Sentencia Social 2238/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2169/2025 de 10 de julio del 2025

PRIMERO:La Federación de Comisiones Obreras de Industria interpone demanda por los trámites del procedimiento especial de conflicto colectivo frente a la empleadora, Airbus Defence and Space, S.A.U., Comité de empresa de Airbus Defence and Space S.A (centro de Tablada), ATP SAE (Tablada) Asociación de Trabajadores Profesionales del Sector Aeronáutico de España, Sección Sindical de UGT (Tablada) y Sección Sindical de la CGT (Tablada); con la pretensión de que se declare el derecho de los trabajadores del centro de Tablada (activos y pasivos) incluidos en el Acuerdo de 2-2-2001 afectados por el conflicto, a la paga sustitutoria del servicio de economato prorrateada mensualmente, y en especial, a las cuotas correspondientes a los años 2022 y 2023 con la regularización del IPC correspondiente a tales anualidades, además del interés moratorio del 10 %.

La sentencia dictada en la instancia ha estimado parcialmente la pretensión, condenando a Airbus Defence and Space, S.A.U., y absolviendo al resto de las demandadas.

Frente a la indicada sentencia se alza en suplicación la mercantil condenada, articulando su recurso en cinco motivos, el primero con amparo procesal en el párrafo a) del art. 193 de la LRJS, el segundo y tercero con fundamento adjetivo en el párrafo b) del indicado precepto, y los dos motivos restantes a través del cauce procesal del apartado c) de la misma norma.

Para centrar el objeto del debate debemos recordar, en síntesis, que los trabajadores del centro de Airbus Defence and Space, S.A.U. de Tablada tenían un servicio de economato desde hacía décadas que fue suprimido por la empresa, sustituyéndose por una paga cuya regulación se documentó en un Acuerdo de fecha 15-3-1995 y posterior Acuerdo de 2-2-2001. Lo sometido a la decisión del juzgado y ahora de la Sala es la interpretación de dicho acuerdo en relación con el pacto previo, en concreto en lo relativo a la forma de actualización de dicha paga así como en la forma de abono de la misma en los años 2022 y 2023.

SEGUNDO:El primero de los motivos del recurso interesa la nulidad de la sentencia dictada por inadecuación de procedimiento, denunciando a tal efecto la infracción del art. 153.1 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.

A este respecto la sentencia del Tribunal Supremo nº 426/2020, de 10 de junio (rec. 230/2018), declaró: "... la redacción del artículo 153.1 LRJS ("Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo...") permite deducir que el objeto de los procesos de conflictos colectivos está acotado por la concurrencia de tres requisitos acumulativos: en primer lugar, debe tratarse de un conflicto de trascendencia colectiva, alcance éste que a su vez viene determinado por la presencia de un doble elemento: el elemento subjetivo, referido al grupo afectado por la controversia -"afección indiferenciada de trabajadores"- y el elemento objetivo, relativo al interés debatido -"de carácter colectivo, general"- ( STS de 26 de mayo de 1992, rec. 997/1991 ). En segundo lugar, enfocada la pretensión desde un punto de vista material resulta necesario que el litigio verse sobre un conflicto jurídico -"carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de intereses"- ( STS de 17 de julio de 2002, rec. 1229/2001 ). Por último, se exige la presencia de una situación conflictiva real -"existencia de un conflicto real actual entre las partes"- ( STS de 2 de marzo de 1998 rec. 1922/1997 ).

Desde antiguo esta Sala viene recordando que el proceso de conflicto colectivo se caracteriza por la admisión de conflictos jurídicos o de interpretación y exclusión de los de intereses o de innovación ( SSTS de 24 de febrero de 1992, rec. 1074/1991 ; de 19 de mayo de 1997, rec. 2173/1996 ; de 7 de abril de 2003, rec. 148/2002 ; y de 12 de mayo de 2003, rec. 360/2001 , entre otras), explicando que el proceso de conflicto colectivo resulta apto cuando no se intenta, en el mismo, modificar el orden preestablecido o implantar nuevas condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a las partes negociadoras del convenio lo que sólo a ellas compete regular, sino que lo pretendido por el demandante es la aplicación de una normativa existente sobre cuya interpretación difiere la demandada. El objeto de la pretensión es pues de naturaleza eminente jurídica pues lo que el actor pretende es una declaración judicial que concrete el significado y alcance de normas preestablecidas ( STS de 24 de febrero de 1992, rec. 1074/1991 .".

