Sentencia Social 3231/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4844/2024 de 10 de junio del 2025

PRIMERO. Recurre en suplicación RENFE VIAJEROS SME S.A. frente a la sentencia estimatoria en parte de la demanda en materia de Derechos-Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en concreto en materia de adaptación en la forma de prestación de los servicios relacionada con solicitud de traslado temporal, en su vertiente de carácter geográfico, para pasar a prestar servicios en cualquiera de los cuadros de servicios de la residencia de León, a la que acumuló reclamación de cantidad de daños y perjuicios por vulneración de derecho fundamental por importe de 4.500 euros. Dirige la empresa los motivos de su recurso tanto a la revisión fáctica como a la censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado por la demandante Dña. Eloisa, que se opone a todos los motivos de recurso. Previamente sostiene causa de inadmisibilidad del recurso que relaciona con la falta de competencia funcional de la Sala manteniendo que aunque en la demanda se solicitó una indemnización por daños y perjuicios por importe de 4.500 euros pero dicha petición no ha sido estimada en su integridad, sin que esta parte haya recurrido la sentencia, a lo que añade que el recurso debió de haberse inadmitido, pues los motivos de suplicación que se formulan van dirigidos a impugnar la adaptación estimada por la juzgadora de instancia, materia ésta de legalidad ordinaria respecto de la que el legislador, ha considerado oportuno negar el acceso al recurso no siendo lógico que esas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, así son aspectos que deben quedar firmes en la sentencia de instancia.

SEGUNDO. En relación a la invocada causa de inadmisión del recurso, alegación que conforme a la previsión del artículo 197 de la LRJS puede tener cabida en el escrito de impugnación del recurso. La recurrente se avanza a tal alegación del escrito impugnatorio cuando con carácter previo ya señala la recurribilidad de la sentencia de instancia conforme a lo dispuesto en el art. 191.2.f) de la LRJS y STS de 20/07/2022 (Rec. nº 454/2021), al denunciar la vulneración de derechos fundamentales y acumular pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, recurso que con expresa cita de la Sentencia de esta sala de fecha 28/10/2020 (Rec. nº 2.340/2020) sostiene que se extiende a todos los pronunciamientos de la sentencia de instancia.

La Sala con remisión a la jurisprudencia del Tribunal Supremo e identificando precedentes de esta misma Sala, ya se ha pronunciado en relación a la cuestión planteada. Entre las ultimas sentencia en que a ello nos referimos citaremos la Sentencia número 2122/2025 de fecha 15/04/2025 R. Suplicación 4783/2024 que se remite a una anterior de fecha 8 de enero de 2025 Sentencia número 29/2025 Recurso de Suplicación 5581/2023 que realiza ese examen de la competencia funcional de la Sala y específicamente en relación al cual haya de ser el "ámbito de congnición de la Sala" en relación a lo ya establecido en la Sentencia núm. 3360/2024 de fecha 7 de junio de 2024 R. Súplicación 6783/2023 que identifica

"...la modalidad procesal aplicable a la pretensión que formula la recurrente en la demanda es la regulada en el artículo 139 LRJS , el cual, en su apartado 1, letra b), <>. En coherencia con ello, el artículo 191.2.f) LRJS dice: <<2. No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias: (...) f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación.>>

A la vista de dichos preceptos, no cabe duda de que, como admiten ambas partes, la sentencia de instancia es recurrible en suplicación en virtud de lo previsto en los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) LRJS , dado que la pretensión acumulada a la de adaptación de jornada excede de 3.000 euros.

En cuanto al ámbito de cognición de la Sala, debemos señalar que los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) LRJS no establecen restricción alguna, de modo que, superado el requisito de recurribilidad de la sentencia, la Sala debe conocer de todos los motivos del recurso, sin que, frente a ello, a diferencia de lo que alega la recurrida, quepa invocar la doctrina jurisprudencial contenida en la STS -Sala 4ª- 19.10.2022 (RCUD 1363/2019 ), seguida por otras posteriores , entre las que podemos citar la de 11.1.2024 (RCUD 739/2021 ). Es cierto, desde luego, que dicha sentencia de 19.10.2022 , modificando la doctrina anterior sobre la materia, que es la invocada por la recurrente, establece que, en aquellos procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo a los que se acumula pretensión de tutela de derechos fundamentales, la sentencia que se dicte en la instancia es recurrible en suplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.f) LRJS , pero el ámbito de cognición de la Sala de suplicación debe circunscribirse exclusivamente a la vulneración de derechos fundamentales alegada y cuestiones estrechamente vinculadas a aquella. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la recurribilidad de la sentencia de instancia no deriva de lo dispuesto en el artículo 191.3.f) LRJS , con independencia de la acumulación de pretensión de tutela de derechos fundamentales, sino de la regla específica prevista en los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) de dicha Ley , de la que, como hemos visto, se sigue que la sentencia dictada en los procedimientos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139 será recurrible en suplicación si se acumula una acción de resarcimiento de daños y perjuicios que, por su cuantía, pueda dar lugar a dicho recurso, sin distinguir, por tanto, el contenido o clase de pretensión.

Se desestima la invocada causa de inadmisibilidad y por ello debemos pasar al examen de las distintas cuestiones suscitadas en el recurso.

Motivos del recurso para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas

TERCERO. Al amparo del apartado b) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ,la parte recurrente interesa la modificación fáctica referida, al hecho probado segundo de la sentencia recurrida para añadir al mismo un segundo para en los siguientes términos:

"D. Serafin trabaja como maquinista para Renfe en la residencia laboral de León, estando adscrito al cuadro de servicio de Servicio Público (S.P. Media Distancia)".

Basa la recurrente tal adición en los documentos 13 y 14 que constan a folio 67 y 68 de autos que reflejan la situación del padre de la menor en base a los procesos de movilidad y que identifica como una modificación necesaria para considerar la ponderación de intereses en confrontación.

Se opone a tal adición la impugnante por considerarla irrelevante cuando ya consta en el hecho probado 7 que el padre de la menor reside en León, aunque no niega la certeza de la circunstancia expresada

Hemos de referirnos previamente a que para que la revisión pueda prosperar, ya consista en la adición, en la modificación o la supresión de un hecho probado, son requisitos cuya conjunta concurrencia debe de apreciarse: a) Que se señale concretamente el hecho probado cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que pudiera corresponder. b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio lo que lógicamente incluye en el ámbito propio del recurso de suplicación la posibilidad de modificar el fallo de la sentencia dictada en la Instancia y que la equivocación que se imputa al Juzgador "a quo" resulte patente, sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos, de documentos o pericias obrantes en los autos que así lo evidencien. c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, por lo que los resultados postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no han de quedar desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del Juez de Instancia, a quien la Ley reserva la función de valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- conforme previenen el artículo 97.2 de la LRJS.

La proyección de los criterios expuestos al supuesto de autos determinan que se acepte la modificación pretendida en cuanto que refleja con mayor concreción la situación del padre de la menor, residente en León, que ya refleja el hecho probado 7 y no siendo discutido por la impugnante que efectivamente es un hecho cierto.

Motivo del recurso sobre la infracción en la aplicación de las normas sustantivas y/o la jurisprudencia.

CUARTO. En cuanto a este motivo de recurso, y en concordancia con lo establecido en el artículo 196.2 de la LRJS en cuanto a la identificación de los preceptos sustantivos o jurisprudencia que se señalan infringidos por la sentencia y razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos que exige es argumentar la conexión entre las normas o jurisprudencia citadas y el supuesto litigioso en aras a mostrar cómo la correcta aplicación que se sostiene debería haber llevado a dar la distinta solución al debate que el recurrente propugna se sostiene por el recurrente:

4.1 La Infracción por aplicación indebida del articulo 34.8º del Estatuto de los Trabajadores que desarrolla en su motivos segundo del escrito (hay dos motivos segundo) separadamente con diversos argumentos

a) La pretensión de un cambio de centro de trabajo no es ni una adaptación de la jornada o su distribución, ni un cambio en la ordenación del tiempo de trabajo, ni en "la forma de prestación" por lo que no viene amparado en lo previsto en el artículo 34.8 ET. Alega que no cabe hablar de un derecho a la adaptación de jornada "en su vertiente de movilidad geográfica" que no se contempla en la regulación legal del citado artículo manteniendo que forma de prestar las funciones nunca ha sido un sinónimo del lugar en el que se prestan las funciones ni puede considerarse como "cambio locacional" la referencia a trabajo a distancia que no es un cambio de centro de trabajo sin más, es una modalidad contractual.

b) Que no concurre el presupuesto legal para que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación a las necesidades de la trabajadora.

Argumenta, en resumen, que solicita la demandante el traslado a León expresando que solicita el cambio de centro de trabajo a León arguyendo que su hija convive con ella y que al haberse separado del padre de la menor y haber convenido un régimen de visitas fijadas para el padre, éste no podría cumplir con dicho régimen de visitas si la actora continúa trabajando en Barcelona a lo que añade que toda la familia de la menor, su padre incluido, reside en León que es su ciudad de origen. Que no tiene necesidad de conciliar por ostentar la custodia de la menor y que, en su caso, debería ser el padre quien, siendo también maquinista en la empresa, quien tendría la necesidad conciliatoria y podría solicitar las medidas para poder cumplir con el régimen de visitas judicialmente establecido, además de que existe un proceso reglado de atribución de vacantes que no puede soslayarse. Lo que apreciado en todos sus aspectos entiende que determina la falta de razonabilidad de la petición de traslado temporal de la madre. Se refiere también la recurrente a que se deja constancia en el relato de hechos probados de un proceso de movilidad abierto, convocatoria NUM002 en el que participa también la demandante, con bases regladas que vincula esas plazas al concurso que estaba en curso de desarrollo no habiéndose dictado todavía Resolución provisional con lo que no se podía acreditar la adjudicación de vacantes ofertadas. Sostiene que no existían en León vacantes disponibles, plazas libres no comprometidas en ese proceso de movilidad. A lo que añade que: el art. 34.8 E.T., y la adaptación de jornada que contempla, no permiten es que se imponga a la empresa por razones de conciliación de la vida laboral y familiar la obligación de crear nuevas plazas en su organigrama, que en Barcelona las necesidades de personal de conducción son mayores que en otros destinos, al ser menos demandado por dicho personal en las movilidades geográficas.

Se opone en ambos casos la impugnante para mantener que un cambio de centro de trabajo sí se trata de una de las formas de prestación de servicios que es una de las materias previstas en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores para poder conciliar la vida laboral y familiar, cita expresamente en cuanto a ello la sentencia del TSJ de Galicia dictada el 25 de mayo de 2021 (recurso 335/2021) que trascribe en parte añadiendo la existencia de varios pronunciamientos de los Juzgados de lo Social seguidos con la demandada que así lo vienen reconociendo. En base a todo ello solicita la desestimación del motivo de recurso segundo que con ese argumento se sostiene.

También se opone al otro motivo de recurso segundo relacionado con la denuncia nuevamente de mismo artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en este caso por no concurrir el presupuesto legal de que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación con las necesidades de la persona trabajadora. Expresamente mantiene que la demandante, madre que, tras una ruptura sentimental con el progenitor de la menor, se encuentra sola al cuidado de su hija y tras el parto continuó en León, donde se encontraba, en el periodo de maternidad y en la baja posterior, por ser necesario el apoyo y ayuda de sus padres en la situación personal en la que se pasó a encontrar siendo su necesidad de conciliación para garantizar el mejor cuidado para su hija y para poder estar en su lugar de residencia habitual, con el apoyo y ayuda de sus padres para conciliar trabajo y cuidado de la menor en una situación en que existe déficit de maquinistas en todas las residencias, incluida León, siendo su traslado temporal mientras subsista la necesidad de conciliación. Añade que existe un auto de medidas provisionales que obligan a la actora a dar cumplimiento a un régimen de visitas del padre de la menor de dos horas diarias, régimen de visitas que se constituye en León, por ser el lugar de residencia de ambos progenitores al momento de dictarse el auto de medidas provisionales y que si la demandante tuviera que volver a Barcelona sería posible que se le exijan responsabilidades penales por incumplir el auto de medidas provisionales añadiendo toda una serie de consideraciones acerca de las consecuencias que podría suponer que fuera el padre de la menor trasladad a Barcelona para las expectativas de la actora de ser traslada a León y las consecuencias en el proceso civil de separación, y también que se ha dado cumplimiento a la ejecución provisional de la sentencia, y actualmente la actora presta servicios en León, sin que esta circunstancia haya supuesto ningún tipo disfunción en la compañía.

4.2 La Infracción por aplicación del artículo 183.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores . (motivo tercero).

Sostiene que no toda denegación empresarial de una medida conciliatoria -aunque la peticionaria sea una mujer, siendo notoria la circunstancia de ser las mujeres mayoritariamente quienes interesan la conciliación de la vida familiar y laboral- constituya per se una discriminación indirecta y una vulneración de derechos fundamentales, pues tal consideración automática supondría que no deben de analizarse las circunstancias del caso concreto. Subsidiariamente mantiene que debería ser reducida la indemnización por considerarla excesiva comparada con otros pronunciamientos judiciales que cita en su escrito, identificación a la que nos remitimos.

Finalmente se opone así mismo la impugnante a este motivo de recurso por cuanto mantiene que la sentencia de instancia realiza la determinación del quantum de la indemnización que reconoce por referencia a la sanción mínima establecida por la LISOS, siendo éste un criterio objetivo válido de determinación de la indemnización. Sin que pueda entenderse que se ha determinado la cifra por el órgano de instancia de manera caprichosa o arbitraria por lo que no debería ser revisada. Insistiendo por otro lado en el nexo entre el daño irrogado a la actora y la actuación empresarial que fue negar el derecho de inicio, y no permitir si quiera de manera temporal y mientras durase el procedimiento, que la demandante prestara servicios en cualquiera de los cuadros de servicio de León y añadiendo que lainfracción de un derecho fundamental conlleva el derecho a su resarcimiento.

