Sentencia Social 2558/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2330/2023 de 11 de septiembre del 2025

PRIMERO.- I.-Se recurre por la representación técnica de D.ª Adoracion, la sentencia dictada por el Juzgado de lo social núm. 1 de los de Cádiz, en fecha 12 de mayo de 2023, por la que, en lo que aquí importa, se desestima la demanda sobre despido, declarándose procedente la extinción del contrato de trabajo de la actora producida el 25 de mayo de 2020.

II.-En la sentencia se argumenta que: "a la luz de la prueba practicada, no colige el Juzgador que desarrollase la trabajadora funciones diversas a la promoción de productos Yoigo durante la campaña/s como operadora que atendía y enviaba llamadas (a los teléfonos que habían quedado en espera) para captar a los clientes que pretendían informarse o adquirir los productos publicitados."(...) < Convenio Colectivo destinado a la definición del contrato de obra y servicio (recuérdese parte del art. 14.b ) del Convenio de aplicación) no atribuye la condición de fraudulento al contrato concertado, que ha de estimarse cumplido en las funciones y temporalidad propia de las campañas de promoción publicitaria de un determinados productos comerciales de YOIGO. Y a la misma conclusión ha de llegarse desde el alegato referido a que la mitad de los trabajadores de la empresa debían tener la condición de indefinidos conforme a la letra a) del mismo precepto; pues del irregular cumplimiento del Convenio no deriva el carácter indefinido del presente contrato individual, pues como se apuntan -y a falta de mayor prueba- es válido; al margen de existir 10 trabajadores con puestos de trabajo de carácter estructural con contratos indefinidos en la empresa.">>

III.-La suplicante articula el recurso en un motivo formulado al amparo de la letra c) del art. 193 de la LRJS, mostrando su disconformidad con la regularidad de la contratación e interesando se declare la nulidad del despido que mantiene se ha operado por la empleadora y, subsidiariamente, la improcedencia.

Impugna el recurso la empresa que se alinea al criterio seguido en la resolución de instancia.

SEGUNDO.-Se formula, al amparo del art. 193 c) de la LRJS, un único motivo de recurso con denuncia de infracción del artículo 14 del Convenio de Contact Center y 15 del Estatuto de los Trabajadores, citando, asimismo la STS de 16-12-2020 rec. 240/18, reseñándose también por el suplicante las sentencia del Tribunal Supremo de 02/02/2021, rec. 133/21; de 03/02/2021, rec. 4031/2018; de 30/06/2021, rec. 3381/2018 y de 20/07/2021, rec. 2703/2018.

I.- Se aduce que la interpretación que se realiza en sentencia respecto del contrato suscrito por las partes es contraria al art. 15 del TRLET, por consistir toda la actividad de la demandada en la prestación de servicios para terceros, estando sujetos los mismos a una determinada duración, no siendo admisible que toda la plantilla de operaciones pudiera estar sujeta a contrato temporal, lo que no admite siquiera el propio convenio. No cabe en definitiva -entiende la suplicante- considerar que la obra o servicio concertados tienen autonomía y sustantividad propia.

Para la resolución de la controversia resulta de indudable interés lo resuelto por el Tribunal Supremo en la sentencia de 28 de mayo de 2024, rec. 337/2021, en la que se confirma la de la Audiencia Nacional que anula parte del art. 14.b) del Convenio Colectivo de contact center, estableciéndose en la misma:

"conviene recordar que la ilegalidad y nulidad parcial del art. 14 b) se produce, según la sentencia recurrida, porque en dicho precepto anulado se trata de definir e identificar las tareas y trabajos que pueden ser considerados como objetos legítimos de un contrato de obra, es decir, con sustantividad y autonomía propias dentro de la actividad normal de la empresa, tal y como le autoriza el art. 15.1 a) 2º párrafo del ET , pero dichas tareas y trabajos supuestamente identificados son, conforme al precepto convencional anulado, "todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de Contact Center", es decir, toda la actividad principal de operaciones de las empresas del sector. Y ese redactado convencional, articulado con amparo en el párrafo segundo del art. 15.1 a) del ET , ciertamente, no es acorde con la configuración del contrato de obra o servicio determinado que daba dicho precepto estatutario.

