Sentencia Social 12/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 971/2024 de 10 de enero del 2025

PRIMERO.-En la instancia se desestiman las demandas formuladas acumuladas en las presentes actuaciones, en reclamación de despido objetivo declarado procedente, con la indemnización correspondiente a la antigüedad reconocida para cada empleada, por los servicios prestados en las condiciones profesionales que se detallan.

En virtud de la relación de hechos que el juzgador declara probados, inferidos de la valoración conjunta de la prueba aportada.

Estimando la excepción de variación substancial de la demanda opuesta por la empresa demandada, en cuanto a la pretensión de que forma parte de un grupo de empresas con la mercantil alemana Beiersdorf. Por lo que, no atiende a que deban considerarse los resultados económicos de ésta empresa en el despido impugnado.

Lo que deduce de las escuetas demandas formuladas, viéndose sorprendida la empresa por tal pretensión, estimando justificada la indefensión opuesta por la demandada. Sin posibilidad de aportación de prueba para contradecir esta aseveración de la parte contraria. A lo que suma que, según doctrina jurisprudencial que cita dictada en la materia, las actoras no acreditan que la demandada forma un grupo patológico con la citada mercantil. Valorando a tal efecto la documental aportada de páginas webs, de la que no obtiene confusión de patrimonio, plantillas, unidad de actuación, administración única, etc.

Ponderando los resultados económicos de la demandada, deducidos de auditorías aportadas, con las pérdidas que detalladle 2018 a 2023. Destacando la evolución bastante negativa, especialmente, desde 2019, que justifica el despido de las actoras, condicionando las razones organizativas y productivas que exponen las cartas comunicadas.

Y, en cuanto a la pretensión de una de las actoras, sobre la falta de comunicación previa del despido a los representantes de las trabajadoras. Concluye, también, que se produce variación substancial de la demanda, sorprendiendo con esta alegación en el juicio oral, y no dice nada en la demanda. Sin que, tampoco, justifique la existencia de tal representación, negada por la empresa.

SEGUNDO.-Al amparo del art. 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la representación letrada de la actora D.ª María Rosa, interesa la revisión del relato fáctico de la recurrida, solicitando la eliminación del hecho declarado probado segundo, con fundamento en la documental aportada por la empresa (doc. 55 a 60), consistentes en auditorías de 2019 a 2022, aludiendo a que de su contenido no se obtienen los datos declarados probados, relativos al contenido que se deduce de la carta de despido. Negando, en consecuencia, la prueba por la empresa demandada de los datos económicos que justifican su despido.

Postulando, igualmente, la adición al hecho declarado probado cuarto, de un nuevo párrafo, con relación a su pretensión de la existencia de grupo de empresas, de esta misma documental. En concreto la obrante en los folios 82, 88, 120, 126, 153, 174, 192 y 200, de las indicadas auditorías; junto a la obrante a los folios 155 y 210, consistente en correo de la empresa demandada del grupo www.beiersdorf.de., 155 y 210, de la prueba aportada por las actoras. Contrato de la recurrente (doc. 28, f. 35 y 38), con posibilidad de cesión de sus datos a otras empresas del grupo; y, convenio colectivo junto a la existencia de comité de empresa del grupo beiersdorf, del doc. 13 de los por ella aportados. Del siguiente tenor literal:

"La Empresa La Praire Group Iberia SAU está integrada en el Grupo empresarial que encabeza Beiersdorf AG (Grupo BDF) con domicilio social en Hamburgo (Alemania) a través de su accionista único, La Praire Group Ag, domiciliada en Zurich (Suiza). La sociedad, desde el 1 de enero de 2015 se encuentra en régimen de tributación consolidada junto con la sociedad del Grupo Beiersdorf Holding SLU".

También solicita, con apoyo en la referida documental la modificación del hecho declarado probado séptimo, proponiendo la siguiente redacción:

"Séptimo.- No consta que se haya dado traslado o información previa del cierre del centro de trabajo de Santander a los representantes legales de los trabajadores dl Grupo Beiersdorf al que pertenece la empresa".

Es reiterado el pronunciamiento de esta sala, sobre la necesidad de fundar en documental fehaciente el texto pretendido que sin necesidad de análisis ni conjeturas lo avale, evidenciando error del Juzgador en el texto impugnado, con relación a lo preceptuado en el art. 196.3 de la LRJS y concordantes ( SSTS/4ª de fecha 24-1-2020, rec. 3962/2016; 13-5-2019, rec. 246/2018; y, 18-7-2014, rec. 11/2013).