QUINTO. La sentencia recurrida en primer lugar tras referirse a la existencia de un intercambio de correos electrónicos entre la demandante, que solicitó el 26/05/2023 la adaptación de la jornada horaria en su vertiente geográfica en los términos del artículo 34.8 del ET en cualquiera de los cuadros de servicio de la residencia de León de Renfe Viajeros y la respuesta al mismo de la empresa concluye, en primer lugar, que no consta que se haya abierto proceso de negociación alguno en los términos previstos en el artículo 34.8 del ET. Tras ello, considerando que el artículo 34.8 ET ampara un cambio de centro, por mor de la conciliación familiar, como solicitó la demandante citando la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 25 de mayo de 2021 (JUR 2021, 193875), dictada resolviendo recurso de suplicación 335/2021 establece en relación a la medida solicitada que "...la trabajadora demandante ha probado que la solicitud de adaptación geográfica, esto es, el traslado temporal de Barcelona a León en aras a conciliar la vida personal y profesional es razonable y proporcionado....porque dicho traslado garantiza el cumplimiento del principio de corresponsabilidad en el cuidado de su hija menor, Ofelia, que actualmente tiene 8 meses de edad, tanto por parte de la madre solicitante como por parte del padre... (cuando)... el padre de la menor reside en la provincia de León y que la madre está viviendo en León en una vivienda de su propiedad que compró en 2007 y que no tiene domicilio conocido en Barcelona...(y)... garantiza, además, la continuidad del nexo sociofamiliar de la menor, ya que también los abuelos maternos viven en la provincia de León. En este sentido, la medida solicitada por la madre trabajadora se extiende directamente a los derechos de la menor, no solo respecto al contacto con la madre sino en relación al derecho de la menor a ser cuidada por ambos progenitores y a tener una vida familiar en sentido amplio, en tanto en cuanto contribuye de forma beneficiosa al desarrollo de la niña..../...".Junto con ello, y atendida la existencia de la convocatoria de movilidad geográfica voluntaria para la cobertura de plazas de personal operativo con contrato indefinido-fijo NUM002,donde hay ofertadas 7 plazas vacantes en León y 3 plazas en DIRECCION002 y que las plazas vacantes de la convocatorio NUM002 no consta que hayan sido adjudicadas mantiene, en una situación en la que existe un déficit de personal constante tanto en Barcelona como en León que "...negar la posibilidad de movilidad a la demandante como consecuencia de la vinculación de las vacantes a una convocatoria de la que no consta ni siquiera la adjudicación provisional, supondría privar de contenido al artículo 34.8 del ET , supeditando la concesión de la adaptación geográfica a la exclusiva voluntad de la empresa...".Concluye entonces que ante "... la existencia de plazas vacantes en la provincia de León, tal y como se desprende de la convocatoria NUM002, la negativa de la empresa demandada es injustificada..." y estima en parte la demanda pues reconociendo, como se solicita el derecho de la demandante a prestar servicios en su categoría profesional en cualquiera de los gráficos de servicio de León mientras subsista la necesidad de conciliación de la vida familiar y personal en relación a su hija menor de doce años, en cuanto a la indemnización solicitada la fija en la cantidad, menor a la solicitada, de 1.501 euros.

SEXTO. En primer lugar, para abordar la resolución del recurso en cuanto a la señalada infracción del artículo 34.8 del estatuto de los Trabajadores debemos partir del relato de hechos probados, con la adición admitida, como presupuesto factico vinculante para realizar la valoración jurídica que se solicita a la Sala en la resolución del recurso. Conforme a ello son hechos relevantes

A) en cuanto a las circunstancias de los progenitores y la menor:

-La actora, que presta sus servicios por cuenta y orden de RENFE VIAJEROS,S.A. con categoría profesional de maquinista de entrada, tiene su residencia laboral en Barcelona-Sants.

-La demandante es madre de una niña, Ofelia, nacida el NUM001/2022 en León. El padre de la menor que también presta sus servicios en la empresa demandada y trabaja como maquinista para Renfe reside en la provincia de León y tiene residencia laboral de León, estando adscrito al cuadro de servicio de Servicio Público (S.P. Media Distancia)". También el padre de la demandante, D. Leon, y la madre de la demandante, Dª Flora, residen en la provincia de León

-En el seno del procedimiento número 658/2022 de medidas provisionales previas a la demandada de relaciones paternofiliales el 15/02/2023 se dictó auto 46/2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de León en el que se dispuso que la patria potestad será ejercitada conjuntamente por ambos progenitores, atribuyéndose la guardia y custodia de la hija menor, Ofelia, a la madre manteniendo la situación fáctica existente en la actualidad en la que la menor ha estado bajo la guardia y custodia de su madre en atención a la edad de la menor ( 3 meses) y atribuyendo un régimen de visitas muy amplio para el padre en los términos que constan recogidos en el hecho probado tercero. Se recoge en dicha resolución que La madre está viviendo en León en una vivienda de su propiedad que compró en 2007, que está destinada en Barcelona en conducción como maquinista de cercanías, pero que ha pedido una cesión o comisión de servicios a León, que se está tramitando. En previsión de que la madre tenga que trasladarse a Barcelona por tenerse que incorporar a trabajar se indica que deberá presentar el correspondiente procedimiento de disconformidad en el ejercicio de la patria potestad que no puede regular por desconocer las circunstancias de la prestación de servicios que pueda producirse en ese caso.

B) en cuanto a las circunstancias de la solicitud

-La actora solicita por correo electrónico el 26/05/2023 a la empresa adaptación de la jornada horaria en su vertiente geográfica en los términos del artículo 34.8 del ET en cualquiera de los cuadros de servicio de la residencia de León de Renfe Viajeros. Alegó que dicha solicitud venía motivada especialmente por el proceso de separación del padre de su hija menor de edad. La empresa por el mismo medio en fecha 29/05/2023 indica que el órgano que analiza y concede las cesiones temporales en el ámbito del grupo Renfe es la Comisión Mixta de Salud Laboral del SPM del Grupo Renfe.

-El 28/06/2023 la demandante presentó solicitud de traslado temporal a la Comisión Mixta de Salud Laboral

-La demandante ha participado en la convocatoria 1387 POI23-05/1387 de movilidad geográfica conducción, seleccionando León, Oviedo, DIRECCION000, DIRECCION001, Valladolid y Madrid, en la misma resultan ofertadas 7 plazas vacantes en León y 3 plazas en DIRECCION002. NO consta que las vacantes de esa convocatoria haya sido adjudicadas.

La sentencia finalmente reconoce acreditado en el hecho probado noveno el déficit de trabajadores en Barcelona, siendo esta ciudad uno de los destinos menos solicitados y que en general hay un déficit de trabajadores en todo el territorio nacional.

OCTAVO. Interpretando el artículo 34.8 de la norma estatutaria, con carácter general señala la doctrina unificada que no concede un derecho automático al trabajador, sino que supone por un lado la necesidad de negociar con el empresario (así se reconoce, entre otras en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 24 de julio de 2017 recud.245/2016 ),y que su reconocimiento está condicionado a la ponderación de condiciones de razonabilidad y proporcionalidad en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En cuanto al derecho mismo, la trabajadora o el trabajador tienen derecho a solicitar, como así se recoge en el primer párrafo del artículo 34.8 del estatuto de los trabajadores, las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y ese derecho se configura como un derecho titularidad individual, no familiar colectivo. No se condiciona ni vincula el mismo a la existencia de una suerte de necesidad insuperable de conciliar derivada de la imposibilidad de atender la conciliación, a través de otras medidas y con ayuda de otras personas.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26-04-2023, nº 310/2023, rec. 1040/2020 ,establece lo siguiente: "2. La jurisprudencia constitucional y de esta sala 4ª han subrayado la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales ( art. 14 CE ), como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia ( art. 39 CE ). Basta mencionar, por todas, la STS 171/2022, de 22 de febrero (rcud 4643/2018 ), que cita las SSTC 3/2007, de 15 de enero ; 26/2011, de 14 de marzo ; y 119/2021, de 31 mayo . El reproche que estas sentencias del Tribunal Constitucional hacían a los órganos judiciales no era tanto ni solo que hubieran renunciado a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni siquiera hubieran tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar la dimensión constitucional de la cuestión antes ellos suscitada. Y, en este análisis, es obligado ponderar las "circunstancias concurrentes" para tratar de cohonestar los distintos intereses en juego: las necesidades de la persona trabajadora y las necesidades organizativas empresariales( STC 3/2007 , sentencia esta que examinó un supuesto de reducción de jornada).

Como señala la STC 26/2011, de 14 de marzo , que analizó un supuesto encuadrable en el artículo 34.8ET (con la redacción entonces vigente), más que en el artículo 37.6 ET , se deben valorar las concretas circunstancias "personales y familiares" que concurren en quien trata de ejercer los derechos de conciliación, mencionándose, entre otras, la edad y situación escolar del menor y la situación laboral del otro progenitor.".

En la sentencia de esta Sala de 26.7.2024 (RS 13/2024 )también nos remitíamos a ello con cita de tales sentencias de la sala cuarta del Tribunal Supremo y de las sentencias del Tribunal Constitucional a cuya dotrina nos remitíamos

Señalado lo anterior, atendiendo al momento de la solicitud de la demandante, 26/05/2023, la redacción vigente en ese momento del articulo 38.4 conforme al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo era la siguiente:

"8. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.

Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .".

NOVENO. Teniendo en cuenta lo expresado y en relación al primero de los motivos de recurso respecto a la infracción por aplicación indebida del articulo 34.8º del Estatuto de los Trabajadores en relación en primer lugar a que no queda amparado en lo previsto en el artículo 34.8 la solicitud de un cambio de centro de trabajo, y en segundo lugar alegando la misma indebida aplicación, a que no concurre el presupuesto legal para que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación a las necesidades de la trabajadora

En cuanto a la primera cuestión, sobre que el indicado precepto no se refiere expresamente, en ningún momento, al cambio de centro de trabajo. Hemos abordado esta cuestión en nuestra sentencia número 29/2025 de fecha 8 de enero de 2025 Recurso de Suplicación 5581/2023 en un supuesto en que también era demandada Renfe Viajeros, S.A. y en relación a la previsión del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción por Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo como es el presente caso, sentencia que se cita en otra posterior de la Sala núm. 2122/2025 de fecha 14/15/2025, aunque en ese caso en relación a la hoy vigente redacción de esa norma. En nuestra sentencia de fecha 8/01/205 citada ya descartamos la limitada interpretación de la empresa recurrente del supuesto del articulo 34.8 en cuanto a la exclusión de la posibilidad de movilidad geografía refiriéndonos a pronunciamientos de la Sala Social de diversos Tribunales superiores de Justicia (SSTSJ Galicia 25.5.2021 (RS 335/2021 ), Madrid 18.11.2022 (RS 969/2022 ), Andalucía -Málaga- 14.6.2023 (RS 65/2023 ), Canarias -Las Palmas- 21.12.2023 (RS 874/2023 )y País Vasco 14.3.2024 (RS 69/2024 )a la favorable acogida basándose en "...la indicada dimensión constitucional de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y el carácter abierto de la formulación contenida en el párrafo primero del artículo 34.8 ET ... a considerar incluida dicha posibilidad dentro de la expresión genérica referida a la "forma de la prestación", siempre que, lógicamente, concurran las notas de razonabilidad y proporcionalidad que exige el propio precepto con carácter general".

Lo expresado que nos da pie a desestimar este primer motivo de recurso, nos conduce a abordar el segundo relacionado con la infracción de la misma norma

En este segundo análisis advertimos ya que debemos descartar las consideraciones esgrimidas por la recurrente relacionadas con trasladar al progenitor de la menor, también maquinista en la empresa, la necesidad conciliatoria y podría solicitar las medidas para poder cumplir con el régimen de visitas al tener asignada la madre la guarda y custodia. Ello implica negar sin más el derecho de la actora a poder conciliar su vida laboral con la crianza y cuidados de su hija menor, que se configura como un derecho titularidad individual en los términos que antes hemos referido.

La razonabilidad y la ponderación son elementos que valorar en ambas direcciones, tanto en relación con las necesidades de la persona trabajadora como de las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Y siendo así una y otra deberán, precisamente, expresar y acreditar su concurrencia a los efectos de que pueda realizarse ese juicio crítico por el órgano jurisdiccional al que se ha llevado la divergencia conforme a la previsión del artículo 38.4 del ET que deriva las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora a la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

La sentencia recurrida afirma y parte de la consideración de que, al contrario de lo que se afirma por la empresa de la existencia de plazas vacantes en la provincia de León que relaciona con la existencia de una convocatoria de movilidad geográfica conducción a la que la actora ha concurrido, consta este ultimo extremo en el relato factico, pero lo relevante es que lo que solicita la demandante no es una traslado definitivo, sin perjuicio de que haya concurrido a tal convocatoria, sino que al amparo de la previsión del articulo 34.8 del ET lo que la demandante solicita en aras al derecho en el mismo contemplado es una solicitud de traslado temporal en atención a su situación, inmersa en un proceso de separación del padre de su hija menor. Prueba de ello es que por un lado existe esa solicitud por correo electrónico de fecha 26/05/2023 de adaptación de jornada en su vertiente geografía solicitada por la actora por razones de conciliación de la vida laboral y familiar, frente a la que la empresa no solo no abre un proceso de negociación como la norma establece, sino que la respuesta que da a la actora es remitirla a la comisión mixta de salud Laboral del SPM del Grupo Renfe y la demandante presenta como se le indica una su solicitud de traslado temporal frente a la misma sin que conste respuesta alguna de aquella.