Así es, el criterio doctrinal que se produjo con la sentencia núm. 1137/20 consistió, esencialmente, en el análisis de la concurrencia de los requisitos definitorios del contrato temporal de obra, requisitos que siempre estuvieron presentes en el art.15.1 a) del ET , que son los de la autonomía y sustantividad dentro de la actividad de la empresa, para concluir que, en las actividades como las descritas, no era posible aceptar ni la autonomía ni la sustantividad porque el objeto de la contrata era, precisamente, la actividad ordinaria, regular y básica de la empresa. Dijimos que quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos y, por tanto, resulta ilógico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato para obra o servicio busca atender.

El art. 15 a) del ET siempre estableció la existencia de esa nota propia de la modalidad contractual y, de otro, la facultad para que los convenios colectivos identificasen tareas o trabajos en las que concurrieran las mismas, lo que se conculca claramente en la norma convencional impugnada y anulada por la Audiencia Nacional, al identificar como tales toda la actividad de operaciones con terceros del sector que, conforme al art. 2 del mismo Convenio, relativo a su ámbito funcional son "(...) todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de tecnología digital o por cualquier otro medio electrónico, para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos multimedia, servicios de soporte técnico a terceros, gestión de cobros y pagos, gestión mecanizada de procesos administrativos y de "back office", información, promoción, difusión y venta de todo tipo de productos o servicios, realización o emisión de entrevistas personalizadas, recepción y clasificación de llamadas, etc., así como cuantos otros servicios de atención a terceros se desarrollen a través de los entornos antes citados. Tal definición incluirá las actividades coadyuvantes, complementarias o conexas con la actividad principal"

La actividad principal y casi exclusiva, por tanto, de las empresas del sector son esas campañas para terceros, de manera que el Convenio Colectivo no puede autorizar el uso del contrato de obra o servicio determinado para realizar tareas en las que faltan los requisitos legales que caracterizan dicha modalidad de contratación; de hacerlo, la cláusula convencional en cuestión es nula.

Sí hay, pues, colisión manifiesta con el art. 15.1 b) del ET , ya que este solo permite acudir a esta modalidad contractual para la ejecución de una obra con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad (habitual) de la empresa y la identificación que hace el Convenio impugnado va en contra de esa prescripción legal, cuando establece que "todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de Contact Center", es decir, que es la propia actividad principal y habitual la que goza de esa autonomía y sustantividad para el personal de operaciones. La Jurisprudencia, llegado el caso, dijo lo evidente, esto es, que dichas campañas, en cuanto conforman la actividad habitual y regular, no guardaban la exigida autonomía y sustantividad."

Añadiendo a continuación:

"Es indudable que la jurisprudencia, en nuestro ordenamiento jurídico, no crea normas. El art. 1.6 del CC dispone que "La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho", por lo que, aunque no es poder generador de norma sí que tiene la función constitucionalmente reconocida de interpretarlas y aplicarlas, poniendo con ello de manifiesto la voluntad legislativa. Como se ha dicho por esta Sala, el ejercicio de la función que tiene esa jurisprudencia "ha hecho decir a la norma lo que la norma desde un principio decía", sin que pueda decirse que la jurisprudencia anterior contraria, haya alterado esa norma. "Los pronunciamientos jurisprudenciales no son constitutivos, sino meramente declarativos, de tal suerte que el precepto que ha sido objeto de interpretación jurisprudencial no se ve en modo alguno modificado o alterado por virtud de la doctrina que lo interpreta, sino que su significado y alcance ha sido siempre el mismo desde que la norma legal o reglamentaria de la que aquél forma parte entró en vigor, y lo seguirá siendo en tanto no se derogue o se modifique" ( STS de 2 de diciembre de 2002, rcud 204/2002 , entre otras).

