Sentencia Social 1140/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 779/2025 de 11 de septiembre del 2025

PRIMERO.- La trabajadora interpuso recurso de suplicación frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Las Palmas en fecha 7 de marzo de 2024, en los autos nº 846/2024 seguidos en materia de derechos fundamentales ( art. 28.2 CE- derecho a huelga-) con petición de indemnización por daño moral que se cuantifica en 7.501 euros.

En la sentencia de instancia se desestima la demanda planteada, sin entrar a examinar la validez de los servicios mínimos impuestos por la Administración demandada, cuya competencia viene atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, al considerar acreditado que la designación de los servicios mínimos a las personas trabajadoras del centro sociosanitario (El Pino), incluida la parte actora, se realizó respetando los servicios mínimos acordados por la Administración, y conforme a las planillas de servicio confeccionadas anualmente, por lo que la empresa no ha incurrido en vulneración del derecho fundamental de huelga. Se alude a la sentencia de esta Sala de 11/4/24 (Rec. 1388/23). El matiz que presenta la sentencia de instancia, habiendo resuelto esta Sala recursos sustancialmente idénticos, es que contiene una segunda causa de desestimación, en los siguientes términos: ".pero es que además se añade el hecho previo y fundamental de que no ha quedado acreditado la participación de la trabajadora en la huelga, por lo que carece de legitimación activa alguna".

Son dos los motivos de censura jurídica que esgrime la recurrente, impugnados por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (en adelante IASS ) y la mercantil "UTE ICOT-INSURE".

SEGUNDO.- Con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS denuncia el recurrente la infracción del artículo 17.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, artículo 16.1 y 16.2 de la Constitución Española, en relación con el artículo 28.2 de la Constitución Española y con los artículos 7.1 y 10 del Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo. También se denuncia el art. 1.101 del C. civil , en relación con los arts. 8.10 y 40 de la LISOS.

En relación con la falta de legitimación activa del trabajador, argumenta en los siguientes términos: ".Señala el artículo 17 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en su apartado 1, que "los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las leyes".

Obra en el hecho probado décimo de la Sentencia que, a pesar de que la demandante no comunicó a la empleadora su voluntad de adherirse a la huelga, ésta la seleccionó para el cumplimiento de estos. Como consecuencia de ello, la actora no pudo ejercer en ninguna jornada el Derecho a la Huelga. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas por el Juzgador, la empresa demandada seleccionó a la demandante para el cumplimiento de los servicios mínimos en estricta aplicación de la Resolución de la Presidenta del IASS de 2 de diciembre de 2022 (declarada nula y lesionadora del Derecho Fundamental a la Huelga por la jurisdicción contencioso-administrativa), la limitación del ejercicio de dicho Derecho Fundamental perpetrada con inobservancia de los requisitos legales para ello (dictado de una Resolución fundada en Derecho por quien ostente cualidad de autoridad gubernativa y que pondere de forma adecuada los intereses en conflicto, artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo) convierte a la demandante en afectada por el ilícito constatado y titular de un derecho e interés legítimo (resarcimiento del daño moral sufrido como consecuencia de la ilegítima e ilegal obstrucción del ejercicio del Derecho a la Huelga) que se vehicula a través de las presentes demanda y procedimiento.

Tal derecho e interés legítimo circunscrito al ámbito de las presentes actuaciones no se halla desdibujado por el hecho de que la demandante no participara en la huelga o no comunicara a la empleadora su voluntad de participar en ella. El efectivo ejercicio individual del Derecho a la Huelga no exige más obligación que "la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias" ( artículo 7.1 del Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo).

Ni la norma, ni la interpretación jurisprudencial de la misma, han venido a obligar al trabajador llamado a la huelga a preavisar o a comunicar su adhesión al empresario. Tal y como concluyó el Juzgado de lo Social Nº1 de Figueres en su Sentencia 185/2018, de 16 de julio de 2018, "al tratarse de un derecho individual de cada trabajador, de ejercicio 3 personal, ninguna obligación hay de avisar que se ejercerá el derecho, dándose a conocer en el mismo momento de inicio del paro".

Por consiguiente, teniéndose por probado que la demandante fue afectada por los servicios mínimos dictados por el IASS mediante Resolución de 2 de diciembre de 2022, la conclusión alcanzada por la Sentencia dictada infringe no sólo los artículos normativos anteriormente transcritos, sino que la exigencia que parece deducirse de la Sentencia dictada en aras de ostentar legitimación activa suficiente, sobre un pronunciamiento previo por parte de la actora a fin de acreditar que ésta sufrió daño moral por la lesión del Derecho a la Huelga infligido a través de aquella Resolución, constituye una intromisión ilícita en el Derecho Fundamental a la Libertad Ideológica ( artículo 16.2 de la Constitución Española: "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias").