La recurrente considera que el procedimiento de conflicto colectivo no es el adecuado en la presente reclamación por varias razones. En primer lugar porque no existe controversia jurídica en torno a la interpretación de un pacto o acuerdo (de 2-2-2001), y ello por cuanto en el Pacto suscrito no se establece la revalorización de los años 2022 y 2023 sino que se limita únicamente a los años 2020 y 2021, argumentos que no aceptamos puesto que lo que constituye el objeto de esta litis es precisamente si puede interpretarse que el Pacto es aplicable a las dos anualidades indicadas, y en concreto si el módulo de actualización de la paga que se recoge en el mismo (IPC) es aplicable a las cantidades recibidas en sustitución del servicio de economato, o por el contrario, si se han de aplicar a partir de 2021 los porcentajes pactados en las Tablas salariales del Convenio Colectivo, como defiende la empresa.

En segundo lugar se alega por la empleadora que el conflicto no es actual porque la fórmula utilizada para actualizar el importe anual de la paga sustitutoria del economato, no se ha modificado nunca, aplicándose las tablas salariales del convenio, y no como mantiene la parte actora, que esta separación del IPC se produzca solo en los años 2022 y 2023.

Lo cierto es que, sea como fuere, tal extremo es un hecho sobre el que discrepan las partes y que en todo caso, en el Pacto se hace una referencia expresa al IPC en relación con el año 2021, lo que su redacción lo hace cuando menos discutible y necesitado de interpretación, por lo que los argumentos de la demandada en este punto no pueden acogerse.

En tercer lugar se mantiene por la recurrente la falta del elemento subjetivo necesario en este tipo de procedimientos, por no encontrarse implicados todos los trabajadores afectados por el Acuerdo de 2-2-2001, argumento que debe correr la misma suerte desestimatoria, y ello por cuanto que el conflicto se refiere genéricamente a trabajadores activos y pasivos afectados por el incumplimiento del acuerdo, ya sea por la falta de actualización del IPC o por el incumplimiento de pago del mismo (impago de la cuota de economato al personal pasivo o el pago atrasado). En definitiva lo que se debate en la presente litis es el derecho de los trabajadores afectados por el Acuerdo de 2-2-2001 al abono mensual prorrateado y actualizado con el IPC de la paga sustitutoria del servicio de economato, y en especial las cuotas correspondientes a 2022 y 2023, todo ello en interpretación y aplicación del Acuerdo de 2-2-2001. Sobre la petición de condena al concreto abono de las pagas debidas a cada trabajador desde 2021 hasta la fecha con el interés moratorio del 10 %, nos extenderemos en los fundamentación correspondiente en párrafos posteriores de esta sentencia, al analizarse el elemento objetivo del conflicto de cuya falta dice la recurrente adolecer igualmente el concreto litigio.

Finalmente se aduce la falta del elemento objetivo del conflicto, en relación con la pretensión de condena a los trabajadores afectados a ser reintegrados de las cantidades debidas consecuencia de la inaplicación del IPC durante los años que se controvierten, lo que entiende la recurrente que como petición de condena que es y no declarativa, quedaría fuera del objeto del proceso de conflicto colectivo.