En esas circunstancias por un lado la demandante solicitante de la adaptación en esa vertiente de traslado temporal de centro de trabajo tiene asignada la guardia y custodia de la hija menor, Ofelia, en exclusiva en atención a ser esa la situación fáctica en el momento en que se atribuye y en atención también a la edad de la menor ( 3 meses) en ese momento, y 8 meses cuando se dicta la sentencia según consta en los fundamentos de derecho de la misma, en una situación en la que la madre está viviendo en León en ese momento una vivienda de su propiedad que compró en 2007, sin domicilio conocido en Barcelona, ciudad en la que está destinada en conducción como maquinista de cercanías, pendiente de resolución de su solicitud a la empresa de su traslado. No se acredita la existencia de ningún vínculo, no solo de residencia actual de la demandante en Barcelona, sino que lo que consta es que toda su familia y también el padre de la menor tiene su residencia en la provincia de León. En tales circunstancias atendiendo a las circunstancias relacionadas, también en su dimensión constitucional, del derecho solicitado consideramos que, como concluye la sentencia de instancia, se acredita la razonabilidad y proporcionalidad de la medida en una situación en la que, por su parte, la empresa no acredita necesidades organizativas o productivas que justifiquen su negativa cuando la demandante no solicita un traslado definitivo sino un traslado temporal que por tanto no puede venir vinculado o condicionado a la existencia de un proceso concreto de movilidad geográfica, con independencia que la demandante participara en el mismo si cumplía con las bases del concurso, que por otro lado no consta que se haya resuelto según se recoge en la sentencia recurrida al momento de dictarse la misma y que no puede tampoco remitirse a un déficit general de trabajadores en Barcelona o un déficit general de trabajadores en todo el territorio nacional como se recoge en el relato factico.

La naturaleza de la medida temporal solicitada por la demandante nada tiene que ver con las plazas ofertadas en dicha convocatoria. La existencia misma de un organismo, la comisión mixta de salud Laboral del SPM del Grupo Renfe, como resolutorio de esas peticiones sin vinculación al sistema de convocatorias de movilidad geográfica implica, precisamente, que se trata de una cuestión distinta, por lo que no ha acreditado la empresa la inexistencia de vacantes que en tales condiciones de cobertura temporal la demandante pudiera cubrir y que justificaran su negativa. Pero lo que a ello se une, con relevante importancia por las consecuencias de ello derivadas respecto a la estimación de la pretensión de la demandante, la empresa no acreditó la existencia de daño o perjuicio organizativo para acceder a ello, cuestión esta que ni siquiera se alegó ante la petición de la demandante ya que no abrió ,propiamente , un proceso negociador como la norma exige con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días para dar respuesta a la trabajadora.

Lo expresado, con la especial relevancia en cuanto al resultado de la decisión de esa ausencia de periodo negociador, nos lleva a desestimar los expresados motivos de recurso lo que abre la puerta al análisis del último de los motivos de recurso relacionado con la denuncia la infracción del artículo 183, apartados 1º y 2º de la LRJS.

DECIMO. Los argumentos que la recurrente relaciona con la infracción del artículo 183 de la LRJS en sus apartados 1 y 2 que establecen "Artículo 183. Indemnizaciones. 1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados. 2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.",

Sostiene que no cabe decir que toda denegación empresarial de una medida conciliatoria -aunque la peticionaria sea una mujer, siendo notoria la circunstancia de ser las mujeres mayoritariamente quienes interesan la conciliación de la vida familiar y laboral- constituya per se una discriminación indirecta y una vulneración de derechos fundamentales y trascribe el contenido de diversas sentencias de otras tantas sentencias de Tribunales superiores de Justicia y de Juzgados de lo social.

La sentencia del Pleno de la Sala cuarta del Tribunal Supremo número 172/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 recurso de casación 160/2019 aborda, los presupuestos a tener en cuenta para valorar si el escrito de recurso cumple adecuadamente con las exigencias legales. Es cierto que referidas al recurso de casación, pero como hemos señalado, extrapolables al recurso de suplicación en cuanto a lo establecido en el antes citado artículo 196.2 de la LRJS. Tras identificar anteriores sentencias de esa Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del recurso de casación, cita otras muchas, en las SSTS 4/12/2019, rec.107/2018 ; 21/6/2017, rec. 210/2016 , citando la de 26/1/2016, rec. 144/2015, pasa a enumerar de forma más sistemática alguno de los precedentes que esas sentencias recogen, así identifica

"...la STS de 24 noviembre 2009 (23/2009 ) hay nuevamente una detallada exposición sobre la necesidad de establecer y justificar la causa de impugnación de la sentencia recurrida. Esta exigencia no se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que es requisito ineludible para su correcta observancia razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia. C) En la STS 4 noviembre 2010 (rec. 65/2010 ) se invocan diversos precedentes, insistiendo en la idea de que " para cumplir con el requisito de la fundamentación de la infracción legal es necesario no sólo citar los preceptos que se consideren infringidos, sino también razonar la pertinencia y fundamentos de la infracción en forma suficiente". D) Del mismo modo, la STS 26 junio 2013 (rec. 165/2011 ) invoca numerosos precedentes para reiterar la necesidad de cumplir las exigencias legales, al margen de la mayor o menor extensión formal que el escrito presente: "No se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia"....".

La trascripción del contenido de diversas sentencias del algunas salas de Tribunales superiores de Justicia o de Juzgaso Sociales no da cumplimiento a la exigencia de ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia

También, en el mismo sentido la STS de 23/05/2023 R. casación 3/2021que continua identificando otros pronunciamientos , de la doctrina de la Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del recurso como "... La STS 324/2017 de 18 abril (rec. 154/2016 ) recopila esa doctrina y concluye que "por más que los Tribunales vengan obligados a no aplicar rigurosamente y de manera formalista las exigencias legales, no debe olvidarse que los requisitos establecidos por las normas procesales cumplen una función de garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos de la contraparte, debiendo tenerse en cuenta esa consideración al analizar la concurrencia de los requisitos formales de un recurso de casación". Para acabar significando que "Se trata, en definitiva, de que el escrito de recurso contenga una exposición suficiente, no solo de la norma infringida, sino también de los motivos y razonamientos jurídicos en los que se fundamenta la alegada infracción, de tal forma que la Sala no se vea en la necesidad de construir de oficio los argumentos que puedan conducir a su estimación, lo que sería tanto como asumir funciones de parte para suplir la inactividad de la recurrente". La STS (Pleno) 463/2022 de 19 mayo (rec. 320/2021 ) insiste en esa misma dirección, al igual que la STS 132/2023 de 14 febrero (rec. 153/2020 )..."

En este caso la recurrente no señala ningún respaldo argumentativo relacionando en qué sentido entiende vulnerados el precepto infringido que identifica como 183 de la LRJS por la sentencia recurrida y no ofrece una concreta explicación para justificar la denuncia efectuada a la sentencia recurrida más que la trascripción de aquellas sentencia y la genérica afirmación que la precede. Aplicado ello a este preciso motivo de recurso, la falta de cumplimiento de los expresados requisitos por sí solo nos lleva a la desestimación de tal pretensión y también de la que se mantiene como subsidiaria y alternativamente la misma, que la sala no puede aceptar por el mismo motivo cuando se sostiene que "...se considera excesiva y desproporcionada la indemnización, en relación a la finalidades establecidas en el art. 183.2 LRJS comparada con otros pronunciamientos sobre el particular.." citándolos sin más y sin otro argumento.

Desestimado también este motivo de recurso ello nos conduce a la confirmación de la sentencia recurrida.

DECIMOPRIMERO.En cuanto a las costas conforme al artículo 235.1 de la LRJS procede su imposición a la recurrente que ha visto como su pretensión impugnatoria de la sentencia ha sido rechazada y que por ello es la parte "vencida en el recurso",y conforme al apartado 2 del citado artículo "Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.".

Se imponen por la desestimación completa de su recurso al empresario recurrente las costas en importe de 700 euros comprendiendo los honorarios del abogado por su actuación profesional en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte contraria como impugnante del recurso..

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , "1. Cuando la Sala confirme la sentencia y el recurrente haya consignado las cantidades a las que se refiere la presente Ley, el fallo condenará a la pérdida de las consignaciones, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme....3. Si el recurrente hubiera asegurado el importe de la condena conforme a lo prevenido en esta Ley mandará la Sala en su fallo confirmatorio que se mantengan los aseguramientos prestados, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia resuelva la realización de dichos aseguramientos. 4. Si el recurrente hubiera constituido el depósito necesario para recurrir, la sentencia confirmatoria dispondrá su pérdida, lo que se realizará cuando la sentencia sea firme.",confirmándose la sentencia también se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte demandada para recurrir, y en cuanto a las consignaciones y aseguramientos que el hubiere hecho del importe de la condena se condena a la pérdida de las consignaciones, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme y/o se mantendrán los aseguramientos prestados, de ser el caso, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia se resuelva acerca de la realización de dichos aseguramientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO. Recurre en suplicación RENFE VIAJEROS SME S.A. frente a la sentencia estimatoria en parte de la demanda en materia de Derechos-Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en concreto en materia de adaptación en la forma de prestación de los servicios relacionada con solicitud de traslado temporal, en su vertiente de carácter geográfico, para pasar a prestar servicios en cualquiera de los cuadros de servicios de la residencia de León, a la que acumuló reclamación de cantidad de daños y perjuicios por vulneración de derecho fundamental por importe de 4.500 euros. Dirige la empresa los motivos de su recurso tanto a la revisión fáctica como a la censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado por la demandante Dña. Eloisa, que se opone a todos los motivos de recurso. Previamente sostiene causa de inadmisibilidad del recurso que relaciona con la falta de competencia funcional de la Sala manteniendo que aunque en la demanda se solicitó una indemnización por daños y perjuicios por importe de 4.500 euros pero dicha petición no ha sido estimada en su integridad, sin que esta parte haya recurrido la sentencia, a lo que añade que el recurso debió de haberse inadmitido, pues los motivos de suplicación que se formulan van dirigidos a impugnar la adaptación estimada por la juzgadora de instancia, materia ésta de legalidad ordinaria respecto de la que el legislador, ha considerado oportuno negar el acceso al recurso no siendo lógico que esas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, así son aspectos que deben quedar firmes en la sentencia de instancia.

SEGUNDO. En relación a la invocada causa de inadmisión del recurso, alegación que conforme a la previsión del artículo 197 de la LRJS puede tener cabida en el escrito de impugnación del recurso. La recurrente se avanza a tal alegación del escrito impugnatorio cuando con carácter previo ya señala la recurribilidad de la sentencia de instancia conforme a lo dispuesto en el art. 191.2.f) de la LRJS y STS de 20/07/2022 (Rec. nº 454/2021), al denunciar la vulneración de derechos fundamentales y acumular pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, recurso que con expresa cita de la Sentencia de esta sala de fecha 28/10/2020 (Rec. nº 2.340/2020) sostiene que se extiende a todos los pronunciamientos de la sentencia de instancia.

La Sala con remisión a la jurisprudencia del Tribunal Supremo e identificando precedentes de esta misma Sala, ya se ha pronunciado en relación a la cuestión planteada. Entre las ultimas sentencia en que a ello nos referimos citaremos la Sentencia número 2122/2025 de fecha 15/04/2025 R. Suplicación 4783/2024 que se remite a una anterior de fecha 8 de enero de 2025 Sentencia número 29/2025 Recurso de Suplicación 5581/2023 que realiza ese examen de la competencia funcional de la Sala y específicamente en relación al cual haya de ser el "ámbito de congnición de la Sala" en relación a lo ya establecido en la Sentencia núm. 3360/2024 de fecha 7 de junio de 2024 R. Súplicación 6783/2023 que identifica

"...la modalidad procesal aplicable a la pretensión que formula la recurrente en la demanda es la regulada en el artículo 139 LRJS , el cual, en su apartado 1, letra b), <>. En coherencia con ello, el artículo 191.2.f) LRJS dice: <<2. No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias: (...) f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación.>>

A la vista de dichos preceptos, no cabe duda de que, como admiten ambas partes, la sentencia de instancia es recurrible en suplicación en virtud de lo previsto en los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) LRJS , dado que la pretensión acumulada a la de adaptación de jornada excede de 3.000 euros.

En cuanto al ámbito de cognición de la Sala, debemos señalar que los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) LRJS no establecen restricción alguna, de modo que, superado el requisito de recurribilidad de la sentencia, la Sala debe conocer de todos los motivos del recurso, sin que, frente a ello, a diferencia de lo que alega la recurrida, quepa invocar la doctrina jurisprudencial contenida en la STS -Sala 4ª- 19.10.2022 (RCUD 1363/2019 ), seguida por otras posteriores , entre las que podemos citar la de 11.1.2024 (RCUD 739/2021 ). Es cierto, desde luego, que dicha sentencia de 19.10.2022 , modificando la doctrina anterior sobre la materia, que es la invocada por la recurrente, establece que, en aquellos procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo a los que se acumula pretensión de tutela de derechos fundamentales, la sentencia que se dicte en la instancia es recurrible en suplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.f) LRJS , pero el ámbito de cognición de la Sala de suplicación debe circunscribirse exclusivamente a la vulneración de derechos fundamentales alegada y cuestiones estrechamente vinculadas a aquella. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la recurribilidad de la sentencia de instancia no deriva de lo dispuesto en el artículo 191.3.f) LRJS , con independencia de la acumulación de pretensión de tutela de derechos fundamentales, sino de la regla específica prevista en los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) de dicha Ley , de la que, como hemos visto, se sigue que la sentencia dictada en los procedimientos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139 será recurrible en suplicación si se acumula una acción de resarcimiento de daños y perjuicios que, por su cuantía, pueda dar lugar a dicho recurso, sin distinguir, por tanto, el contenido o clase de pretensión.

