Sentencia Social 6843/202...e del 2024

Última revisión
06/03/2025

Sentencia Social 6843/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 191/2020 de 11 de diciembre del 2024

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Tiempo de lectura: 79 min

Orden: Social

Fecha: 11 de Diciembre de 2024

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social

Ponente: FELIX VICENTE AZON VILAS

Nº de sentencia: 6843/2024

Núm. Cendoj: 08019340012024105233

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2024:9487

Núm. Roj: STSJ CAT 9487:2024

Resumen:
Acoso como vulneración del DF a la dignidad: notas definitorias y figuras afines Procedimiento especial de Tutela de Derechos Fundamentales y la acumulación de acciones de legalidad ordinaria por salarios. Indemnización por lucro cesante y daño moral.

Encabezamiento

Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Passeig Lluís Companys, 14-16 - Barcelona

08018 Barcelona

Tel. 934866159

Fax: 933096846

A/e: salasocial.tsj.barcelona@xij.gencat.cat

NIG 0801944420168037470

Recurs de suplicació 191/2020 T7

Matèria: Tutela de drets fonamentals

Òrgan d'origen: Social 16 de Barcelona

Procediment d'origen: 815/2016

Part recurrent / Sol·licitant: Romeo, SWISSPORT HANDLING SA

Procurador/a:

Advocat/ada: Elena Barros Malo, JOSEP DANON CAMPON, GONZALO IGLESIAS MANGANA

Graduat/ada social: Part contra la qual s'interposa el recurs: MINISTERI FISCAL

Procurador/a:

Advocat/ada:

Graduat/ada social:

SENTÈNCIA NÚM. 6843/2024

Magistrats/Magistrades:

Il·lm. Sr. Andreu Enfedaque Marco Il·lm. Sr. Amador García Ros

Il·lm. Sr. Félix Azón Vilas

Ponent: Félix Azón Vilas

Barcelona, 11 de desembre de 2024

Antecedentes

Primer.En data 14 d'octubre de 2016 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Tutela de drets fonamentals, en la qual l'actor al·lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 23 de maig de 2019, que contenia la decisió següent:

"Que desestimando la excepción de Cosa Juzgada material y estimando la acumulación indebida de acciones (diferencias salariales y bonus).

Que estimando en parte la demanda interpuesta por Romeo frente a SWISSPORT SPAIN, S.A., SWISSPORT HANDLING, S.A., con citación a EL MINISTERIO FISCAL, sobre Vulneración de la Tutela de Derechos Fundamentales.

Debo declarar y declaro que SI ha habido vulneración de derechos fundamentales.

Debo condenar y condeno a la parte demandada SWISSPORT HANDLING, S.A. al abono de los daños causados al actor en cuantía de 90.000 euros.

Con absolución de SWISSPORT SPAIN, S.A.

Con notificación de la sentencia a EL MINISTERIO FISCAL."

Segon.En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

1º.El actor, Romeo, con DNI Nº NUM000, inicio su prestación de servicios en fecha 02/10/06, por cuenta y orden de SWISSPORT HANDLING, S.A., con categoría profesional de técnico gestor y salario anual de 89.688,79 euros, con inclusión de prorrata de pagas extras.

2º.El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año la representación legal ni sindical de los trabajadores.

3º.El actor ocupaba el puesto de trabajo de delegado de Ground Handling.

4º.El actor inicio su prestación de servicios por cuenta y orden de la empresa FLIGHTCARE, S.L., como Delegado en Barcelona, siendo adquirida en fecha 10.09.92 por la empresa SWISSPORT SPAIN, S.L., que en fecha 01.06.14 cambio la denominación social por SWISSPORT SPAIN, S.A.

En fecha 19.10.16 fue subrogada por la empresa SWISSPORT HANDLING, S.A.

5º.En fecha 13.05.16, el actor solicitó a la empresa al amparo del artículo 37.6ET una reducción de jornada de una hora diaria y desempeñar sus funciones de Delegado en jornada de lunes a viernes y horario de 9 a 16 h con efectos de 30.05.16.

6º.En carta de fecha 27.05.16, la empresa aceptó la reducción de jornada propuesta y le relegó de sus funciones de delegado por haber dejado de tener la plena confianza de la empresa y que el cargo requiere máxima flexibilidad y disponibilidad absoluta.

7º.En la actualidad el cargo del actor lo realizan dos personas.

8º.La empresa modificó las condiciones sustanciales de su trabajo y lo relevó del puesto de máxima responsabilidad de toda la gestión de la empresa y personal, respondiendo directamente ante el director general, con supresión de despacho individual, móvil y plus complementario, dejando de estar incluido en el cómputo de bonus.

9º.Se le asignó una mesa en el área técnica, con funciones sin especificar y de contenido muy inferior al que venía realizando, siendo éstas del nivel de un auxiliar administrativo.

10º.Se separó al actor del resto de personal que se encontraba en la Terminal, pasando a una oficina en obras, con sólo dos trabajadores.

11º.La empresa hasta el último momento no facilitó al actor asistencia legal ante una reclamación de los trabajadores frente al actor por un comunicado sobre obligación de realizar horas extras estructurales ordenada por la Dirección de RR.HH. Madrid.

12º.La empresa frente a terceros, presentó la situación del actor como un cese voluntario.

13º.Además de una importante reducción salarial, pasando de 6.524,49 euros mensuales con inclusión de prorrata de pagas extras a 2.191,07 euros mensuales con inclusión de prorrata de pagas extras.

Se le suprimió el bonus por importe de 12.012 euros. Se le dejó de abonar el plus complementario de 4.248,08 euros mensuales.

No se le abonaban los gastos de viaje.

14º.El actor tuvo numerosos problemas para el reconocimiento de su derecho a vacaciones, teniendo que interponer demanda, llegándose a conciliación ante de juicio, pero con un coste económico para éste.

15º.El actor inicio situación de IT en fecha 14.09.16 hasta el 18.10.16.

16º.En fecha 01.09.16 se interpuso demanda ante los juzgados de lo social de Barcelona en materia de extinción contractual al amparo del artículo 50 ET, correspondiendo por reparto al juzgado de lo social nº 3 que, en sentencia de fecha 10.03.17 declaró la extinción de la relación laboral con efectos de 02.12.16, condenando a la empresa al abono de la indemnización de 76.023,43 euros.