En la sentencia recurrida se valora en conjunto lo actuado, incluida la documental que cita el recurrente (auditorías de la empresa demandada) que carece del carácter de fehaciencia necesario para la supresión, adición o modificación propuesta. Como, tampoco, lo es la documental por ella aportada de páginas webs de la demandada y otras empresas del grupo empresarial al que alude o correos.

En especial, cuando en la recurrida se niega la constancia de grupo patológico (único responsable solidario de las consecuencias del contrato de trabajo suscrito por la actora), no siendo suficiente la mera constancia de un grupo mercantil de empresas. Partiendo la recurrida de la personalidad jurídica propia y real de la demandada, sin que la constancia de un accionista único sea suficiente a tal efecto, como a continuación se analiza con mayor detalle en los motivos de denuncia de infracción de normas. Ni la relación existente entre empresas del grupo lo justifique.

Siendo, también, mera alegación de parte que pueda imputarse la representación social de la recurrente al comité al que alude, cuando consta tal empresa demandada con personalidad jurídica propia y diferenciada de otras del grupo a que se refiere la pretendida en el recurso.

Así, no cabe la supresión propuesta, deducida de datos de ejercicios de 2018 a 2023, de las sucesivas auditorías aportadas por la demandada, obrantes en las actuaciones. Siendo valoración de parte e inatendible que no sea así. Igualmente, de estas auditorías no cabe colegir la concurrencia de requisitos necesarios para la constancia de grupo patológico de empresas postulado. A lo que se suma que, como concluye el juzgador de instancia, no cabe atender a alegaciones y datos fácticos no destacados en demanda en el juicio oral, como aquellos que pretende justifican la existencia de grupo de empresas, con efectos laborales. Tampoco, ahora, que el resultado económico negativo que destaca, se deba a deudas que tiene como empresas vinculadas.

Por ello, no se admite la modificación propuesta.

TERCERO.-Con igual amparo procesal, la representación letrada de D.ª Cecilia, interesa la revisión del relato de la recurrida, lo que también debe ser analizado con carácter previo a los motivos del recurso de cada parte recurrente, dado que la resolución de ambos debe partir de un único relato. Postulando la modificación del hecho declarado probado segundo de la recurrida, con sustento documental en la auditoría de fecha 31-12-2022 (f. 189, 209, 211, 213 y 228), respecto de saldos mantenidos con entidades vinculadas, de 4.300.000 €, siendo -afirma- la única deuda de la auditada en favor de la mercantil matriz del grupo de empresas que obtiene beneficios, destacando la deducción de 1.049.000 €, en concepto de IVA por servicios del grupo de empresas, así como otros datos (ventas del primer trimestre de 2024, cifra de negocio de la matriz, notas de prensa, web...). De los que concluye la existencia de grupo de empresas y que deben analizarse los resultados del grupo. Postulando su supresión.

Con cita de la documental aportada por esta parte procesal, consistente en enlaces de páginas webs del grupo al que -dice- pertenece la demandada, correos electrónicos aportados por la demandada, respecto del cierre del Corner de Santander y Princesa (Madrid), obrante al folio 252. Propone la adición de un nuevo ordinal, del siguiente tenor:

"De las auditorias aportadas por la demandada se constata que La Prairie está integrada en un grupo de empresas, siendo la empresa matriz BEIERSDORF A.G. sin que se haya acreditado pérdidas económicas del grupo de empresas".

Por último, solicita la modificación del hecho probado cuarto, para su ampliación, de la declaración de una de las codemandadas, con el siguiente texto literal.

"La demandada está integrada en un grupo de empresas, siendo la matriz la mercantil BEIERSDORF A.G., y reúne centros en varias provincias de España. En Cantabria, contaba con un pequeño recinto sito en el Corte Inglés (córner). En él, trabajaban las dos demandantes expendiendo productos de perfumería de la firma La Prairie, perfumería de lujo, que se sigue vendiendo en el centro Corte Inglés pese al cierre del corner en abril de 2024".