Se desestima la invocada causa de inadmisibilidad y por ello debemos pasar al examen de las distintas cuestiones suscitadas en el recurso.

Motivos del recurso para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas

TERCERO. Al amparo del apartado b) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ,la parte recurrente interesa la modificación fáctica referida, al hecho probado segundo de la sentencia recurrida para añadir al mismo un segundo para en los siguientes términos:

"D. Serafin trabaja como maquinista para Renfe en la residencia laboral de León, estando adscrito al cuadro de servicio de Servicio Público (S.P. Media Distancia)".

Basa la recurrente tal adición en los documentos 13 y 14 que constan a folio 67 y 68 de autos que reflejan la situación del padre de la menor en base a los procesos de movilidad y que identifica como una modificación necesaria para considerar la ponderación de intereses en confrontación.

Se opone a tal adición la impugnante por considerarla irrelevante cuando ya consta en el hecho probado 7 que el padre de la menor reside en León, aunque no niega la certeza de la circunstancia expresada

Hemos de referirnos previamente a que para que la revisión pueda prosperar, ya consista en la adición, en la modificación o la supresión de un hecho probado, son requisitos cuya conjunta concurrencia debe de apreciarse: a) Que se señale concretamente el hecho probado cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que pudiera corresponder. b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio lo que lógicamente incluye en el ámbito propio del recurso de suplicación la posibilidad de modificar el fallo de la sentencia dictada en la Instancia y que la equivocación que se imputa al Juzgador "a quo" resulte patente, sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos, de documentos o pericias obrantes en los autos que así lo evidencien. c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, por lo que los resultados postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no han de quedar desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del Juez de Instancia, a quien la Ley reserva la función de valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- conforme previenen el artículo 97.2 de la LRJS.

La proyección de los criterios expuestos al supuesto de autos determinan que se acepte la modificación pretendida en cuanto que refleja con mayor concreción la situación del padre de la menor, residente en León, que ya refleja el hecho probado 7 y no siendo discutido por la impugnante que efectivamente es un hecho cierto.

Motivo del recurso sobre la infracción en la aplicación de las normas sustantivas y/o la jurisprudencia.

CUARTO. En cuanto a este motivo de recurso, y en concordancia con lo establecido en el artículo 196.2 de la LRJS en cuanto a la identificación de los preceptos sustantivos o jurisprudencia que se señalan infringidos por la sentencia y razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos que exige es argumentar la conexión entre las normas o jurisprudencia citadas y el supuesto litigioso en aras a mostrar cómo la correcta aplicación que se sostiene debería haber llevado a dar la distinta solución al debate que el recurrente propugna se sostiene por el recurrente:

4.1 La Infracción por aplicación indebida del articulo 34.8º del Estatuto de los Trabajadores que desarrolla en su motivos segundo del escrito (hay dos motivos segundo) separadamente con diversos argumentos

a) La pretensión de un cambio de centro de trabajo no es ni una adaptación de la jornada o su distribución, ni un cambio en la ordenación del tiempo de trabajo, ni en "la forma de prestación" por lo que no viene amparado en lo previsto en el artículo 34.8 ET. Alega que no cabe hablar de un derecho a la adaptación de jornada "en su vertiente de movilidad geográfica" que no se contempla en la regulación legal del citado artículo manteniendo que forma de prestar las funciones nunca ha sido un sinónimo del lugar en el que se prestan las funciones ni puede considerarse como "cambio locacional" la referencia a trabajo a distancia que no es un cambio de centro de trabajo sin más, es una modalidad contractual.

b) Que no concurre el presupuesto legal para que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación a las necesidades de la trabajadora.

Argumenta, en resumen, que solicita la demandante el traslado a León expresando que solicita el cambio de centro de trabajo a León arguyendo que su hija convive con ella y que al haberse separado del padre de la menor y haber convenido un régimen de visitas fijadas para el padre, éste no podría cumplir con dicho régimen de visitas si la actora continúa trabajando en Barcelona a lo que añade que toda la familia de la menor, su padre incluido, reside en León que es su ciudad de origen. Que no tiene necesidad de conciliar por ostentar la custodia de la menor y que, en su caso, debería ser el padre quien, siendo también maquinista en la empresa, quien tendría la necesidad conciliatoria y podría solicitar las medidas para poder cumplir con el régimen de visitas judicialmente establecido, además de que existe un proceso reglado de atribución de vacantes que no puede soslayarse. Lo que apreciado en todos sus aspectos entiende que determina la falta de razonabilidad de la petición de traslado temporal de la madre. Se refiere también la recurrente a que se deja constancia en el relato de hechos probados de un proceso de movilidad abierto, convocatoria NUM002 en el que participa también la demandante, con bases regladas que vincula esas plazas al concurso que estaba en curso de desarrollo no habiéndose dictado todavía Resolución provisional con lo que no se podía acreditar la adjudicación de vacantes ofertadas. Sostiene que no existían en León vacantes disponibles, plazas libres no comprometidas en ese proceso de movilidad. A lo que añade que: el art. 34.8 E.T., y la adaptación de jornada que contempla, no permiten es que se imponga a la empresa por razones de conciliación de la vida laboral y familiar la obligación de crear nuevas plazas en su organigrama, que en Barcelona las necesidades de personal de conducción son mayores que en otros destinos, al ser menos demandado por dicho personal en las movilidades geográficas.

Se opone en ambos casos la impugnante para mantener que un cambio de centro de trabajo sí se trata de una de las formas de prestación de servicios que es una de las materias previstas en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores para poder conciliar la vida laboral y familiar, cita expresamente en cuanto a ello la sentencia del TSJ de Galicia dictada el 25 de mayo de 2021 (recurso 335/2021) que trascribe en parte añadiendo la existencia de varios pronunciamientos de los Juzgados de lo Social seguidos con la demandada que así lo vienen reconociendo. En base a todo ello solicita la desestimación del motivo de recurso segundo que con ese argumento se sostiene.

También se opone al otro motivo de recurso segundo relacionado con la denuncia nuevamente de mismo artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en este caso por no concurrir el presupuesto legal de que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación con las necesidades de la persona trabajadora. Expresamente mantiene que la demandante, madre que, tras una ruptura sentimental con el progenitor de la menor, se encuentra sola al cuidado de su hija y tras el parto continuó en León, donde se encontraba, en el periodo de maternidad y en la baja posterior, por ser necesario el apoyo y ayuda de sus padres en la situación personal en la que se pasó a encontrar siendo su necesidad de conciliación para garantizar el mejor cuidado para su hija y para poder estar en su lugar de residencia habitual, con el apoyo y ayuda de sus padres para conciliar trabajo y cuidado de la menor en una situación en que existe déficit de maquinistas en todas las residencias, incluida León, siendo su traslado temporal mientras subsista la necesidad de conciliación. Añade que existe un auto de medidas provisionales que obligan a la actora a dar cumplimiento a un régimen de visitas del padre de la menor de dos horas diarias, régimen de visitas que se constituye en León, por ser el lugar de residencia de ambos progenitores al momento de dictarse el auto de medidas provisionales y que si la demandante tuviera que volver a Barcelona sería posible que se le exijan responsabilidades penales por incumplir el auto de medidas provisionales añadiendo toda una serie de consideraciones acerca de las consecuencias que podría suponer que fuera el padre de la menor trasladad a Barcelona para las expectativas de la actora de ser traslada a León y las consecuencias en el proceso civil de separación, y también que se ha dado cumplimiento a la ejecución provisional de la sentencia, y actualmente la actora presta servicios en León, sin que esta circunstancia haya supuesto ningún tipo disfunción en la compañía.

4.2 La Infracción por aplicación del artículo 183.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores . (motivo tercero).

Sostiene que no toda denegación empresarial de una medida conciliatoria -aunque la peticionaria sea una mujer, siendo notoria la circunstancia de ser las mujeres mayoritariamente quienes interesan la conciliación de la vida familiar y laboral- constituya per se una discriminación indirecta y una vulneración de derechos fundamentales, pues tal consideración automática supondría que no deben de analizarse las circunstancias del caso concreto. Subsidiariamente mantiene que debería ser reducida la indemnización por considerarla excesiva comparada con otros pronunciamientos judiciales que cita en su escrito, identificación a la que nos remitimos.

Finalmente se opone así mismo la impugnante a este motivo de recurso por cuanto mantiene que la sentencia de instancia realiza la determinación del quantum de la indemnización que reconoce por referencia a la sanción mínima establecida por la LISOS, siendo éste un criterio objetivo válido de determinación de la indemnización. Sin que pueda entenderse que se ha determinado la cifra por el órgano de instancia de manera caprichosa o arbitraria por lo que no debería ser revisada. Insistiendo por otro lado en el nexo entre el daño irrogado a la actora y la actuación empresarial que fue negar el derecho de inicio, y no permitir si quiera de manera temporal y mientras durase el procedimiento, que la demandante prestara servicios en cualquiera de los cuadros de servicio de León y añadiendo que lainfracción de un derecho fundamental conlleva el derecho a su resarcimiento.

QUINTO. La sentencia recurrida en primer lugar tras referirse a la existencia de un intercambio de correos electrónicos entre la demandante, que solicitó el 26/05/2023 la adaptación de la jornada horaria en su vertiente geográfica en los términos del artículo 34.8 del ET en cualquiera de los cuadros de servicio de la residencia de León de Renfe Viajeros y la respuesta al mismo de la empresa concluye, en primer lugar, que no consta que se haya abierto proceso de negociación alguno en los términos previstos en el artículo 34.8 del ET. Tras ello, considerando que el artículo 34.8 ET ampara un cambio de centro, por mor de la conciliación familiar, como solicitó la demandante citando la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 25 de mayo de 2021 (JUR 2021, 193875), dictada resolviendo recurso de suplicación 335/2021 establece en relación a la medida solicitada que "...la trabajadora demandante ha probado que la solicitud de adaptación geográfica, esto es, el traslado temporal de Barcelona a León en aras a conciliar la vida personal y profesional es razonable y proporcionado....porque dicho traslado garantiza el cumplimiento del principio de corresponsabilidad en el cuidado de su hija menor, Ofelia, que actualmente tiene 8 meses de edad, tanto por parte de la madre solicitante como por parte del padre... (cuando)... el padre de la menor reside en la provincia de León y que la madre está viviendo en León en una vivienda de su propiedad que compró en 2007 y que no tiene domicilio conocido en Barcelona...(y)... garantiza, además, la continuidad del nexo sociofamiliar de la menor, ya que también los abuelos maternos viven en la provincia de León. En este sentido, la medida solicitada por la madre trabajadora se extiende directamente a los derechos de la menor, no solo respecto al contacto con la madre sino en relación al derecho de la menor a ser cuidada por ambos progenitores y a tener una vida familiar en sentido amplio, en tanto en cuanto contribuye de forma beneficiosa al desarrollo de la niña..../...".Junto con ello, y atendida la existencia de la convocatoria de movilidad geográfica voluntaria para la cobertura de plazas de personal operativo con contrato indefinido-fijo NUM002,donde hay ofertadas 7 plazas vacantes en León y 3 plazas en DIRECCION002 y que las plazas vacantes de la convocatorio NUM002 no consta que hayan sido adjudicadas mantiene, en una situación en la que existe un déficit de personal constante tanto en Barcelona como en León que "...negar la posibilidad de movilidad a la demandante como consecuencia de la vinculación de las vacantes a una convocatoria de la que no consta ni siquiera la adjudicación provisional, supondría privar de contenido al artículo 34.8 del ET , supeditando la concesión de la adaptación geográfica a la exclusiva voluntad de la empresa...".Concluye entonces que ante "... la existencia de plazas vacantes en la provincia de León, tal y como se desprende de la convocatoria NUM002, la negativa de la empresa demandada es injustificada..." y estima en parte la demanda pues reconociendo, como se solicita el derecho de la demandante a prestar servicios en su categoría profesional en cualquiera de los gráficos de servicio de León mientras subsista la necesidad de conciliación de la vida familiar y personal en relación a su hija menor de doce años, en cuanto a la indemnización solicitada la fija en la cantidad, menor a la solicitada, de 1.501 euros.

SEXTO. En primer lugar, para abordar la resolución del recurso en cuanto a la señalada infracción del artículo 34.8 del estatuto de los Trabajadores debemos partir del relato de hechos probados, con la adición admitida, como presupuesto factico vinculante para realizar la valoración jurídica que se solicita a la Sala en la resolución del recurso. Conforme a ello son hechos relevantes

A) en cuanto a las circunstancias de los progenitores y la menor:

-La actora, que presta sus servicios por cuenta y orden de RENFE VIAJEROS,S.A. con categoría profesional de maquinista de entrada, tiene su residencia laboral en Barcelona-Sants.

