Sentencia Social 1216/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 163/2025 de 01 de julio del 2025

REG. 163/2025. OVIEDO 6

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:Recurso de suplicación.

1. La defensa de don Onesimo, trabajador demandante en los autos de procedimiento ordinario 378/2024 seguidos ante el Juzgado de lo Social 6 de Oviedo, recurre en suplicación la sentencia dictada con fecha 15 de noviembre de 2024, en la que se desestimaba la demandada por él promovida que pretendía la declaración de la existencia de cesión ilegal del trabajador por parte de Logirail SME, S.A., a Renfe Viajeros SME, S.A y, subsidiariamente, a Renfe Ingeniería y Mantenimiento SME, S.A., reconociendo a demandante la condición de fijo en Renfe Viajeros SME, S.A, y, subsidiariamente, en Renfe Ingeniería y Mantenimiento SME, S.A., en las condiciones ordinarias de un trabajador que preste servicios como Operador Comercial de Entrada N3 y una antigüedad, a todos los efectos, de 9 de enero de 2017; condenando a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración y a realizar cuantos trámites sean necesarios para regularizar las condiciones del trabajador, así como a abonar solidariamente las diferencias salariales existentes durante el último año, por un importe de 13.748,54 €, más intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

2. El escrito de interposición del recurso se articula en un solo motivo de suplicación, destinado a la revisión del derecho aplicado y se plantea con encaje procesal en el apartado c) del artículo 193 LRJS, que contiene una censura jurídica en la que se denuncia infracción del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, así como la jurisprudencia que lo interpreta, todo ello a fin de obtener un pronunciamiento estimatorio de las pretensiones ejercitadas en la demanda.

3. El recurso de suplicación ha sido impugnado, en el trámite correspondiente, por las defensas de las mercantiles Logirail, SME, S.A., y Renfe Ingeniería y Mantenimiento, SME, S.A., y Renfe Viajeros, SME, S.A., solicitando todas ellas la desestimación del recurso interpuesto de contrario, interesándose además por la defensa de las dos últimas empresas citadas la imposición de costas.

SEGUNDO:Censura jurídica, alegaciones y hechos relevantes.

1. La parte recurrente denuncia la infracción del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores así como de la jurisprudencia que lo interpreta. Alega al respecto que los trabajadores de Logirail disponen de teléfono móvil para comunicaciones con el personal de Renfe, cuyas facturas abona Logirail, para estar en contacto con el centro de gestión operativa de Renfe, desde los que se informan de las actividades a realizar. Además los trabajadores disponen de habilitaciones que otorgan las empresas ferroviarias, entre ellas las integrantes del grupo Renfe, que por ello conceden las habilitaciones a los trabajadores de Logirail. También Renfe entrega a los trabajadores tarjetas de transporte ferroviario que son utilizadas para viajar en RENFE en condiciones equivalentes a los trabajadores de esta última. La prestación de servicios era realizada con anterioridad por maquinistas de reserva de la empresa Feve, que fue absorbida por Renfe. Las labores consistentes fundamentalmente en sacar los trenes del taller y llevarlos a las vías, volver a llevarlos al taller al finalizar el servicio, y si es necesario, llevarlos al lavadero, así como el suministro de combustible y arena de las máquinas, forman parte de la actividad empresarial de Renfe. Personal de Renfe da instrucciones a los trabajadores de Logirail y Renfe para su coordinación y realización del trabajo, haciéndolo directamente y sin intermediarios desde los centros de gestión de Renfe. Todos los trabajadores, de Renfe y de Logirail deben seguir los protocolos de actuación de Renfe por razones de eficacia operativa y de seguridad. Renfe también da formación a los trabajadores de Logirail. Añade que personal de Renfe remite a personal de Logirail una relación de actividades diarias a realizar, el que está en contacto con los trabajadores de Logirial mediante un correo electrónico y un grupo de WhatsApp para resolver incidencias, solicitudes de cursos, EPIs, ropa de trabajo, gestión de habilitaciones, etc., siendo igualmente el que controla los cuadrantes de servicio y realiza los ajustes en los mismos en función de las necesidades, por incidencias o cambios en los planes previstos o actividades excepcionales que se le comunican por RENFE; también es el que recibe los partes de trabajo diarios de los puestos de Maniobras y del de Máquinas. Expone también que la recurrida ofrece razonamientos contradictorios para justificar la inexistencia de cesión ilegal, pues al mismo tiempo que se afirma que los servicios son individualizables y por tanto descentralizables, y que no interfieren en la estructura organizativa de Renfe, se afirma con rotundidad que los trabajadores de Logirail deben cumplir las instrucciones dadas por el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe, como tienen que hacerlo los maquinistas de esta misma empresa, y como de hecho lo hacen los maquinistas con los que el demandante se coordina para la realización de maniobras, y además, en el turno de noche, en el que no hay personal contratado por Logirail, es personal de Renfe quien las realiza. Cita en apoyo de su postura la sentencia de esta Sala de 09.07.2024, RSU 863/2024, y finaliza afirmando que el hecho de que Logirail abone a Renfe ciertas cantidades por los teléfonos, por los cursos de formación impartidos por dicha empresa o por los vestuarios que el demandante comparte con el personal de la empresa principal, no guarda la menor relación con la dirección del papel del trabajador en el proceso productivo ni con la organización de la producción, limitándose Logirail a la mera gestión formal del contrato de trabajo. Se trata de una cuestión económica entre empresas que no niega, sino que confirma, el hecho de que es Renfe quien aporta tales elementos, con una importante reducción de costes en cuanto al precio de la mano de obra empleada.