Como ya se ha dicho, el recurso formulado es de naturaleza extraordinaria y salvo documento fehaciente y que sin precisar análisis alguno lo evidencia, no es posible atender a la modificación fáctica propuesta. No trasciendo el resultado de prueba de declaración de parte ( STS/4ª de fecha 16-11-2015, rec. 53/2014). Como, tampoco, son aquí valorables contenido de páginas webs ya valoradas en la instancia, junto con auditorías a la demandada, de las que no cabe modificar, suprimir o ampliar un relato que no se obtiene de tal forma literosuficiente y directa de las acogidas en la recurrida.

Correspondiéndose los resultados económicos declarados probados a las auditorías practicadas. Y, sin que sean suficientes accionariado único o la existencia de un grupo de empresas mercantil con vínculos accionariales y de servicios entre ellas a que alude genéricamente la recurrente, para la constancia de grupo patológico de empresas.

A lo que se añade, como también se ha dicho, que nada de ello se dice (en cuanto a hechos que fundan su pretensión), en la demanda, lo que impide su análisis por la sala. Siendo lo declarado probado que se extingue el servicio de venta a través de la empresa demandada, de personalidad jurídica propia e independiente del Corte Inglés en cuyo centro se prestaba tales servicios, de la demandada. No siendo demandada en las presentes actuaciones como continuadora del servicio o bajo cualquier otro título el citado titular del centro comercial en que -pretende- se siguen vendiendo los productos a cuya distribución se ocupaba la demandada.

Destacando también aquí, como con relación al recurso de la codemandante, que en este procedimiento solo se demanda a la empresa La Prairie Group Iberia S.A.U., no la pretendida matriz alemana (Beiersdorf), distinta al resto de las citadas por la documental en que se sustenta su pretensión ampliatoria. Documental que no es fehaciente a los efectos que pretende, teniendo en cuenta que la existencia de grupo mercantil no es identificable a grupo patológico de empresas o sucesión de éstas que con las concretas y específicas circunstancias de las que ambas figuras dependen (confusión de patrimonios y plantillas, unidad de caja, de dirección, transmisión de medios materiales y/o humanos substanciales...). Siendo estas cuestiones nuevas y, por tanto, inatendibles en el recurso por no haber sido cuestionadas en forma en la instancia ( STS/4ª de 20-7-2022, rec. 91/2022). Y, a ello se suma que la recurrente carece de marco fáctico probatorio que sustente su afirmación de que las empresas que cita son una misma entidad con responsabilidades laborales frente a su contratación.

No habiendo solicitado, en forma, las recurrentes en su demanda, la declaración de grupo patológico de empresas con responsabilidad solidaria frente a sus plantillas del grupo. Cuestión que, por ello, no puede ser aquí analizada. A lo que se suma que los documentos que cita (no fehacientes para su análisis en el extraordinario recurso formulado), inciden en la actuación de la demandada que ni por tener vinculación mercantil con el grupo empresarial aludido, supone integración en la contratante con las notas propias de laboral común que pretende para todas las empresas del grupo. Pues, la mera alusión a posible cesión del contrato de trabajo de la recurrente no implica que, efectivamente, tal cesión se haya producido y con las notas propias para concluir confusión de plantillas.

En su atención, procede igualmente la desestimación de esta revisión fáctica, al no sustentarse en documental fehaciente que lo avale. Resultando inalterado el relato de la recurrida que es el mismo que sustenta esta resolución.

CUARTO.-Con amparo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y concordantes, la representación letrada de la recurrente Sra. María Rosa, interesa la revisión del derecho aplicado en la recurrida, denunciando infracción de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Invocando la doctrina jurisprudencial, respecto de la declaración de improcedencia de despido objetivo, por no haber quedado documentada la causa económica en la información relativa a una empresa, del grupo, considerando que no es preciso demandar al resto, al no solicitar la condena del grupo.

Incumpliendo -afirma- el despido comunicado la previsión del art. 74.a.1.c) del Convenio Colectivo de informar con carácter previo al cierre total o parcial de centros de trabajo, a los representantes de los trabajadores. Representación existente del grupo empresarial de perfumería y cosmética al que pertenece la demandada, con relación a los arts. 61 a 76 del ET.

Negando indefensión de la demandada, aludiendo al interrogatorio de la empresa demandada, con relación a la misma documental aportada por esta parte procesal de la que -dice- así se concluye, respecto del grupo de empresa. Con infracción de lo dispuesto en el art. 91.3 LRJS.