-La demandante es madre de una niña, Ofelia, nacida el NUM001/2022 en León. El padre de la menor que también presta sus servicios en la empresa demandada y trabaja como maquinista para Renfe reside en la provincia de León y tiene residencia laboral de León, estando adscrito al cuadro de servicio de Servicio Público (S.P. Media Distancia)". También el padre de la demandante, D. Leon, y la madre de la demandante, Dª Flora, residen en la provincia de León

-En el seno del procedimiento número 658/2022 de medidas provisionales previas a la demandada de relaciones paternofiliales el 15/02/2023 se dictó auto 46/2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de León en el que se dispuso que la patria potestad será ejercitada conjuntamente por ambos progenitores, atribuyéndose la guardia y custodia de la hija menor, Ofelia, a la madre manteniendo la situación fáctica existente en la actualidad en la que la menor ha estado bajo la guardia y custodia de su madre en atención a la edad de la menor ( 3 meses) y atribuyendo un régimen de visitas muy amplio para el padre en los términos que constan recogidos en el hecho probado tercero. Se recoge en dicha resolución que La madre está viviendo en León en una vivienda de su propiedad que compró en 2007, que está destinada en Barcelona en conducción como maquinista de cercanías, pero que ha pedido una cesión o comisión de servicios a León, que se está tramitando. En previsión de que la madre tenga que trasladarse a Barcelona por tenerse que incorporar a trabajar se indica que deberá presentar el correspondiente procedimiento de disconformidad en el ejercicio de la patria potestad que no puede regular por desconocer las circunstancias de la prestación de servicios que pueda producirse en ese caso.

B) en cuanto a las circunstancias de la solicitud

-La actora solicita por correo electrónico el 26/05/2023 a la empresa adaptación de la jornada horaria en su vertiente geográfica en los términos del artículo 34.8 del ET en cualquiera de los cuadros de servicio de la residencia de León de Renfe Viajeros. Alegó que dicha solicitud venía motivada especialmente por el proceso de separación del padre de su hija menor de edad. La empresa por el mismo medio en fecha 29/05/2023 indica que el órgano que analiza y concede las cesiones temporales en el ámbito del grupo Renfe es la Comisión Mixta de Salud Laboral del SPM del Grupo Renfe.

-El 28/06/2023 la demandante presentó solicitud de traslado temporal a la Comisión Mixta de Salud Laboral

-La demandante ha participado en la convocatoria 1387 POI23-05/1387 de movilidad geográfica conducción, seleccionando León, Oviedo, DIRECCION000, DIRECCION001, Valladolid y Madrid, en la misma resultan ofertadas 7 plazas vacantes en León y 3 plazas en DIRECCION002. NO consta que las vacantes de esa convocatoria haya sido adjudicadas.

La sentencia finalmente reconoce acreditado en el hecho probado noveno el déficit de trabajadores en Barcelona, siendo esta ciudad uno de los destinos menos solicitados y que en general hay un déficit de trabajadores en todo el territorio nacional.

OCTAVO. Interpretando el artículo 34.8 de la norma estatutaria, con carácter general señala la doctrina unificada que no concede un derecho automático al trabajador, sino que supone por un lado la necesidad de negociar con el empresario (así se reconoce, entre otras en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 24 de julio de 2017 recud.245/2016 ),y que su reconocimiento está condicionado a la ponderación de condiciones de razonabilidad y proporcionalidad en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En cuanto al derecho mismo, la trabajadora o el trabajador tienen derecho a solicitar, como así se recoge en el primer párrafo del artículo 34.8 del estatuto de los trabajadores, las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y ese derecho se configura como un derecho titularidad individual, no familiar colectivo. No se condiciona ni vincula el mismo a la existencia de una suerte de necesidad insuperable de conciliar derivada de la imposibilidad de atender la conciliación, a través de otras medidas y con ayuda de otras personas.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26-04-2023, nº 310/2023, rec. 1040/2020 ,establece lo siguiente: "2. La jurisprudencia constitucional y de esta sala 4ª han subrayado la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales ( art. 14 CE ), como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia ( art. 39 CE ). Basta mencionar, por todas, la STS 171/2022, de 22 de febrero (rcud 4643/2018 ), que cita las SSTC 3/2007, de 15 de enero ; 26/2011, de 14 de marzo ; y 119/2021, de 31 mayo . El reproche que estas sentencias del Tribunal Constitucional hacían a los órganos judiciales no era tanto ni solo que hubieran renunciado a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni siquiera hubieran tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar la dimensión constitucional de la cuestión antes ellos suscitada. Y, en este análisis, es obligado ponderar las "circunstancias concurrentes" para tratar de cohonestar los distintos intereses en juego: las necesidades de la persona trabajadora y las necesidades organizativas empresariales( STC 3/2007 , sentencia esta que examinó un supuesto de reducción de jornada).

Como señala la STC 26/2011, de 14 de marzo , que analizó un supuesto encuadrable en el artículo 34.8ET (con la redacción entonces vigente), más que en el artículo 37.6 ET , se deben valorar las concretas circunstancias "personales y familiares" que concurren en quien trata de ejercer los derechos de conciliación, mencionándose, entre otras, la edad y situación escolar del menor y la situación laboral del otro progenitor.".

En la sentencia de esta Sala de 26.7.2024 (RS 13/2024 )también nos remitíamos a ello con cita de tales sentencias de la sala cuarta del Tribunal Supremo y de las sentencias del Tribunal Constitucional a cuya dotrina nos remitíamos

Señalado lo anterior, atendiendo al momento de la solicitud de la demandante, 26/05/2023, la redacción vigente en ese momento del articulo 38.4 conforme al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo era la siguiente:

"8. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.

Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .".

NOVENO. Teniendo en cuenta lo expresado y en relación al primero de los motivos de recurso respecto a la infracción por aplicación indebida del articulo 34.8º del Estatuto de los Trabajadores en relación en primer lugar a que no queda amparado en lo previsto en el artículo 34.8 la solicitud de un cambio de centro de trabajo, y en segundo lugar alegando la misma indebida aplicación, a que no concurre el presupuesto legal para que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación a las necesidades de la trabajadora

En cuanto a la primera cuestión, sobre que el indicado precepto no se refiere expresamente, en ningún momento, al cambio de centro de trabajo. Hemos abordado esta cuestión en nuestra sentencia número 29/2025 de fecha 8 de enero de 2025 Recurso de Suplicación 5581/2023 en un supuesto en que también era demandada Renfe Viajeros, S.A. y en relación a la previsión del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción por Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo como es el presente caso, sentencia que se cita en otra posterior de la Sala núm. 2122/2025 de fecha 14/15/2025, aunque en ese caso en relación a la hoy vigente redacción de esa norma. En nuestra sentencia de fecha 8/01/205 citada ya descartamos la limitada interpretación de la empresa recurrente del supuesto del articulo 34.8 en cuanto a la exclusión de la posibilidad de movilidad geografía refiriéndonos a pronunciamientos de la Sala Social de diversos Tribunales superiores de Justicia (SSTSJ Galicia 25.5.2021 (RS 335/2021 ), Madrid 18.11.2022 (RS 969/2022 ), Andalucía -Málaga- 14.6.2023 (RS 65/2023 ), Canarias -Las Palmas- 21.12.2023 (RS 874/2023 )y País Vasco 14.3.2024 (RS 69/2024 )a la favorable acogida basándose en "...la indicada dimensión constitucional de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y el carácter abierto de la formulación contenida en el párrafo primero del artículo 34.8 ET ... a considerar incluida dicha posibilidad dentro de la expresión genérica referida a la "forma de la prestación", siempre que, lógicamente, concurran las notas de razonabilidad y proporcionalidad que exige el propio precepto con carácter general".

Lo expresado que nos da pie a desestimar este primer motivo de recurso, nos conduce a abordar el segundo relacionado con la infracción de la misma norma

En este segundo análisis advertimos ya que debemos descartar las consideraciones esgrimidas por la recurrente relacionadas con trasladar al progenitor de la menor, también maquinista en la empresa, la necesidad conciliatoria y podría solicitar las medidas para poder cumplir con el régimen de visitas al tener asignada la madre la guarda y custodia. Ello implica negar sin más el derecho de la actora a poder conciliar su vida laboral con la crianza y cuidados de su hija menor, que se configura como un derecho titularidad individual en los términos que antes hemos referido.

La razonabilidad y la ponderación son elementos que valorar en ambas direcciones, tanto en relación con las necesidades de la persona trabajadora como de las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Y siendo así una y otra deberán, precisamente, expresar y acreditar su concurrencia a los efectos de que pueda realizarse ese juicio crítico por el órgano jurisdiccional al que se ha llevado la divergencia conforme a la previsión del artículo 38.4 del ET que deriva las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora a la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

La sentencia recurrida afirma y parte de la consideración de que, al contrario de lo que se afirma por la empresa de la existencia de plazas vacantes en la provincia de León que relaciona con la existencia de una convocatoria de movilidad geográfica conducción a la que la actora ha concurrido, consta este ultimo extremo en el relato factico, pero lo relevante es que lo que solicita la demandante no es una traslado definitivo, sin perjuicio de que haya concurrido a tal convocatoria, sino que al amparo de la previsión del articulo 34.8 del ET lo que la demandante solicita en aras al derecho en el mismo contemplado es una solicitud de traslado temporal en atención a su situación, inmersa en un proceso de separación del padre de su hija menor. Prueba de ello es que por un lado existe esa solicitud por correo electrónico de fecha 26/05/2023 de adaptación de jornada en su vertiente geografía solicitada por la actora por razones de conciliación de la vida laboral y familiar, frente a la que la empresa no solo no abre un proceso de negociación como la norma establece, sino que la respuesta que da a la actora es remitirla a la comisión mixta de salud Laboral del SPM del Grupo Renfe y la demandante presenta como se le indica una su solicitud de traslado temporal frente a la misma sin que conste respuesta alguna de aquella.

En esas circunstancias por un lado la demandante solicitante de la adaptación en esa vertiente de traslado temporal de centro de trabajo tiene asignada la guardia y custodia de la hija menor, Ofelia, en exclusiva en atención a ser esa la situación fáctica en el momento en que se atribuye y en atención también a la edad de la menor ( 3 meses) en ese momento, y 8 meses cuando se dicta la sentencia según consta en los fundamentos de derecho de la misma, en una situación en la que la madre está viviendo en León en ese momento una vivienda de su propiedad que compró en 2007, sin domicilio conocido en Barcelona, ciudad en la que está destinada en conducción como maquinista de cercanías, pendiente de resolución de su solicitud a la empresa de su traslado. No se acredita la existencia de ningún vínculo, no solo de residencia actual de la demandante en Barcelona, sino que lo que consta es que toda su familia y también el padre de la menor tiene su residencia en la provincia de León. En tales circunstancias atendiendo a las circunstancias relacionadas, también en su dimensión constitucional, del derecho solicitado consideramos que, como concluye la sentencia de instancia, se acredita la razonabilidad y proporcionalidad de la medida en una situación en la que, por su parte, la empresa no acredita necesidades organizativas o productivas que justifiquen su negativa cuando la demandante no solicita un traslado definitivo sino un traslado temporal que por tanto no puede venir vinculado o condicionado a la existencia de un proceso concreto de movilidad geográfica, con independencia que la demandante participara en el mismo si cumplía con las bases del concurso, que por otro lado no consta que se haya resuelto según se recoge en la sentencia recurrida al momento de dictarse la misma y que no puede tampoco remitirse a un déficit general de trabajadores en Barcelona o un déficit general de trabajadores en todo el territorio nacional como se recoge en el relato factico.

La naturaleza de la medida temporal solicitada por la demandante nada tiene que ver con las plazas ofertadas en dicha convocatoria. La existencia misma de un organismo, la comisión mixta de salud Laboral del SPM del Grupo Renfe, como resolutorio de esas peticiones sin vinculación al sistema de convocatorias de movilidad geográfica implica, precisamente, que se trata de una cuestión distinta, por lo que no ha acreditado la empresa la inexistencia de vacantes que en tales condiciones de cobertura temporal la demandante pudiera cubrir y que justificaran su negativa. Pero lo que a ello se une, con relevante importancia por las consecuencias de ello derivadas respecto a la estimación de la pretensión de la demandante, la empresa no acreditó la existencia de daño o perjuicio organizativo para acceder a ello, cuestión esta que ni siquiera se alegó ante la petición de la demandante ya que no abrió ,propiamente , un proceso negociador como la norma exige con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días para dar respuesta a la trabajadora.

Lo expresado, con la especial relevancia en cuanto al resultado de la decisión de esa ausencia de periodo negociador, nos lleva a desestimar los expresados motivos de recurso lo que abre la puerta al análisis del último de los motivos de recurso relacionado con la denuncia la infracción del artículo 183, apartados 1º y 2º de la LRJS.

DECIMO. Los argumentos que la recurrente relaciona con la infracción del artículo 183 de la LRJS en sus apartados 1 y 2 que establecen "Artículo 183. Indemnizaciones. 1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados. 2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.",

Sostiene que no cabe decir que toda denegación empresarial de una medida conciliatoria -aunque la peticionaria sea una mujer, siendo notoria la circunstancia de ser las mujeres mayoritariamente quienes interesan la conciliación de la vida familiar y laboral- constituya per se una discriminación indirecta y una vulneración de derechos fundamentales y trascribe el contenido de diversas sentencias de otras tantas sentencias de Tribunales superiores de Justicia y de Juzgados de lo social.

La sentencia del Pleno de la Sala cuarta del Tribunal Supremo número 172/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 recurso de casación 160/2019 aborda, los presupuestos a tener en cuenta para valorar si el escrito de recurso cumple adecuadamente con las exigencias legales. Es cierto que referidas al recurso de casación, pero como hemos señalado, extrapolables al recurso de suplicación en cuanto a lo establecido en el antes citado artículo 196.2 de la LRJS. Tras identificar anteriores sentencias de esa Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del recurso de casación, cita otras muchas, en las SSTS 4/12/2019, rec.107/2018 ; 21/6/2017, rec. 210/2016 , citando la de 26/1/2016, rec. 144/2015, pasa a enumerar de forma más sistemática alguno de los precedentes que esas sentencias recogen, así identifica

"...la STS de 24 noviembre 2009 (23/2009 ) hay nuevamente una detallada exposición sobre la necesidad de establecer y justificar la causa de impugnación de la sentencia recurrida. Esta exigencia no se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que es requisito ineludible para su correcta observancia razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia. C) En la STS 4 noviembre 2010 (rec. 65/2010 ) se invocan diversos precedentes, insistiendo en la idea de que " para cumplir con el requisito de la fundamentación de la infracción legal es necesario no sólo citar los preceptos que se consideren infringidos, sino también razonar la pertinencia y fundamentos de la infracción en forma suficiente". D) Del mismo modo, la STS 26 junio 2013 (rec. 165/2011 ) invoca numerosos precedentes para reiterar la necesidad de cumplir las exigencias legales, al margen de la mayor o menor extensión formal que el escrito presente: "No se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia"....".

