJS, referida al lugar de prestación de servicios o al domicilio del demandado en litigios laborales ordinarios, ni tampoco la del artículo 10.4, reservada a actos administrativos no comprendidos en los apartados anteriores.

La norma específica es la contenida en el artículo 10.2.a) de la LRJS, aplicable a los procesos que versan sobre las materias comprendidas en las letras o) y p) del artículo 2, entre ellas las prestaciones de Seguridad Social y la protección por desempleo. Conforme a ese precepto, será competente el juzgado en cuya circunscripción se haya producido la resolución originaria, expresa o presunta, o, a elección del demandante, el juzgado de su domicilio.

CUARTO. -Aplicada la anterior regla al caso de autos, la excepción formulada por la parte demandada debe ser estimada. En primer lugar, la resolución originaria impugnada fue dictada por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en La Rioja, con sede en Logroño, extremo que resulta de la propia resolución administrativa acompañada a la demanda.

En segundo lugar, la documental padronal acredita que la demandante permaneció empadronada en Logroño hasta el 03/06/2024, de modo que, al tiempo de interposición de la demanda, el 20/12/2022, su domicilio no constaba situado en Murcia.

El domicilio de notificaciones consignado en la demanda en Cieza, Murcia, no altera esta conclusión, pues el fuero electivo del artículo 10.2.a) de la LRJS se anuda al domicilio de la demandante, no al mero domicilio señalado para comunicaciones procesales.

QUINTO. -La alegación de la parte actora fundada en que la prestación de servicios se desarrolló en Murcia no puede ser acogida.

Ese dato podrá ser relevante en otros litigios de naturaleza estrictamente laboral regidos por el artículo 10.1 de la LRJS, pero no desplaza el fuero especial legalmente establecido para los procesos en materia de prestaciones de Seguridad Social.

En consecuencia, ni la ubicación del centro de trabajo ni el lugar en que se ejecutó el contrato permiten atribuir competencia territorial a este órgano en contra de la regla específica del artículo 10.2.a) de la LRJS.

SEXTO. -La estimación de la excepción de falta de competencia territorial impide cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Por ello no procede resolver acerca de la procedencia o improcedencia de la prestación de servicios desarrollada entre 02/08/2019 y 01/11/2019, ni sobre la suficiencia de los indicios apreciados por la Administración, ni sobre las consecuencias materiales de la extinción del subsidio o de un eventual reintegro de prestaciones. Tales cuestiones deberán ser examinadas, en su caso, por el órgano territorialmente competente.

SÉPTIMO. -Por ende, la consecuencia procesal procedente es la declaración de falta de competencia territorial de este Tribunal de Instancia de Murcia, Sección de lo Social, Plaza n.º 8, y la abstención de entrar en el fondo del litigio y el archivo de las actuaciones, con expresa reserva del derecho de la parte actora para deducir su demanda ante el órgano del orden social territorialmente competente con sede en Logroño, que por reparto corresponda.

OCTAVO. -Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que deberá anunciarse ante esta Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Murcia dentro del plazo legal y con los requisitos prevenidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Visto lo expuesto y demás normas de pertinente aplicación;

Fallo