17º.La sentencia fue recurrida en suplicación por la empresa, dictando sentencia el TSJC de fecha 19.01.18 desestimando el recurso, confirmando la sentencia de instancia y aumentando la indemnización a 98.395,59 euros.

18º.La parte demandada interpuso recurso de casación en fecha 16.04.18 y la Sala del T.S. en providencia de fecha 05.11.18 abrió trámite de inadmisión por falta de contradicción, requiriendo a la parte recurrente que hiciese alegaciones en plazo de cinco días, que así lo efectuó.

El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe, estimando procedente la inadmisión del recurso.

19º.Reclama la cantidad de 90.000 euros por daño moral al vulnerarse el derecho a la imagen y reputación frente a los compañeros, a los clientes y a AENA.

20º.Se solicita se declare la vulneración de derechos fundamentales, condenando a la empresa al abono de la cantidad reclamada por daños y perjuicios.

21º.-Desde el 05.12.16 el actor presta sus servicios de delegado de aeropuertos de Catalunya por cuenta y orden de IBERIA.

22º.-Es de aplicación el Convenio Colectivo Estatal de Asistencia en tierra de Aeropuertos y el Convenio Colectivo de empresa de SWISSPORT SPAIN, S.A.

23º.-Se intento la conciliación sin avenencia."

Tercer.Contra aquesta sentència la part actora y demandada SWISSPORT HANDLING, S.A van interposar un recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, la part actora i la part demandada SWISSPORT HANDLING, S.A., les quals van impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va dicta sentencia de 02/06/2020 amb el següent contingut a la part dispositiva:

"DECIDIM

Desestimar el recurs de suplicació interposat per la representació de la part actora i la part demandada SWISSPORT HANDLING, S.A., i confirmar la sentència del Jutjat social número 16 de Barcelona de data 23 de maig de 2019, emesa a les actuacions 815/2016 . No correspon pronunciament sobre costes".

La sentència que després de la pertinent deliberació va estar redactada pel Magistrat ponent, Daniel BARTOMEUS PLANA qui estava molt malalt i va morir poc després, va ser complementada per Interlocutòria de data 04/09/2024 que no va modificar la seva part dispositiva, però si va complementar el contingut del raonament jurídic quart. Contra la mateixa es va interposar recurs de Cassació que ha estat resolt per la sentència del Tribunal Suprem de 22/05/2024, número 717/2024, Rcud 475/2021, la part dispositiva del qual estableix el següent:

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

1º) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa SWISSPORT HANDLING, S.A., representada y defendida por la Letrada Sra. Barros Malo.

2º) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Romeo, representado y defendido por el Letrado Sr. Danón Campón.

3º) Casar y anular la sentencia nº 1976/2020 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 2 de junio, en el recurso de suplicación nº 191/2020 y el auto de aclaración de 4 de septiembre de 2020.

4º) Devolver las actuaciones a la Sala de procedencia a fin de que, con libertad de criterio, dicte una nueva sentencia resolviendo las cuestiones suscitadas por los recursos de suplicación formalizados por las partes litigantes.

5º) No adoptar decisión especial en materia de costas procesales, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

6º) Ordenar la devolución del depósito que se hubiere constituido para recurrir en casación para la unificación de doctrina.

Canviada la composició de la Sala s'ha realitzat una nova deliberació que ha arribat al resultat que es plasma en aquesta nova sentència.

Fundamentos

PRIMER. Contingut dels recursos.

Contra la sentència del Jutjat Social 16 de Barcelona que va estimar en part la demanda presentada per, interposen recurs de suplicació, tan la part demandant com la demandada

La representació de Romeo articula el recurs sobre la base d'un únic motiu, articulat, a l'empara de la lletra a) de l'article 193 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (des d'ara, LRJS) , s'al·lega infracció de l'article 178, 181, 182 i 183 de la mateixa Llei processal i denuncia indefensió.

La representació de SWISSPORT HANDLING S.A. articula el seu recurs sobre la base de dos motius: en el primer, a l'empara de la lletra b) de l'article 193 LRJS, es pretén la revisió dels fets declarats provats (des d'ara, FDP); i, en el segon a l'empara de la lletra c) de la mateixa norma, no s'al·lega infracció de cap norma legal encara que es fa reiterada cita de l'article 50 de l'Estatut dels Treballadors, amb cita d'abundant jurisprudència, alguna de força antiguitat.

Tots dos recursos han estat impugnats per la part contraria.

SEGON. Sobre la nul·litat de la sentència plantejada pel recurs de la part actora.

Com a primer motiu del recurs presentat per la part demandant i a l'empara de l'apartat a) de l' article 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, es demana la declaració de nul·litat de la sentència per vulneració del que disposa l' article 178 de la pròpia LRJS inaplicació dels article s 181.1.d) i 183.1 de al reiterada llei de la jurisdicció amb resultat d'indefensió.

La tesi del recurrent és que la jutgessa d'instància li causa indefensió quan a la sentència resolt denegar l'acumulació d'accions en entendre que la reclamació de salaris no es pot acumular a l'acció de la modalitat processal especial de tutela de drets fonamentals.

L'escrit d'impugnació s'oposa al recurs entenent que és correcte que la sentència recorreguda desacumulés la reclamació de pagament de diferents salarials i del bonus respecte d'aquest procediment de tutela de drets fonamentals, ja que aquest té caràcter sumari i només s'ha de resoldre en ell quant té a veure amb la vulneració denunciada, amb cita dels articles 26.1 i 178.1 LRJS; insisteix que la manca de pagament denunciada no té res a veure amb la vulneració del dret fonamental, sinó que és una mera qüestió de legalitat ordinària, per la qual cosa la desacumulació va ser adequada dret. Assenyala per altra banda que no és procedent la nul·litat de la sentència en tant que no ha estat produïda cap tipus d'indefensió.

El recorrent Romeo te tota la raó. L' article 178.1 LRJS, en efecte disposa que l'objecte del procés de tutela de drets fonamentals queda limitat al coneixement de la lesió del dret fonamental o llibertat pública, sense possibilitat d'acumulació amb accions d'una altra naturalesa, però en aquest cas la reclamació salarial que es formula a la demanda no està desvinculada de la lesió al dret fonamental, el demandant no reclama salaris per impagament ordinari, sinó que reclama les diferències salarials vinculades a la marginació de que ha estat objecte i per tan directament relacionades amb l'assetjament de que ha patit.