Concluyendo que la demandada no prueba los resultados económicos del centro de trabajo de Santander ni de la empresa, detallados en la carta de despido. Como, tampoco, la comunicación a los representantes de los trabajadores. Por lo que, solicita la revocación de la recurrida y la estimación de la demanda con la declaración de la improcedencia de su despido y las consecuencias económicas inherentes a esta declaración.

Sustentada en la misma normativa procesal, la representación letrada de la Sra. Cecilia, denuncia infracción en la recurrida de lo establecido en el artículo 80 de la citada LRJS, con relación a los arts. 51 y 52 del ET, así como doctrina jurisprudencial que estima de aplicación.

Considerando que no es posible aislar los resultados de la demandada del grupo al que pertenece, debiendo incorporarse los resultados de la empresa matriz a la demandada, lo que no ha sucedido. Con la deuda de la demanda frente a dicho grupo. Con confusión -dice- evidente patrimonial, siendo la misma empresa acreedor y deudor, con resultados positivos del grupo. Sin indefensión de la demandada con su propuesta.

Siendo una misma empresa con distintos centros de trabajo. Interesa, igualmente, la declaración de improcedencia de su despido, con las consecuencias económicas a ello anudadas que reitera.

No obstante, en la resolución del recurso debe dejarse constancia de que ha resultado inalterado el relato de la recurrida. En su atención, las recurrentes carecen de relato que sustente su pretensión de continuidad del servicio para otra entidad no demandada (El Corte Inglés) o grupo de empresas patológico de la demandada y la matriz del grupo a que aluden. Que, no siendo preciso para tal análisis la demanda a todas las empresas del grupo, especialmente, si no se pretende extender las consecuencias del despido impugnado a ellas por las demandantes. Lo concluido en la recurrida no es la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, sino variación substancial de la demanda, cuando en su literalidad nada se dice de la existencia de tal grupo respecto de la comunicación de la demandada del despido objetivo impugnado.

En la doctrina unificada contenida, entre otras, en la STS/4ª de fecha 8-2-2018 (rec. 129/2016), para el examen del recurso requiere partir del análisis de los requisitos exigidos por el artículo 80 LRJS en cuanto al contenido de la demanda y la variación substancial apreciada en la instancia e impugnada en los recursos, tanto respecto de la existencia del grupo patológico laboral de empresas como de falta del requisito de comunicación previa a la representación de los trabajadores del despido impugnado. En su apartado 1. c) especifica que habrá de contener necesariamente "la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquéllos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas",añadiendo el citado precepto que "en ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o en la reclamación administrativa previa, salvo que se hubieran producido con posterioridad a la sustanciación de aquéllas".Ello queda corroborado en el artículo 85 LRJS que aborda la actuación procesal de demandante y demandado en el acto de juicio y especifica respecto al primero que el demandante "ratificará o ampliará su demanda aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial",constituyendo esta previsión la manifestación del principio de igualdad de armas que ha de regir en todo proceso laboral, integrado dentro del derecho a un proceso con todas las garantías aun cuando no se mencione expresamente en el texto constitucional, y vinculado al derecho a no sufrir indefensión ( STC 226/2000).

Dichos mandatos normativos son plenamente adecuados y responden a la doctrina constitucional que respecto a la alteración sustancial de los elementos del juicio (causa petendi y petitum)ha configurado el Tribunal Constitucional, y que comporta como consecuencia que el fallo jurisdiccional debe ajustarse a los términos en que las partes formulan sus pretensiones, adecuación que debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre ( SSTC 88/1992 y 280/1993) siendo evidente que cuando el órgano jurisdiccional aprecie que es otra la norma aplicable u otras las consecuencias de la aplicación de la misma, ello no le permite en modo alguno modificar la "causa petendi" y, a través de ella, alterar de oficio, el contenido de la acción ejercitada ( SSTC 144/1991, 166/1993 y 122/1994). Esta congruencia de la resolución judicial es, por otro lado, plenamente compatible con el principio "iura novit curia" que implica que los órganos jurisdiccionales no están obligados a ajustarse en los razonamientos que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones jurídicas aducidas por las partes, pudiendo basar su decisión en otras normas distintas si aprecian que son éstas las aplicables al caso.