2. Por la defensa de Logirail se discrepa de la recurrente, manifestando que no se expone en el recurso en qué consiste la infracción normativa cometida por la sentencia, limitándose a realizar un análisis interesado del asunto. Señala que no es cierto que los trabajadores de Logirail reciban instrucciones del Centro de Gestión de Operaciones, como así establece claramente la sentencia, pues lo que reciben es información ya que las maniobras se realizan dentro de la Red Nacional Ferroviaria, y uno no puede actuar dentro de la misma de manera absolutamente autónoma. La información que proporciona el Centro de Gestión de Operaciones en ningún caso entra en contradicción con la afirmación de que la actividad realizada por Logirail es una actividad complementaria, pero perfectamente diferenciada de la realizada por Renfe. Añade que la recurrida establece claramente que las funciones realizadas por el actor no se realizan por ningún trabajador de Renfe.

3. Por parte de Renfe Mercancías y Renfe Ingeniería y Mantenimiento, se impugna igualmente el recurso del trabajador. Tras destacar los hechos declarados probados por la recurrida, afirma que concurren datos inequívocos relativos a la justificación técnica y objeto autónomo de la contrata existente entre ambas empresas, la cual se desarrolla de acuerdo con el contenido de las condiciones particulares e instrucciones técnicas de los contratos concertados entre Renfe y Logirail, encontrándonos en el presente caso con una contrata lícita por su autónomo objeto, quedando acreditado que Logirail, S.M.E., S.A. pone en ella los medios materiales y personales adecuados para su desenvolvimiento, el que exige la tarea limitada de los actores que ya ha quedado caracterizada; organiza el tiempo de su prestación laboral en punto a turnos, vacaciones, controlando y supervisando la ejecución de aquélla; en suma, poniendo en la contrata los medios y la organización que le competen como empresario, sin interferencia de otro, ejerciendo plenamente las potestades empresariales que le son propias. Nos encontramos ante empresas reales, contando cada una de ellas con su propio Consejo de Administración, personalidad jurídica propia, organigrama distinto, convenio colectivo independiente y un número importante de trabajadores. Dada esa condición, la codemandada Logirail, S.M.E., S.A. asume los encargos que le encomiendan tras los preceptivos procesos públicos de contratación y de las distintas entidades que conforman el Grupo Laboral Renfe, percibiendo por ello, las compensaciones oportunas. Cita en apoyo de su postura la sentencia de esta Sala de 04.06.2024.

4. Para resolver la denuncia de la parte recurrente hemos de partir de los hechos acreditados en la sentencia de instancia, no impugnados por las partes, que en lo que ahora interesan son los siguientes:

El trabajo desarrollado por el demandante como operario especialista de operaciones tren principal en El Berrón venía justificado por el contrato suscrito entre Renfe Mercancías y Logirail el 01.01.2024, por el que ésta llevaría a cabo actividades propias de Operador de Vehículos de Maniobras (OVM) y Actividades de Servicios Auxiliares en Tierra, precisándose las concretas actividades a realizar en el hecho probado tercero de la sentencia impugnada.

