Sentencia Social 850/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1026/2024 de 11 de marzo del 2026

PRIMERO: La sentencia dictada en la instancia ha declarado la licitud de la extinción del contrato de trabajo de la actora en mayo de 2019, considerando que se trata de un contrato eventual, para la realización de faenas agrícolas consistentes en la campaña de melocotón que comprende los meses de abril a junio, cuya duración no superior a cuatro semanas exime de ser concertado por escrito (habiendo sido comunicado a la oficina pública de empleo), pudiendo procederse a la extinción paulatina de los trabajadores contratados a medida que va finalizando la campaña, como ha sucedido con la actora y otros 45 peones eventuales el 8 de mayo de 2019. Entiende adecuadamente retribuida la misma por las jornadas reales trabajadas, desestimando igualmente la nulidad del despido por vulneración de los derechos fundamentales de la actora por su situación de embarazo, al no ser conocido por la empleadora y no constar que la extinción de su contrato estuviese motivada únicamente por dicho embarazo.

Contra dicha sentencia se alza en suplicación la actora al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto de que se declare la nulidad del despido, se abonen a la actora salarios por importe de 107,05 € más el interés del 10% y se la indemnice por la vulneración de sus derechos fundamentales con 6.251 €.

SEGUNDO: En los motivos de revisión fáctica incurre la recurrente en una defectuosa técnica, pues la jurisprudencia (por todas sentencia del Tribunal Supremo de 25 marzo 2014, rec. 161/2013) requiere que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia y que se invoque en el recurso su influencia en la variación del signo del pronunciamiento, defecto este del que adolecen los motivos de recurso dedicados a la revisión de los hechos probados, lo que habría de determinar su desestimación, si no fuera porque conforme al criterio flexibilizador que respecto a la desestimación amparada en defectos formales mantiene el Tribunal Constitucional, se aconseja esperar al examen de los motivos de censura jurídica de la sentencia, amparados en el apartado c) el citado artículo 193, para determinar si, aunque en lugar inadecuado, la expresión de la relevancia de la revisión fáctica se contiene en dichos motivos de censura jurídica, lo que en caso negativo determinará la irrelevancia del motivo de revisión fáctica, aunque pudiera referirse a hecho amparado en prueba hábil obrante en autos. Con esta cautela, que entendemos necesaria al no ser este el último grado de la jurisdicción y posibilitar en su caso el recurso de casación que pudiera interponer la parte, pasamos a examinar los motivos de revisión fáctica.

I.-Pretende la modificación del hecho probado primero para que se añada al mismo que la actora fue contratada para realizar las funciones de "manipulación y clasificación en almacén" y que estaba adscrita a la "campaña de fruta de hueso 2021-variedades nectarinas 00-207 y 04-11".

Así consta en los documentos que cita, contratos de trabajo de 27 de abril y 3 de mayo de 2019, si bien en el segundo de ellos se recoge "variedades nectarinas 00-207, 04-11 y 08-05", por lo que se acepta la revisión con dicho contenido.

II.-Solicita la modificación del hecho probado sexto, para que en su lugar exprese lo siguiente: "Que en fecha de 6.5.2019 la trabajadora comunicó a través de la plataforma de mensajería instantánea "Whatsapp" a su encargada de cuadrilla que el día 7.5.2019 tenia cita médica, por lo que no iba a ir a trabajar. El día 7.5.2019 cursó baja por Incapacidad Temporal. La comunicación de la baja de la trabajadora en la Seguridad Social tuvo lugar el 13.5.2019, desplegando sus efectos en la fecha de 8/5/2019".

Lo ampara en la fotocopia de mensajes "Whatsapp" que obra al folio 132, en la que no consta la identidad del emisor ni la del receptor, siendo hecho admitido en la fundamentación jurídica de la sentencia, con indudable valor de hecho probado, que la extinción del contrato se produjo el 8 de mayo, si bien no se comunicó a la actora hasta que la misma recibió el 13 de mayo un SMS de la Seguridad Social, hecho por tanto cuya incorporación a su lugar adecuado admitimos. Y su baja médica el 7 de mayo ya consta en el hecho probado séptimo.

En cuanto a la notificación a la empresa de su cita médica el 7 de mayo, es un hecho que no consta alegado en la demanda, lo que explica el silencio respecto al mismo de la sentencia, tratándose por tanto de una cuestión novedosa que pretende introducirse, por primera vez en el litigio, en este recurso, resultando de aplicación la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en la STS de 26 de septiembre de 2001, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4847/2000, en la que se razona que es doctrina del Tribunal Supremo que las cuestiones nuevas, al igual que ocurre en casación, no tienen cabida en suplicación, consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, que no permiten dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la sentencia de instancia, pues en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia, construyendo «ex officio» el recurso, y vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. Amén de que si se permitiera la variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se produciría a las partes recurridas una evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo. Y ello con fundamento, tanto en la naturaleza extraordinaria y revisora de dicho recurso que requiere, para evitar convertirlo en una segunda instancia, que las infracciones alegadas en él hayan de guardar armónica y debida conexión con las formuladas en demanda y contestación, como en las exigencias derivadas de los principios de preclusión, lealtad y buena fe procesal, igualdad de las partes y derecho de defensa que obligan a proscribir, como ya indicaba la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1.991, toda «falta de identidad entre las alegaciones de la demanda y del recurso impugnatorio subsiguiente que pueda producir indefensión a la otra parte procesal», lo que igualmente es predicable respecto a la falta de identidad entre las alegaciones de la contestación a la demanda y las del recurso que plantee la demandada. En definitiva, no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, ínsitas en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por éstas en la instancia.

III.-Propone la modificación del hecho probado séptimo, en el que insiste en la comunicación a la empresa de que no iba a trabajar el 7 de mayo, lo que ya hemos rechazado y que la última regla de la trabajadora fue el 2 de enero de 2019, por lo que a la fecha del despido se encontraba en su cuarto mes de embarazo, lo que ampara en el documento obrante al folio 180 de los autos, en el que consta la fecha de la última regla, no la referencia al cuarto mes de embarazo, que no deja de ser una conjetura, carente de apoyo documental.

Al respecto de la modificación de hechos probados resulta oportuno señalar que la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018 indica que para que el motivo prospere resulta necesario que la errónea apreciación de la sentencia recurrida derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. Por tanto la revisión de hechos fundada en prueba documental no puede basarse en documento que haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia y sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1998). La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1992).

IV.-Solicita la modificación del hecho probado noveno, para que se añada al mismo que a 31 de mayo de 2019 la empresa contaba con 339 trabajadores y a 30 de junio de 2019 con 24.

Se trata de hechos manifiestamente intrascendentes para modificar el sentido del fallo, dado que la extinción de la relación laboral de la actora se realizó con efectos de 8 de mayo de 2019, fecha suficientemente alejada de las de 31 de mayo y 30 de junio que determina la irrelevancia de los trabajadores que en tales fechas tuviese la empresa, lo que además depende de las múltiples y variadas actividades agrícolas que tuviese la misma pendientes en dichas fechas, distintas de aquella para la que fue contratada la actora.

V.-Propone la modificación del hecho probado 10º, para hacer constar que el mismo día de la extinción de la relación laboral de la actora se da de alta en la empresa a tres trabajadores, más otros tres el día 13 de mayo, otros tres los días 14 y 15 de mayo y que de las 46 extinciones el 8 de mayo solo la actora estaba adscrita a la campaña de nectarina y que entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 se han dado de alta en la empresa 102 trabajadores para campaña diferente a la naranja.

Sin perjuicio de la trascendencia que tales hechos pudieran tener para modificar el sentido del fallo, en cualquier caso no explica la recurrente cómo de la vida laboral de la empresa pueden extraerse tales conclusiones fácticas, lo que excede del ámbito del motivo de revisión fáctica, pues de los documentos invocados no se deriva de modo directo, patente e inequívoco, el error apreciatorio de la prueba que se denuncia, lo que exigiría una nueva valoración de la prueba, que es lo que realmente se pretende en este caso: que la Sala sustituya la soberana valoración del conjunto de la prueba efectuada por la magistrada de instancia -ex art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- por la propia valoración que propone la parte recurrente, lo que no es admisible en este tipo de recurso extraordinario.