La Sala IV del Tribunal Supremo, en sentencia de 26-6-2012 (casación 19/2011), vino a reiterar que la sentencia colectiva es en general meramente declarativa, y que como tal, no admite la ejecución, si bien se admite, con carácter excepcional, la ejecución en aquellos supuestos en los que el fallo colectivo contiene la imposición de una obligación con todos los elementos necesarios para que quede determinada y pueda hacerse efectiva mediante la ejecución. Así la sentencia declara: "«[la sentencia colectiva es normalmente una sentencia meramente declarativa que, como tal, no admite la ejecución, pues sólo las sentencias de condena firmes pueden ser objeto de ésta [ art. 517.1 de la LEC en relación con el art. 235.1 de la LPL ]. Es cierto que la doctrina constitucional [ STC 92/1988 y 178/1996 ] ha admitido la ejecución de sentencias colectivas, pero, como señala nuestra sentencia de 28 de mayo de 2002 [-rco 1172/01 -], "se trata de una excepción que sólo rige en aquellos supuestos en los que el fallo colectivo contiene la imposición de una obligación con todos los elementos necesarios para que quede determinada y pueda hacerse efectiva mediante la ejecución", algo que, en principio, "sólo es posible en los denominados conflictos colectivos indivisibles, pues en los divisibles la individualización de la pretensión, para contemplar las circunstancias particulares de los miembros del grupo, eliminaría el carácter genérico del interés colectivo, deslizando la pretensión al marco propio del conflicto plural". A diferencia de lo que ocurre con las sentencias meramente declarativas que pueden tener por objeto "la aplicación e interpretación de una norma general de una norma estatal, convenio colectivo [...] o una decisión o práctica de empresa" desde una perspectiva general que coincide con el interés también general del grupo, la sentencia de condena no se detiene en este elemento interpretativo de carácter general, sino que, al imponer el cumplimiento de la obligación en el caso concreto, parte del cumplimiento de todos los elementos fácticos que constituyen esa obligación y de la inexistencia de los hechos impeditivos o extintivos que pueden excluirla» ( SSTS 11/10/11 -rco 187/10 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -).

Es más, el añadido de que a la empresa «se la condena a estar y pasar por tal declaración» es una «proposición [que] es obvio que no transforma la naturaleza declarativa del fallo en un pronunciamiento de condena, pues no se impone a la empresa "una obligación concreta y determinada en todos sus elementos subjetivos y objetivos" que pueda, por tanto, ser objeto de una realización forzosa a través de la ejecución. Por el contrario, es obvio que se trata de una declaración general» ( SSTS 11/10/11 - rco 187/10 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -).

(...) En palabras de otras resoluciones de esta Sala, ordinariamente la sentencia dictada en el proceso de Conflicto Colectivo «por su propia naturaleza, se limita a la declaración de la existencia o inexistencia de una relación o situación jurídica controvertida, conteniendo como fin autónomo una declaración de la certeza de la protección de la ley y cuyos efectos quedan reducidos a la certidumbre del derecho declarado» ( SSTS 31/10/00 -rco 4547/99 -; y 17/04/12 -rco 92/11 -).

2.- Afirmaciones que complementan nuestros precedentes jurisprudenciales diciendo que «el sistema de realización práctica - que no ejecución- de la sentencia colectiva se establece en el art. 158. 3 de la LPL a través del efecto positivo de cosa juzgada que la declaración realizada en la sentencia colectiva tendrá en los procesos individuales o plurales que se sigan en esta materia. La declaración del pronunciamiento colectivo tiene un efecto vinculante en estos procesos, pero es un efecto limitado, porque se mantiene en el ámbito de la declaración general que ha de completarse con los elementos que en cada caso individual pueden convertir ese pronunciamiento declarativo en otro de condena. La función de los preceptos invocados en el recurso -el art. 158.2 y el 301 de la LPL - no tiene el sentido que quiere dárseles para transformar una sentencia declarativa en una sentencia de condena. Son preceptos que se limitan a recoger, por una parte, la eventual ejecución inmediata de las sentencias colectivas de condena, que no por excepcionales dejan de existir, y a dar cuenta, por otra parte, de que el efecto vinculante de estas sentencias no debe esperar a su firmeza» ( SSTS 11/10/11 -rco 187/10 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -).".