Pues, una cosa es que el órgano judicial aplique la norma que proceda o la interpretación correcta de la misma, con independencia de que ambas hayan sido alegadas por la parte y otra bien diferente que, si tras haberse ejercitado una acción con un contenido delimitado y producido una defensa frente a ella, el órgano judicial estimase otra acción u otro contenido diferente, la resolución judicial se habría dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre el punto en que ahora viene a situar el juzgador el "thema decidendi" vulnerando el principio de contradicción en el proceso ( STC 224/1994).

Ello implica que todas las manifestaciones novedosas hechas en el proceso después de la demanda y la contestación deben tenerse por no formuladas y tienen que quedar fuera del proceso, por cuanto lo contrario supondría dejar en indefensión a la otra parte, a la que se habría privado de la oportunidad de debatir y de defenderse sobre el elemento o variación introducida en el "thema decidendi", vulnerando con ello el principio de contradicción. Para que pueda apreciarse una variación sustancial de la demanda es preciso que la modificación que se propone, por afectar de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, introduzca un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar para la parte demandada una situación de indefensión.

La alteración del objeto contenido en la demanda debe abordarse con cautela para evitar situaciones de indefensión; si se realiza en el acto del juicio y la parte afectada lo interesa habrá que acordar su posposición; pero si se lleva a cabo en la fase de conclusiones es evidente que ya no cabe posibilidad alguna de reconducir el proceso.

Aplicada esta doctrina al supuesto enjuiciado, teniendo en cuenta cuanto queda dicho, y que la sentencia recurrida rechaza la tesis sostenida en el juicio oral, frente al escrito de demanda para la declaración de improcedencia del despido de que fueron objeto las demandantes, denegando la ampliación introducida que pasa a configurar como causa petendidesu pretensión alegada extemporáneamente, después de la configuración de la posición de las partes y contestación de la demanda, habida cuenta de la inversión en el orden de intervención de las partes que ordena el art. 105.1 LRJS, del que resulta que ya no había trámite para que la demandada pudiera oponerse. Conlleva la ratificación de la decisión del juzgador de instancia, pues no tuvo la demandada oportunidad de una contestación formal y en su caso proposición de prueba oportuna, lo cual es causa de indefensión. Tanto, respecto del grupo patológico de empresas como de la ausencia de comunicación del despido a la representación de los trabajadores que, además, la empresa demandada niega y en la recurrida no se estima acreditada ( STS/4ª de fecha 21-12-2021, rec. 389/2020).

Como puede apreciarse, las demandas no mencionaban ningún hecho o circunstancia, ni hacía ninguna alegación, respecto de la existencia de grupo patológico de empresas ni con que empresa o empresas lo postulaba o la comunicación preceptiva a la representación de los trabajadores de sus despidos. Fue en el acto del juicio cuando las demandantes alegan estas cuestiones, defectos, irregularidades o vicisitudes en la impugnación del despido comunicado por la demandada que compareció al juicio oral con la comunicación de dichas demandas.

Por lo que se concluye, como en la instancia, que lo anterior es una variación sustancial de la demanda que causa indefensión a la parte demandada, toda vez que, le era exigible venir preparada al acto del juicio para contrarrestar el argumento de que su despido objetivo era improcedente, debiendo justificar la causa comunicada a las empleadas (económico-productiva). Pero, no podía lógicamente exigírsele que viniera preparada para defenderse de defectos o irregularidades por parte de la empresa en cuanto a su integración en un grupo patológico de empresas o comunicaciones a la representación social que, además, afirma no existe. Defectos o irregularidades sobre los que nada decía la demanda y que se esgrimieron por primera vez en el acto del juicio.

Constando, además, por la propia documental que la parte actora aporta al juicio que conocía los datos que ahora destaca (relaciones existentes con la matriz del grupo, representación en el grupo...) que tuvo cabal conocimiento antes del juicio oral y no incluye tales datos en sus demandadas, ni siquiera ampliando tales demandas en ese sentido con anterioridad al acto del juicio, a fin de que la empresa demandada pudiera defenderse de esos nuevos hechos aducidos, dándole así la posibilidad de alegar, como en el presente recurso hace, en la impugnación al recurso.