La jurisprudencia, aunque no es una verdadera fuente del ordenamiento jurídico, complementa a éste, por lo que " Los preceptos objeto de interpretación jurisprudencial han tenido el mismo alcance y significado desde que se promulgaron, y lo seguirán teniendo en tanto no se deroguen o se modifiquen" ( STS de 14 de junio de 2002, rcud 3710/2001 en la que se concreta un concepto de habitualidad, en el ejercicio de una profesión que la norma no define y ello no constituye derecho nuevo sino mera interpretación del contenido y alcance del ya promulgado). Complemento del ordenamiento jurídico que, incluso, a nivel procesal justifica que en vía de recurso se pueda denunciar, junto a la infracciones de normas del ordenamiento jurídico, la de la jurisprudencia que fuera aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate ( art. 207 e) de la LRJS ).

5. En consecuencia, si el art. 163 de la LRJS cuando arbitra la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivo por considerar que conculcan la legalidad vigente, y esta vía puede abrirse por las partes legitimadas al efecto, incluida la autoridad laboral, ex art. 90.5 del ET , esa acción no solo debe estar amparada en una concreta norma legal conculcada sino que puede ir acompañada de la jurisprudencia que la ha interpretado, recogiendo lo que la norma dice, aunque la misma venga a resolver de modo diferente a lo hasta entonces interpretado, siempre que esté debidamente motivado. Como ya indica la sentencia recurrida, la existencia de ilegalidad de una norma colectiva debe verificarse mediante el encaje de ésta con la norma legal implicada y conforme a la interpretación que de ella haya dado la jurisprudencia en su función de complementar el ordenamiento jurídico."

De lo expuesto resulta que, con independencia de que la nulidad parcial del precepto de referencia de la norma sectorial se determinara con posterioridad a la contratación de la actora, ello no presupone la regularidad del contrato suscrito por las partes, en cuanto que el mismo resulta contrario a lo dispuesto en el art. 15.1.b) del TRLET, interpretado conforme a la jurisprudencia a la que la recurrente se refiere, pacífica en la actualidad, y de acuerdo con tal criterio, aplicable también a los supuestos anteriores a tal doctrina, ha de ser considerado irregular el contrato por carecer de autonomía y sustantividad la obra o servicio que constituyen su objeto, dado que se identifican con la que es la actividad habitual y única de la empleadora, no pudiendo primar la previsión recogida en el convenio colectivo respecto de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con el principio de jerarquía normativa imperante.

En este mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de julio de 2021, rec. 2703/2018, en la que se determina la naturaleza indefinida de la relación laboral de un trabajador que había suscrito contrato de trabajo por obra o servicio determinado con empresa de contact center, por entender que la identificación que se hace en el contrato no refleja el carácter autónomo y sustantivo de su objeto, al tratarse el servicio estipulado con un cliente -cual es el que configura el objeto del contrato suscrito por las partes del litigio de origen- de la actividad estructural de la empresa consistente en la realización de servicios para terceros. Se establece en la meritada resolución que: "A todo lo dicho no se opone el contenido del artículo 14 b) del Convenio Colectivo de Contact Center alegado por la empresa recurrente. Dicho precepto establecía lo siguiente: "Contrato por obra o servicio determinado. Esta modalidad de contratación será la más normalizada dentro del personal de operaciones. A tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propia todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la realización de actividades o funciones de Contact Center cuya ejecución en el tiempo es, en principio de duración incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalización de la campaña o cumplimiento del servicio objeto del contrato". Esta previsión podía corresponder a la contenida en el párrafo segundo del artículo 15.1 a) ET , según la que "Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza".

El solo enunciado del precepto evidencia cuales son los límites que se imponen a los negociadores. Se les permite "identificar", las tareas que, dentro de las de la empresa, tienen esa singularidad (autonomía y sustantividad propia); pero lo que no pueden hacer es otorgar esa calificación a actividades distintas de las legalmente establecidas. Si unas determinadas labores no son propias de este contrato, por faltarle alguno de los requisitos que legalmente lo caracterizan, el convenio colectivo no puede autorizar su utilización por la vía de la identificación que autoriza el precepto estatutario ( SSTS de 23 de septiembre de 2002, Rcud. 222/2002 y 756/2017, de 4 de octubre , Rcud. 176/2016; entre otras).