En el caso ahora sometido a nuestro enjuiciamiento se aprecia que esa distinción entre los dos tipos de sentencia (declarativa y de condena), no hace imposible de ejecutar la sentencia dictada en el Conflicto Colectivo, puesto que lo que se va a declarar -caso de ser estimada la pretensión- es el derecho al abono de la paga sustitutiva del complemento en los años 2022 y 2023 con la actualización anual del IPC correspondiente. Cualquier otra cuestión habrá de conocerse en procedimiento individual.

Por todo lo razonado, la excepción planteada se desestima y se declara la adecuación del procedimiento de conflicto colectivo al presente caso.

TERCERO:El primero de los motivos de revisión fáctica propone la modificación del hecho probado primero de la sentencia impugnada para que en su párrafo segundo se suprima el inciso que a continuación marcamos en letra negrita:

"La entidad Airbus, anteriormente C.A.S.A., suscribió con el Comité de empresa del centro de trabajo de Tablada un acuerdo el día dos de febrero del año 2001 sobre economato, folio número 26 de las actuaciones.

El dicho acuerdo se recoge como existió años anteriores una Comisión de Seguimiento de Economato donde se alcanzó un acuerdo entre representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa y que dicho acuerdo no se había certificado por la asamblea de trabajadores respecto al Acta de fecha 15 de marzo de 1995.".

En efecto el contenido literal del Acta del Acuerdo de 2-2-2001 establece que "el acuerdo que en su día alcanzó la Comisión de Seguimiento de Economato, no ha sido ratificado por la Asamblea de Trabajadores, por lo que solicitan la aplicación de lo acordado al respecto en acta de fecha 15-3-1995".

Obrando el Acta al folio 403 de los autos con el indicado contenido literal, se sustituirá por éste el que se contenía en el hecho probado que, en efecto, es confuso.

CUARTO:El segundo de los motivos formulados con el mismo amparo adjetivo propone la revisión del hecho probado cuarto, cuya redacción actual es la siguiente:

"Por tanto queda acreditado que las partes llegaron al acuerdo de sustituir el derecho al servicio del economato por la percepción de una cantidad en metálico anual para aquellos trabajadores tanto personal activo como pasivo.".

La redacción propuesta parte de reflejar la literalidad de lo recogido en el Acta del Acuerdo de 2-2-2001, que es la siguiente:

"La dirección responde que dará cumplimiento a dicha acta, es decir en tanto no se encuentre un servicio similar al que existía, se abonará a los beneficiarios del mismo la cantidad de 8.644 pesetas/año (según anexo al acta de fecha 15-03-95) actualizada con los sucesivos IPC hasta el año 2000 inclusive, lo que supone una cuota final de 9.875 pesetas brutas/año.".

Lo solicitado debe tener favorable acogida, toda vez que refleja el contenido literal del acta que recoge el acuerdo controvertido, y ello con independencia de lo que al respecto se interprete y se concluya a la vista de lo acaecido desde la firma del acuerdo, lo que se llevará a cabo al examinar los correspondientes motivos de censura jurídica del recurso.

QUINTO: I.-Finalizado el examen de los motivos de revisión fáctica, procede analizar los dedicados a la censura jurídica, el primero de los cuales denuncia la infracción del art. 153.1 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los arts. 3, 82 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores.

La sentencia del Tribunal Supremo de 20-3-2024 (casación 79/2022), aunque referida a la interpretación de los Convenios Colectivos, permite extender su exégesis a los acuerdos entre empresarios y representaciones legales de los trabajadores. En ella el Alto Tribunal declaró: "Al centrarse la controversia en la interpretación de un precepto del Convenio Colectivo, parece oportuno traer a colación la doctrina de esta Sala relativa a la interpretación de los Convenios colectivos, que se resume en nuestra STS núm. 534/2023, de 19 de julio, Rec. 16/2021 , conforme a la que:

"atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 ).

La Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual". ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 ; de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008 , entre muchas otras) Y, también, se ha precisado que "en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes" ( STS de 20 de marzo de 1997, rec. 3588/1996 ).

Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos matizado dicho criterio, y hemos establecido que "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC , tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS 904/2020, de 13 de octubre (Rec. 132/2019 ) y 1135/2020, de 21 de diciembre (Rec. 76/2019 ); entre otras).

Consecuentemente, en este tipo de recursos, los condicionamientos propios de un recurso extraordinario como el de casación impiden efectuar al resolverlo interpretaciones distintas y alternativas que pueden caber igualmente en la exégesis de los convenios o pactos examinados en aquellos supuestos en los que la interpretación del órgano judicial de instancia ni ha sido arbitraria ni irrazonable, sino que, por el contrario, se ha atenido escrupulosamente a las reglas de interpretación normativamente establecidas en el Código Civil según nuestra propia jurisprudencia".

II.-Sostiene la recurrente que del Acuerdo de 2-2-2001 no se deduce ninguna obligación asumida por la empresa de revalorización de futuro de la paga sustitutiva del servicio de economato, siendo el único objeto del acuerdo, -y así mismo la voluntad de los firmantes, el abono de un importe económico mientras no se ejecutara el indicado servicio. Sostiene la empresa así mismo que ha resultado acreditado que tales cantidades han venido siendo percibidas desde el año 2002 revalorizándolas con los incrementos salariales del Convenio Colectivo de empresa.

En primer lugar debe señalarse que la alegada revalorización de la paga sustitutiva del economato conforme a las Tablas salariales del Convenio Colectivo de empresa desde el año 2002, esto es, desde la suscripción del acuerdo de 2-2-2001, no es un hecho que haya resultado acreditado. Se reconoce que resulta cuando menos extraño que no sea hasta ahora cuando se reclame la aplicación del IPC como módulo de actualización de la paga, pero lo cierto es que, no reconocido de forma expresa por la parte actora y no habiéndose llevado al relato fáctico este extremo como exige la técnica de la suplicación, la Sala no puede partir del mismo como hecho acreditado, dado que por otra parte, no se ha invocado prueba alguna en su respaldo.

Sentado lo anterior, y rechazado por las razones indicadas este argumento como pauta interpretativa basada en los actos propios, ha de tenerse en cuenta, en cualquier caso, que las referencias del acta lo son al único índice actualizador del IPC, lo que podría conllevar que eventualmente otro criterio distinto de éste no fuera el contemplado en los acuerdos siendo por tanto discutible su idoneidad, o así mismo que pudiera entenderse -a los meros efectos dialécticos- que si tales incrementos de las Tablas salariales hubieran venido siendo -como alega la empresa- superiores al IPC, la empresa los hubiera aplicado unilateralmente en beneficio del trabajador.

En cualquier caso, y centrándonos en la actualización de las cuantías correspondientes a los años 2022 y 2023 en las que la empresa no actualiza la paga (y ello es un hecho pacífico) o en algunos supuestos (personal pasivo) en que la paga hubiera sido impagada totalmente o no pagada en tiempo y forma pactados, la referencia al módulo del IPC como criterio de actualización de la paga controvertida no puede rechazarse por cuanto que es el único que tiene referencia expresa en el acuerdo suscrito.

Por lo razonado, el motivo se desestima.

SEXTO:El último de los motivos del recurso articulado con amparo procesal en el párrafo c) del Art. 193 de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 153.1 y 19 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Se reproducen los alegatos esgrimidos en el primero de los motivos del recurso (que se formuló por la vía procesal del art. 193 a. LRJS) , al respecto de la inadecuación del procedimiento de conflicto colectivo para solventar las pretensiones deducidas en la presente litis, por lo que nos remitimos a todo lo razonado sobre ello en el Fundamento Jurídico segundo de esta sentencia, rechazando en consecuencia, la excepción planteada.

Por todo lo razonado, el recurso debe ser desestimado y la sentencia confirmada.

SÉPTIMO:De conformidad con lo dispuesto en el Art. 235.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia.

OCTAVO:De conformidad con lo dispuesto en el Art. 204.1 y 4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, procede decretar la pérdida por la recurrente de los depósitos efectuados para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,