En definitiva, la prohibición de variación sustancial de la demanda ( artículo 85.1 LRJS) protege a la demandada frente a cuestiones y hechos nuevos introducidos por primera vez en el acto del juicio y sobre los que nada decía la demanda, a fin de que la parte demandada pudiera venir preparada al acto del juicio para alegar y defenderse respecto de esos nuevos hechos. La interdicción de la variación sustancial de la demanda en el acto del juicio protege, en efecto, frente a las "alegaciones sorpresa" a las que ahora se refiere en su recurso en apoyo de sus posiciones ( STS/4ª de fecha 23-9-2021, rec. 89/2021).

Y, sin dato fáctico en las presentes actuaciones que sustente lo que constituye sus meras alegaciones de parte, sobre grupo patológico de empresas, o sucesión de empresa que postulan. Tampoco, respecto de la pretendida falta de comunicación previa del despido a la representación de los trabajadores como causa de la improcedencia de su despido o la prueba por la parte actora de que tal representación en la entidad demandada exista.

Se analizan conjuntamente ambos motivos, por cuanto su finalidad tendente a la condena de la demandada por el despido objetivo comunicado que estiman, no probada su causa, por pertenecer la demandada a un grupo de empresas debiendo analizarse el resultado del grupo cuyos datos no lo avalan y no son los indicados en la carta comunicada que solo atiende a la demandada y deudas relevantes frente al citado grupo.

Pero, al no declararse probadas las notas propias de grupo de empresas con responsabilidades laborales frente a su plantilla, carecen de relato que sustente su pretensión. Debiendo destacarse, también, la variación substancial de la demanda que impide siquiera su análisis, por la sala.

Constando que la demandada tiene personalidad jurídica propia diferenciada de la matriz a que aluden las recurrentes. A lo que ni la existencia de accionariado único integrante de la demandada o relaciones entre dichas empresas lo implica.

Sin que se presuma y no consta relato fáctico que lo sustente (sin cita por la recurrente de documental fehaciente que lo evidencie), que existe la confusión de plantillas, unidad de caja o mera apariencia de personalidad que pretende, respecto de esta empresa.

Siendo lo concluido en la recurrida, por el contrario, y respecto de la demandada, en cuanto al necesario análisis de la realidad de la citada personalidad y su actuación frente a la contratación laboral de las recurrentes, así como la justificación del resultado negativo anual que detalla previo a su despido y cierre del centro en que prestaban servicios de la demandada.

Contratadas las recurrentes por la demandada, cuyo despido es objeto de impugnación en las presentes actuaciones.

Y, ninguna documental, de la que destaca, es fehaciente (como antes se ha expuesto en los motivos destinados a la revisión fáctica propuesta), en orden a la confusión de plantillas, actividad o de su propia prestación de servicios. Así como, unidad de caja o mera apariencia formal de empresa que contratada sus servicios. Relato que funda su recurso, no declarado probado, por lo que carece de sustento fáctico.

En la doctrina jurisprudencial sobre la materia del grupo de empresas, contenida entre otras, en las sentencias del TS, Social, de fecha 17 de enero de 2019 (rec. 156/2018), se expresa:

"Para empezar recordemos una precisión terminológica que hemos efectuado en los tiempos recientes e indicativa de que "la expresión "grupo patológico" ha de ser reservada para los supuestos en que las circunstancias determinantes de la responsabilidad solidaria se enmarcan en el terreno de la ocultación o fraude, pero cuando los datos objetivos que llevan a esa responsabilidad laboral no se ocultan, no responden a una actuación con finalidad defraudatoria ni atienden a abuso alguno, la terminología más adecuada más bien debiera ser la de "empresa de grupo" o "empresa-grupo", que resultaría algo así como el género del que aquél -el grupo patológico- es la especie, cualificada precisamente por los referidos datos de abuso, fraude u ocultación a terceros" (...).

2.- Los requisitos en general del "grupo" .- Efectuada tal precisión, corresponde referir nuestra doctrina sobre la existencia de grupo empresarial a efectos laborales -sea "grupo patológico" o simple "empresa-grupo"-, (...) y que puede ser resumida con las siguientes indicaciones:

"a).- Que son perfectamente diferenciables el inocuo -a efectos laborales- "grupo de sociedades" y la trascendente -hablamos de responsabilidad- "empresa de grupo".

b).- Que para la existencia del segundo -empresas/grupo- "no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales", porque "los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son".

c).- Que "la enumeración -en manera alguna acumulativa- de los elementos adicionales que determinan la responsabilidad de las diversas empresa del grupo bien pudiera ser la que sigue: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores".

d).- Que "el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad" (...).