En conseqüència cal decretar la nul·litat de la decisió de no resoldre la pretensió de reclamació salarial a la sentència d'instància i relegar-la a una des acumulació d'accions.

Nogensmenys aquesta Sala, ha reiterat -per totes sentències de 8.9.2011 (Sentència núm. 5635/2011 recurs núm. 1516/2011), 19.12.2013 (Sentència núm. 8399/2013 recurs núm. 4738/2013) i 7.10.2015 (Sentència núm. 5804/15 recurs núm. 4501/2015)- que la declaració de nul·litat de la sentència en tant que suposa una frustració del procés seguit a la instància ha de ser un remei processal que ha de ser utilitzat amb molta cura i ponderació i que no s'ha de dur més enllà dels límits imposats pel dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Article 202.2 de la Llei de la Jurisdicció preveu que en els cassos en que la infracció processal que comporta la nul·litat es produeixi per infracció de les normes reguladores de la sentència, com passa en aquest cas, la Sala a de resoldre el que correspongui atenent als termes del debat i a la relació de fets provats. Per tan, en aquest concret cas, atès que a la sentència hi ha suficients elements per a resoldre la qüestió de reclamació salarial expulsada de la sentència d'instància, la Sala entrarà a resoldre aquesta qüestió dins el recurs de suplicació.

[Raonaments de la nostra primera sentencia].

TERCER.- La normativa aplicable.

Convé transcriure les nomes d'aplicació al present cas, que són:

L'Estatut del Treballadoresestableix:

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

La >LRJS estableix:

Artículo 26. Supuestos especiales de acumulación de acciones.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 5 y 8 de este artículo, en el apartado 3 del artículo 25, en el apartado 1 del artículo 32 y en el artículo 33, no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, salvo la de responsabilidad por daños derivados, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos, las de impugnación de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores y las de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Tampoco podrán acumularse las acciones en reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a las que se refiere el artículo 138 bis.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar en los anteriores juicios, cuando deban seguirse dichas modalidades procesales por imperativo de lo dispuesto en el artículo 184, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades públicas, conforme a los artículos 182, 183 y 184.

Artículo 27. Acciones indebidamente acumuladas.

1. Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, el secretario judicial requerirá al demandante para que en el plazo de cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, dará cuenta al tribunal para que éste, en su caso, acuerde el archivo de la demanda.

Artículo 178. No acumulación con acciones de otra naturaleza.

1. El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.

2. Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal.

Artículo 179. Tramitación.

1. La tramitación de estos procesos tendrá carácter urgente a todos los efectos, siendo preferente respecto de todos los que se sigan en el juzgado o tribunal. Los recursos que se interpongan se resolverán por el Tribunal con igual preferencia.

2. La demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental o libertad pública.

3. La demanda, además de los requisitos generales establecidos en la presente Ley, deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 81, el juez o tribunal rechazará de plano las demandas que no deban tramitarse con arreglo a las disposiciones de este Capítulo y no sean susceptibles de subsanación, advirtiendo al demandante del derecho que le asiste a promover la acción por el cauce procesal correspondiente. No obstante, el juez o la Sala dará a la demanda la tramitación ordinaria o especial si para el procedimiento adecuado fuese competente y la demanda reuniese los requisitos exigidos por la ley para tal clase de procedimiento.

Artículo 180. Medidas cautelares.

1. En el mismo escrito de interposición de la demanda el actor podrá solicitar la suspensión de los efectos del acto impugnado, así como las demás medidas necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia.

2. El juez o tribunal podrá acordar la suspensión de los efectos del acto impugnado cuando su ejecución produzca al demandante perjuicios que pudieran hacer perder a la pretensión de tutela su finalidad, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave y desproporcionada a otros derechos y libertades o intereses superiores constitucionalmente protegidos.

No obstante lo anterior, en el caso de que se invoque vulneración de la libertad sindical, sólo se podrá deducir la suspensión de los efectos del acto impugnado cuando las presuntas lesiones impidan la participación de candidatos en el proceso electoral o el ejercicio de la función representativa o sindical respecto de la negociación colectiva, reestructuración de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al interés general de los trabajadores y que puedan causar daños de imposible reparación.

3. Podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando, en caso de huelga, se impugnen exclusivamente los actos de determinación del personal laboral adscrito a los mínimos necesarios para garantizar los servicios esenciales de la comunidad, así como cuando se impugnen los actos de designación del personal laboral adscrito a los servicios de seguridad y mantenimiento precisos para la reanudación ulterior de las tareas. El órgano jurisdiccional resolverá manteniendo, modificando o revocando la designación de personal adscrito a dichos servicios conforme a las propuestas que, en su caso, formulen al respecto las partes.

4. Cuando la demanda se refiera a protección frente al acoso, así como en los procesos seguidos a instancia de la trabajadora víctima de la violencia de género para el ejercicio de los derechos que le sean reconocidos en tal situación, podrán solicitarse, además, la suspensión de la relación o la exoneración de prestación de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenación o reducción del tiempo de trabajo y cuantas otras tiendan a preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, incluidas, en su caso, aquéllas que pudieran afectar al presunto acosador o vulnerador de los derechos o libertades objeto de la tutela pretendida, en cuyo supuesto deberá ser oído éste.

5. De haberse solicitado medidas cautelares, dentro del día siguiente a la admisión de la demanda o a la solicitud, el secretario judicial citará a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el día y hora que se señale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, comparezcan a una audiencia preliminar, en la que sólo se admitirán alegaciones y pruebas sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas, en relación con el derecho fundamental y el riesgo para la efectividad de la resolución que deba recaer, debiendo aportar la parte solicitante el necesario principio de prueba al respecto. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de las medidas cautelares podrá efectuarse por el juez o Sala al admitirse a trámite la demanda, sin perjuicio de que se celebre ulteriormente la comparecencia prevista en este número.

6. El órgano judicial resolverá al término de la audiencia sobre las medidas cautelares solicitadas mediante auto dictado de viva voz, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para reparar la situación.

Artículo 181. Conciliación y juicio.