La trascripción del contenido de diversas sentencias del algunas salas de Tribunales superiores de Justicia o de Juzgaso Sociales no da cumplimiento a la exigencia de ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia

También, en el mismo sentido la STS de 23/05/2023 R. casación 3/2021que continua identificando otros pronunciamientos , de la doctrina de la Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del recurso como "... La STS 324/2017 de 18 abril (rec. 154/2016 ) recopila esa doctrina y concluye que "por más que los Tribunales vengan obligados a no aplicar rigurosamente y de manera formalista las exigencias legales, no debe olvidarse que los requisitos establecidos por las normas procesales cumplen una función de garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos de la contraparte, debiendo tenerse en cuenta esa consideración al analizar la concurrencia de los requisitos formales de un recurso de casación". Para acabar significando que "Se trata, en definitiva, de que el escrito de recurso contenga una exposición suficiente, no solo de la norma infringida, sino también de los motivos y razonamientos jurídicos en los que se fundamenta la alegada infracción, de tal forma que la Sala no se vea en la necesidad de construir de oficio los argumentos que puedan conducir a su estimación, lo que sería tanto como asumir funciones de parte para suplir la inactividad de la recurrente". La STS (Pleno) 463/2022 de 19 mayo (rec. 320/2021 ) insiste en esa misma dirección, al igual que la STS 132/2023 de 14 febrero (rec. 153/2020 )..."

En este caso la recurrente no señala ningún respaldo argumentativo relacionando en qué sentido entiende vulnerados el precepto infringido que identifica como 183 de la LRJS por la sentencia recurrida y no ofrece una concreta explicación para justificar la denuncia efectuada a la sentencia recurrida más que la trascripción de aquellas sentencia y la genérica afirmación que la precede. Aplicado ello a este preciso motivo de recurso, la falta de cumplimiento de los expresados requisitos por sí solo nos lleva a la desestimación de tal pretensión y también de la que se mantiene como subsidiaria y alternativamente la misma, que la sala no puede aceptar por el mismo motivo cuando se sostiene que "...se considera excesiva y desproporcionada la indemnización, en relación a la finalidades establecidas en el art. 183.2 LRJS comparada con otros pronunciamientos sobre el particular.." citándolos sin más y sin otro argumento.

Desestimado también este motivo de recurso ello nos conduce a la confirmación de la sentencia recurrida.

DECIMOPRIMERO.En cuanto a las costas conforme al artículo 235.1 de la LRJS procede su imposición a la recurrente que ha visto como su pretensión impugnatoria de la sentencia ha sido rechazada y que por ello es la parte "vencida en el recurso",y conforme al apartado 2 del citado artículo "Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.".

Se imponen por la desestimación completa de su recurso al empresario recurrente las costas en importe de 700 euros comprendiendo los honorarios del abogado por su actuación profesional en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte contraria como impugnante del recurso..

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , "1. Cuando la Sala confirme la sentencia y el recurrente haya consignado las cantidades a las que se refiere la presente Ley, el fallo condenará a la pérdida de las consignaciones, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme....3. Si el recurrente hubiera asegurado el importe de la condena conforme a lo prevenido en esta Ley mandará la Sala en su fallo confirmatorio que se mantengan los aseguramientos prestados, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia resuelva la realización de dichos aseguramientos. 4. Si el recurrente hubiera constituido el depósito necesario para recurrir, la sentencia confirmatoria dispondrá su pérdida, lo que se realizará cuando la sentencia sea firme.",confirmándose la sentencia también se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte demandada para recurrir, y en cuanto a las consignaciones y aseguramientos que el hubiere hecho del importe de la condena se condena a la pérdida de las consignaciones, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme y/o se mantendrán los aseguramientos prestados, de ser el caso, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia se resuelva acerca de la realización de dichos aseguramientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

PRIMERO. Recurre en suplicación RENFE VIAJEROS SME S.A. frente a la sentencia estimatoria en parte de la demanda en materia de Derechos-Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en concreto en materia de adaptación en la forma de prestación de los servicios relacionada con solicitud de traslado temporal, en su vertiente de carácter geográfico, para pasar a prestar servicios en cualquiera de los cuadros de servicios de la residencia de León, a la que acumuló reclamación de cantidad de daños y perjuicios por vulneración de derecho fundamental por importe de 4.500 euros. Dirige la empresa los motivos de su recurso tanto a la revisión fáctica como a la censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado por la demandante Dña. Eloisa, que se opone a todos los motivos de recurso. Previamente sostiene causa de inadmisibilidad del recurso que relaciona con la falta de competencia funcional de la Sala manteniendo que aunque en la demanda se solicitó una indemnización por daños y perjuicios por importe de 4.500 euros pero dicha petición no ha sido estimada en su integridad, sin que esta parte haya recurrido la sentencia, a lo que añade que el recurso debió de haberse inadmitido, pues los motivos de suplicación que se formulan van dirigidos a impugnar la adaptación estimada por la juzgadora de instancia, materia ésta de legalidad ordinaria respecto de la que el legislador, ha considerado oportuno negar el acceso al recurso no siendo lógico que esas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, así son aspectos que deben quedar firmes en la sentencia de instancia.

SEGUNDO. En relación a la invocada causa de inadmisión del recurso, alegación que conforme a la previsión del artículo 197 de la LRJS puede tener cabida en el escrito de impugnación del recurso. La recurrente se avanza a tal alegación del escrito impugnatorio cuando con carácter previo ya señala la recurribilidad de la sentencia de instancia conforme a lo dispuesto en el art. 191.2.f) de la LRJS y STS de 20/07/2022 (Rec. nº 454/2021), al denunciar la vulneración de derechos fundamentales y acumular pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, recurso que con expresa cita de la Sentencia de esta sala de fecha 28/10/2020 (Rec. nº 2.340/2020) sostiene que se extiende a todos los pronunciamientos de la sentencia de instancia.

La Sala con remisión a la jurisprudencia del Tribunal Supremo e identificando precedentes de esta misma Sala, ya se ha pronunciado en relación a la cuestión planteada. Entre las ultimas sentencia en que a ello nos referimos citaremos la Sentencia número 2122/2025 de fecha 15/04/2025 R. Suplicación 4783/2024 que se remite a una anterior de fecha 8 de enero de 2025 Sentencia número 29/2025 Recurso de Suplicación 5581/2023 que realiza ese examen de la competencia funcional de la Sala y específicamente en relación al cual haya de ser el "ámbito de congnición de la Sala" en relación a lo ya establecido en la Sentencia núm. 3360/2024 de fecha 7 de junio de 2024 R. Súplicación 6783/2023 que identifica

"...la modalidad procesal aplicable a la pretensión que formula la recurrente en la demanda es la regulada en el artículo 139 LRJS , el cual, en su apartado 1, letra b), <>. En coherencia con ello, el artículo 191.2.f) LRJS dice: <<2. No procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias: (...) f) Procedimientos relativos a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación.>>

A la vista de dichos preceptos, no cabe duda de que, como admiten ambas partes, la sentencia de instancia es recurrible en suplicación en virtud de lo previsto en los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) LRJS , dado que la pretensión acumulada a la de adaptación de jornada excede de 3.000 euros.

En cuanto al ámbito de cognición de la Sala, debemos señalar que los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) LRJS no establecen restricción alguna, de modo que, superado el requisito de recurribilidad de la sentencia, la Sala debe conocer de todos los motivos del recurso, sin que, frente a ello, a diferencia de lo que alega la recurrida, quepa invocar la doctrina jurisprudencial contenida en la STS -Sala 4ª- 19.10.2022 (RCUD 1363/2019 ), seguida por otras posteriores , entre las que podemos citar la de 11.1.2024 (RCUD 739/2021 ). Es cierto, desde luego, que dicha sentencia de 19.10.2022 , modificando la doctrina anterior sobre la materia, que es la invocada por la recurrente, establece que, en aquellos procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo a los que se acumula pretensión de tutela de derechos fundamentales, la sentencia que se dicte en la instancia es recurrible en suplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.f) LRJS , pero el ámbito de cognición de la Sala de suplicación debe circunscribirse exclusivamente a la vulneración de derechos fundamentales alegada y cuestiones estrechamente vinculadas a aquella. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la recurribilidad de la sentencia de instancia no deriva de lo dispuesto en el artículo 191.3.f) LRJS , con independencia de la acumulación de pretensión de tutela de derechos fundamentales, sino de la regla específica prevista en los artículos 139.1.b ) y 191.2.f) de dicha Ley , de la que, como hemos visto, se sigue que la sentencia dictada en los procedimientos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral previstos en el artículo 139 será recurrible en suplicación si se acumula una acción de resarcimiento de daños y perjuicios que, por su cuantía, pueda dar lugar a dicho recurso, sin distinguir, por tanto, el contenido o clase de pretensión.

Se desestima la invocada causa de inadmisibilidad y por ello debemos pasar al examen de las distintas cuestiones suscitadas en el recurso.

Motivos del recurso para la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas

TERCERO. Al amparo del apartado b) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ,la parte recurrente interesa la modificación fáctica referida, al hecho probado segundo de la sentencia recurrida para añadir al mismo un segundo para en los siguientes términos:

"D. Serafin trabaja como maquinista para Renfe en la residencia laboral de León, estando adscrito al cuadro de servicio de Servicio Público (S.P. Media Distancia)".

Basa la recurrente tal adición en los documentos 13 y 14 que constan a folio 67 y 68 de autos que reflejan la situación del padre de la menor en base a los procesos de movilidad y que identifica como una modificación necesaria para considerar la ponderación de intereses en confrontación.

Se opone a tal adición la impugnante por considerarla irrelevante cuando ya consta en el hecho probado 7 que el padre de la menor reside en León, aunque no niega la certeza de la circunstancia expresada

Hemos de referirnos previamente a que para que la revisión pueda prosperar, ya consista en la adición, en la modificación o la supresión de un hecho probado, son requisitos cuya conjunta concurrencia debe de apreciarse: a) Que se señale concretamente el hecho probado cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que pudiera corresponder. b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio lo que lógicamente incluye en el ámbito propio del recurso de suplicación la posibilidad de modificar el fallo de la sentencia dictada en la Instancia y que la equivocación que se imputa al Juzgador "a quo" resulte patente, sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos, de documentos o pericias obrantes en los autos que así lo evidencien. c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, por lo que los resultados postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no han de quedar desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del Juez de Instancia, a quien la Ley reserva la función de valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- conforme previenen el artículo 97.2 de la LRJS.

La proyección de los criterios expuestos al supuesto de autos determinan que se acepte la modificación pretendida en cuanto que refleja con mayor concreción la situación del padre de la menor, residente en León, que ya refleja el hecho probado 7 y no siendo discutido por la impugnante que efectivamente es un hecho cierto.

Motivo del recurso sobre la infracción en la aplicación de las normas sustantivas y/o la jurisprudencia.

CUARTO. En cuanto a este motivo de recurso, y en concordancia con lo establecido en el artículo 196.2 de la LRJS en cuanto a la identificación de los preceptos sustantivos o jurisprudencia que se señalan infringidos por la sentencia y razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos que exige es argumentar la conexión entre las normas o jurisprudencia citadas y el supuesto litigioso en aras a mostrar cómo la correcta aplicación que se sostiene debería haber llevado a dar la distinta solución al debate que el recurrente propugna se sostiene por el recurrente:

4.1 La Infracción por aplicación indebida del articulo 34.8º del Estatuto de los Trabajadores que desarrolla en su motivos segundo del escrito (hay dos motivos segundo) separadamente con diversos argumentos

a) La pretensión de un cambio de centro de trabajo no es ni una adaptación de la jornada o su distribución, ni un cambio en la ordenación del tiempo de trabajo, ni en "la forma de prestación" por lo que no viene amparado en lo previsto en el artículo 34.8 ET. Alega que no cabe hablar de un derecho a la adaptación de jornada "en su vertiente de movilidad geográfica" que no se contempla en la regulación legal del citado artículo manteniendo que forma de prestar las funciones nunca ha sido un sinónimo del lugar en el que se prestan las funciones ni puede considerarse como "cambio locacional" la referencia a trabajo a distancia que no es un cambio de centro de trabajo sin más, es una modalidad contractual.

b) Que no concurre el presupuesto legal para que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación a las necesidades de la trabajadora.