El trabajador realiza en el centro de El Berrón las siguientes funciones: sacar los trenes del taller y llevarlos a las vías, volver a llevarlos al taller al finalizar el servicio y si es necesario llevarlos al lavadero; así como los repostajes de arena y combustible.

Logirail dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por un servicio de prevención externo, que impartió formación al demandante en materia de PRL de Especialista de Operaciones del Tren; actividades todas estas que fueron facturadas a y abonadas por Logirail, la cual entregó también al demandante ropa de trabajo consistente en polos, pantalón, forro polar, parka, chaleco de abrigo, camiseta y pantalón térmico y botas de seguridad. Abona Logirail las facturas del teléfono móvil que tienen los trabajadores para comunicarse con el personal de Renfe con el cual están en contacto con el Centro de Gestión de Operaciones, que es el que les informa de las actividades a realizar, cambios de locomotoras, modificaciones en los movimientos de los trenes, retrasos, etc., empleando también un walkie talkie que les entrega Logirail.

El demandante está habilitado por ADIF como Auxiliar de Circulación y por parte de Renfe Viajeros y Renfe Mercancias como Operador de Vehículo de Maniobras.

Personal de Renfe remite a diversos centros y personal de la empresa y un encargado de Logirail una relación de actividades diarias a realizar, manteniéndose este en contacto con los trabajadores de Logirail mediante un correo electrónico y un grupo de Whatasapp para resolver incidencias, solicitudes de cursos, EPIs, ropa de trabajo, gestión de habilitaciones, etc., siendo igualmente el que controla los cuadrantes de servicio y realiza los ajustes en los mismos en función de las necesidades, por incidencias o cambios en los planes previstos o actividades excepcionales que se le comunican por Renfe; también es el que recibe los partes de trabajo diarios de los puestos de Maniobras y de Máquinas. Las vacaciones, permisos, licencias y sustituciones se solicitan a y se conceden por Logirail a sus trabajadores, la que ejerce igualmente el poder disciplinario sobre los mismos, teniendo sus propios turnos de trabajo con independencia de los trabajadores de Renfe. Logirail entrega a los trabajadores tarjetas de transporte ferroviario que son utilizadas para viajar en Renfe en condiciones equivalentes a los trabajadores de esta última.

TERCERO:Cesión ilegal de trabajadores, regulación y doctrina jurisprudencial.

1. El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores regula la cesión de trabajadores para que presten servicios a otra empresa, siempre que se efectúe a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas. Entiende que se produce cesión ilegal de trabajadores cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a la mera puesta a disposición de los trabajadores a favor de la empresa cesionaria; que la empresa cesionaria no tenga actividad; que no disponga de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para su desarrolla; que no ejerza las funciones inherentes a la condición de empresario.

2. La doctrina del Tribunal Supremo en materia de cesión ilegal de trabajadores cuando se trata de empresas contratistas la encontramos sintetizada en la sentencia de 13.12.2023, RCUD 764/2022. Expone el Tribunal Supremo lo siguiente: La solución que haya de darse a este extremo casacional requiere determinar si las empresas contratistas tenían el control, la organización y la dirección de la actividad laboral de sus trabajadores, sin trasladarlo a la empresa principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales. En la práctica, ello se traduce en que las adjudicatarias sean quienes ejerciten realmente todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen al verdadero empleador de los trabajadores, bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan su actividad.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre el alcance y la interpretación de este mecanismo interpositorio. En nuestra sentencia de 12 de enero de 2022, dictada en el rcud 1903/2020 , recordamos las notas primordiales cuya concurrencia determinará la apreciación o no de una cesión ilegal. Así mismo, en la sentencia de 15 de marzo de 2023 (rcud 3390/2020 ), resolviendo un supuesto de hecho muy similar al presente hemos señalado que: "para apreciar si concurre o no cesión ilegal habrá que tener en cuenta, en primer lugar, si existe una mera puesta a disposición de los trabajadores o, por el contrario, la empresa contratista ejerce, respecto de los trabajadores como verdadero empresario, manteniendo el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; el control de la actividad de los trabajadores debe seguir en manos de la empresa subcontratada y no trasladarse a la principal, en todo aquello que incide en la organización del trabajo y el efectivo ejercicio de las facultades empresariales en el amplio abanico de decisiones y actuaciones que eso conlleva. Lo que en la práctica se traduce en que siga siendo la empresa subcontratada quien lo mantenga en materias tales como: la distribución de tareas; determinación de los turnos; vacaciones; descansos; aplicación de las facultades disciplinarias; etc., es decir, en el ejercicio de todas aquellas facultades organizativas y directivas que competen el verdadero empleador de los trabajadores bajo cuyo ámbito de organización y dirección desempeñan realmente su actividad. En segundo lugar, resulta imprescindible que la contratista empleadora sea una verdadera empresa con infraestructura organizativa suficiente y adecuada. Y, en tercer lugar, el contratista debe asumir un verdadero riesgo empresarial, siendo la contrata una actividad específica, delimitada y diferente de la actividad desarrollada por la empresa principal".