1. Admitida a trámite la demanda, el secretario judicial citará a las partes para los actos de conciliación y juicio conforme a los criterios establecidos en el apartado 1 del artículo 82, que habrán de tener lugar dentro del plazo improrrogable de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. En todo caso, habrá de mediar un mínimo de dos días entre la citación y la efectiva celebración de aquellos actos.

2. En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

3. El juez o la Sala dictará sentencia en el plazo de tres días desde la celebración del acto del juicio publicándose y notificándose inmediatamente a las partes o a sus representantes.

Artículo 182. Sentencia.

1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.

2. En la sentencia se dispondrá lo procedente sobre las medidas cautelares que se hubieran adoptado previamente.

Artículo 183. Indemnizaciones.

1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales.

4. Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios derivada de delito o falta en un procedimiento penal no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aquélla o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución en resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la acción en vía social.

Artículo 184. Demandas de ejercicio necesario a través de la modalidad procesal correspondiente.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva.

QUART.- Fets declarats provats: Proposta de modificació del recurs de l'empresa.

Quant a la pretesa modificació de fets provats que proposa el recurs empresarial, en primer lloc cal raonar que, amb caràcter general, l'òrgan que coneix del recurs extraordinari de suplicació no pot fer una nova ponderació de la prova, atès que és a qui té la jurisdicció a la instància a qui correspon apreciar els elements de convicció per establir la veritat processal, intentant que aquesta s'apropi tant com sigui possible a la veritat material. Ara bé, tal principi ha de ser matisat en el sentit que el tribunal ad quem està autoritzat per revisar les conclusions fàctiques quan els documents o perícies citats per la part recurrent facin palès de manera inqüestionable l'error en el què ha incorregut qui ha emès la decisió impugnada, o la irracionalitat o arbitrarietat de les seves conclusions: d'una altra manera no tindria sentit la previsió de l'article 193.b de la llei processal.

A més, cal assenyalar que la jurisprudència ha exigit amb reiteració, fins al punt de constituir doctrina pacífica, que per estimar aquest motiu és necessari que concorrin els següents requisits:

1r. Que s'assenyali amb precisió i claredat quin és el fet afirmat, negat o omès que el recurrent considera equivocat, contrari al que s'ha acreditat o que consta amb evidència i no ha estat incorporat al relat fàctic.

2n. Que s'ofereixi un text alternatiu concret perquè figuri en la narració fàctica qualificada d'errònia, bé que substitueixi algun dels seus punts, bé que els complementi.

3r. Que se citin detalladament els documents o perícies dels quals es considera que es desprèn l'equivocació de la sentència, sense que sigui factible admetre'n la invocació genèrica, ni plantejar-se la revisió de qüestions fàctiques no discutides al llarg del procés; la llei assenyala que l'error ha de fer-se palès precisament gràcies a les proves documentals o pericials practicades en la instància.

4t. Que aquests documents o perícies palesin l'error de manera clara, evident, directa i patent; sense necessitat d'acudir a conjectures, suposicions o argumentacions més o menys lògiques, naturals i raonables, de manera que per fer palès l'error de fet només són admissibles els documents que tinguin un decisiu valor probatori, tinguin un concloent poder de convicció per la seva eficàcia, suficiència, credibilitat o idoneïtat.

5è. Que la revisió pretesa sigui transcendent a la part dispositiva de la sentència, amb efectes modificadors d'aquesta, ja que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets la inclusió dels quals no conduiria a res pràctic, si bé cal admetre la modificació fàctica quan sense ser transcendent en aquesta instància pogués resultar-ho en altres de superiors.

6è. Que no es tracti d'una nova valoració global de la prova incorporada al procés.

Criteris aquests que han estat reafirmats per la recent sentència 90/2022 del Tribunal Suprem, de 1 de febrer, Recurs 2429/2019.

El recurs proposa la modificació del FDP 6º a la sentència en què consti que:

"6º.- En carta de fecha 27.05.16, la empresa aceptó la reducción de jornada por guarda legal propuesta por el Sr. Romeo.

Por tanto, teniendo presente que el Sr. Romeo solicitó una reducción de jornada de una hora diaria a partir de 30.05.16 y que su salario en mayo de 2016 era de 6.147,33 euros brutos mensuales (folio 19 del ramo de prueba de la parte demandada), el salario del Sr. Romeo en situación de reducción de jornada, a partir de 1 de junio de 2016, debía ascender a 5.378,91 euros brutos mensuales.

Mediante dicha carta también se comunicaba al Sr. Romeo que se le relegaba de sus funciones de delegado por haber dejado de tener la plena confianza de la empresa y que el cargo requiere máxima flexibilidad y disponibilidad absoluta".

Sustenta la proposta en prova documental i la raona assenyalant que en haver sol·licitat reducció de jornada, això porta implícita la reducció proporcional del salari.

S'oposa l'escrit d'impugnació del demandant assenyalant que el que és rellevant en aquest cas és el salari que havia de percebre quan va ser objecte de vulneració dels seus drets fonamentals, també que la reducció de jornada no és objecte d'aquest procés, i, a més a mes, que no indica document algun en què sustenta la proposta.

A la Sala comprenem l'interès del recurs empresarial i per descomptat no ens resulta rellevant el fet, al·legat de contrari, que no se sustenti en prova documental esmentada expressament, ja que el plantejament que es fa és de pura lògica matemàtica; no obstant això, té raó l'escrit d'impugnació quan assenyala que en aquest cas la reducció del salari derivada de la reducció de jornada sol·licitada és irrellevant, i per descomptat la Sala comparteix que la proposta, tot i que pot ser considerada ajustada a la realitat fàctica i jurídica, és totalment intranscendent en aquest procés; a això cal afegir que -si és necessari- podria obtenir-se la mateixa conclusió sense necessitat que consti ara a la declaració fàctica.

Proposa després la modificació del FDP 17e. i què consti que:

"17º. La sentencia de extinción del contrato ( art. 50 ET ) fue recurrida en suplicación por la empresa, dictando sentencia el TSJ de fecha 19.01.18 desestimando el recurso, confirmando la sentencia de instancia.