Argumenta, en resumen, que solicita la demandante el traslado a León expresando que solicita el cambio de centro de trabajo a León arguyendo que su hija convive con ella y que al haberse separado del padre de la menor y haber convenido un régimen de visitas fijadas para el padre, éste no podría cumplir con dicho régimen de visitas si la actora continúa trabajando en Barcelona a lo que añade que toda la familia de la menor, su padre incluido, reside en León que es su ciudad de origen. Que no tiene necesidad de conciliar por ostentar la custodia de la menor y que, en su caso, debería ser el padre quien, siendo también maquinista en la empresa, quien tendría la necesidad conciliatoria y podría solicitar las medidas para poder cumplir con el régimen de visitas judicialmente establecido, además de que existe un proceso reglado de atribución de vacantes que no puede soslayarse. Lo que apreciado en todos sus aspectos entiende que determina la falta de razonabilidad de la petición de traslado temporal de la madre. Se refiere también la recurrente a que se deja constancia en el relato de hechos probados de un proceso de movilidad abierto, convocatoria NUM002 en el que participa también la demandante, con bases regladas que vincula esas plazas al concurso que estaba en curso de desarrollo no habiéndose dictado todavía Resolución provisional con lo que no se podía acreditar la adjudicación de vacantes ofertadas. Sostiene que no existían en León vacantes disponibles, plazas libres no comprometidas en ese proceso de movilidad. A lo que añade que: el art. 34.8 E.T., y la adaptación de jornada que contempla, no permiten es que se imponga a la empresa por razones de conciliación de la vida laboral y familiar la obligación de crear nuevas plazas en su organigrama, que en Barcelona las necesidades de personal de conducción son mayores que en otros destinos, al ser menos demandado por dicho personal en las movilidades geográficas.

Se opone en ambos casos la impugnante para mantener que un cambio de centro de trabajo sí se trata de una de las formas de prestación de servicios que es una de las materias previstas en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores para poder conciliar la vida laboral y familiar, cita expresamente en cuanto a ello la sentencia del TSJ de Galicia dictada el 25 de mayo de 2021 (recurso 335/2021) que trascribe en parte añadiendo la existencia de varios pronunciamientos de los Juzgados de lo Social seguidos con la demandada que así lo vienen reconociendo. En base a todo ello solicita la desestimación del motivo de recurso segundo que con ese argumento se sostiene.

También se opone al otro motivo de recurso segundo relacionado con la denuncia nuevamente de mismo artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en este caso por no concurrir el presupuesto legal de que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación con las necesidades de la persona trabajadora. Expresamente mantiene que la demandante, madre que, tras una ruptura sentimental con el progenitor de la menor, se encuentra sola al cuidado de su hija y tras el parto continuó en León, donde se encontraba, en el periodo de maternidad y en la baja posterior, por ser necesario el apoyo y ayuda de sus padres en la situación personal en la que se pasó a encontrar siendo su necesidad de conciliación para garantizar el mejor cuidado para su hija y para poder estar en su lugar de residencia habitual, con el apoyo y ayuda de sus padres para conciliar trabajo y cuidado de la menor en una situación en que existe déficit de maquinistas en todas las residencias, incluida León, siendo su traslado temporal mientras subsista la necesidad de conciliación. Añade que existe un auto de medidas provisionales que obligan a la actora a dar cumplimiento a un régimen de visitas del padre de la menor de dos horas diarias, régimen de visitas que se constituye en León, por ser el lugar de residencia de ambos progenitores al momento de dictarse el auto de medidas provisionales y que si la demandante tuviera que volver a Barcelona sería posible que se le exijan responsabilidades penales por incumplir el auto de medidas provisionales añadiendo toda una serie de consideraciones acerca de las consecuencias que podría suponer que fuera el padre de la menor trasladad a Barcelona para las expectativas de la actora de ser traslada a León y las consecuencias en el proceso civil de separación, y también que se ha dado cumplimiento a la ejecución provisional de la sentencia, y actualmente la actora presta servicios en León, sin que esta circunstancia haya supuesto ningún tipo disfunción en la compañía.

4.2 La Infracción por aplicación del artículo 183.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores . (motivo tercero).

Sostiene que no toda denegación empresarial de una medida conciliatoria -aunque la peticionaria sea una mujer, siendo notoria la circunstancia de ser las mujeres mayoritariamente quienes interesan la conciliación de la vida familiar y laboral- constituya per se una discriminación indirecta y una vulneración de derechos fundamentales, pues tal consideración automática supondría que no deben de analizarse las circunstancias del caso concreto. Subsidiariamente mantiene que debería ser reducida la indemnización por considerarla excesiva comparada con otros pronunciamientos judiciales que cita en su escrito, identificación a la que nos remitimos.

Finalmente se opone así mismo la impugnante a este motivo de recurso por cuanto mantiene que la sentencia de instancia realiza la determinación del quantum de la indemnización que reconoce por referencia a la sanción mínima establecida por la LISOS, siendo éste un criterio objetivo válido de determinación de la indemnización. Sin que pueda entenderse que se ha determinado la cifra por el órgano de instancia de manera caprichosa o arbitraria por lo que no debería ser revisada. Insistiendo por otro lado en el nexo entre el daño irrogado a la actora y la actuación empresarial que fue negar el derecho de inicio, y no permitir si quiera de manera temporal y mientras durase el procedimiento, que la demandante prestara servicios en cualquiera de los cuadros de servicio de León y añadiendo que lainfracción de un derecho fundamental conlleva el derecho a su resarcimiento.

QUINTO. La sentencia recurrida en primer lugar tras referirse a la existencia de un intercambio de correos electrónicos entre la demandante, que solicitó el 26/05/2023 la adaptación de la jornada horaria en su vertiente geográfica en los términos del artículo 34.8 del ET en cualquiera de los cuadros de servicio de la residencia de León de Renfe Viajeros y la respuesta al mismo de la empresa concluye, en primer lugar, que no consta que se haya abierto proceso de negociación alguno en los términos previstos en el artículo 34.8 del ET. Tras ello, considerando que el artículo 34.8 ET ampara un cambio de centro, por mor de la conciliación familiar, como solicitó la demandante citando la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 25 de mayo de 2021 (JUR 2021, 193875), dictada resolviendo recurso de suplicación 335/2021 establece en relación a la medida solicitada que "...la trabajadora demandante ha probado que la solicitud de adaptación geográfica, esto es, el traslado temporal de Barcelona a León en aras a conciliar la vida personal y profesional es razonable y proporcionado....porque dicho traslado garantiza el cumplimiento del principio de corresponsabilidad en el cuidado de su hija menor, Ofelia, que actualmente tiene 8 meses de edad, tanto por parte de la madre solicitante como por parte del padre... (cuando)... el padre de la menor reside en la provincia de León y que la madre está viviendo en León en una vivienda de su propiedad que compró en 2007 y que no tiene domicilio conocido en Barcelona...(y)... garantiza, además, la continuidad del nexo sociofamiliar de la menor, ya que también los abuelos maternos viven en la provincia de León. En este sentido, la medida solicitada por la madre trabajadora se extiende directamente a los derechos de la menor, no solo respecto al contacto con la madre sino en relación al derecho de la menor a ser cuidada por ambos progenitores y a tener una vida familiar en sentido amplio, en tanto en cuanto contribuye de forma beneficiosa al desarrollo de la niña..../...".Junto con ello, y atendida la existencia de la convocatoria de movilidad geográfica voluntaria para la cobertura de plazas de personal operativo con contrato indefinido-fijo NUM002,donde hay ofertadas 7 plazas vacantes en León y 3 plazas en DIRECCION002 y que las plazas vacantes de la convocatorio NUM002 no consta que hayan sido adjudicadas mantiene, en una situación en la que existe un déficit de personal constante tanto en Barcelona como en León que "...negar la posibilidad de movilidad a la demandante como consecuencia de la vinculación de las vacantes a una convocatoria de la que no consta ni siquiera la adjudicación provisional, supondría privar de contenido al artículo 34.8 del ET , supeditando la concesión de la adaptación geográfica a la exclusiva voluntad de la empresa...".Concluye entonces que ante "... la existencia de plazas vacantes en la provincia de León, tal y como se desprende de la convocatoria NUM002, la negativa de la empresa demandada es injustificada..." y estima en parte la demanda pues reconociendo, como se solicita el derecho de la demandante a prestar servicios en su categoría profesional en cualquiera de los gráficos de servicio de León mientras subsista la necesidad de conciliación de la vida familiar y personal en relación a su hija menor de doce años, en cuanto a la indemnización solicitada la fija en la cantidad, menor a la solicitada, de 1.501 euros.

SEXTO. En primer lugar, para abordar la resolución del recurso en cuanto a la señalada infracción del artículo 34.8 del estatuto de los Trabajadores debemos partir del relato de hechos probados, con la adición admitida, como presupuesto factico vinculante para realizar la valoración jurídica que se solicita a la Sala en la resolución del recurso. Conforme a ello son hechos relevantes

A) en cuanto a las circunstancias de los progenitores y la menor:

-La actora, que presta sus servicios por cuenta y orden de RENFE VIAJEROS,S.A. con categoría profesional de maquinista de entrada, tiene su residencia laboral en Barcelona-Sants.

-La demandante es madre de una niña, Ofelia, nacida el NUM001/2022 en León. El padre de la menor que también presta sus servicios en la empresa demandada y trabaja como maquinista para Renfe reside en la provincia de León y tiene residencia laboral de León, estando adscrito al cuadro de servicio de Servicio Público (S.P. Media Distancia)". También el padre de la demandante, D. Leon, y la madre de la demandante, Dª Flora, residen en la provincia de León

-En el seno del procedimiento número 658/2022 de medidas provisionales previas a la demandada de relaciones paternofiliales el 15/02/2023 se dictó auto 46/2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de León en el que se dispuso que la patria potestad será ejercitada conjuntamente por ambos progenitores, atribuyéndose la guardia y custodia de la hija menor, Ofelia, a la madre manteniendo la situación fáctica existente en la actualidad en la que la menor ha estado bajo la guardia y custodia de su madre en atención a la edad de la menor ( 3 meses) y atribuyendo un régimen de visitas muy amplio para el padre en los términos que constan recogidos en el hecho probado tercero. Se recoge en dicha resolución que La madre está viviendo en León en una vivienda de su propiedad que compró en 2007, que está destinada en Barcelona en conducción como maquinista de cercanías, pero que ha pedido una cesión o comisión de servicios a León, que se está tramitando. En previsión de que la madre tenga que trasladarse a Barcelona por tenerse que incorporar a trabajar se indica que deberá presentar el correspondiente procedimiento de disconformidad en el ejercicio de la patria potestad que no puede regular por desconocer las circunstancias de la prestación de servicios que pueda producirse en ese caso.

B) en cuanto a las circunstancias de la solicitud

-La actora solicita por correo electrónico el 26/05/2023 a la empresa adaptación de la jornada horaria en su vertiente geográfica en los términos del artículo 34.8 del ET en cualquiera de los cuadros de servicio de la residencia de León de Renfe Viajeros. Alegó que dicha solicitud venía motivada especialmente por el proceso de separación del padre de su hija menor de edad. La empresa por el mismo medio en fecha 29/05/2023 indica que el órgano que analiza y concede las cesiones temporales en el ámbito del grupo Renfe es la Comisión Mixta de Salud Laboral del SPM del Grupo Renfe.

-El 28/06/2023 la demandante presentó solicitud de traslado temporal a la Comisión Mixta de Salud Laboral

-La demandante ha participado en la convocatoria 1387 POI23-05/1387 de movilidad geográfica conducción, seleccionando León, Oviedo, DIRECCION000, DIRECCION001, Valladolid y Madrid, en la misma resultan ofertadas 7 plazas vacantes en León y 3 plazas en DIRECCION002. NO consta que las vacantes de esa convocatoria haya sido adjudicadas.

La sentencia finalmente reconoce acreditado en el hecho probado noveno el déficit de trabajadores en Barcelona, siendo esta ciudad uno de los destinos menos solicitados y que en general hay un déficit de trabajadores en todo el territorio nacional.

OCTAVO. Interpretando el artículo 34.8 de la norma estatutaria, con carácter general señala la doctrina unificada que no concede un derecho automático al trabajador, sino que supone por un lado la necesidad de negociar con el empresario (así se reconoce, entre otras en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 24 de julio de 2017 recud.245/2016 ),y que su reconocimiento está condicionado a la ponderación de condiciones de razonabilidad y proporcionalidad en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En cuanto al derecho mismo, la trabajadora o el trabajador tienen derecho a solicitar, como así se recoge en el primer párrafo del artículo 34.8 del estatuto de los trabajadores, las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y ese derecho se configura como un derecho titularidad individual, no familiar colectivo. No se condiciona ni vincula el mismo a la existencia de una suerte de necesidad insuperable de conciliar derivada de la imposibilidad de atender la conciliación, a través de otras medidas y con ayuda de otras personas.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26-04-2023, nº 310/2023, rec. 1040/2020 ,establece lo siguiente: "2. La jurisprudencia constitucional y de esta sala 4ª han subrayado la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales ( art. 14 CE ), como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia ( art. 39 CE ). Basta mencionar, por todas, la STS 171/2022, de 22 de febrero (rcud 4643/2018 ), que cita las SSTC 3/2007, de 15 de enero ; 26/2011, de 14 de marzo ; y 119/2021, de 31 mayo . El reproche que estas sentencias del Tribunal Constitucional hacían a los órganos judiciales no era tanto ni solo que hubieran renunciado a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni siquiera hubieran tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar la dimensión constitucional de la cuestión antes ellos suscitada. Y, en este análisis, es obligado ponderar las "circunstancias concurrentes" para tratar de cohonestar los distintos intereses en juego: las necesidades de la persona trabajadora y las necesidades organizativas empresariales( STC 3/2007 , sentencia esta que examinó un supuesto de reducción de jornada).

Como señala la STC 26/2011, de 14 de marzo , que analizó un supuesto encuadrable en el artículo 34.8ET (con la redacción entonces vigente), más que en el artículo 37.6 ET , se deben valorar las concretas circunstancias "personales y familiares" que concurren en quien trata de ejercer los derechos de conciliación, mencionándose, entre otras, la edad y situación escolar del menor y la situación laboral del otro progenitor.".