Continuamos indicando que en la cesión ilegal hay tres negocios jurídicos coordinados: "1º) un acuerdo entre los dos empresarios -el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2º) un contrato de trabajo simulado entre el empresario formal y el trabajador; y 3º) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero disimulado por el contrato de trabajo formal ( STS de 11 de febrero de 2016, rcud. 98/2015 )".

Y añadimos que la clave no radica en que la empresa cedente sea real o ficticia o carezca de organización, sino que esa organización no se haya puesto en juego, limitándose su actividad al suministro de mano de obra, "[d]e forma que aparece en la posición contractual de empresario quien realmente no la ostenta, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio. Por último, resulta necesario señalar que en la apreciación de la cesión ilegal es necesario ceñirse al caso concreto, pues suelen ser muy distintas las situaciones que pueden darse en la práctica".

3. La anterior doctrina determina que únicamente se considerará que existe una cesión ilegal de trabajadores cuando una empresa, cualquiera que sea su entidad económica, limite su actividad a ceder mano de obra a otra empresa, creando una apariencia de relación laboral con el trabajador sin ejercer los poderes de organización y dirección que le corresponden, teniendo la cesión ilegal como finalidad que el contrato de trabajo se ajuste a la realidad en la prestación de los servicios, y evitar perjuicios para los trabajadores.

4. En la sentencia de instancia se declara probado que las dos empresas suscribieron un contrato de prestación de servicios, con descripción detallada de los trabajos a realizar en su ejecución. La empleadora llevaba a cabo las labores propias del empresario en cuanto a impartición de órdenes e instrucciones, control horario, dotación de los medios materiales necesarios para la realización del trabajo, etc. La empresa suministró al demandante los equipos de protección individual y formación sobre distintos aspectos de la seguridad en el trabajo. Todos los aspectos relativos al régimen laboral del demandante, horarios, turnos, ausencias, permisos, etc., los gestionaba con su empleadora.

5. Así las cosas ha de alcanzarse la misma conclusión contenida en la sentencia de instancia pues se estima que la condición de empleadora se mantiene en la codemandada Logirail, SME, S.A., ya que no puede considerarse como una empresa meramente formal en la relación laboral del trabajador. Las comunicaciones habidas entre el personal de Renfe y el demandante se circunscriben a las puramente técnicas para la realización del trabajo, como son cambios de locomotoras, modificaciones en los movimientos de los trenes, retrasos, etc., lo que resulta lógico ya que es a Renfe a quien corresponde la organización del transporte de mercancías y viajeros y por ello la debe decidir la concreta configuración de cada convoy, sus horarios, etc., extremos los anteriores que no se deciden por Logirail y de ahí las comunicaciones del personal de Renfe al de la empleadora respecto de las actividades diarias a realizar, en concreto al empleado de Logirail D. Julián., quien estaba en contacto con los trabajadores de la empleadora para resolver incidencias y otros extremos ya detallados más arriba, por lo que no se puede hablar de una completa ausencia de Logirail en el desenvolvimiento de la relación laboral del actor, pues estaba presente en todos los aspectos de la misma, tanto los productivos (tareas a realizar, turnos, etc.) como los puramente laborales (permisos, vacaciones, sustituciones, etc.), por lo que el control efectivo de la empleadora ha quedado acreditado, considerándose que la doctrina contenida en la sentencia de esta Sala de 04.06.2024, RSU 700/2024, se ajusta más adecuadamente al presente caso. Por lo expuesto no se aprecian las infracciones denunciadas y por ello procede la confirmación de la recurrida.

CUARTO:Condena en costas.

Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajador ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,