En esta Sentencia se establece que el cambio de funciones del Sr. Romeo es la consecuencia directa de su solicitud de reducción de jornada por guarda legal y que se vulneró el derecho a la dignidad del demandante. Asimismo, se establece que se vulneró el derecho a la dignidad del Sr. Romeo debido a que se consideraba que el cambio de funciones supone que se haya vaciado de contenido la prestación laboral (las funciones que procedió a desempeñar el Sr. Romeo ya no tenían ni el mismo contenido, ni la misma carga de Trabajo que antes y que con posterioridad al cambio de puesto son dos las personas que desempeñan las funciones de delegado del Aeropuerto)."

Sustenta la proposta a la sentència d'aquesta mateixa sala que va resoldre sobre l'extinció del seu contracte de treball i ho argumenta en el sentit que en tractar-se dels mateixos fets els que van donar lloc a l'extinció del contracte, i els que ara sustenten la decisió de la sentència per reconèixer la vulneració de drets fonamentals, s'havia d'haver plantejat en aquell primer procés la indemnització corresponent a aquesta vulneració.

S'oposa l'escrit d'impugnació en tant que entén que les reflexions realitzades en un altre procés jurídiques no en condicionen gens la decisió, ja que aquestes reflexions no constitueixen cosa jutjada en cap de les seves variants.

A la Sala entenem que resulta totalment intranscendent la pretensió del recurs màxim tenint en compte que si cal aquesta sala és coneixedora de les seves pròpies solucions que a més -pel que fa a la sentència d'aquesta Sala sobre l'extinció del contracte de treball- consta a la prova del procés.

Per fi, proposa la modificació de l'FDP 19è amb la redacció següent:

"19º. La parte actora reclama en la demanda presentada los siguientes importes:

a) 25.741,35 euros brutos o subsidiariamente 22.346,88 euros brutos (descontando el período en que el demandante estuvo en situación de incapacidad temporal), en concepto de diferencias salariales de junio de 2016 hasta 2 de diciembre de 2016. Es decir, diferencias salariales entre el cambio de puesto del demandante hasta la extinción del contrato.

La parte demandada alega que el demandante no debe ser acreedor de dichas diferencias salariales, porque concurre la excepción procesal de acumulación indebida de acciones. Subsidiariamente, alega que su importe sería de 16.803,39 euros, por cuanto se debe tener presente que el demandante se encontró en reducción de jornada desde junio de 2016 y que el demandante estuvo en situación de baja por incapacidad temporal de 14 de septiembre a 18 de octubre de 2016. Estos cálculos realizados por la parte demandada constan en el folio 136 del ramo de prueba de la parte demandada.

b) 10.643,97 euros brutos en concepto de bonus de 2016. La parte demandada se opone alegando la concurrencia de la excepción procesal de acumulación indebida de acciones y que el demandante no aceptó las condiciones para la percepción del bonus de acuerdo con el Documento nº 19 del ramo de prueba de la parte demandada.

c) 90.000 euros en concepto de daño moral, alegando que se ha vulnerado el derecho a la imagen y reputación frente a los compañeros, a los clientes y a AENA desde junio de 2016 hasta la fecha de extinción del contrato (2 de diciembre de 2016)". La parte demandada alega que el demandante no debe ser acreedor de esta indemnización por cuanto ya se ha abonado al demandante una indemnización por la extinción del contrato (vía artículo 50 ET ) y ya se tuvieron en cuenta en dicha indemnización los conflictos entre las partes de junio a diciembre de 2016. Subsidiariamente, entiende que el importe reclamado es desorbitado y se encuentra injustificado".

La proposta se sustenta més en raonaments jurídics que són documents obrants en el procés (cita un document en què la pròpia part demandada va realitzar càlculs sobre la qüestió) i ve a exposar argumentacions que haurien de portar a la desestimació del recurs, però no acaba de raonar els motius pels quals entén que hi ha hagut error en la valoració de la prova per part de qui ha exercit jurisdicció a la instància.

S'hi oposa l'escrit d'impugnació i assenyala que les pretensions de la part actora estan en la demanda i en els escrits d'aclariment, sense que sigui necessari reflectir-ho en un apartat dels FDP.

A la Sala entenem que no es fórmula la proposta d'acord amb els criteris expressats més amunt, es tracta més aviat d'arguments jurídics que podrien sustentar les seves pretensions i això no és objecte de motiu de recurs a l'empara del 193.b) LRJS.

Es desestimen els motius de recurs relatius a modificació de FDP.

CINQUÈ. Raonaments de la sentencia, del recurs, i de la impugnació.

1.- La sentencia raona sobre l'excepció de cosa jutjada, que desestima, y acumulació indeguda d'accions que entén aplicable; després sobre l'existència de vulneració dels drets fonamentals i finalment sobre las conseqüències de la dita vulneració i d'indemnització de danys i perjudicis. Raona [subratllat nostre]:

SEGUNDO.- La parte demandada ha alegado las excepciones de cosa juzgada material y de acumulación indebida de acciones pasando a su examen.

El juzgado de lo social nº 3 de Barcelona, en su sentencia de fecha 10.03.17 , en su fundamento de derecho número nueve declara:

"Pel que fa a la indemnització de danys i perjudicis, hem de tenir en compte que aquest procediment no és el de tutela de drets fonamentals, ja que lŽacció dŽextinció indemnitzada del contracte de treball en base a lŽ article 50 ET no està dins de les compreses en lŽ art 184 LRJS , és clar que li és d Žaplicació el que preveu lŽ article 183 LRJS , és a dir, no es pot valorar i/o reconèixer en aquest procediment una indemnització complementària basada en la vulneració de drets fonamentals, la qual sŽhaurà dŽexercitar en el procediment adequat".

Por tanto, si bien se parte de que existe una vulneración de derechos fundamentales y que el móvil es discriminatorio se han considerado otros aspectos legales que en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales no se puede entrar.

Por tanto, no hay cosa juzgada material,con desestimación de la excepción invocada.

En cuanto a la acumulación indebida de acciones, estamos ante un procedimiento de tutela de derechos fundamentales regulado en el artículo 178 LRJS siendo este su objeto y quedando limitado a la vulneración del derecho fundamental sin posibilidad de entrar en otras acciones.

Así pues, respecto a las diferencias salariales cuantificadas en 25.741,35 euros, subsidiariamente 22.346,88 euros y el bonus cuantificado en 12.012 euros, deben ser objeto de una demanda en reclamación de cantidad.

Con estimación de la excepción opuesta de contrario.