3.- Concretos elementos determinantes.- Finalmente, sobre los referidos elementos adicionales son imprescindibles las precisiones -misma doctrina de la Sala- que siguen:

a).- Funcionamiento unitario con confusión de plantillas.- En los supuestos de "prestación de trabajo "indistinta" o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos... ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores"; situaciones integrables en el art. 1.2 ET , que califica como empresarios a las "personas físicas y jurídicas" y también a las "comunidades de bienes" que reciban la prestación de servicios de los trabajadores".

b).- Confusión patrimonial.- Este elemento "no hace referencia a la pertenencia del capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso"; y "ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados físicamente los activos sociales, a menos que "no pueda reconstruirse formalmente la separación".

c).- Unidad de caja.- Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de ambos criterios; hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como "promiscuidad en la gestión económica" y que al decir de la jurisprudencia alude a la situación de "permeabilidad operativa y contable", lo que no es identificable con las novedosas situaciones de "cash pooling" entre empresas del mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes.

d).- Utilización fraudulenta de la personalidad.- Apunta a la "creación de empresa aparente" -concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo", en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de "pantalla" para aquélla.

e).- Uso abusivo de la dirección unitaria.- La legítima dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio -determinante de solidaridad- cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante".

Esto es, no constan aquí, elementos fácticos que puedan servir para alterar la razonada decisión de la sentencia, sobre la inexistencia de grupo de empresas "patológico" o con responsabilidades frente a las obligaciones laborales de la contratación de la demandante por la Asociación que procede a su despido (STS4ª de fecha 7-2-2023, rec. 827/2022; y, 22-3-3033, rec. 1389/2020).

Con los datos económicos y organizativos que han sido acreditados por su contratante. Destacando una única prestación de servicios de las recurrentes que, en la recurrida se diferencia respecto del servicio prestado para otras entidades, en concreto la matriz, del grupo mercantil con personalidad jurídica propia. Sin confusión de plantillas y patrimonial, unidad de caja, actuación fraudulenta y uso abusivo de la persona jurídica.... Que ni se declara probado ni se deduce de documento fehaciente alguno que no son los citados por la recurrente.

En conclusión, no podemos considerar existentes las características que la doctrina jurisprudencial referida, viene exigiendo para considerar que debe "...saltarse por encima de la identidad formal de las sociedades relacionadas entre sí".

En efecto, como no se ha probado que exista confusión patrimonial, ni de plantillas, ni de caja. Ni siquiera de dirección, puesto que la empresa demandada actúa en la gestión de la prestación comercial que ocupa a las recurrentes, claramente diferenciada de otras empresas. No resultando acogibles lasalegaciones de los recursos formulados que no evidencia el error de la sentencia y que la empresa que acordó el despido fuese aparente, siendo la otra (el grupo o la empresa matriz) la real.

A ello, ninguna de las documentales que vuelve a referir, es relevante ni fehaciente. Pues, no lo es la alusión en páginas webs de las indicadas mercantiles la existencia de tal grupo mercantil o las relaciones comerciales, de servicios, de accionariado existentes entre ellas. La facturación aportada, por las auditorías practicadas a la demandada en las distintas anualidades acogida en la recurrida, justifica la causa objetiva comunicada en su despido objetivo.

Y, ni la constancia de correos corporativos de la demandada con otras empresas (no demandada en las presentes actuaciones), no justifica que deba tenderse en cuenta los resultados económicos de la matriz para el citado despido objetivo comunicado por la demandada.

Cuando la recurrida, en valoración de la misma prueba junto con el resto de documental y declaración de partes, concluye, por el contrario, que dicho trabajo se diferenciaba. Respondiendo su despido, únicamente, a su trabajo para la demandada a la que siempre han estado adscritas.

Por todo ello, ante la inexistencia de grupo de empresas, que impide atender a la contratación realizada por el grupo, ceñida, esencialmente para la empresa demandada responsable de los efectos del despido que comunica que justifica los datos económicos negativos alegados en las cartas comunicadas. Y, sin justificación de la existencia de representantes de los trabajadores a que poder comunicar previamente sus despidos en dicha entidad mercantil y no otras del grupo.

Procede la desestimación de los recursos planteados y la confirmación de la sentencia recurrida que no incurre en la infracción de normas denunciada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,