Los impugnantes se opusieron a su estimación.

Resolvemos esta concreta cuestión. Ante todo, debe partirse de la base de que el derecho de huelga es individual, pero de ejercicio colectivo. La dimensión individual conlleva el derecho del trabajador a decidir si secunda o no una huelga ya declarada, así como el derecho de abandonar la huelga. La dimensión colectiva supone que la huelga ha de ser convocada y gestionada por un sujeto colectivo representativo de los trabajadores (comités de empresa, delegados de personal, o sindicatos) y no por éstos individualmente.

La Constitución Española reconoce en su art. 28.2 el derecho de huelga como un derecho fundamental, en los siguientes términos: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

La regulación de la huelga en nuestro Derecho se contiene en una norma preconstitucional: el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977. Esta norma fue objeto, en su día, de un recurso de inconstitucionalidad, que desembocó en la STC 11/1981 de 8 de abril , sentencia interpretativa que salvó, en general, la constitucionalidad de la misma, pero vinculó la interpretación de muchos de sus preceptos.

El derecho de huelga es, como el Tribunal Constitucional afirma expresamente en su sentencia 11/1981 , un derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo, lo que viene a significar que la decisión de hacer o no huelga corresponde estrictamente al trabajador individual.

En cuanto al contenido del derecho de huelga, dos son las manifestaciones que el Tribunal Constitucional hace en su sentencia 11/81 sobre ese contenido esencial: de una parte, que el contenido esencial del derecho de huelga «consiste en la cesación del trabajo, en cualquiera de sus manifestaciones o modalidades que pueda revestir», y de otra, que el derecho de huelga, como derecho subjetivo de los trabajadores, consiste en «colocar el contrato de trabajo en una fase de suspensión y de ese modo limitar la libertad del empresario, a quien se le veda contratar otros trabajadores y llevar a cabo arbitrariamente el cierre de la empresa».

El ejercicio del derecho de huelga se realiza de conformidad con el procedimiento previsto en el mencionado real decreto ley, que, depurado por la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 , queda en síntesis del siguiente modo:

-La huelga puede ser declarada bien por los representantes de los trabajadores mediante decisión mayoritaria, entendiendo por tales tanto los representantes unitarios como los sindicatos con implantación en el ámbito de la huelga, bien directamente por los propios trabajadores del centro de trabajo mediante votación secreta y mayoría simple.

-El acuerdo de convocatoria de huelga debe ser notificado al empresario o empresarios afectados y a la autoridad laboral por los representantes de los trabajadores, con cinco días de antelación o con diez días cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase deservicios públicos. En dicha notificación escrita debe hacerse constar los objetivos de la huelga, las gestiones realizadas para resolver el conflicto, la fecha de inicio de la huelga y la composición del comité de huelga.

-La dirección del desarrollo de la huelga la encomienda el R.D.L.R.T. al «comité de huelga», que estará integrado por trabajadores del centro o de los centros afectados por el conflicto en número no superior a doce. «Corresponde al comité de huelga participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto» (art. 5 R.D.L.R.T.).

-Durante la huelga, los trabajadores pueden hacer publicidad de la misma «en forma pacífica y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna» (art. 6.6 R.D.L.R.T.).

-Conforme a lo dispuesto en el art. 6.7 R.D.L.R.T., corresponde al comité de huelga garantizar durante la misma «la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa». Este precepto concluía con un inciso que atribuía al empresario la designación de los trabajadores que debían efectuar estos servicios, atribución «en exclusiva» que fue declarada inconstitucional por la STC 11/81 . La fijación, por tanto, de los servicios de mantenimiento y de los trabajadores que puedan prestarlos constituye desde entonces una facultad compartida del empresario y el comité de huelga.

El único límite que explícitamente la Constitución contempla cuando reconoce el derecho de huelga es el de que la ley que regule su ejercicio «establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». Estos servicios son, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los destinados a satisfacer derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos ( STC 43/1990 ), tales como la vida, la salud y la satisfacción de necesidades básicas de la persona.

Pues bien, expuesto lo anterior ha de indicarse que en las previsiones legales aplicables no existe obligación por parte de los trabajadores de informar, previamente al día señalado para la huelga, acerca de si tienen o no intención de secundarla.