TERCERO.- Entrando en el fondo de la litis, el actor alega vulneración de derechos fundamentales- derecho a la integridad y a la propia imagen, regulada en el artículo 24.1 CE .

Para declarar la vulneración de derechos fundamentales, la parte actora debe probar, al menos, la existencia de un indicio suficiente que permita la declaración de ello.

Hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de la indemnidad, artículo 24.1 CE ., por cuanto la conducta empresarial es una clara represalia a la solicitud del trabajador de ejercer su derecho a la reducción de jornada, artículo 37.6ET .

El actor ha sufrido una reducción salarial de casi un 70% durante los seis meses que se mantuvo la situación, siendo un grave perjuicio patrimonial.

Hay vulneración del derecho fundamental a la dignidad, integridad y propia imagencon repercusión económica y profesional.

No hay causa alguna que justifique la represión de la empresa demandada ante el ejercicio del legítimo derecho del actor a poder conciliar la vida familiar y laboral, al amparo del artículo 37.6 del ET .

El actor realizaba jornadas de 12 horas diarias, pendiente del móvil y del correo electrónico, trabajando algún fin de semana y a veces en vacaciones. La solicitud del actor está justificada y con derecho a ello.

La conducta de la empresa es sancionable porque además de no respetar un derecho protegido del trabajador, no respeta la jornada ni el horario de éste, con vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

A mayor abundamiento conduce a una situación de degradación económica y profesional (constituyendo discriminación, artículo 14 CE ,siendo una vulneración de los derechos a la dignidad, artículo 10 CE , a la integridad por trato degradante, artículo 15 CE ,a la propia imagen artículo 18 CE teniendo el trabajador que solicita una IT e interponer demanda de extinción de su contrato al amparo del artículo 50 ET , por la decisión unilateral de la empresa, que no queda justificada y a mayor abundamiento quedando demostrado que el cargo y trabajo del actor, en la actualidad lo realizan dos personas.

(...)

QUINTO.- La parte actora en su demanda concreta los daños y perjuicios alegados y el porqué de la cuantificación, procede la indemnización solicitada porque ha habido vulneración de derechos fundamentales, en este procedimiento enjuiciado, y siendo la consecuencia la indemnización, con aplicación del RDLeg 5/2000, de 4 de agosto, LISOS.

En aplicación del artículo 8.2 de la LISOS que contempla como infracción muy grave "las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación", ello en relación con el artículo 40 del mismoy considerando todos los derechos fundamentales vulnerados más la situación de ansiedad generada al trabajador por dicha conducta represora e ilegal, es ajustada a derecho la cuantificación solicitada por daños morales, en aplicación de la STS de 05.10.17 .

Por todo lo expuesto, hay que concluir que ha habido vulneración de derechos fundamentales y, en consecuencia procede una indemnización por ello por importe de 90.000 euros de los que debe responder la empleadora SWISSPORT HANDLING, S.A.

No siendo la empleadora SWISSPORT SPAIN, S.A. y no quedando acreditado grupo de empresas, se la absuelve.

Con estimación parcial de la demanda interpuesta, teniendo derecho el trabajador a reclamar las diferencias salariales y bonus dejado de percibir por el procedimiento de reclamación de cantidad."

2.- El escrit de recurs empresarial planteja la incompatibilitat entre la indemnització derivada de l' art. 50 ET amb una altra indemnització addicional amb suport en la mateixa conducta empresarial, amb cita de sentències del Tribunal Suprem de 02.04.1997, i diverses més, també de TSJ; insisteix que el procés seguit per a l'extinció ex art. 50 i el present tenen idèntic objecte i insisteix que en el primer ja s'insisteix que "... no justificándose objetivamente la misma debe entenderse que es reactiva al ejercicio del derecho de reducción de jornada por cuidado de hijo, atentando la misma a la dignidad del trabajador, conclusión que compartimos a la vista de las circunstancias del caso";també que en tots dos procediments es coincideix que l'empresa va vulnerar el dret a la dignitat del treballador, i "... en consecuencia, consideramos que debería estimarse el presente recurso de suplicación, se debería rebajar la sentencia de instancia y declarar que el demandante no debe ser acreedor de ninguna indemnización por daños morales ni por vulneración de derechos fundamentales";amb caràcter subsidiari planteja que la indemnització pel dany moral és excessiva, amb cita de diverses sentències del Tribunal Suprem, de 15.04.2013, i de l'Audiència Nacional, de 07.07.2017, sobretot quan va estar en situació d'incapacitat temporal i només se va veure perjudicat durant quatre mesos i els suposats danys pugen a una quantitat molt inferior a 90.000 euros, així com que va ser contractat immediatament per una altra empresa del sector, concretant aquesta hipotètica indemnització en 6.251 euros.

3.- El escrit d'impugnació planteja la tècnica deficient del recurs per no concretar quin dels apartats de l'art. 50 considera vulnerat, insisteix que la compatibilitat d'ambdues accions separades ha estat admesa pel Tribunal Suprem, 09.05.2011 i per aquesta Sala en sentència de 23.10.2012; respecte a la quantia de la indemnització cita la sentència del TS de 24.01.2017 i les d'aquesta Sala de 15.07.2016 i 05.03.2018.

SISÈ. La posició de la Sala.

A la Sala entenem que diverses són les qüestions que queden pendents de resoldre en aquest recurs, és a dir: en primer lloc, si ha existit o no vulneració de drets fonamentals, ja que si fos la resposta negativa hauria de ser estimat el recurs empresarial i finalitzar allà el nostre raonament; en segon lloc i pel supòsit que la resposta a la pregunta anterior sigui afirmativa, haurem d'analitzar si és possible l'acumulació l'exercici separat de la vulneració dels drets fonamentals esmentats respecte a la demanda d'extinció del contracte a l'empara de l' article 50 ET, o per el contrari va haver d'exercitar-se en aquell procés, i en aquest cas podríem trobar-nos davant d'una situació de cosa jutjada material; per fi, haurem de concretar la quantia dels danys materials causats per l'actuació empresarial, que ha quedat establert a dalt -en resoldre la pretensió de nul·litat de la sentència, que podem entrar a resoldre.