En la sentencia de esta Sala de 26.7.2024 (RS 13/2024 )también nos remitíamos a ello con cita de tales sentencias de la sala cuarta del Tribunal Supremo y de las sentencias del Tribunal Constitucional a cuya dotrina nos remitíamos

Señalado lo anterior, atendiendo al momento de la solicitud de la demandante, 26/05/2023, la redacción vigente en ese momento del articulo 38.4 conforme al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo era la siguiente:

"8. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.

Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .".

NOVENO. Teniendo en cuenta lo expresado y en relación al primero de los motivos de recurso respecto a la infracción por aplicación indebida del articulo 34.8º del Estatuto de los Trabajadores en relación en primer lugar a que no queda amparado en lo previsto en el artículo 34.8 la solicitud de un cambio de centro de trabajo, y en segundo lugar alegando la misma indebida aplicación, a que no concurre el presupuesto legal para que la petición de cambio de centro de trabajo sea razonable y proporcionada en relación a las necesidades de la trabajadora

En cuanto a la primera cuestión, sobre que el indicado precepto no se refiere expresamente, en ningún momento, al cambio de centro de trabajo. Hemos abordado esta cuestión en nuestra sentencia número 29/2025 de fecha 8 de enero de 2025 Recurso de Suplicación 5581/2023 en un supuesto en que también era demandada Renfe Viajeros, S.A. y en relación a la previsión del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción por Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo como es el presente caso, sentencia que se cita en otra posterior de la Sala núm. 2122/2025 de fecha 14/15/2025, aunque en ese caso en relación a la hoy vigente redacción de esa norma. En nuestra sentencia de fecha 8/01/205 citada ya descartamos la limitada interpretación de la empresa recurrente del supuesto del articulo 34.8 en cuanto a la exclusión de la posibilidad de movilidad geografía refiriéndonos a pronunciamientos de la Sala Social de diversos Tribunales superiores de Justicia (SSTSJ Galicia 25.5.2021 (RS 335/2021 ), Madrid 18.11.2022 (RS 969/2022 ), Andalucía -Málaga- 14.6.2023 (RS 65/2023 ), Canarias -Las Palmas- 21.12.2023 (RS 874/2023 )y País Vasco 14.3.2024 (RS 69/2024 )a la favorable acogida basándose en "...la indicada dimensión constitucional de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y el carácter abierto de la formulación contenida en el párrafo primero del artículo 34.8 ET ... a considerar incluida dicha posibilidad dentro de la expresión genérica referida a la "forma de la prestación", siempre que, lógicamente, concurran las notas de razonabilidad y proporcionalidad que exige el propio precepto con carácter general".

Lo expresado que nos da pie a desestimar este primer motivo de recurso, nos conduce a abordar el segundo relacionado con la infracción de la misma norma

En este segundo análisis advertimos ya que debemos descartar las consideraciones esgrimidas por la recurrente relacionadas con trasladar al progenitor de la menor, también maquinista en la empresa, la necesidad conciliatoria y podría solicitar las medidas para poder cumplir con el régimen de visitas al tener asignada la madre la guarda y custodia. Ello implica negar sin más el derecho de la actora a poder conciliar su vida laboral con la crianza y cuidados de su hija menor, que se configura como un derecho titularidad individual en los términos que antes hemos referido.

La razonabilidad y la ponderación son elementos que valorar en ambas direcciones, tanto en relación con las necesidades de la persona trabajadora como de las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Y siendo así una y otra deberán, precisamente, expresar y acreditar su concurrencia a los efectos de que pueda realizarse ese juicio crítico por el órgano jurisdiccional al que se ha llevado la divergencia conforme a la previsión del artículo 38.4 del ET que deriva las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora a la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

La sentencia recurrida afirma y parte de la consideración de que, al contrario de lo que se afirma por la empresa de la existencia de plazas vacantes en la provincia de León que relaciona con la existencia de una convocatoria de movilidad geográfica conducción a la que la actora ha concurrido, consta este ultimo extremo en el relato factico, pero lo relevante es que lo que solicita la demandante no es una traslado definitivo, sin perjuicio de que haya concurrido a tal convocatoria, sino que al amparo de la previsión del articulo 34.8 del ET lo que la demandante solicita en aras al derecho en el mismo contemplado es una solicitud de traslado temporal en atención a su situación, inmersa en un proceso de separación del padre de su hija menor. Prueba de ello es que por un lado existe esa solicitud por correo electrónico de fecha 26/05/2023 de adaptación de jornada en su vertiente geografía solicitada por la actora por razones de conciliación de la vida laboral y familiar, frente a la que la empresa no solo no abre un proceso de negociación como la norma establece, sino que la respuesta que da a la actora es remitirla a la comisión mixta de salud Laboral del SPM del Grupo Renfe y la demandante presenta como se le indica una su solicitud de traslado temporal frente a la misma sin que conste respuesta alguna de aquella.

En esas circunstancias por un lado la demandante solicitante de la adaptación en esa vertiente de traslado temporal de centro de trabajo tiene asignada la guardia y custodia de la hija menor, Ofelia, en exclusiva en atención a ser esa la situación fáctica en el momento en que se atribuye y en atención también a la edad de la menor ( 3 meses) en ese momento, y 8 meses cuando se dicta la sentencia según consta en los fundamentos de derecho de la misma, en una situación en la que la madre está viviendo en León en ese momento una vivienda de su propiedad que compró en 2007, sin domicilio conocido en Barcelona, ciudad en la que está destinada en conducción como maquinista de cercanías, pendiente de resolución de su solicitud a la empresa de su traslado. No se acredita la existencia de ningún vínculo, no solo de residencia actual de la demandante en Barcelona, sino que lo que consta es que toda su familia y también el padre de la menor tiene su residencia en la provincia de León. En tales circunstancias atendiendo a las circunstancias relacionadas, también en su dimensión constitucional, del derecho solicitado consideramos que, como concluye la sentencia de instancia, se acredita la razonabilidad y proporcionalidad de la medida en una situación en la que, por su parte, la empresa no acredita necesidades organizativas o productivas que justifiquen su negativa cuando la demandante no solicita un traslado definitivo sino un traslado temporal que por tanto no puede venir vinculado o condicionado a la existencia de un proceso concreto de movilidad geográfica, con independencia que la demandante participara en el mismo si cumplía con las bases del concurso, que por otro lado no consta que se haya resuelto según se recoge en la sentencia recurrida al momento de dictarse la misma y que no puede tampoco remitirse a un déficit general de trabajadores en Barcelona o un déficit general de trabajadores en todo el territorio nacional como se recoge en el relato factico.

La naturaleza de la medida temporal solicitada por la demandante nada tiene que ver con las plazas ofertadas en dicha convocatoria. La existencia misma de un organismo, la comisión mixta de salud Laboral del SPM del Grupo Renfe, como resolutorio de esas peticiones sin vinculación al sistema de convocatorias de movilidad geográfica implica, precisamente, que se trata de una cuestión distinta, por lo que no ha acreditado la empresa la inexistencia de vacantes que en tales condiciones de cobertura temporal la demandante pudiera cubrir y que justificaran su negativa. Pero lo que a ello se une, con relevante importancia por las consecuencias de ello derivadas respecto a la estimación de la pretensión de la demandante, la empresa no acreditó la existencia de daño o perjuicio organizativo para acceder a ello, cuestión esta que ni siquiera se alegó ante la petición de la demandante ya que no abrió ,propiamente , un proceso negociador como la norma exige con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días para dar respuesta a la trabajadora.

Lo expresado, con la especial relevancia en cuanto al resultado de la decisión de esa ausencia de periodo negociador, nos lleva a desestimar los expresados motivos de recurso lo que abre la puerta al análisis del último de los motivos de recurso relacionado con la denuncia la infracción del artículo 183, apartados 1º y 2º de la LRJS.

DECIMO. Los argumentos que la recurrente relaciona con la infracción del artículo 183 de la LRJS en sus apartados 1 y 2 que establecen "Artículo 183. Indemnizaciones. 1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados. 2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.",

Sostiene que no cabe decir que toda denegación empresarial de una medida conciliatoria -aunque la peticionaria sea una mujer, siendo notoria la circunstancia de ser las mujeres mayoritariamente quienes interesan la conciliación de la vida familiar y laboral- constituya per se una discriminación indirecta y una vulneración de derechos fundamentales y trascribe el contenido de diversas sentencias de otras tantas sentencias de Tribunales superiores de Justicia y de Juzgados de lo social.

La sentencia del Pleno de la Sala cuarta del Tribunal Supremo número 172/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 recurso de casación 160/2019 aborda, los presupuestos a tener en cuenta para valorar si el escrito de recurso cumple adecuadamente con las exigencias legales. Es cierto que referidas al recurso de casación, pero como hemos señalado, extrapolables al recurso de suplicación en cuanto a lo establecido en el antes citado artículo 196.2 de la LRJS. Tras identificar anteriores sentencias de esa Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del recurso de casación, cita otras muchas, en las SSTS 4/12/2019, rec.107/2018 ; 21/6/2017, rec. 210/2016 , citando la de 26/1/2016, rec. 144/2015, pasa a enumerar de forma más sistemática alguno de los precedentes que esas sentencias recogen, así identifica

"...la STS de 24 noviembre 2009 (23/2009 ) hay nuevamente una detallada exposición sobre la necesidad de establecer y justificar la causa de impugnación de la sentencia recurrida. Esta exigencia no se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que es requisito ineludible para su correcta observancia razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia. C) En la STS 4 noviembre 2010 (rec. 65/2010 ) se invocan diversos precedentes, insistiendo en la idea de que " para cumplir con el requisito de la fundamentación de la infracción legal es necesario no sólo citar los preceptos que se consideren infringidos, sino también razonar la pertinencia y fundamentos de la infracción en forma suficiente". D) Del mismo modo, la STS 26 junio 2013 (rec. 165/2011 ) invoca numerosos precedentes para reiterar la necesidad de cumplir las exigencias legales, al margen de la mayor o menor extensión formal que el escrito presente: "No se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia"....".

La trascripción del contenido de diversas sentencias del algunas salas de Tribunales superiores de Justicia o de Juzgaso Sociales no da cumplimiento a la exigencia de ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia

También, en el mismo sentido la STS de 23/05/2023 R. casación 3/2021que continua identificando otros pronunciamientos , de la doctrina de la Sala sobre las exigencias del escrito de interposición del recurso como "... La STS 324/2017 de 18 abril (rec. 154/2016 ) recopila esa doctrina y concluye que "por más que los Tribunales vengan obligados a no aplicar rigurosamente y de manera formalista las exigencias legales, no debe olvidarse que los requisitos establecidos por las normas procesales cumplen una función de garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos de la contraparte, debiendo tenerse en cuenta esa consideración al analizar la concurrencia de los requisitos formales de un recurso de casación". Para acabar significando que "Se trata, en definitiva, de que el escrito de recurso contenga una exposición suficiente, no solo de la norma infringida, sino también de los motivos y razonamientos jurídicos en los que se fundamenta la alegada infracción, de tal forma que la Sala no se vea en la necesidad de construir de oficio los argumentos que puedan conducir a su estimación, lo que sería tanto como asumir funciones de parte para suplir la inactividad de la recurrente". La STS (Pleno) 463/2022 de 19 mayo (rec. 320/2021 ) insiste en esa misma dirección, al igual que la STS 132/2023 de 14 febrero (rec. 153/2020 )..."

En este caso la recurrente no señala ningún respaldo argumentativo relacionando en qué sentido entiende vulnerados el precepto infringido que identifica como 183 de la LRJS por la sentencia recurrida y no ofrece una concreta explicación para justificar la denuncia efectuada a la sentencia recurrida más que la trascripción de aquellas sentencia y la genérica afirmación que la precede. Aplicado ello a este preciso motivo de recurso, la falta de cumplimiento de los expresados requisitos por sí solo nos lleva a la desestimación de tal pretensión y también de la que se mantiene como subsidiaria y alternativamente la misma, que la sala no puede aceptar por el mismo motivo cuando se sostiene que "...se considera excesiva y desproporcionada la indemnización, en relación a la finalidades establecidas en el art. 183.2 LRJS comparada con otros pronunciamientos sobre el particular.." citándolos sin más y sin otro argumento.

Desestimado también este motivo de recurso ello nos conduce a la confirmación de la sentencia recurrida.

DECIMOPRIMERO.En cuanto a las costas conforme al artículo 235.1 de la LRJS procede su imposición a la recurrente que ha visto como su pretensión impugnatoria de la sentencia ha sido rechazada y que por ello es la parte "vencida en el recurso",y conforme al apartado 2 del citado artículo "Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.".

Se imponen por la desestimación completa de su recurso al empresario recurrente las costas en importe de 700 euros comprendiendo los honorarios del abogado por su actuación profesional en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte contraria como impugnante del recurso..

Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 204, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , "1. Cuando la Sala confirme la sentencia y el recurrente haya consignado las cantidades a las que se refiere la presente Ley, el fallo condenará a la pérdida de las consignaciones, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme....3. Si el recurrente hubiera asegurado el importe de la condena conforme a lo prevenido en esta Ley mandará la Sala en su fallo confirmatorio que se mantengan los aseguramientos prestados, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia resuelva la realización de dichos aseguramientos. 4. Si el recurrente hubiera constituido el depósito necesario para recurrir, la sentencia confirmatoria dispondrá su pérdida, lo que se realizará cuando la sentencia sea firme.",confirmándose la sentencia también se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte demandada para recurrir, y en cuanto a las consignaciones y aseguramientos que el hubiere hecho del importe de la condena se condena a la pérdida de las consignaciones, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme y/o se mantendrán los aseguramientos prestados, de ser el caso, hasta que el condenado cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la sentencia se resuelva acerca de la realización de dichos aseguramientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.