En el presente supuesto, la trabajadora no comunicó a la empresa su intención o propósito de secundar la huelga, lo que no es indicativo de la renuncia a su ejercicio. Cuando menos podemos afirmar la existencia de un interés legítimo que avalaría su legitimación activa, aún cuando quede en la penumbra tal efectivo propósito que no fue exteriorizado tras su inclusión entre los servicios mínimos, ni fuera indagado por la empresa atendido el contenido de aquéllos. En definitiva, existe interés legítimo que colma la exigencia de legitimación activa. No obstante, el recurso va a ser desestimado.

El recurrente recuerda que en su demanda se solicitaba la nulidad de la orden de asignarla a la prestación de servicios mínimos desde el 5/12 al 21/6 de 2023, que considera, vulneró su derecho a huelga, máxime cuando los servicios mínimos fueron declarados nulos por sentencia de lo contencioso administrativo. Es por ello que, a su criterio, debe revocarse la sentencia de instancia y estimar la demanda en el sentido de declarar nulos los servicios mínimos impuestos a la parte actora en ejecución de la Resolución dictada por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de 2 de diciembre de 2024, declarada nula y lesiva para el Derecho Fundamental a la Huelga, por la Sentencia firme dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa. E igualmente entiende que debe condenarse al IASS a abonar a la recurrente una indemnización por daño moral ascendente a 7.501 euros.

Para resolver este último motivo, debe destacarse, para empezar, por lo que respecta a la codemandada IASS que, habiéndose estimado la falta de legitimación pasiva de esta entidad, se hace imposible descender al fondo del pedimento referido a su condena a abonar a la actora una indemnización por daño moral, porque no habiéndose combatido esta concreta excepción procesal sigue vigente tal impedimento procesal que nos impide cualquier descenso haciendo el fondo.

Pero dicho lo anterior, tal y como refiere el magistrado de instancia en su sentencia, sobre esta concreta controversia jurídica ya nos hemos pronunciado aunque en relación a otro compañero de la actora . Nos referimos a nuestra sentencia de 11 de abril de 2024 (Rec. 1388/2023 ), en cuya fundamentación jurídica decíamos:

"A-HECHOS RELEVANTES

Para resolver este motivo debemos partir, en primer lugar, de los hechos de relevancia que han resultado probados.

1-El actor presta servicios con la categoría de Gerocultor, en el Centro Sociosanitario El Pino y con antigüedad de 5/7/2006.

2-Es miembro del comité de empresa y miembro del sindicato USO.

3-Con fecha 25.11.2022, el Sindicato USO presentó ante la Dirección General de Trabajo, preaviso de huelga total e indefinida en el centro sociosanitario El Pino, empleadora UTE Icot-Insure, S.L. El actor es miembro del Comité de Empresa y miembro del Sindicato USO.

4-Ante la falta de Acuerdo con el Comité de Huelga, el 02.12.2022, la Presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IASS) , dictó resolución por la que se fijan los servicios mínimos de la huelga. El actor prestaba servicios en la planta 2ª, centro de día con turno fijo de mañana, junto con otros dos Gerocultores, siendo los servicios mínimos en la misma del 100%.

5-El actor era miembro del Comité de Huelga. Durante el desarrollo de la huelga, el actor hizo uso del crédito sindical, y ha acudido a las reuniones del Comité de Huelga.

6-Con fecha 02.12.2022, la empresa notificó al actor que estaba designado para los servicios mínimos en el mes de diciembre de 2022. Con fecha 22.12.2022, la empresa notificó al actor que estaba designado para los servicios mínimos en el mes de enero de 2023. Con fecha 27.01.2023, la empresa notificó al actor que estaba designado para los servicios mínimos en el mes de febrero de 2023. Con fecha 28.02.2023, la empresa notificó al actor que estaba designado para los servicios mínimos en el mes de marzo de 2023.

7-El 7 de junio de 2023 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Las Palmas ha dictado Sentencia en autos 416/2023, anulando los servicios mínimos ordenados por el IASS sobre la huelga preavisada por el sindicato USO en el Centro Sociosanitario El Pino el 25 de noviembre de 2022, . Dicha Sentencia ha sido recurrida exclusivamente por el sindicato USO.

8-Nos remitimos a lo contenido en el segundo hecho probado nuevo que se propuso por la recurrente y ha sido estimado en el apartado anterior, por lo que respecta a las personas trabajadoras gerocultoras que prestaron servicios en la Planta 2ª del Centro de trabajo del actor en el turno de mañana , desde el 12/12/22 hasta el 31/3/23.

B-RESOLUCIÓN DEL RECURSO

En relación al Derecho de Huelga ha declarado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones, entre otras, STS 11 de febrero de 2015 (Rec. 95/2014), con cita a su vez de la doctrina del Tribunal Constitucional:

"La solución de la cuestión controvertida exige una ponderación adecuada del contenido y los límites de dos derechos constitucionales en presencia, como son el derecho fundamental de huelga, consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución, ubicado en la Sección 1ª del Capítulo II, y la libertad de empresa, que se reconoce en elartículo 38 de la Constitución, ubicado en la Sección 2ª de dicho Capítulo II, derechos a los que debe añadirse el también constitucional derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STC 123/1992 de 28 de septiembre contiene el siguiente razonamiento al respecto: "): " El derecho de huelga , que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53 , 81 y 161 C .E .)./ La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores ) ".

En cuanto al alcance del derecho de huelga, la STC 33/2011, de 28 de marzo, ha señalado lo siguiente:

"Por otra parte, como dijéramos en la decisiva STC 11/1981, de 8 de abril, que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de este Tribunal en la materia: "la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución) , que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en elart. 7 de la Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas ( art. 9.2 de la Constitución)." (FJ 9).

Respecto a los límites del derecho de huelga, se ha pronunciado, entre otras, la STC 184/2006, de 19 de junio, que contiene el siguiente razonamiento:

"En relación con la fijación de los servicios esenciales el Tribunal Constitucional en sentencia 184/06, de 19 de junio ha establecido lo siguiente: "a) El derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria protección. Una de esas limitaciones, expresamente previstas en la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad ( SSTC 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 7, 9 y 18 51/1986, de 24 de abril, FJ 2 ? 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3 27/1989, de 3 de febrero, FJ 1 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 a) 148/1993, de 29 de abril, FJ 5 )"

Por su parte la STC 33/2011, de 28 de marzo establece:

"Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977) ). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, quedaría justificada su sustitución a tales efectos. No obstante, en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental ( SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 18 , y 80/2005, de 4 de abril, FFJJ 5 y 6 ). Si las cautelas frente a un entendimiento restrictivo del derecho de huelga se proyectan incluso sobre la ordenación de los servicios mínimos, no puede resultar incongruente que, en el ámbito que estamos examinando, la prohibición de la sustitución interna constituya el principal límite al ius variandi empresarial en situaciones de huelga".

En el caso que nos ocupa , tal y como se recoge en la fundamentación jurídica de la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo nº5 de Las Palmas de 7 de junio de 2023 que se refiere en el relato fáctico, se ha declarado la nulidad de la fijación de los servicios mínimos declarados unilateralmente por la presidenta del IASS en fecha 2/12/22 en relación a la huelga indefinida convocada por el Sindicato Unión Sindical Obrera en el centro de Trabajo del actor , con inicio de fecha 5/12/22. Y como se señala en la fundamentación jurídica de dicha sentencia que no ha sido recurrida por las demandadas:

"el criterio recogido en las Resoluciones que acaban de ser transcritas conduce a la estimación del recurso contencioso-administrativo al compartirse la objeción del Sindicato recurrente acerca de la falta de motivación que aqueja al Acto administrativo recurrido con la correlativa afectación al derecho de huelga consagrado en el artículo 28.2 de la C.E..

Si se analiza el Acto administrativo recurrido puede comprobarse como la primera parte del mismo se orienta a justificar la competencia de la Directora del IASS para el establecimiento de los servicios mínimos (.)

A continuación la Resolución se limita a indicar el número de trabajadores que deben prestar servicio en cada puesto pese a la convocatoria de huelga sin que del contenido objetivo de la Resolución se extraigan aquellos factores o criterios cuya ponderación han conducido a determinar, en este caso concreto, los servicios mínimos, imprescindibles para fiscalizar y valorar la adecuación y proporcionalidad de las medidas adoptadas y sin que explique y razone el por qué a cada categoría se asigna un número mínimo de empleados. Respecto del personal de servicios generales se acude al pliego de prescripciones técnicas y se decide tomar como referencia los recursos exigidos para el servicio de fin de semana sin que motive igualmente la razón de la elección de tal criterio.

Por ello el Acto administrativo adolece de la motivación que la Jurisprudencia exige y ello conlleva una conculcación del derecho a la huelga del artículo 28.2 de la C.E. determinando la nulidad radical de la Resolución objeto de recurso."

En base a dicha decisión de la presidenta del IASS , cuya nulidad ya ha sido declarada por el citado órgano jurisdiccional , se declaró que en la Planta 2º , en la que presta servicios el actor , los servicios mínimos serían del 100% , lo que llevó a la empleadora a asignar al actor a tales servicios mínimos, en cumplimiento de la decisión de la Autoridad administrativa , posteriormente anulada.

De otro lado, y en relación a la asignación del actor a los servicios mínimos , a pesar de su estatus de miembro del Comité de Huelga , el criterio histórico de esta Sala al respecto es el contenido en nuestra sentencia de 19 de diciembre de 2008 (Rec. 705/2007) , en cuya fundamentación jurídica decíamos :

"...En efecto, la Ley y su doctrina han valorado la intervención de los trabajadores en la organización de los servicios mínimos esenciales de la única manera que la naturaleza de las cosas ( art. 3º.1 del Código Civil ), permite como algo que tiene que concurrir no ya con carácter de necesidad esencial, sino con la dosis de contingencias que impone lo inaplazable y perentorio de unas actividades que no pueden cesar ni quedar interrumpidas o incompletas sin grave daño o riesgo de intereses que están por encima de la conveniencia particular. Y así, se ha cuidado la jurisprudencia de negar la posibilidad de que este designio quede frustrado en la práctica por actitudes renuentes, pasivas u obstructivas del comité de huelga, ante la prioridad y prevalencia sobre esta de los derechos e intereses protegidos por los servicios en cuestión.

Además, y en relación con el tema litigioso conviene destacar que no existe precepto legal que establezca la incompatibilidad entre él la condición de miembro del comité de huelga y la realización de servicios mínimos.

Así, la Sala hace suya la argumentación de la Sentencia del T.S.J. de Galicia (Recurso de

Suplicación 4955/2003 ), donde a propósito de un caso similar al de autos se afirma:

"...De otra parte, la censura jurídica del trabajador parece que pretende justificar el error - que ya hemos rechazado- en la consideración de que las funciones como miembro del Comité de Huelga son incompatibles con la actividad que corresponde a un integrante de los servicios mínimos, pues al efecto se reproducen los arts. 5, 6.7 y 8.2 del RDL 17/1977 (04 /Marzo), siquiera no se llegue a afirmar su vulneración expresa. Con ello, a lo que entendemos, parece que quiere desplazarse la naturaleza del "error" alegado, desde el ámbito del error "de hecho" (los negociadores no se apercibieron de la inclusión del actor en los turnos mínimos pactados) al error "de derecho" (no tuvieron en cuenta la incompatibilidad - jurídica- entre el trabajo y la actividad del Comité). Pero tal planteamiento falla en su presupuesto, pues ningún precepto legal ni doctrina jurisprudencial sienta esa incompatibilidad, desde el momento en que si bien es función del Comité de Huelga garantizar durante el desarrollo del conflicto "los servicios necesarios" para la seguridad de personas y cosas, y para ello la designación de los trabajadores encargados específicamente de tales tareas es competencia del propio Comité mediante acuerdo con el empresario, tal cometido nada impide - antes al contrario- que esta designación recaiga precisamente en uno de los propios electores? y menos cuando los diez restantes miembros de ese Comité están libres de esos servicios mínimos...". ".

Y más recientemente, resolviendo un recurso sustancialmente igual al presente, también nos hemos pronunciado, en nuestra sentencia (Rec. 49/2025 y Rec. 130/2025 entre otras ), en la misma línea.

En base a la anterior doctrina, que esta Sala considera perfectamente aplicable a este caso, no se aprecia vulneración del derecho de huelga de la parte actora y, en coherencia con lo anterior, tampoco se aprecia vulneración alguna en relación con los preceptos referidos.

Por lo que refiere al último motivo del recurso, amparado en infracción jurídica ( art. 193 c) LRJS) , que refiere a la infracción del art. 1101 C.c y arts. 8.10 y 40 de la LISOS , en relación con la indemnización reparadora del daño moral derivada de la vulneración del derecho a huelga, debe igualmente desestimarse habiéndose desestimado el derecho en el que trae su causa.

Por todo ello, se desestima el recurso planteado

CUARTO .- En relación a las costas, no procede su imposición conforme al art.235 de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,