Sentencia Social 1169/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 754/2025 de 11 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Por el Juzgado de instancia se desestimó la demanda de despido interpuesta por el trabajador arriba citado entendiendo el Juzgador "a quo" que la acción estaba caducada.

Se sistematizaban en la fundamentación jurídica los datos fácticos tenidos en cuenta al efecto del modo siguiente:

"1. El 28 de diciembre de 2020, FCC Medio Ambiente, S.A.U. comunicó por escrito al actor "que su contrato que se inició el 30-11-2020 finaliza con fecha 29-12-2020". 2. La finalización del contrato comunicada por la empresa al actor, con efectos del 29 de diciembre de 2020, lo era respecto a la prestación de servicios en la contrata administrativa del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

3. A fecha 29 de diciembre de 2020, el actor prestaba servciios por cuenta y dependencia de FCC Medio Ambiente, S.A.U., en dos centros de trabajo. El primero de dichos centros era el correspondiente a la contrata administrativa del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con un contrato de trabajo a tiempo parcial de 35 horas semanales (87,5% de la jornada a tiempo completo). El segundo centro de trabajo se corresponde con la contrata administrativa para la realización del "Servicio de jardinería de los exteriores del edificio del Banco de España", en Las Palmas de Gran Canaria, con jornada de cinco horas semanales (12,5% de la jornada a tiempo completo).

4. El 22 de enero de 2021, el actor presentó papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac), en reclamación sobre despido, contra UTE Puerto, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC, S.A.), Clusa y Fogasa. En la referida papeleta de conciliación, se afirma que se impugna la decisión extintiva del contrato de trabajo, con efectos del 29 de diciembre de 2020; así como que el solicitante "había interpuesto demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entablando la actual acción para el caso de no estimarse aquella". 5. El 17 de febrero de 2021, FCC Medio Ambiente, S.A.U. notificó al actor su despido disciplinario, con efectos del 24 de febrero siguiente.

6. El 10 de marzo de 2021, el actor presentò papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC), en reclamación contra el despido disciplinario de 24 de febrero anterior, frente a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Clusa y UTE Puerto, celebrandose el preceptivo acto conciliatorio el 23 de marzo siguiente, con el resultado de "Intentado sin efecto".

7. Las dos demandas presentadas por el actor en reclamación sobre despido se dirigen inicialmente contra Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Clusa, UTE Puerto y Fogasa.

8. Por escrito de 11 de junio de 2021, presentado en el procedimiento nº 291/2021 del Juzgado de lo Social Nº 5, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. manifiesta que, habiéndosele notificado el Decretro de 7 de junio de 2021, por el que se admitía a trámite la demanda dirigda a impugnar el despido disciplinario de 24 de febrero de 2021, aclaraba, entre otros extremos, lo siguiente: "La demanda ha sido interpuesta contra Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.. Con efectos de 1/10/2020, FCC Medio Ambiente, S.A. se subrogó en la posición de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (adjunto como Documento Número 1 escritua de segregación).

Posteriormente, FCC Medio Ambiente, S.A. hizo declaración de unipersonalidad, siendo su nombre en la actualidad FCC Medio Ambiente, S.A.U. (adjunto como Documento Número 2escritua de declaración de unipersonalidad)."

9. Por providencia de 12 de julio de 2021, el Juzgado de lo Social Nº 5 acordó tener por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito referido en el ordinal anterior, así como dar traslado de las mismas al demandante a fin de que en el plazo de dos días alegase lo que a su derecho conviniera en relación a la denominación de la empresa demandada.

10. El 27 de julio de 2021, la parte actora presentó escrito en relación con la mencionada providencia de 12 de julio anterior, en el que manifestaba "En cuanto al cambio de denominación de la demandada FCC Medio Ambiente, S.A.U., estaremos al resultado de la documental aportada". 11. En acta de 18 de octubre de 2021, este Juzgado acordó requerir a la parte actora para que ampliase la demanda con FCC Medio AMbiente, S.A.U., lo que hizo el demandante por escrito de 20 de octubre siguiente, acordándose dicha ampliación por diligencia de ordenación de este Juzgado de fecha 27 de octubre de 2021.