1.- Respecte a l'existència de vulneració de drets fonamentals, tot i que la sentència d'aquesta Sala que va resoldre l'extinció del contracte assenyala que la d'instància en aquell moment recorreguda "... no declara la vulneració de drets fonamentals" (FD 10è, in fine), també assenyala amb total claredat que "La sentència recorreguda analitza, al fonament de dret vuitè, el canvi operat en les condicions de treball de l'actor per concloure que la modificació és substancial i que no justificant-se objectivament aquesta s'ha d'entendre que és reactiva a l'exercici del dret de reducció de jornada per cura de fill, atemptant aquesta a la dignitat del treballador, conclusió que compartim a la vista de les circumstàncies del cas..." (FD 6è, paràgraf sisè), d'on es dedueix de manera palmària que en opinió de la Sala -encara no explicitat- es va entendre que va existir vulneració del dret a la garantia d'indemnitat en les actuacions empresarials com a reacció a l'exercici del dret a la reducció de jornada per cura de fill, extrem admès per la jurisprudència en els supòsits en què s'exerceixen drets per la persona treballadora i la reacció empresarial vulnera els seus drets: concloent-ne l'existència; per part nostra considerem que és evident que l'empresa, davant aquesta petició va poder reorganitzar el seu organigrama (el va substituir amb dues persones) i fins i tot reduir proporcionalment el salari, però no relegar-lo a tasques alienes a la seva responsabilitat amb el descrèdit que això comporta i la limitació al seu progrés professional, i no sent la nostra responsabilitat entrar a les facultats d'organització empresarial, resulta obvi que davant de la petició de reducció de jornada una opció -completament respectuosa amb el dret del demandant; podia haver estat acceptar aquesta petició mantenint-lo en la seva responsabilitat i adjuntar-li una d'aquestes dues persones per ajuda i completar el desenvolupament de la seva activitat ordinària. La reacció empresarial va ser excessiva i il·lògica, només es comprèn en una situació de conflicte i se'ns representa com a clarament repressora del dret a la reducció de jornada i per tant vulneradora de l' art. 24 CE al vessant de garantia d'indemnitat; existint aquesta vulneració resulta irrellevant continuar amb l'estudi de si van existir vulneracions d'altres drets fonamentals com fa la sentència recorreguda al seu ampli catàleg.

La conclusió és que sí que va existir vulneraciódel dret a la garantia d'indemnitat com a vessant de l' art 24 CE.

2.- Respecte a si l'acció de reclamació d'indemnització va poder i va haver d'exercitar-se en el procés d'extinció de la relació laboral, hem de posar de manifest que la nostra sentència recaiguda en aquell procés, davant del plantejament pel recurs debatut allà que el Jutjat d'origen degué haver entrat a conèixer -juntament amb els motius d'extinció del contracte- la vulneració de drets fonamentals, admetent l'acumulació a les dues accions, raona:

DÉCIMO.- Por último, en cuanto a la "acumulación de la acción de daños y perjuicios ex artículos 1902 y 1903 del código civil y al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 y 18 de la Constitución Española , artículo 25.3 y 26.3 y 184 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social " argumenta la parte recurrente que la sentencia reconoce que la empresa incurrió en conductas atentatorias de dichos derechos pero que no condena al abono de indemnización por entender que ésta no es acumulable, por lo que razona extensamente las razones por las que entiende que sí es acumulable, así como los criterios para su determinación.

Así formulado el motivo se advierte que se plantean entremezcladas dos cuestiones diferentes, de un lado, la presunta vulneración de una norma procesal, del artículo 184 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , porque el Juzgado "a quo" apreció que las acciones no eran acumulables, lo que debía haber sido denunciado a través de la vía procesal adecuada y de ser estimado el defecto debería haberse declarado la nulidad de dicho pronunciamiento sin perjuicio de que por la Sala pudiese entrarse a resolver (ex artículo 202 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ); de otro lado, una cuestión sustantiva relativa a cuáles deben ser los criterios para la cuantificación de la indemnización.

Pues bien, si obviáramos el defecto en la formulación del motivo por infracción de una norma procesal y confirmáramos que, ciertamente, la sentencia recurrida (FD 9º) no es conforme con la jurisprudencia que ha admitido la posibilidad de compatibilizar la indemnización por resolución del contrato con otra por daños y perjuicios cuando la causa extintiva constituya la lesión de un derecho fundamental; así se desprende de la doctrina unificada plasmada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2006 (RJ 2006, 7176) (rec. 4372/04 ), seguida, entre otras, por la de 20 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 8304) (rec. 3326/06 ) -y a la misma conclusión se llega, en la actualidad, del tenor literal de los artículos 184 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en el caso en que se pretenda la extinción indemnizada del contrato (el artículo 184 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social incluye la acción de " despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo" entre las que no existe razón para excluir la del artículo 50 Estatuto de los Trabajadores ) y se alegue que la causa de la extinción es la lesión de un derecho fundamental o libertad pública, en cuyo caso la modalidad procesal a seguir será la de extinción de contrato sin perjuicio de que al procedimiento deban añadirse las garantías propias del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, ex artículo 178.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , admitiendo asimismo el Tribunal Supremo la posibilidad de ejercicio independiente de ambas acciones sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2.011 , con cita de la del 9 de mayo de 2 .01)-, no puede obviarse que la sentencia recurrida, al apreciar dicho obstáculo procesal, no entra a conocer sobre el fondo y no se pronuncia sobre si la conducta empresarial acreditada constituye vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas y, como apunta la parte impugnante, tampoco la parte recurrente combate dicha omisión denunciando la infracción de normas sustantivas que permitan a este tribunal examinar si los incumplimientos imputados a la empresa constituyen vulneración de derechos fundamentales, sino que en el párrafo primero de este motivo (página 11 del recurso) se limita a afirmar que " el actor interesó asimismo en su demanda la reparación de los perjuicios morales derivados de la vulneración de sus derechos fundamentales, y en particular el derecho a la integridad moral recogido en el artículo 18 Constitución Española , y el derecho a la igualdad y a no ser discriminado ni represaliado por el ejercicio de derechos legítimos, subsumido en el artículo 14 Constitución Española . A juicio del juzgador de instancia, la empresa incurrió en conductas atentatorias de los referidos derechos... ", pese a que la sentencia recurrida no declara la vulneración de derechos fundamentales.

Por todo lo expuesto, se impone el rechazo del motivo."

Atès que ambdues parts van acceptar aquesta sentència, ara estem vinculats per la nostra decisió anterior i en conseqüència hem d'admetre, sense necessitat de més raonament, la possibilitat d'exercitar la pretensió d'indemnització per vulneració de drets fonamentals en un nou procés, el present, per part del treballador accionant, la qual cosa ens porta a desestimar el motiu del recurs empresarial: l'exercici de l'acció indemnitzatòria en aquest procediment és coherent amb l'ordenament jurídic, amb la doctrina jurisprudencial, i amb la nostra resolució anterior.

I pel que fa a la quantia de la indemnització, aquesta és d'acord amb la doctrina jurisprudencial vigent en el sentit que les quanties del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social, són perfectament aplicables a la quantificació del dany moral per vulneració de drets fonamentals. Això ens porta igualment a desestimar la petició subsidiària de reducció de la quantia indemnitzatòria.

3.- Resta per resoldre la quantia de les quantitats reclamades en concepte de dany per lucre cessant, idea aquesta que queda clarament expressada en la resposta a la pretensió de nul·litat que proposa el recurs de la part actora, a dalt explicada, en el sentit que les quantitats reclamades no ho són en concepte de diferències salarials, sinó per dany causat per la vulneració del seu dret a la tutela judicial efectiva en el seu vessant de garantia de la indemnitat, per la conducta empresarial represàlia que com raona la sentència provoca que el demandant "...ha patit una reducció salarial de gairebé un 70% durant els sis mesos que es va mantenir la situació...".

Ens trobem per tant davant l'obligació de quantificar el dany material que ha produït el lucre cessant conseqüència de l'actuació empresarial, que per altra banda és compatible amb la indemnització per dany moral establerta a la sentència, 90.000 €, art. 183.1 LRJS, i també amb la que al seu dia li va ser reconeguda per l'extinció del contracte de treball, article 50 ET en relació amb el 183.3 LRJS.

Com en essència deia la nostra primera sentència, després anul·lada, les diferències salarials reclamades a la demanda es reflecteixen al fonament de dret segon de la sentència d'instància i consisteixen en 25.741,35 €; o subsidiàriament 22.346,88 €; que corresponen a diferències salarials entre els 6.252,98 que percebia abans de la reducció de jornada i els 1.853,57 que, segons diu, percebia a partir de juny 2016 i fins el 18/11/2016 (escrit d'aclariment a foli 63). més 12.012 €; per bonus.

Quan a la reclamació salarial cal atendre el contingut de la pretensió de revisió del fet provat sisè que planteja l'empresa com a motiu primer del seu recurs, el sou que correspon a partir de juny 2016, no és el mateix que en el període anterior, sinó la part proporcional que correspon a la jornada reduïda que és 5.378,91 €, atès que la reducció de jornada és voluntària i té com a conseqüència legal directa la reducció del salari en mode proporcional.

Per altra part, el sou percebut a partir de juny de 2016, no és el de 1.853,57 €, sinó el que consta a fet provat 13e de 2.191,07 €, per tan la diferència salarial és de 3.187,84 € (5.378,91 - 2.191,07), és a dir 106,30 € diaris. I per tan en el període de 171 dies de 01/06/2016 a 18/11/2016, corresponen 18.177,30 €. A aquesta quantitat cal detreure-hi el període de incapacitat temporal de 34 dies entre el 14/09/2016 i el 18/10/2016, és a dir 3.614,20 €, de forma que resulta una quantitat a estimar de 14.563,10€.

Pel que fa al bonus, consta a fet provat tercer que el seu import és de 12.012 € però aquest és l'import del bonus anual i per tan aquesta quantitat ha de ser limitada a la part proporcional que és el 88 per cent (322 dies entre 01/01/2016 i 18/11/2016) és a dir 10.571€ en que cal estimar la demanda.

En conseqüència, llevat que la demanda pretenia una quantitat entre 25.741,35 i 22.346,88 euros bruts, cal estimar la dita pretensió en de 25.134,10 euros.

SETÈ. Imposició de costes.

La desestimació del recurs empresarial, de conformitat amb el que estableix l' article 235.1r LRJS, implica l'expressa imposició de condemna a les costes del recurs a la part vençuda en aquest, condemna que inclou el pagament de la Minuta d'Honoraris del Lletrat de la part impugnant, a la quantia que aquesta Sala, i dins dels límits legals, assenyala en 1.000 euros. Es decreta també, com preceptua l'article 204.4t del text processal esmentat, la pèrdua del dipòsit constituït per recórrer que, una vegada sigui ferma la sentència, s'ingressarà al Tresor públic; i per fi, es condemna a la mateixa part vençuda a la pèrdua de la quantitat consignada a què es donarà la destinació legal.

Atesos els preceptes legals esmentats, els concordants i altres disposicions d'aplicació general i pertinent,

Fallo

Que estimem el recurs de suplicació interposat per Romeo, i desestimem el recurs de suplicació interposat per representació de SWISSPORT HANDLING S.A., tots dues contra la Sentència de data 23/05/2019, dictada pel Jutjat Social 16 de Barcelona, en les actuacions núm. 815/2016 seguides a instàncies de Romeo contra SWISSPORT HANDLING, S.A., SWISSPORT SPAIN, S.A., i MINISTERI FISCAL, sobre drets fonamentals i en conseqüència revoquem parcialment la dita resolució i reconeixem el dret de Romeo a percebre en concepte de lucre cessant la quantitat de 25.134,10 euros, condemnant a SWISSPORT HANDLING, S.A., al pagament d'aquesta quantitat, a més de mantenir la condemna al pagament de 90,000 euros en concepte d'indemnització per dany moral.

Es decreta també la pèrdua del dipòsit constituït per SWISSPORT HANDLING, S.A., per recórrer que, un cop sigui ferma la sentència, s'ingressarà al Tresor públic; per fi, es condemna a la mateixa part vençuda a la pèrdua de la quantitat consignada a què es donarà la destinació legal.

Vençuda la recurrent SWISSPORT HANDLING, S.A., ha de ser condemnada al pagament 1.000 euros en concepte de les costes causades a la part contrària per la intervenció del seu lletrat en aquesta fase del procés.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0937 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0937 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de "ordenant" caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a "beneficiari" ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a "observacions o concepte de la transferència" cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

Els magistrats

Podeu consultar l'estat del vostre expedient a l'àrea privada de seujudicial.gencat.cat.

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