Al respecto de la modificación de hechos probados resulta oportuno señalar que consolidada doctrina en la materia, que recuerda la sentencia de 2 de marzo de 2016 (rec. 153/2015 ), y las muchas que allí se citan, establece que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente a la juzgadora de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

TERCERO: En un primer motivo de censura jurídica se alega por la recurrente la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Después de un repaso a las manifestaciones de la empresa a lo largo del juicio, que reputamos intrascendente en un motivo de recurso como el presente, amparado en el apartado c) del citado artículo 193, que únicamente tiene como premisas los hechos incorporados al relato de hechos probados de la sentencia, sostiene que el contrato se ha suscrito en fraude de ley y abuso de derecho, por falta de concreción de causa ( artículo 6.2 del Real Decreto 2720/1998) y por inexistencia de la misma y de finalidad temporal expresada en el contrato, con superación de los límites establecidos en el artículo 15.3, en relación con el artículo 2.2 a) y b) del Real Decreto 2720/1998, siendo nula la cláusula de temporalidad y convirtiéndose el contrato en indefinido, según el referido artículo 15.3 y el artículo 6.4 del Código Civil, con antigüedad de 27 de abril de 2019 conforme a la doctrina del vínculo contractual, reseñando una sentencia de Tribunal Superior de Justicia que sin embargo no podemos tener en cuenta al no constituir jurisprudencia. Manifiesta que la campaña de nectarina finaliza en junio de 2019, que cuando contratan a la trabajadora el 3 de mayo, dan de baja en la empresa a otros trabajadores y que el mismo día 8 de mayo en el que extingue su contrato, vuelve a contratar a nuevos trabajadores, así como en días posteriores próximos. Afirma un trato discriminatorio de la actora por tener una limitación física, mientras que otra trabajadora de su cuadrilla que identifica, continuó trabajando hasta el final de la campaña.

I.-El derecho a la efectividad de la tutela judicial a que se refiere el artículo 24.1 de nuestro texto constitucional (y artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), incluye el derecho al acceso a los recursos contemplados en la Ley, en los términos concretos en que los mismos vengan establecidos en la normativa procesal ordinaria, y por lo tanto siempre que así esté contemplado en la misma ( STC nº 255 de 20-6-93). Pues debe de tenerse en cuenta que se otorga también tutela judicial efectiva, conforme a doctrina constitucional constante, cuando el legislador ha diseñado una regulación procesal en la que solamente existe una única respuesta judicial razonada ( STC nº 111/2000, de 5-5-2000). E igualmente debe de señalarse que las partes deben someterse a todas las exigencias formales previstas para el acceso a los recursos ( STC nº 170/1999, de 27-9-99), que están establecidas como una garantía para todas ellas, cuyo cumplimiento no es por tanto un capricho del legislador ni de los órganos judiciales, ni afecta al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ( STC nº 89/1989, de 21-4-89). Siendo precisamente por eso por lo que está reglada la necesaria intervención en este recurso de profesional perito en derecho (actualmente Letrado o Graduado Social), conforme al artículo 195.1 LRJS. Aunque con la cautela de que se deban interpretar las mismas en un sentido no rigorista, favorecedor del acceso al recurso ( STC nº 4/1995, de 10-1- 95), siempre que con ello no se genere indefensión a las demás partes contraria al artículo 24.1 CE, ni tampoco suponga una alteración de la seguridad jurídica ( artículo 9.3 CE) .

En el caso del Recurso de Suplicación, actualmente regulado en los artículos 190 a 204, y de modo común con la Casación, en los 229 a 235, todos ellos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 10-10-11 (LRJS), se señala de modo expreso y claro cuáles son las exigencias formales esenciales que se deben cumplimentar por parte de los recurrentes, en atención a los motivos tasados de este tipo de recurso, cuasi casacional, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes su cumplimiento ( STC nº 75/1994, de 14-3-94), y debiendo controlarse ello por los órganos judiciales ( STC nº 165/1989, de 16-10-89). Y así, únicamente se prevé la posibilidad de que el recurso se pueda formalizar con base en alguno de los tres motivos que se señalan en el artículo 193 de dicho texto adjetivo, cumpliendo de modo ineludible las exigencias esenciales que se derivan de dicho precepto y del artículo 196 LRJS que lo completa, conforme ha sido interpretado por parte de la jurisprudencia. Pudiendo dictarse una resolución judicial que sea desestimatoria del recurso formalizado como consecuencia del incumplimiento de las exigencias formales esenciales insubsanables, sin que ello comporte una denegación de tutela judicial ( STC nº 109/1991, de 20-5-91).

En el presente caso el recurso interpuesto no contiene el menor razonamiento o argumentación respecto a la infracción de las normas que cita en su aplicación al caso concreto que nos ocupa, limitándose a enunciarla (aun profusamente) y a afirmar que por ello debe estimarse su recurso, pero sin explicar cómo dicha doctrina pretendidamente infringida se aplica al caso de autos, limitándose a la cita de ciertos hechos (los expresados en el párrafo primero de este fundamento de derecho) que sin embargo no relaciona con las infracciones normativas denunciadas, lo que va contra la naturaleza del presente recurso de suplicación e impide la estimación del mismo. En efecto, el artículo 196.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece como requisito necesario para la validez del escrito de interposición del recurso de suplicación que en el mismo se expresen «con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos», requisito que tiene como finalidad que la pretensión formulada en el recurso y su fundamentación sea conocida por la parte recurrida para que pueda defenderse debidamente y por el órgano judicial para que pueda resolver congruentemente. Y aunque el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en aplicación del principio «pro actione» que «el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso no debe rechazar «a limine» el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencia técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales» ( sentencia del Tribunal Constitucional núm. 118/1993), pues desde la perspectiva constitucional lo relevante «no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido», y que «cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión y de la argumentación que la sustenta el recurso no puede ser desestimado, pues se vulneraría el mandato del art. 24.1 de la Constitución Española ( sentencias del Tribunal Constitucional núm. 55/1993 y 37/1995), no ocurre así en el presente caso, en el que en el recurso no se contiene una mínima argumentación de la aplicación al caso objeto del presente litigio de las infracciones normativas que denuncia, que conforme al expresado criterio flexibilizador permitiese la apreciación del efecto jurídico pretendido.

El recurso de suplicación no puede llevar a una impugnación abierta y libre ya que ello atentaría contra la seguridad jurídica y situaría a la parte recurrida en manifiesta indefensión, pues no cabe olvidar que es obligación del recurrente efectuar denuncia razonada de cuál o cuáles sean, a su juicio, la infracción o las infracciones de específica y concreta disposición legal o doctrina jurisprudencial, argumentando la procedencia de las mismas, habiendo establecido inveterada doctrina jurisprudencial que la no constatación de la denuncia de vulneración de normativa legal o de la jurisprudencia, no genéricamente citada sino en su aplicación al caso objeto del recurso, acarrea la desestimación del recurso por su defectuosa construcción, pues la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación lleva aparejada la consecuencia de que el órgano de suplicación solo debe entrar a valorar las infracciones legales que la parte haya puesto de relieve sin que sea dado al Tribunal suplir la inactividad de la parte so pena de vulnerar la situación de neutralidad y equilibrio procesal que le es exigible, pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal "ad quem" la redacción "ex oficio" del recurso o su impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Como ya expresó el Tribunal Constitucional, por todas las sentencias 294/93 y 93/97, "el recurso de suplicación es un recurso de naturaleza extraordinaria en el que el Tribunal no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes".

II.-Además, lo que la sentencia aprecia al respecto es que el contrato suscrito por el trabajador es el de carácter eventual regulado en el artículo 13 C) del Convenio Colectivo de Faenas Agrícolas, Forestales y Ganaderas de la Provincia de Sevilla vigente a la fecha de los hechos, conforme al cual se trata de un contrato temporal, circunstancial, que puede suscribirse para cualesquiera tareas, que por tanto no habrán de ser objeto de concreta especificación en el contrato, a lo que faculta la expresión en el último párrafo del artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores relativa a que "Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales", habiendo sido cesada la actora en dicho contrato como consecuencia de la paulatina disminución de las tareas agrícolas para las que fue contratada, siendo al respecto indiferente que se tratase de las relativas a la nectarina en lugar de las del melocotón.