12. El abono de los salarios del actor se documentaba en dos nóminas mensuales, una justificativa del pago por los servicios prestados en la contrata de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y la otra por los correspondientes a la prestación de servicios en la contrata del "Servicio de jardinería de los exteriores del edificio del Banco de España", en Las Palmas de Gran Canaria.

13. Hasta el mes de septiembre de 2019 (inclusive) en las citadas hojas de salarios aparecía como empresa empleadora Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.. A partir del mes de octubre de 2019, en las nóminas consta como empleadora FCC Medio Abiente, S.A.U."

Seguidamente, se trascribía parte de fundamentación jurídica de la STS de 13/01/2022, RCUD 39/2019, que reiteraba la doctrina de la de 05/05/2016, RCUD 2346/2014, y en base a dichos criterios jurisprudenciales se razonaba por el Juzgador lo siguiente:

"En el presente proceso concurren circunstancias que determinan la aplicación de la doctrina jurisprudencial que se ha transcrito, y que se concretan en las siguientes:

-En primer lugar, desde octubre de 2019 en las nóminas del actor (aportadas por éste a los autos dentro de su ramo de prueba, así como, también, por las codemandadas), aparece como empleadora del referido trabajador la mercantil FCC Medio Ambiente, S.A.U.

-Asimismo, el escrito entregado al actor el 28 de diciembre de 2020, por el que se le comunicaba la finalización del contrato de trabajo, lleva el membrete, así como el sello, de FCC Medio Ambiente, S.A.U.

-La carta de despido disciplinario remitida por burofax, y recibida por el actor el 17 de febrero de 2024, lleva el membrete de FCC Medio Ambiente, S.A.U. -El burofax remitido por el actor el 19 de febrero de 2021, en contestación al escrito del despido disciplinario, tiene como destinatario "FCC Medio Ambiente, S.A.". -En acta de 18 de octubre de 2021, este Juzgado acordó requerir a la parte actora para que ampliase la demanda con FCC Medio Ambiente, S.A.U., lo que hizo el demandante por escrito de 20 de octubre siguiente, acordándose dicha ampliación por diligencia de ordenación de este Juzgado de fecha 27 de octubre de 2021. A la vista de los hechos que se han expresado, no se entiende que las demandas de despido no se dirigiesen contra la empleadora del actor, pues desde octubre de 2019 el mencionado trabajador disponía de las copias de las hojas de salarios, en las que se identifica a FCC Medio Ambiente, S.A.U.; identificación que se reitera en las cartas de despido, pero es que, áun más, el actor remitió, el 19 de febrero de 2021, burofax , por el que efectuaba alegaciones en relación con su despido disciplinario, indicando que el destinatario era "FCC Medio Ambiente, S.A.". Por todo lo hasta ahora expuesto, procede declarar la caducidad de las acciones de despido ejercitadas en este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el arttículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores: "3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos". Dicha previsión se reitera en el artículo 103. LRJS: "Artículo 103. Presentación de la demanda por despido. 1. El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional". Ha de ponerse de relieve que en el presente litigio no resulta aplicable la salvedad establecida en el número 2 del citado artículo de la ley procesal laboral, por cuanto que, a tenor de los hechos anteriormente expuestos, ha de entenderse que no cabe apreciar la existencia de error en orden a la identificación de la empleadora del actor. En consecuencia, ha de declararse la caducidad de las acciones de despido ejercitadas por el actor, lo que determina que no se efectúe pronunciamiento alguno en relación con el fondo de la controversia, con la consiguiente desestimación de la demanda."

Disconforme con tal pronunciamiento el demandante recurre en suplicación por la vía de los apartados a) y c) del art. 193 LRJS, construyendo primeramente un motivo de infracción procesal en relación con la excepción de caducidad de la acción para que se anule la sentencia, articulando después un motivo de censura jurídica interesando la estimación de la demanda.

El recurso fue impugnado por las empresas codemandadas FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y FCC MEDIO AMBIENTE, SAU,, en los términos que obran en autos interesando la confirmación de la sentencia recurrida por su propios fundamentos.

SEGUNDO.- En el primer motivo, con fundamento en el artículo 193. a) LRJS, se invoca infracción de los arts. 59.3 ET, 103 LRJS, 11 de la LOPJ y 24 CE, así como de la Jurisprudencia que establece que la caducidad no puede ser apreciada cuando la empresa ha contribuido al error del trabajador mediante actuaciones de mala fe o fraude procesal (TS 12-3-85; TS 22-6-88) así como que la caducidad debe ser aplicada de forma restrictiva y no puede beneficiar a quien ha causado el equívoco (TS 4-10-07).