En el presente supuesto, tal como se avanzó, se comprueba que la identificación que hace el contrato no es tal, puesto que no se refiere a actividades concretas con autonomía y sustantividad; al contrario, la supuesta identificación consiste en una mera descomposición de la actividad normal y estructural de la empresa por encargos de clientes, de suerte que cada uno de ellos podría servir de fundamento a un contrato temporal de obra o servicio, siendo la actividad de la empresa, precisamente, la de realizar las actividades inherentes a los encargos de los clientes. Dicho de otra forma, toda la actividad empresarial consiste en desarrollar servicios para terceros. Estos servicios, como tales, están sujetos a una determinada duración en atención al nexo contractual entablado con la empresa cliente, pero tal delimitación temporal en su ejecución no puede permear la duración de la relación laboral de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas del artículo 15.1 a) ET ."

Debe concluirse, pues, que el contrato fue concertado en fraude de ley, por lo que la relación laboral se presume indefinida, en aplicación de lo regulado en el art. 15.3 del TRLET.

II.-Añade, a continuación la recurrente, que la empresa aprovecha la temporalidad aparente del contrato a fin de eludir las exigencias previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para proceder a la extinción de 86 contratos que superan los umbrales del referido precepto, lo que determina que haya de aplicarse la corrección prevista para tales situaciones en el artículo 124 LRJS, que comporta la necesidad de declarar la nulidad del despido.

Parte la suplicante de una realidad ajena a la incólume crónica judicial en la que no consta cual sea el número de trabajadores que vieron extinguidas sus relaciones laborales en situación similar a la actora, no siendo idónea esta vía, la de la censura jurídica, para la introducción de nuevos datos fácticos, para lo que debieran haberse seguidos los trámites establecidos en el art. 196.3 de la LRJS en relación con el apartado b) del art. 193 del mismo texto legal. El recurso de suplicación no puede llevar a una impugnación abierta y libre ya que ello atentaría contra la seguridad jurídica y situaría a la parte recurrida en manifiesta indefensión, cual ahora se intenta; de manera que si la parte social no estaba conforme con lo recogido en el relato de hechos probados y se pretendía hacer valer una realidad distinta a la consignada, debió pedir la revisión fáctica a través de un motivo que se sometiera a las pautas marcadas en las normas de referencia, debiendo estarse en otro caso a los hechos que han quedado configurados en la resolución de origen.

Incurre la suplicante en el rechazable vicio procesal denominado "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida [por todas, sentencias del TS 943/2022, de 29 de noviembre (rec. 119/2022 ); 950/2022, de 30 de noviembre (rec. 156/2022 ); y 26/2023, de 11 de enero (rec. 149/2021 )].

En consecuencia, dado que no consta ni siquiera en nuestro caso el número de trabajadores que han visto extinguido su contrato en el periodo al que se refiere el art. 51.1 del TRLET de 90 días, no puede calificarse de nulo el despido, sino de improcedente al carecer de causa de finalización, atendida su verdadera naturaleza indefinida. Al no haberlo entendido así la sentencia recurrida, debe ser revocada con estimación del recurso para en su lugar y con estimación de la demanda en su petición subsidiaria, declarar el despido improcedente y condenar a la empleadora a que readmita a la actora en su puesto con las mismas condiciones que tenía, con abono de los salarios dejados de percibir, o bien la indemnice con la cantidad de 3.105,14 euros (s.e.u.o.), calculada atendiendo a la antigüedad -31/07/17-, fecha del cese -25/05/20- y salario -33,21 euros/día- que se dicen en la sentencia.

TERCERO.-Sin costas, al no haber parte vencida en el recurso ( SSTS/IV de 16 de mayo de 2018 y de 21 de enero de 2002).

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,