Vemos por tanto que siendo este el fundamento decisorio del fallo de la sentencia recurrida no es sin embargo atacado por la recurrente, lo que aboca al fracaso del recurso examinado. En efecto, la naturaleza extraordinaria y casacional del recurso de suplicación determina que, a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho recurso no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso relacionados con infracciones que contenga la sentencia. Así, conforme a constante jurisprudencia, aunque pudieran existir otras infracciones en la sentencia además de las denunciadas en el recurso, no podrían ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos en que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio. Conforme a ello, el motivo de recurso amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha de referirse a la infracción de las normas sustantivas aplicadas por la sentencia. Por consiguiente, si la "ratio decidendi" de la sentencia no es combatida en el recurso, debe ser este desestimado, como acontece en el presente caso, pues aun de ser estimada la infracción alegada en el recurso, al no combatirse la razón jurídica de la sentencia asentada sin embargo en fundamento distinto al mencionado en el recurso, no podría variarse el sentido del fallo, en base al citado carácter extraordinario del recurso de suplicación.

Por tanto debe ser desestimado el motivo de recurso.

CUARTO: En nuevo motivo al amparo del apartado c) del citado artículo 193, se alega la vulneración del artículo 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto causó baja médica el 7 de mayo, teniendo prevista la siguiente revisión médica el 14 de mayo, habiendo sido dada de baja por la empresa el día anterior a dicha revisión y con efectos del día 8 de mayo, para evitar las cotizaciones, de lo que tenía conocimiento la demandada porque el 7 de mayo no comunica ningunas jornadas reales, realizando la empresa nuevas contrataciones el día 8 de mayo.

Se alegan hechos que no constan en los hechos probados y que en cualquier caso inciden en una cuestión, como es que la actora fue despedida por causa de su situación de incapacidad temporal, para ahorrarse la empresa las cotizaciones, que ya hemos expresado no se contiene en la demanda, en la que, sin mayor explicación únicamente se refiere que la actora fue despedida cuando se encontraba de baja por enfermedad, lo que determina la nulidad del despido, afirmación y razonamiento distintos de los que aquí se pretenden, debiendo ser estos rechazados por tratarse de una cuestión nueva, que por primera vez se suscita en el recurso, como antes hemos expresado.

Sin perjuicio de ello ha de tenerse en cuenta que la nulidad del despido de trabajador en incapacidad temporal sólo puede considerarse nulo (a salvo de las anteriores motivaciones, constitutivas de una cuestión nueva que rechazamos) cuando puede apreciarse como un atentado a su situación de discapacidad, la cual sólo puede predicarse respecto de una incapacidad temporal de larga duración, lo que en el presente caso no concurre, cuando a la fecha del despido estaba conceptuada como un proceso corto, con duración estimada de 20 días, circunstancias a las que desde luego no se refiere el recurso.

Asimismo sostiene la recurrente que la actora se encontraba embarazada, lo que determina la nulidad objetiva de su despido, afirmación que igualmente rechazamos pues, es presupuesto de ello, como se indica en el último párrafo del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, que no se trate de supuestos en los que se declare la procedencia del despido, esto es la licitud de la extinción del contrato de trabajo, por motivos no relacionados con el embarazo, como en el presente caso en el que tal extinción contractual se debió al término del contrato temporal suscrito.

QUINTO: En el último motivo de recurso se alega la infracción de los artículos 4 y c), 26, 29 y 32 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene que la carga de la prueba del abono de los salarios corresponde a la demandada, sin que se haya obtenido la misma, pues al documento 4 de la parte demandada constan las nóminas sin firmar, por lo que procede el abono de 107,05 €.

Tal argumentación para el motivo de recurso excede el ámbito del apartado c) del artículo 193 en el que se ampara, que es exclusivamente el de examinar el derecho sustantivo aplicado, partiendo para ello del relato de hechos probados, ya sean los declarados como tales en la sentencia recurrida o los de la misma que hayan sido corregidos en virtud del propio recurso al amparo del apartado b) del citado artículo 193. El carácter extraordinario del recurso de suplicación significa que si el recurrente no está conforme con los hechos que se han declarado probados y que sirven de sustento fáctico al pronunciamiento de la sentencia que recurre, debe atacar dichos hechos probados por el cauce del apartado b) del artículo 193 citado y si no tiene éxito en dicha impugnación, habrá de estarse ineludiblemente a los hechos declarados como probados en la sentencia. Lo que realmente se pretende en este caso es que la Sala sustituya la soberana valoración del conjunto de la prueba efectuada por la magistrada de instancia, a quien corresponde según el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por la propia valoración que propone la parte recurrente, lo que no es admisible en este tipo de recurso extraordinario.

Por tanto, para la resolución del recurso debemos partir de los inalterados hechos probados de la sentencia recurrida, fruto de la valoración probatoria que a la magistrada de instancia corresponde, obtenida, según se expresa en la sentencia, de los certificados de empresa que acreditan la cotización de todas las jornadas reales de la trabajadora, de donde se concluye el abono del salario correspondiente a las mismas, en la cuantía, no discutida de contrario, que señala el hecho probado primero de la sentencia.

Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso, sin condena en costas al gozar la trabajadora del beneficio de justicia gratuita.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO: La sentencia dictada en la instancia ha declarado la licitud de la extinción del contrato de trabajo de la actora en mayo de 2019, considerando que se trata de un contrato eventual, para la realización de faenas agrícolas consistentes en la campaña de melocotón que comprende los meses de abril a junio, cuya duración no superior a cuatro semanas exime de ser concertado por escrito (habiendo sido comunicado a la oficina pública de empleo), pudiendo procederse a la extinción paulatina de los trabajadores contratados a medida que va finalizando la campaña, como ha sucedido con la actora y otros 45 peones eventuales el 8 de mayo de 2019. Entiende adecuadamente retribuida la misma por las jornadas reales trabajadas, desestimando igualmente la nulidad del despido por vulneración de los derechos fundamentales de la actora por su situación de embarazo, al no ser conocido por la empleadora y no constar que la extinción de su contrato estuviese motivada únicamente por dicho embarazo.

Contra dicha sentencia se alza en suplicación la actora al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto de que se declare la nulidad del despido, se abonen a la actora salarios por importe de 107,05 € más el interés del 10% y se la indemnice por la vulneración de sus derechos fundamentales con 6.251 €.

SEGUNDO: En los motivos de revisión fáctica incurre la recurrente en una defectuosa técnica, pues la jurisprudencia (por todas sentencia del Tribunal Supremo de 25 marzo 2014, rec. 161/2013) requiere que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia y que se invoque en el recurso su influencia en la variación del signo del pronunciamiento, defecto este del que adolecen los motivos de recurso dedicados a la revisión de los hechos probados, lo que habría de determinar su desestimación, si no fuera porque conforme al criterio flexibilizador que respecto a la desestimación amparada en defectos formales mantiene el Tribunal Constitucional, se aconseja esperar al examen de los motivos de censura jurídica de la sentencia, amparados en el apartado c) el citado artículo 193, para determinar si, aunque en lugar inadecuado, la expresión de la relevancia de la revisión fáctica se contiene en dichos motivos de censura jurídica, lo que en caso negativo determinará la irrelevancia del motivo de revisión fáctica, aunque pudiera referirse a hecho amparado en prueba hábil obrante en autos. Con esta cautela, que entendemos necesaria al no ser este el último grado de la jurisdicción y posibilitar en su caso el recurso de casación que pudiera interponer la parte, pasamos a examinar los motivos de revisión fáctica.

I.-Pretende la modificación del hecho probado primero para que se añada al mismo que la actora fue contratada para realizar las funciones de "manipulación y clasificación en almacén" y que estaba adscrita a la "campaña de fruta de hueso 2021-variedades nectarinas 00-207 y 04-11".