Para el recurrente, el Juez "a quo" estimó indebidamente la caducidad de la acción, lo que había generado indefensión al actor, quien solicita de la Sala que, con desestimación de la excepción de caducidad de la acción de despido, se anule la sentencia dictada en instancia y se remitan las actuaciones al Juzgado para que, con libertad de criterio, dicte nueva sentencia entrando a conocer sobre el fondo de las pretensiones deducidas en el escrito de demanda.

Llegados a este punto, hemos de recordar que a través de todo motivo de la letra a) del art. 193 se ataca la infracción de normas procesales o garantías del procedimiento con independencia del cuerpo normativo en que se recojan, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que resulta imprescindible que tal infracción haya originado indefensión material al afectado, obstaculizando su derecho a ejercer una defensa con plenas posibilidades de alegación y prueba en situación de igualdad con la contraparte.

En el presente caso alega la parte recurrente que empresa ha vulnerado el principio de buena fe procesal al actuar de manera fraudulenta y con el objetivo de limitar los derechos del trabajador.

Para llegar a dicha conclusión afirma previamente (pese a no solicitar modificación alguna en el relato de hechos probados) lo siguiente:

"Que la presente causa trae su origen en carta remitida por la empresa al trabajador de fecha 28 de diciembre de 2020, donde le comunican que un supuesto contrato que se inició el 30/11/2020 finalizó el 29/12/2020 (Folios 8, 19 y 318 de las actuaciones).

Contra esa medida se interpone dos demandas siempre contra la misma demandada, FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ( en adelante FCC, SA); una por modificación sustancial de las condiciones laborales (en adelante MSCL) (folios 427 y ss) recayendo en el Juzgado de lo Social nº 9, autos 63/2021, con vista de juicio el 26/02/2021 y sentencia de fecha 3/3/21 (folios 319 y ss, y 431 a 432).

Y otra demanda por despido origen de las presentes actuaciones.

Como se indicó, el juicio por MSCL se celebró el 26/02/21, tras los despidos; y la demandada que se personó fue FCC, S.A. sin comunicar en ningún momento al Juzgado que se había producido una supuesta subrogación empresarial el 5 de septiembre de 2019, al trabajador tampoco se le informó de tal extremo; tal es así que se celebró el juicio con la representación legal de FCC, SA, sin plantear ninguna excepción procesal; y aportó la prueba que considero pertinente con el siguiente índice documental (Folio 368).

En su relación documental además de presentar varios contratos del año 2020 del trabajador (impugnados por esta parte), nominas hasta el año 2021, cuadrantes horarios de 2020, también aporta la carta de despido notificada al actor por burofax (folio 368).

Como es de ver FCC, SA asume la condición de empleadora del trabajador, actuando en sede judicial como tal y sin plantear ninguna excepción procesal.

Pero es más, FCC, SA no conforme con la sentencia, plantea ante el Juzgado de lo Social nº 9 incidente de nulidad de actuaciones (folio 441 y ss.), siendo desestimada mediante Providencia de 31/5/21(folio 447), y no satisfecha interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (folios 449 a 460), de una lectura del recurso nada indica FCC, SA que no sea la empleadora del trabajador, finalmente el T.C. inadmite a trámite al no tener trascendencia constitucional (Folio 460).

Con anterioridad a lo reseñado, en el año 2020, esta parte interpuso demanda de derechos y cantidad contra la misma demandada, recayendo en el juzgado de lo Social nº 9, autos 171/2020, y celebrándose el juicio el 13/01/21 y sucede lo mismo que lo indicado en los párrafos anteriores, quien asume la condición de empleador es FCC, SA y aportando la misma prueba que ya se relacionó. (Folios de 408 a 416)

La sentencia dictada es recurrida por esta parte y elevándose las actuaciones a la Sala a la que me dirijo, bajo rollo nº 1232/2022, y personándose FCC, SA sin advertir en su escrito de impugnación al TSJ de Canarias ninguna excepción que le impidiera actuar como recurrida y empleadora. (Folio 417 a 420)

Como es de ver, en procedimientos simultáneos y coetáneos a los despidos acumulados en el presente procedimiento, FCC MEDIO AMBIENTE, SAU nunca ha intervenido como empresaria del actor; siempre ha actuado como único empresario FCC, SA a la que se demandó por las extinciones; y una vez advertido por el Juzgado que se ampliara demanda contra aquella, ante nuestra más que justificada sorpresa, se procedió a ello.

En el mismo sentido, en la vida laboral aportada por esta parte (folio 345) y vida laboral del trabajador aportada por la demandada (folio 494, actividad jardinería); en ambas consta como empresario FCC, SA y sin reflejar baja en esa empresa.

Por último, destacar que la subrogación realizada con fecha 1/1/2010 por FCC, SA fue notificada fehacientemente mediante carta obrante en los folios 347 y 348, después de esta no existe notificación alguna de nuevas subrogaciones que le afectarán al trabajador.

Que en el segundo otrosí digo de la demanda rectora, se comunicaba que la empresa no le facilitaba ni contratos de trabajo, ni nominas al trabajador, solicitado su aportación en el acto de juicio.

Que los únicos documentos por los que esta parte pudiera haberse percatado que se habría producido una subrogación es por las cartas de extinción y su encabezado, ambas realizadas por la demandada.

De la primera carta de extinción de 28/12/20 (folio 19), el membrete del encabezado es el mismo que se usó en el índice documental de FCC, SA (imagen pegada párrafos anteriores) en el procedimiento de MSCL 63/2021 seguidos en el Social nº 9, y en cuanto al sello es imperceptible.

Recordar que, con origen en esta carta, FCC, SA celebró juicio en dicho Juzgado y acudió al Tribunal Constitucional.

De la segunda carta de extinción, notificada el 17/2/21 y con efectos del 24/2/21 (Folio 322), ocurre lo mismo se utiliza el membrete del encabezado, si bien no aparece el sello de la empresa.

Recodar que el juicio del Social nº 9 por MSCL se celebró 2 días después, 26/2/21, por FCC, SA y no se alegó al Juzgado ninguna excepción procesal, como la de falta de legitimación pasiva, celebrando el juicio a sabiendas y según su versión que se había producido la supuesta subrogación que alega.

De entenderse realizada esta nueva subrogación, las demandadas habrían infringido el art. 44 del E.T., y concretamente los apartados, 6, 7, 8, 9 y 10, vulnerándose el derecho del trabajador a ser informado del supuesto cambio, en cuanto a la fecha prevista, motivos de la transmisión, consecuencias jurídicas, económicas y sociales y medidas previstas, no consta en las actuaciones ninguna comunicación del cambio a los representantes de los trabajadores.

Si bien, el 15/12/2010 se le comunicó al actor de forma correcta la subrogación efectuada, para tener pleno conocimiento de quien era su empleador entre otros derechos (hecho probado cuarto y quinto sentencia recurrida).

Reseñar que esta parte aportó como pruebas las nóminas del año 2019, al no disponer de las del ejercicio 2020, si se compara la nómina de septiembre y la de octubre 2019, es totalmente imperceptible el cambio del encabezado, consta hasta el mismo domicilio entre ellas; además hay que tener en cuenta todas las situaciones descritas en párrafos anteriores y promovidas por FCC, SA, para llevar a un posible equivoco a esta parte.

Para terminar en cuando a la documental, destacamos el registro de control horario del actor aportados por ambas partes de enero de 2021 (folios 364, 365, 489 y ss), en ese caso se puede comprobar que se usa como membrete FCC. Servicios Ciudadanos., dado que en ocasiones se usa simplemente como nombres comerciales, tal es así, que en el folio 485 correspondiente al cuadrante horario del actor de enero de 2021 tan solo aparece FCC; no existe un solo registro horario del actor donde se indique que su empresa es FCC, MEDIO AMBIENTE.

Que las demandadas no deben obtener un beneficio a consecuencia de su propia vulneración de la norma, art. 44 ET; y de los fraudes procesales y evidente mala fe en sus actuaciones en los procedimientos seguidos ante el Juzgado de lo Social nº 9 de LPGC, uno de ellos alzado a esta propia Sala a la que me dirijo (rollo 1232/22) y el otro ante el Tribunal Constitucional.

Que en los procedimientos indicados en los ordinales anteriores, la representación letrada de las demandadas es la misma para todas ellas, no causando indefensión alguna para la defensa de sus derechos.

Por lo descrito anteriormente, ha quedado acreditado que las demandadas incurrieron en actuaciones de mala fe y fraude procesal, estas actuaciones generaron confusión a esta parte y afectaron directamente al ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva."

Sin embargo, el motivo no va a poder prosperar pues la argumentación que ofrece la recurrente no respeta el contenido de los hechos que han sido declarados probados sino que parte de presupuestos fácticos no recogidos en el relato histórico, sustentando sus razonamientos en afirmaciones que no vienen avaladas en los mismos haciendo así "petición de principio" o "supuesto de la cuestión", defecto que se produce cuando el recurso parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS 8-11-2017, rec. 40/2017 - 3-5-2017, rec. 123/2016; 11- 2- 2016, rec, 98/2015; 3-2-2016; rec, 31/2015, entre otras muchas).

En efecto, la valoración del argumentario del recurrente tendría como presupuesto el que previamente se hubiera alcanzado un contexto fáctico acorde con ello, sobre el que se pudieran aplicar las consecuencias jurídicas pretendidas en el motivo.

Sentado lo anterior, y visto el inalterado relato de hechos probados de la sentencia de instancia, no entendemos que dicha sentencia haya violentado los preceptos cuya infracción invoca el recurrente, y tampoco la jurisprudencia que invoca.

Tanto en las STS de 05/05/2016 RCUD 2346/2014 y de 13/01/2022 RCUD 39/2019 que se citan en la sentencia de instancia, como en la de 14/01/2021 RCUD 888/2019, explica el Alto Tribunal:

«...La clave está en precisar si la persona despedida tiene "datos suficientes en la fecha del despido para poder dirigir la demanda contra la empresa", siendo determinante si hay "constancia cierta de que conociera en el momento del despido, si quiera de forma mínima pero suficiente" quién es el real empleador.»

«Ni la presunta atribución del error al primer demandado, por haber comparecido al acto de conciliación, tiene virtualidad para enervar dicho instituto, ni tampoco la ampliación otorgada por el órgano judicial, pues la misma acaece respecto de un empresario ya conocido de manera indubitada con carácter previo.»

Y consideramos que en el presente caso no cabe afirmar, como pretende el recurrente, que las empresas demandadas actuasen de mala fe o en fraude procesal, compartiendo la Sala lo argumentado por el Juzgador de instancia, cuyos razonamientos damos aquí por reproducidos ya que desde octubre de 2019 en las nóminas del actor aparece como empleadora del referido trabajador la mercantil FCC Medio Ambiente, S.A.U, en el escrito entregado al actor el 28 de diciembre de 2020 por el que se le comunicaba la finalización del contrato de trabajo lleva el membrete y sello de FCC Medio Ambiente, S.A.U., además de que la carta de despido disciplinario lleva el membrete de FCC Medio Ambiente, S.A.U.

A mayor abundamiento ha de tenerse en cuenta que en junio de 2021 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. presenta escrito manifestando que, pese a que la demanda había sido interpuesta contra Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., resultaba que FCC Medio Ambiente, S.A. se subrogó en la posición de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A con efectos de 1/10/2020, siendo su actual denominación FCC Medio Ambiente, S.A.U., escrito del que el Juzgado dio traslado a la parte actora sin que ampliase la demanda (pues se limitó a afirmar al respecto: "estaremos al resultado de la documental aportada".

No fue sino hasta el 18 de octubre de 2021 cuando el Juzgado acordó requerir a la parte actora para que ampliase la demanda con FCC Medio AMbiente, S.A.U., lo que verificó el demandante por escrito de 20 de octubre.

Es por todo ello que la pretendida mala fe de la empresas codemandadas no se advierte por la Sala, por lo que, en definitiva, el primer motivo no puede prosperar, debiendo por tanto confirmarse el acogimiento de la excepción de caducidad de la acción que hizo el Juzgador de instancia, lo que lógicamente comporta la desestimación del segundo motivo.

Por todo lo expuesto procede confirmar la sentencia de instancia.

TERCERO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS la desestimación del recurso no lleva aparejada la condena en costas a la parte recurrente al disfrutar la misma del beneficio de justicia gratuita.

CUARTO.- A tenor del Art. 218 LRJS frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

Vistos los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación,