Sentencia Social 1411/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1516/2024 de 12 de junio del 2025

Primero.- Se alza la Consejería de desarrollo educativo y formación profesional de la Junta de Andalucía contra la sentencia que estimó parcialmente la demanda interpuesta y declaró injustificada la medida adoptada y comunicada a la trabajadora el 19 de diciembre de 2023 de cambio de puesto de trabajo, dejando la misma sin efecto, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a reponer a la trabajadora a las condiciones anteriores, absolviéndola del resto de pretensiones ejercitadas. La modalidad procesal seguida ha sido la de movilidad geográfica.

La actora es personal laboral temporal y fue contratada a virtud de contrato de interinidad con la categoría profesional de Técnico Superior en Educación Infantil hasta la cobertura del puesto para prestar servicios en el E.I. " DIRECCION000" de la localidad de DIRECCION001.

En septiembre de 2019 se acordó incoar procedimiento disciplinario a la actora así como imponerle la medida cautelar de suspensión preventiva de empleo y sueldo durante la tramitación del procedimiento. Y sin perjuicio de la tramitación de dicho expediente, la trabajadora presentó en fecha 26/05/2021 solicitud de reingreso al servicio activo así como, si era posible, que dicho reingreso fuera a un puesto distinto en un centro distinto de aquél donde prestaba sus servicios.

Por Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación se acordó la adscripción temporal de la actora al puesto de trabajo de técnico superior en educación infantil en la E.I. DIRECCION002 de DIRECCION003 (Almería) y se añadía: "mientras existan las necesidades que han motivado esta adscripción".

En fecha 15/12/2023 se dicta Resolución de finalización de la adscripción temporal de la actora al puesto de trabajo de técnico superior en educación infantil en la E.I. " DIRECCION002" de DIRECCION003 (Almería) con efectos de 7 de enero de 2024, debiendo incorporarse la trabajadora a su centro de trabajo la E.I. " DIRECCION000" de DIRECCION001 en fecha 8 de enero de 2024.

Lo que sucede es que, por más que la decisión de adscripción temporal anterior hubiera sido solicitada o consensuada entre las partes, no se realizó previa observancia de procedimiento alguno. Y de igual forma se ha decidido su finalización sin observar las formalidades exigidas.

Ha de calificarse la decisión de verdadero traslado con cambio de domicilio, atendiendo a que el puesto donde venía prestando servicios la actora se encuentra en la localidad de DIRECCION003 y la Consejería ha decidido que pase a prestar servicios en la localidad de DIRECCION001. Y dicha decisión se ha adoptado sin previa notificación a la trabajadora y a sus representantes legales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad, sin negociación previa en la Comisión de Convenio y sin motivación bastante, pues la actora solo ha podido conocer las razones organizativas que dieron lugar a la decisión en el seno del presente procedimiento. La decisión adoptada por tanto ha supuesto una movilidad geográfica.

No obstante, se descarta la nulidad de la medida por no suponer una represalia ante el inicio del procedimiento de ejecución que se siguió ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Almería. Impugnada judicialmente la sanción impuesta, se siguieron los autos nº 1127/2021 del Juzgado de lo Social nº 1 de Almería, que en fecha 24 de enero de 2022 dictó sentencia declarando la nulidad de la sanción impuesta y añadiendo en trámite de aclaración la condena a la demandada al pago de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción. Y en fecha 4 de marzo de 2022 la actora presentó demanda ejecutiva a fin de que se diera cumplimiento a la sentencia dictada en el anterior procedimiento. Por tanto, el inicio del proceso de ejecución se produjo en marzo de 2022 y la decisión ahora combatida se adopta en diciembre de 2023, existiendo pues un lapso temporal tan amplio que implica la desconexión entre una actuación y otra como para poder considerar que existió una voluntad vulneradora de los derechos fundamentales de la trabajadora. Y aun para el caso de haber considerado que existían indicios bastantes -lo que no acontece- la Consejería ha acreditado que su decisión vino motivada por las continuas reclamaciones del centro de trabajo de DIRECCION001 para el que fue contratada la trabajadora durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, solicitando más personal y que se cubrieran las vacantes y las bajas, hasta el punto de que de forma expresa se solicitó que se acordara la incorporación de la actora al ser su puesto de trabajo y no estar ya en el centro el menor (y la familia del menor por extensión) implicado en el expediente disciplinario del año 2019 que concluyó con sentencia penal condenatoria a la actora. Por tanto la pretensión principal de declaración de nulidad por vulneración de derechos fundamentales ha de ser desestimada. Por tanto y aun cuando la nulidad no resulta acreditada, procede declarar injustificada la medida adoptada, pues siendo una verdadera movilidad geográfica al implicar un traslado con cambio de domicilio, no se observó el procedimiento legal establecido como antes se indicó, debiendo en consecuencia condenar a la demandada reponer la actora a sus anteriores condiciones, dejando sin efecto el cambio de centro de trabajo comunicado.

Segundo.- Planteamiento del recurso, que ha sido impugnado de contrario.

Al amparo del art. 193 b) de la Ley de la Jurisdicción Social, para la modificación del hecho probado cuarto de la sentencia de instancia con base en la prueba documental aportada por esta parte, concretamente el expediente administrativo en el folio 23 . El hecho probado cuarto tiene el siguiente tenor literal: 4. - La actora presentó en fecha 26/05/2021 solicitud de reingreso al servicio activo así como, si era posible, que dicho reingreso fuera a un puesto distinto en un centro distinto de aquél donde prestaba sus servicios (documento 4 del expediente, página 20). Atendiendo a la solicitud y a las necesidades de personal, por Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación se acordó la adscripción temporal de la actora al puesto de trabajo de técnico superior en educación infantil en la E.I. DIRECCION002 de DIRECCION003 (Almería) y se añadía: "mientras existan las necesidades que han motivado esta adscripción". (documento 5 del expediente, página 23).

Se pretende que la nueva redacción sea la siguiente: 4. - La actora presentó en fecha 26/05/2021 solicitud de reingreso al servicio activo así como, si era posible, que dicho reingreso fuera a un puesto distinto en un centro distinto de aquél donde prestaba sus servicios (documento 4 del expediente, página 20). Atendiendo a la solicitud y a las necesidades de personal, por Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación se acordó, conforme lo establecido en el art. 21.4 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía ,la adscripción temporal de la actora al puesto de trabajo de técnico superior en educación infantil en la E.I. DIRECCION002 de DIRECCION003 (Almería), procediendo por tanto a informar de esta adscripción a los representantes de los trabajadores (comité de Empresa)y se añadía: "mientras existan las necesidades que han motivado esta adscripción". (documento 5 del expediente, página 23).

Considera transcendental esta modificación, ya que la Magistrada de Instancia basa la estimación parcial de las pretensiones de la demandante al considerar que, en el ámbito del personal laboral, no existe la figura de adscripción provisional y por tanto, estamos ante una reversión de un traslado de la trabajadora que no ha cumplido con los requisitos legalmente requeridos.

Tercero.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley de la Jurisdicción Social, para el examen de la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

En concreto se denuncia la infracción del art. 21.4 del VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía y de los artículos 81.2 y 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público. El art. 21.4 del VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía establece que "El cambio de funciones distintas a las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes, previo informe de los representantes de los trabajadores, o en su defecto, el sometimiento a la Comisión de Convenio para que pueda ratificar la procedencia o no de la misma. "

Consideramos al igual, que la Consejería que este artículo, de redacción abierta da legalmente cobertura a la adscripción temporal de la trabajadora. En cualquier caso, y aunque consideramos que no es así, subsidiariamente deberíamos acudir al TREBEP, que recoge en sus arts 81.2 y 83 que: Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera. 1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos. 2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral. La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Por tanto, consideramos que sí cabe la figura de la adscripción provisional en el ámbito del personal laboral de la Junta de Andalucía, que en este caso se produjo de manera ajustada a derecho, así como el acto administrativo finalizadora de la misma y objeto de este procedimiento, y que una prueba de ello es que en la hoja de acreditación de datos de la actora no aparece el traslado al puesto de trabajo de DIRECCION001.

Por ello, alegamos que no estamos ante un traslado del art. 20 del VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía, sino ante una adscripción provisional y que se realizó correctamente la misma y el acto administrativo de su finalización.

Por todo lo expuesto, SUPLICA Sentencia por la que revoque la dictada en la instancia en lo relativo a la declaración de injustificada de la medida adoptada y comunicada a la trabajadora el 19 de diciembre de 2023 de cambio de puesto de trabajo, confirme la legalidad de la misma y ordene su cumplimiento.

Cuarto.- Resolución de la censura jurídica.

Pese a que la sentencia concedía recurso de suplicación, pues se alegó la existencia de nulidad de la medida al considerar que se atentaba al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente a la indemnidad, que se descartó por la juzgadora, pronunciamiento que consiente la actora, hemos de verificar al ceñirse ya la cuestión a un tema de movilidad geográfica individual si esta Sala tiene competencia funcional para abordar el presente recurso de la Consejería en que no se formula expreso motivo amparado en letra a del art 193 de la LRJS. Y tratándose de una medida modificativa individual, en que se resuelve el asunto aplicando la legislación ordinaria, esta Sala carece de competencia para resolver el presente recurso, y la sentencia debe de ser declarada firme, por inadmisibilidad del recurso, apreciable de oficio.

En efecto, dispone el art 138, 6º de la LRJS, La sentencia deberá ser dictada en el plazo de cinco días y será inmediatamente ejecutiva. Contra la misma no procederá ulterior recurso, salvo en los supuestos de movilidad geográfica previstos en el apartado 2 del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 4 del artículo 41 del referido Estatuto, y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Por su parte el art 191, 2º del mismo texto legal no admite el recurso de suplicación, en su letra e en caso de Procesos de movilidad geográfica distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra acción susceptible de recurso de suplicación; y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores inferior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

El art 40, 2º del ET determina que el traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Dicho periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas se entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción prevista en el párrafo tercero del apartado 1.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

En definitiva, desestimamos el recurso, confirmamos la sentencia que declaramos firme por inadmisibilidad del recurso, y condenamos a la Consejería al abono de los honorarios del letrado de la actora impugnante del recurso en cuantía de 300 euros.