Así consta en los documentos que cita, contratos de trabajo de 27 de abril y 3 de mayo de 2019, si bien en el segundo de ellos se recoge "variedades nectarinas 00-207, 04-11 y 08-05", por lo que se acepta la revisión con dicho contenido.

II.-Solicita la modificación del hecho probado sexto, para que en su lugar exprese lo siguiente: "Que en fecha de 6.5.2019 la trabajadora comunicó a través de la plataforma de mensajería instantánea "Whatsapp" a su encargada de cuadrilla que el día 7.5.2019 tenia cita médica, por lo que no iba a ir a trabajar. El día 7.5.2019 cursó baja por Incapacidad Temporal. La comunicación de la baja de la trabajadora en la Seguridad Social tuvo lugar el 13.5.2019, desplegando sus efectos en la fecha de 8/5/2019".

Lo ampara en la fotocopia de mensajes "Whatsapp" que obra al folio 132, en la que no consta la identidad del emisor ni la del receptor, siendo hecho admitido en la fundamentación jurídica de la sentencia, con indudable valor de hecho probado, que la extinción del contrato se produjo el 8 de mayo, si bien no se comunicó a la actora hasta que la misma recibió el 13 de mayo un SMS de la Seguridad Social, hecho por tanto cuya incorporación a su lugar adecuado admitimos. Y su baja médica el 7 de mayo ya consta en el hecho probado séptimo.

En cuanto a la notificación a la empresa de su cita médica el 7 de mayo, es un hecho que no consta alegado en la demanda, lo que explica el silencio respecto al mismo de la sentencia, tratándose por tanto de una cuestión novedosa que pretende introducirse, por primera vez en el litigio, en este recurso, resultando de aplicación la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en la STS de 26 de septiembre de 2001, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4847/2000, en la que se razona que es doctrina del Tribunal Supremo que las cuestiones nuevas, al igual que ocurre en casación, no tienen cabida en suplicación, consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, que no permiten dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la sentencia de instancia, pues en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia, construyendo «ex officio» el recurso, y vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. Amén de que si se permitiera la variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se produciría a las partes recurridas una evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo. Y ello con fundamento, tanto en la naturaleza extraordinaria y revisora de dicho recurso que requiere, para evitar convertirlo en una segunda instancia, que las infracciones alegadas en él hayan de guardar armónica y debida conexión con las formuladas en demanda y contestación, como en las exigencias derivadas de los principios de preclusión, lealtad y buena fe procesal, igualdad de las partes y derecho de defensa que obligan a proscribir, como ya indicaba la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1.991, toda «falta de identidad entre las alegaciones de la demanda y del recurso impugnatorio subsiguiente que pueda producir indefensión a la otra parte procesal», lo que igualmente es predicable respecto a la falta de identidad entre las alegaciones de la contestación a la demanda y las del recurso que plantee la demandada. En definitiva, no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, ínsitas en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por éstas en la instancia.

III.-Propone la modificación del hecho probado séptimo, en el que insiste en la comunicación a la empresa de que no iba a trabajar el 7 de mayo, lo que ya hemos rechazado y que la última regla de la trabajadora fue el 2 de enero de 2019, por lo que a la fecha del despido se encontraba en su cuarto mes de embarazo, lo que ampara en el documento obrante al folio 180 de los autos, en el que consta la fecha de la última regla, no la referencia al cuarto mes de embarazo, que no deja de ser una conjetura, carente de apoyo documental.

Al respecto de la modificación de hechos probados resulta oportuno señalar que la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018 indica que para que el motivo prospere resulta necesario que la errónea apreciación de la sentencia recurrida derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. Por tanto la revisión de hechos fundada en prueba documental no puede basarse en documento que haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia y sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1998). La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1992).

IV.-Solicita la modificación del hecho probado noveno, para que se añada al mismo que a 31 de mayo de 2019 la empresa contaba con 339 trabajadores y a 30 de junio de 2019 con 24.

Se trata de hechos manifiestamente intrascendentes para modificar el sentido del fallo, dado que la extinción de la relación laboral de la actora se realizó con efectos de 8 de mayo de 2019, fecha suficientemente alejada de las de 31 de mayo y 30 de junio que determina la irrelevancia de los trabajadores que en tales fechas tuviese la empresa, lo que además depende de las múltiples y variadas actividades agrícolas que tuviese la misma pendientes en dichas fechas, distintas de aquella para la que fue contratada la actora.

V.-Propone la modificación del hecho probado 10º, para hacer constar que el mismo día de la extinción de la relación laboral de la actora se da de alta en la empresa a tres trabajadores, más otros tres el día 13 de mayo, otros tres los días 14 y 15 de mayo y que de las 46 extinciones el 8 de mayo solo la actora estaba adscrita a la campaña de nectarina y que entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 se han dado de alta en la empresa 102 trabajadores para campaña diferente a la naranja.

Sin perjuicio de la trascendencia que tales hechos pudieran tener para modificar el sentido del fallo, en cualquier caso no explica la recurrente cómo de la vida laboral de la empresa pueden extraerse tales conclusiones fácticas, lo que excede del ámbito del motivo de revisión fáctica, pues de los documentos invocados no se deriva de modo directo, patente e inequívoco, el error apreciatorio de la prueba que se denuncia, lo que exigiría una nueva valoración de la prueba, que es lo que realmente se pretende en este caso: que la Sala sustituya la soberana valoración del conjunto de la prueba efectuada por la magistrada de instancia -ex art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- por la propia valoración que propone la parte recurrente, lo que no es admisible en este tipo de recurso extraordinario.

Al respecto de la modificación de hechos probados resulta oportuno señalar que consolidada doctrina en la materia, que recuerda la sentencia de 2 de marzo de 2016 (rec. 153/2015 ), y las muchas que allí se citan, establece que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente a la juzgadora de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

TERCERO: En un primer motivo de censura jurídica se alega por la recurrente la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Después de un repaso a las manifestaciones de la empresa a lo largo del juicio, que reputamos intrascendente en un motivo de recurso como el presente, amparado en el apartado c) del citado artículo 193, que únicamente tiene como premisas los hechos incorporados al relato de hechos probados de la sentencia, sostiene que el contrato se ha suscrito en fraude de ley y abuso de derecho, por falta de concreción de causa ( artículo 6.2 del Real Decreto 2720/1998) y por inexistencia de la misma y de finalidad temporal expresada en el contrato, con superación de los límites establecidos en el artículo 15.3, en relación con el artículo 2.2 a) y b) del Real Decreto 2720/1998, siendo nula la cláusula de temporalidad y convirtiéndose el contrato en indefinido, según el referido artículo 15.3 y el artículo 6.4 del Código Civil, con antigüedad de 27 de abril de 2019 conforme a la doctrina del vínculo contractual, reseñando una sentencia de Tribunal Superior de Justicia que sin embargo no podemos tener en cuenta al no constituir jurisprudencia. Manifiesta que la campaña de nectarina finaliza en junio de 2019, que cuando contratan a la trabajadora el 3 de mayo, dan de baja en la empresa a otros trabajadores y que el mismo día 8 de mayo en el que extingue su contrato, vuelve a contratar a nuevos trabajadores, así como en días posteriores próximos. Afirma un trato discriminatorio de la actora por tener una limitación física, mientras que otra trabajadora de su cuadrilla que identifica, continuó trabajando hasta el final de la campaña.

I.-El derecho a la efectividad de la tutela judicial a que se refiere el artículo 24.1 de nuestro texto constitucional (y artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), incluye el derecho al acceso a los recursos contemplados en la Ley, en los términos concretos en que los mismos vengan establecidos en la normativa procesal ordinaria, y por lo tanto siempre que así esté contemplado en la misma ( STC nº 255 de 20-6-93). Pues debe de tenerse en cuenta que se otorga también tutela judicial efectiva, conforme a doctrina constitucional constante, cuando el legislador ha diseñado una regulación procesal en la que solamente existe una única respuesta judicial razonada ( STC nº 111/2000, de 5-5-2000). E igualmente debe de señalarse que las partes deben someterse a todas las exigencias formales previstas para el acceso a los recursos ( STC nº 170/1999, de 27-9-99), que están establecidas como una garantía para todas ellas, cuyo cumplimiento no es por tanto un capricho del legislador ni de los órganos judiciales, ni afecta al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ( STC nº 89/1989, de 21-4-89). Siendo precisamente por eso por lo que está reglada la necesaria intervención en este recurso de profesional perito en derecho (actualmente Letrado o Graduado Social), conforme al artículo 195.1 LRJS. Aunque con la cautela de que se deban interpretar las mismas en un sentido no rigorista, favorecedor del acceso al recurso ( STC nº 4/1995, de 10-1- 95), siempre que con ello no se genere indefensión a las demás partes contraria al artículo 24.1 CE, ni tampoco suponga una alteración de la seguridad jurídica ( artículo 9.3 CE) .

En el caso del Recurso de Suplicación, actualmente regulado en los artículos 190 a 204, y de modo común con la Casación, en los 229 a 235, todos ellos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 10-10-11 (LRJS), se señala de modo expreso y claro cuáles son las exigencias formales esenciales que se deben cumplimentar por parte de los recurrentes, en atención a los motivos tasados de este tipo de recurso, cuasi casacional, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes su cumplimiento ( STC nº 75/1994, de 14-3-94), y debiendo controlarse ello por los órganos judiciales ( STC nº 165/1989, de 16-10-89). Y así, únicamente se prevé la posibilidad de que el recurso se pueda formalizar con base en alguno de los tres motivos que se señalan en el artículo 193 de dicho texto adjetivo, cumpliendo de modo ineludible las exigencias esenciales que se derivan de dicho precepto y del artículo 196 LRJS que lo completa, conforme ha sido interpretado por parte de la jurisprudencia. Pudiendo dictarse una resolución judicial que sea desestimatoria del recurso formalizado como consecuencia del incumplimiento de las exigencias formales esenciales insubsanables, sin que ello comporte una denegación de tutela judicial ( STC nº 109/1991, de 20-5-91).

En el presente caso el recurso interpuesto no contiene el menor razonamiento o argumentación respecto a la infracción de las normas que cita en su aplicación al caso concreto que nos ocupa, limitándose a enunciarla (aun profusamente) y a afirmar que por ello debe estimarse su recurso, pero sin explicar cómo dicha doctrina pretendidamente infringida se aplica al caso de autos, limitándose a la cita de ciertos hechos (los expresados en el párrafo primero de este fundamento de derecho) que sin embargo no relaciona con las infracciones normativas denunciadas, lo que va contra la naturaleza del presente recurso de suplicación e impide la estimación del mismo. En efecto, el artículo 196.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece como requisito necesario para la validez del escrito de interposición del recurso de suplicación que en el mismo se expresen «con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos», requisito que tiene como finalidad que la pretensión formulada en el recurso y su fundamentación sea conocida por la parte recurrida para que pueda defenderse debidamente y por el órgano judicial para que pueda resolver congruentemente. Y aunque el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en aplicación del principio «pro actione» que «el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso no debe rechazar «a limine» el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencia técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales» ( sentencia del Tribunal Constitucional núm. 118/1993), pues desde la perspectiva constitucional lo relevante «no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido», y que «cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión y de la argumentación que la sustenta el recurso no puede ser desestimado, pues se vulneraría el mandato del art. 24.1 de la Constitución Española ( sentencias del Tribunal Constitucional núm. 55/1993 y 37/1995), no ocurre así en el presente caso, en el que en el recurso no se contiene una mínima argumentación de la aplicación al caso objeto del presente litigio de las infracciones normativas que denuncia, que conforme al expresado criterio flexibilizador permitiese la apreciación del efecto jurídico pretendido.

El recurso de suplicación no puede llevar a una impugnación abierta y libre ya que ello atentaría contra la seguridad jurídica y situaría a la parte recurrida en manifiesta indefensión, pues no cabe olvidar que es obligación del recurrente efectuar denuncia razonada de cuál o cuáles sean, a su juicio, la infracción o las infracciones de específica y concreta disposición legal o doctrina jurisprudencial, argumentando la procedencia de las mismas, habiendo establecido inveterada doctrina jurisprudencial que la no constatación de la denuncia de vulneración de normativa legal o de la jurisprudencia, no genéricamente citada sino en su aplicación al caso objeto del recurso, acarrea la desestimación del recurso por su defectuosa construcción, pues la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación lleva aparejada la consecuencia de que el órgano de suplicación solo debe entrar a valorar las infracciones legales que la parte haya puesto de relieve sin que sea dado al Tribunal suplir la inactividad de la parte so pena de vulnerar la situación de neutralidad y equilibrio procesal que le es exigible, pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal "ad quem" la redacción "ex oficio" del recurso o su impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Como ya expresó el Tribunal Constitucional, por todas las sentencias 294/93 y 93/97, "el recurso de suplicación es un recurso de naturaleza extraordinaria en el que el Tribunal no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes".

II.-Además, lo que la sentencia aprecia al respecto es que el contrato suscrito por el trabajador es el de carácter eventual regulado en el artículo 13 C) del Convenio Colectivo de Faenas Agrícolas, Forestales y Ganaderas de la Provincia de Sevilla vigente a la fecha de los hechos, conforme al cual se trata de un contrato temporal, circunstancial, que puede suscribirse para cualesquiera tareas, que por tanto no habrán de ser objeto de concreta especificación en el contrato, a lo que faculta la expresión en el último párrafo del artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores relativa a que "Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales", habiendo sido cesada la actora en dicho contrato como consecuencia de la paulatina disminución de las tareas agrícolas para las que fue contratada, siendo al respecto indiferente que se tratase de las relativas a la nectarina en lugar de las del melocotón.

Vemos por tanto que siendo este el fundamento decisorio del fallo de la sentencia recurrida no es sin embargo atacado por la recurrente, lo que aboca al fracaso del recurso examinado. En efecto, la naturaleza extraordinaria y casacional del recurso de suplicación determina que, a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho recurso no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso relacionados con infracciones que contenga la sentencia. Así, conforme a constante jurisprudencia, aunque pudieran existir otras infracciones en la sentencia además de las denunciadas en el recurso, no podrían ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos en que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio. Conforme a ello, el motivo de recurso amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha de referirse a la infracción de las normas sustantivas aplicadas por la sentencia. Por consiguiente, si la "ratio decidendi" de la sentencia no es combatida en el recurso, debe ser este desestimado, como acontece en el presente caso, pues aun de ser estimada la infracción alegada en el recurso, al no combatirse la razón jurídica de la sentencia asentada sin embargo en fundamento distinto al mencionado en el recurso, no podría variarse el sentido del fallo, en base al citado carácter extraordinario del recurso de suplicación.

Por tanto debe ser desestimado el motivo de recurso.

CUARTO: En nuevo motivo al amparo del apartado c) del citado artículo 193, se alega la vulneración del artículo 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto causó baja médica el 7 de mayo, teniendo prevista la siguiente revisión médica el 14 de mayo, habiendo sido dada de baja por la empresa el día anterior a dicha revisión y con efectos del día 8 de mayo, para evitar las cotizaciones, de lo que tenía conocimiento la demandada porque el 7 de mayo no comunica ningunas jornadas reales, realizando la empresa nuevas contrataciones el día 8 de mayo.

Se alegan hechos que no constan en los hechos probados y que en cualquier caso inciden en una cuestión, como es que la actora fue despedida por causa de su situación de incapacidad temporal, para ahorrarse la empresa las cotizaciones, que ya hemos expresado no se contiene en la demanda, en la que, sin mayor explicación únicamente se refiere que la actora fue despedida cuando se encontraba de baja por enfermedad, lo que determina la nulidad del despido, afirmación y razonamiento distintos de los que aquí se pretenden, debiendo ser estos rechazados por tratarse de una cuestión nueva, que por primera vez se suscita en el recurso, como antes hemos expresado.

Sin perjuicio de ello ha de tenerse en cuenta que la nulidad del despido de trabajador en incapacidad temporal sólo puede considerarse nulo (a salvo de las anteriores motivaciones, constitutivas de una cuestión nueva que rechazamos) cuando puede apreciarse como un atentado a su situación de discapacidad, la cual sólo puede predicarse respecto de una incapacidad temporal de larga duración, lo que en el presente caso no concurre, cuando a la fecha del despido estaba conceptuada como un proceso corto, con duración estimada de 20 días, circunstancias a las que desde luego no se refiere el recurso.

Asimismo sostiene la recurrente que la actora se encontraba embarazada, lo que determina la nulidad objetiva de su despido, afirmación que igualmente rechazamos pues, es presupuesto de ello, como se indica en el último párrafo del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, que no se trate de supuestos en los que se declare la procedencia del despido, esto es la licitud de la extinción del contrato de trabajo, por motivos no relacionados con el embarazo, como en el presente caso en el que tal extinción contractual se debió al término del contrato temporal suscrito.

QUINTO: En el último motivo de recurso se alega la infracción de los artículos 4 y c), 26, 29 y 32 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene que la carga de la prueba del abono de los salarios corresponde a la demandada, sin que se haya obtenido la misma, pues al documento 4 de la parte demandada constan las nóminas sin firmar, por lo que procede el abono de 107,05 €.

Tal argumentación para el motivo de recurso excede el ámbito del apartado c) del artículo 193 en el que se ampara, que es exclusivamente el de examinar el derecho sustantivo aplicado, partiendo para ello del relato de hechos probados, ya sean los declarados como tales en la sentencia recurrida o los de la misma que hayan sido corregidos en virtud del propio recurso al amparo del apartado b) del citado artículo 193. El carácter extraordinario del recurso de suplicación significa que si el recurrente no está conforme con los hechos que se han declarado probados y que sirven de sustento fáctico al pronunciamiento de la sentencia que recurre, debe atacar dichos hechos probados por el cauce del apartado b) del artículo 193 citado y si no tiene éxito en dicha impugnación, habrá de estarse ineludiblemente a los hechos declarados como probados en la sentencia. Lo que realmente se pretende en este caso es que la Sala sustituya la soberana valoración del conjunto de la prueba efectuada por la magistrada de instancia, a quien corresponde según el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por la propia valoración que propone la parte recurrente, lo que no es admisible en este tipo de recurso extraordinario.

Por tanto, para la resolución del recurso debemos partir de los inalterados hechos probados de la sentencia recurrida, fruto de la valoración probatoria que a la magistrada de instancia corresponde, obtenida, según se expresa en la sentencia, de los certificados de empresa que acreditan la cotización de todas las jornadas reales de la trabajadora, de donde se concluye el abono del salario correspondiente a las mismas, en la cuantía, no discutida de contrario, que señala el hecho probado primero de la sentencia.

Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso, sin condena en costas al gozar la trabajadora del beneficio de justicia gratuita.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO: La sentencia dictada en la instancia ha declarado la licitud de la extinción del contrato de trabajo de la actora en mayo de 2019, considerando que se trata de un contrato eventual, para la realización de faenas agrícolas consistentes en la campaña de melocotón que comprende los meses de abril a junio, cuya duración no superior a cuatro semanas exime de ser concertado por escrito (habiendo sido comunicado a la oficina pública de empleo), pudiendo procederse a la extinción paulatina de los trabajadores contratados a medida que va finalizando la campaña, como ha sucedido con la actora y otros 45 peones eventuales el 8 de mayo de 2019. Entiende adecuadamente retribuida la misma por las jornadas reales trabajadas, desestimando igualmente la nulidad del despido por vulneración de los derechos fundamentales de la actora por su situación de embarazo, al no ser conocido por la empleadora y no constar que la extinción de su contrato estuviese motivada únicamente por dicho embarazo.

Contra dicha sentencia se alza en suplicación la actora al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto de que se declare la nulidad del despido, se abonen a la actora salarios por importe de 107,05 € más el interés del 10% y se la indemnice por la vulneración de sus derechos fundamentales con 6.251 €.

SEGUNDO: En los motivos de revisión fáctica incurre la recurrente en una defectuosa técnica, pues la jurisprudencia (por todas sentencia del Tribunal Supremo de 25 marzo 2014, rec. 161/2013) requiere que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia y que se invoque en el recurso su influencia en la variación del signo del pronunciamiento, defecto este del que adolecen los motivos de recurso dedicados a la revisión de los hechos probados, lo que habría de determinar su desestimación, si no fuera porque conforme al criterio flexibilizador que respecto a la desestimación amparada en defectos formales mantiene el Tribunal Constitucional, se aconseja esperar al examen de los motivos de censura jurídica de la sentencia, amparados en el apartado c) el citado artículo 193, para determinar si, aunque en lugar inadecuado, la expresión de la relevancia de la revisión fáctica se contiene en dichos motivos de censura jurídica, lo que en caso negativo determinará la irrelevancia del motivo de revisión fáctica, aunque pudiera referirse a hecho amparado en prueba hábil obrante en autos. Con esta cautela, que entendemos necesaria al no ser este el último grado de la jurisdicción y posibilitar en su caso el recurso de casación que pudiera interponer la parte, pasamos a examinar los motivos de revisión fáctica.

I.-Pretende la modificación del hecho probado primero para que se añada al mismo que la actora fue contratada para realizar las funciones de "manipulación y clasificación en almacén" y que estaba adscrita a la "campaña de fruta de hueso 2021-variedades nectarinas 00-207 y 04-11".

Así consta en los documentos que cita, contratos de trabajo de 27 de abril y 3 de mayo de 2019, si bien en el segundo de ellos se recoge "variedades nectarinas 00-207, 04-11 y 08-05", por lo que se acepta la revisión con dicho contenido.

II.-Solicita la modificación del hecho probado sexto, para que en su lugar exprese lo siguiente: "Que en fecha de 6.5.2019 la trabajadora comunicó a través de la plataforma de mensajería instantánea "Whatsapp" a su encargada de cuadrilla que el día 7.5.2019 tenia cita médica, por lo que no iba a ir a trabajar. El día 7.5.2019 cursó baja por Incapacidad Temporal. La comunicación de la baja de la trabajadora en la Seguridad Social tuvo lugar el 13.5.2019, desplegando sus efectos en la fecha de 8/5/2019".

Lo ampara en la fotocopia de mensajes "Whatsapp" que obra al folio 132, en la que no consta la identidad del emisor ni la del receptor, siendo hecho admitido en la fundamentación jurídica de la sentencia, con indudable valor de hecho probado, que la extinción del contrato se produjo el 8 de mayo, si bien no se comunicó a la actora hasta que la misma recibió el 13 de mayo un SMS de la Seguridad Social, hecho por tanto cuya incorporación a su lugar adecuado admitimos. Y su baja médica el 7 de mayo ya consta en el hecho probado séptimo.

En cuanto a la notificación a la empresa de su cita médica el 7 de mayo, es un hecho que no consta alegado en la demanda, lo que explica el silencio respecto al mismo de la sentencia, tratándose por tanto de una cuestión novedosa que pretende introducirse, por primera vez en el litigio, en este recurso, resultando de aplicación la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en la STS de 26 de septiembre de 2001, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 4847/2000, en la que se razona que es doctrina del Tribunal Supremo que las cuestiones nuevas, al igual que ocurre en casación, no tienen cabida en suplicación, consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, que no permiten dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la sentencia de instancia, pues en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia, construyendo «ex officio» el recurso, y vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro sistema procesal. Amén de que si se permitiera la variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se produciría a las partes recurridas una evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición quedarían limitados ante un planteamiento nuevo. Y ello con fundamento, tanto en la naturaleza extraordinaria y revisora de dicho recurso que requiere, para evitar convertirlo en una segunda instancia, que las infracciones alegadas en él hayan de guardar armónica y debida conexión con las formuladas en demanda y contestación, como en las exigencias derivadas de los principios de preclusión, lealtad y buena fe procesal, igualdad de las partes y derecho de defensa que obligan a proscribir, como ya indicaba la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1.991, toda «falta de identidad entre las alegaciones de la demanda y del recurso impugnatorio subsiguiente que pueda producir indefensión a la otra parte procesal», lo que igualmente es predicable respecto a la falta de identidad entre las alegaciones de la contestación a la demanda y las del recurso que plantee la demandada. En definitiva, no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, ínsitas en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por éstas en la instancia.

III.-Propone la modificación del hecho probado séptimo, en el que insiste en la comunicación a la empresa de que no iba a trabajar el 7 de mayo, lo que ya hemos rechazado y que la última regla de la trabajadora fue el 2 de enero de 2019, por lo que a la fecha del despido se encontraba en su cuarto mes de embarazo, lo que ampara en el documento obrante al folio 180 de los autos, en el que consta la fecha de la última regla, no la referencia al cuarto mes de embarazo, que no deja de ser una conjetura, carente de apoyo documental.

Al respecto de la modificación de hechos probados resulta oportuno señalar que la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018 indica que para que el motivo prospere resulta necesario que la errónea apreciación de la sentencia recurrida derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. Por tanto la revisión de hechos fundada en prueba documental no puede basarse en documento que haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia y sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1998). La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1992).

IV.-Solicita la modificación del hecho probado noveno, para que se añada al mismo que a 31 de mayo de 2019 la empresa contaba con 339 trabajadores y a 30 de junio de 2019 con 24.

Se trata de hechos manifiestamente intrascendentes para modificar el sentido del fallo, dado que la extinción de la relación laboral de la actora se realizó con efectos de 8 de mayo de 2019, fecha suficientemente alejada de las de 31 de mayo y 30 de junio que determina la irrelevancia de los trabajadores que en tales fechas tuviese la empresa, lo que además depende de las múltiples y variadas actividades agrícolas que tuviese la misma pendientes en dichas fechas, distintas de aquella para la que fue contratada la actora.

V.-Propone la modificación del hecho probado 10º, para hacer constar que el mismo día de la extinción de la relación laboral de la actora se da de alta en la empresa a tres trabajadores, más otros tres el día 13 de mayo, otros tres los días 14 y 15 de mayo y que de las 46 extinciones el 8 de mayo solo la actora estaba adscrita a la campaña de nectarina y que entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 se han dado de alta en la empresa 102 trabajadores para campaña diferente a la naranja.

Sin perjuicio de la trascendencia que tales hechos pudieran tener para modificar el sentido del fallo, en cualquier caso no explica la recurrente cómo de la vida laboral de la empresa pueden extraerse tales conclusiones fácticas, lo que excede del ámbito del motivo de revisión fáctica, pues de los documentos invocados no se deriva de modo directo, patente e inequívoco, el error apreciatorio de la prueba que se denuncia, lo que exigiría una nueva valoración de la prueba, que es lo que realmente se pretende en este caso: que la Sala sustituya la soberana valoración del conjunto de la prueba efectuada por la magistrada de instancia -ex art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- por la propia valoración que propone la parte recurrente, lo que no es admisible en este tipo de recurso extraordinario.

Al respecto de la modificación de hechos probados resulta oportuno señalar que consolidada doctrina en la materia, que recuerda la sentencia de 2 de marzo de 2016 (rec. 153/2015 ), y las muchas que allí se citan, establece que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente a la juzgadora de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

TERCERO: En un primer motivo de censura jurídica se alega por la recurrente la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Después de un repaso a las manifestaciones de la empresa a lo largo del juicio, que reputamos intrascendente en un motivo de recurso como el presente, amparado en el apartado c) del citado artículo 193, que únicamente tiene como premisas los hechos incorporados al relato de hechos probados de la sentencia, sostiene que el contrato se ha suscrito en fraude de ley y abuso de derecho, por falta de concreción de causa ( artículo 6.2 del Real Decreto 2720/1998) y por inexistencia de la misma y de finalidad temporal expresada en el contrato, con superación de los límites establecidos en el artículo 15.3, en relación con el artículo 2.2 a) y b) del Real Decreto 2720/1998, siendo nula la cláusula de temporalidad y convirtiéndose el contrato en indefinido, según el referido artículo 15.3 y el artículo 6.4 del Código Civil, con antigüedad de 27 de abril de 2019 conforme a la doctrina del vínculo contractual, reseñando una sentencia de Tribunal Superior de Justicia que sin embargo no podemos tener en cuenta al no constituir jurisprudencia. Manifiesta que la campaña de nectarina finaliza en junio de 2019, que cuando contratan a la trabajadora el 3 de mayo, dan de baja en la empresa a otros trabajadores y que el mismo día 8 de mayo en el que extingue su contrato, vuelve a contratar a nuevos trabajadores, así como en días posteriores próximos. Afirma un trato discriminatorio de la actora por tener una limitación física, mientras que otra trabajadora de su cuadrilla que identifica, continuó trabajando hasta el final de la campaña.

I.-El derecho a la efectividad de la tutela judicial a que se refiere el artículo 24.1 de nuestro texto constitucional (y artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), incluye el derecho al acceso a los recursos contemplados en la Ley, en los términos concretos en que los mismos vengan establecidos en la normativa procesal ordinaria, y por lo tanto siempre que así esté contemplado en la misma ( STC nº 255 de 20-6-93). Pues debe de tenerse en cuenta que se otorga también tutela judicial efectiva, conforme a doctrina constitucional constante, cuando el legislador ha diseñado una regulación procesal en la que solamente existe una única respuesta judicial razonada ( STC nº 111/2000, de 5-5-2000). E igualmente debe de señalarse que las partes deben someterse a todas las exigencias formales previstas para el acceso a los recursos ( STC nº 170/1999, de 27-9-99), que están establecidas como una garantía para todas ellas, cuyo cumplimiento no es por tanto un capricho del legislador ni de los órganos judiciales, ni afecta al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ( STC nº 89/1989, de 21-4-89). Siendo precisamente por eso por lo que está reglada la necesaria intervención en este recurso de profesional perito en derecho (actualmente Letrado o Graduado Social), conforme al artículo 195.1 LRJS. Aunque con la cautela de que se deban interpretar las mismas en un sentido no rigorista, favorecedor del acceso al recurso ( STC nº 4/1995, de 10-1- 95), siempre que con ello no se genere indefensión a las demás partes contraria al artículo 24.1 CE, ni tampoco suponga una alteración de la seguridad jurídica ( artículo 9.3 CE) .

En el caso del Recurso de Suplicación, actualmente regulado en los artículos 190 a 204, y de modo común con la Casación, en los 229 a 235, todos ellos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 10-10-11 (LRJS), se señala de modo expreso y claro cuáles son las exigencias formales esenciales que se deben cumplimentar por parte de los recurrentes, en atención a los motivos tasados de este tipo de recurso, cuasi casacional, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes su cumplimiento ( STC nº 75/1994, de 14-3-94), y debiendo controlarse ello por los órganos judiciales ( STC nº 165/1989, de 16-10-89). Y así, únicamente se prevé la posibilidad de que el recurso se pueda formalizar con base en alguno de los tres motivos que se señalan en el artículo 193 de dicho texto adjetivo, cumpliendo de modo ineludible las exigencias esenciales que se derivan de dicho precepto y del artículo 196 LRJS que lo completa, conforme ha sido interpretado por parte de la jurisprudencia. Pudiendo dictarse una resolución judicial que sea desestimatoria del recurso formalizado como consecuencia del incumplimiento de las exigencias formales esenciales insubsanables, sin que ello comporte una denegación de tutela judicial ( STC nº 109/1991, de 20-5-91).

En el presente caso el recurso interpuesto no contiene el menor razonamiento o argumentación respecto a la infracción de las normas que cita en su aplicación al caso concreto que nos ocupa, limitándose a enunciarla (aun profusamente) y a afirmar que por ello debe estimarse su recurso, pero sin explicar cómo dicha doctrina pretendidamente infringida se aplica al caso de autos, limitándose a la cita de ciertos hechos (los expresados en el párrafo primero de este fundamento de derecho) que sin embargo no relaciona con las infracciones normativas denunciadas, lo que va contra la naturaleza del presente recurso de suplicación e impide la estimación del mismo. En efecto, el artículo 196.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece como requisito necesario para la validez del escrito de interposición del recurso de suplicación que en el mismo se expresen «con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos», requisito que tiene como finalidad que la pretensión formulada en el recurso y su fundamentación sea conocida por la parte recurrida para que pueda defenderse debidamente y por el órgano judicial para que pueda resolver congruentemente. Y aunque el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en aplicación del principio «pro actione» que «el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso no debe rechazar «a limine» el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencia técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales» ( sentencia del Tribunal Constitucional núm. 118/1993), pues desde la perspectiva constitucional lo relevante «no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido», y que «cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión y de la argumentación que la sustenta el recurso no puede ser desestimado, pues se vulneraría el mandato del art. 24.1 de la Constitución Española ( sentencias del Tribunal Constitucional núm. 55/1993 y 37/1995), no ocurre así en el presente caso, en el que en el recurso no se contiene una mínima argumentación de la aplicación al caso objeto del presente litigio de las infracciones normativas que denuncia, que conforme al expresado criterio flexibilizador permitiese la apreciación del efecto jurídico pretendido.

El recurso de suplicación no puede llevar a una impugnación abierta y libre ya que ello atentaría contra la seguridad jurídica y situaría a la parte recurrida en manifiesta indefensión, pues no cabe olvidar que es obligación del recurrente efectuar denuncia razonada de cuál o cuáles sean, a su juicio, la infracción o las infracciones de específica y concreta disposición legal o doctrina jurisprudencial, argumentando la procedencia de las mismas, habiendo establecido inveterada doctrina jurisprudencial que la no constatación de la denuncia de vulneración de normativa legal o de la jurisprudencia, no genéricamente citada sino en su aplicación al caso objeto del recurso, acarrea la desestimación del recurso por su defectuosa construcción, pues la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación lleva aparejada la consecuencia de que el órgano de suplicación solo debe entrar a valorar las infracciones legales que la parte haya puesto de relieve sin que sea dado al Tribunal suplir la inactividad de la parte so pena de vulnerar la situación de neutralidad y equilibrio procesal que le es exigible, pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal "ad quem" la redacción "ex oficio" del recurso o su impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Como ya expresó el Tribunal Constitucional, por todas las sentencias 294/93 y 93/97, "el recurso de suplicación es un recurso de naturaleza extraordinaria en el que el Tribunal no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes".

II.-Además, lo que la sentencia aprecia al respecto es que el contrato suscrito por el trabajador es el de carácter eventual regulado en el artículo 13 C) del Convenio Colectivo de Faenas Agrícolas, Forestales y Ganaderas de la Provincia de Sevilla vigente a la fecha de los hechos, conforme al cual se trata de un contrato temporal, circunstancial, que puede suscribirse para cualesquiera tareas, que por tanto no habrán de ser objeto de concreta especificación en el contrato, a lo que faculta la expresión en el último párrafo del artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores relativa a que "Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales", habiendo sido cesada la actora en dicho contrato como consecuencia de la paulatina disminución de las tareas agrícolas para las que fue contratada, siendo al respecto indiferente que se tratase de las relativas a la nectarina en lugar de las del melocotón.

Vemos por tanto que siendo este el fundamento decisorio del fallo de la sentencia recurrida no es sin embargo atacado por la recurrente, lo que aboca al fracaso del recurso examinado. En efecto, la naturaleza extraordinaria y casacional del recurso de suplicación determina que, a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho recurso no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso relacionados con infracciones que contenga la sentencia. Así, conforme a constante jurisprudencia, aunque pudieran existir otras infracciones en la sentencia además de las denunciadas en el recurso, no podrían ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos en que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio. Conforme a ello, el motivo de recurso amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha de referirse a la infracción de las normas sustantivas aplicadas por la sentencia. Por consiguiente, si la "ratio decidendi" de la sentencia no es combatida en el recurso, debe ser este desestimado, como acontece en el presente caso, pues aun de ser estimada la infracción alegada en el recurso, al no combatirse la razón jurídica de la sentencia asentada sin embargo en fundamento distinto al mencionado en el recurso, no podría variarse el sentido del fallo, en base al citado carácter extraordinario del recurso de suplicación.

Por tanto debe ser desestimado el motivo de recurso.

CUARTO: En nuevo motivo al amparo del apartado c) del citado artículo 193, se alega la vulneración del artículo 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto causó baja médica el 7 de mayo, teniendo prevista la siguiente revisión médica el 14 de mayo, habiendo sido dada de baja por la empresa el día anterior a dicha revisión y con efectos del día 8 de mayo, para evitar las cotizaciones, de lo que tenía conocimiento la demandada porque el 7 de mayo no comunica ningunas jornadas reales, realizando la empresa nuevas contrataciones el día 8 de mayo.

Se alegan hechos que no constan en los hechos probados y que en cualquier caso inciden en una cuestión, como es que la actora fue despedida por causa de su situación de incapacidad temporal, para ahorrarse la empresa las cotizaciones, que ya hemos expresado no se contiene en la demanda, en la que, sin mayor explicación únicamente se refiere que la actora fue despedida cuando se encontraba de baja por enfermedad, lo que determina la nulidad del despido, afirmación y razonamiento distintos de los que aquí se pretenden, debiendo ser estos rechazados por tratarse de una cuestión nueva, que por primera vez se suscita en el recurso, como antes hemos expresado.

Sin perjuicio de ello ha de tenerse en cuenta que la nulidad del despido de trabajador en incapacidad temporal sólo puede considerarse nulo (a salvo de las anteriores motivaciones, constitutivas de una cuestión nueva que rechazamos) cuando puede apreciarse como un atentado a su situación de discapacidad, la cual sólo puede predicarse respecto de una incapacidad temporal de larga duración, lo que en el presente caso no concurre, cuando a la fecha del despido estaba conceptuada como un proceso corto, con duración estimada de 20 días, circunstancias a las que desde luego no se refiere el recurso.

Asimismo sostiene la recurrente que la actora se encontraba embarazada, lo que determina la nulidad objetiva de su despido, afirmación que igualmente rechazamos pues, es presupuesto de ello, como se indica en el último párrafo del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, que no se trate de supuestos en los que se declare la procedencia del despido, esto es la licitud de la extinción del contrato de trabajo, por motivos no relacionados con el embarazo, como en el presente caso en el que tal extinción contractual se debió al término del contrato temporal suscrito.

QUINTO: En el último motivo de recurso se alega la infracción de los artículos 4 y c), 26, 29 y 32 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene que la carga de la prueba del abono de los salarios corresponde a la demandada, sin que se haya obtenido la misma, pues al documento 4 de la parte demandada constan las nóminas sin firmar, por lo que procede el abono de 107,05 €.

Tal argumentación para el motivo de recurso excede el ámbito del apartado c) del artículo 193 en el que se ampara, que es exclusivamente el de examinar el derecho sustantivo aplicado, partiendo para ello del relato de hechos probados, ya sean los declarados como tales en la sentencia recurrida o los de la misma que hayan sido corregidos en virtud del propio recurso al amparo del apartado b) del citado artículo 193. El carácter extraordinario del recurso de suplicación significa que si el recurrente no está conforme con los hechos que se han declarado probados y que sirven de sustento fáctico al pronunciamiento de la sentencia que recurre, debe atacar dichos hechos probados por el cauce del apartado b) del artículo 193 citado y si no tiene éxito en dicha impugnación, habrá de estarse ineludiblemente a los hechos declarados como probados en la sentencia. Lo que realmente se pretende en este caso es que la Sala sustituya la soberana valoración del conjunto de la prueba efectuada por la magistrada de instancia, a quien corresponde según el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por la propia valoración que propone la parte recurrente, lo que no es admisible en este tipo de recurso extraordinario.

Por tanto, para la resolución del recurso debemos partir de los inalterados hechos probados de la sentencia recurrida, fruto de la valoración probatoria que a la magistrada de instancia corresponde, obtenida, según se expresa en la sentencia, de los certificados de empresa que acreditan la cotización de todas las jornadas reales de la trabajadora, de donde se concluye el abono del salario correspondiente a las mismas, en la cuantía, no discutida de contrario, que señala el hecho probado primero de la sentencia.

Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso, sin condena en costas al gozar la trabajadora del beneficio de justicia gratuita.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación