Sentencia Social 267/2024 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Social, Rec. 160/2024 de 12 de septiembre del 2024

PRIMERO:El Juzgado de lo Social, después de desestimar la excepción de falta de competencia de la jurisdicción social interpuesta por la parte demandada, estima parcialmente la demanda formulada por Dª. Custodia, frente al SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA y, en consecuencia, declara que la relación que vincula a las partes litigantes es de naturaleza laboral indefinida no fija como Auxiliar Administrativa desde el 1 de abril de 2019, y condena al servicio demandado a estar y pasar por la anterior declaración con las consecuencias legales inherentes a la misma.

En el procedimiento ha intervenido el MINISTERIO FISCAL.

La resolución dictada en la instancia no se comparte ni por la defensa letrada del SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA, ni por la de Dª. Custodia, razón por la cual ambas partes la recurren en suplicación.

SEGUNDO:La Asesora Jurídica-Letrada de la Comunidad Foral de Navarra, actuando en nombre de la parte demandada, plantea su recurso al amparo de un único motivo en el que defiende la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la cuestión planteada o, subsidiariamente, la inexistencia de fraude alguno en la contratación formalizada entre las partes.

Por otro lado, el letrado de la Sra. Custodia soporta su recurso en cuatro motivos suplicatorios distintos, mediante los cuales pretende revisar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, así como cuestionar la aplicación que del derecho se hace en la misma. En relación con los motivos de censura jurídica, y en muy comprimido resumen, la demandante defiende: que, con anterioridad al contrato administrativo suscrito entre las partes el 1 de abril de 2019 (que es el analizado en la sentencia recurrida), formalizó un contrato laboral de obra o servicio con el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior e Igualdad; que dicho contrato debe reputarse fraudulento por falta de causa; que, por ello, el contrato debe considerarse indefinido; que tras ese contrato suscribió un contrato administrativo por vacante con el mismo Departamento de Presidencia que debe considerarse igualmente fraudulento; que, sin solución de continuidad, formalizó un contrato administrativo para la cobertura de vacante con el SNS-O; que debe apreciarse la existencia una "unidad esencial del vínculo" en la relación existente entre las partes desde la suscripción de la primera contratación mencionada y que, como tal relación se ha convertido en indefinida, debe reconocérsele el carácter de trabajadora "indefinida fija" al haber acreditado con suficiencia su idoneidad y capacitación para el desempeño de tal puesto.

Pues bien, antes de analizar la excepción de incompetencia de jurisdicción interpuesta por la parte demandada, creemos conveniente dar respuesta, siquiera sea parcialmente, al recurso formalizado por la trabajadora demandante.

Esta decisión, sobre la prioridad en el análisis de los recursos interpuestos, tiene su justificación en el hecho de que la Sra. Custodia defiende la existencia de una relación laboral indefinida previa a la suscripción, el 01/04/2019, de un contrato administrativo para la cobertura de vacante con el SNS-O, y sostiene que aquella naturaleza (laboral indefinida) perdura pese a que con posterioridad se hayan formalizado contrataciones administrativas formalmente válidas, pues considera que es de aplicación la doctrina sobre la "unidad esencial del vínculo contractual" y que la declaración de laboralidad debe predicarse, a su entender, a toda la serie contractual por más que puedan existir contratos que individualmente deban ser considerados correctos.

Si, como afirma la recurrente, la relación laboral derivada del contrato suscrito por la actora con el Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra debe considerarse indefinida, es lo cierto que tal cualidad puede influir en la calificación de la naturaleza de la relación suscrita con posterioridad, siendo preciso aclarar tales extremos antes de determinar el órgano judicial competente para conocer de la pretensión deducida.

TERCERO:El primer motivo del recurso interpuesto por la Sra. Custodia se destina a intentar dar una nueva redacción al hecho probado primero de la resolución recurrida, mediante la adición a su contenido actual del siguiente texto:

"Con efectos del 16/02/2016, y hasta el 13/04/2016, la trabajadora suscribió para el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior e Igualdad, contrato laboral (Departamento de Relaciones Ciudadanas), contrato de duración determinada, por obra o servicio determinada, a jornada completa, que fue suscrito, según reza el contrato, al amparo de lo dispuesto en los artículos 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre , por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y 2º del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, que lo desarrolla, por el que se regula el contrato de duración determinada, en funciones como auxiliar administrativo, consignándose como causa de su celebración "atender las necesidades del Departamento de Relaciones Ciudadanas hasta la creación de la plaza en la plantilla orgánica". (Doc. nº 3.12 del ramo de prueba de esta parte demandada, expresamente consignado como contrato nº 20, en el Hecho primero de la demanda).

Tras este contrato, y sin solución de continuidad, la actora suscribió el 14/04/2016, también para el Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra (Departamento de Relaciones Ciudadanas), contrato administrativo temporal por vacante para la provisión temporal de la vacante nº NUM003, para desarrollar sus funciones como auxiliar administrativo, contrato que se desarrolló hasta el 31/03/2019 (Doc. nº 3.13 del ramo de prueba de esta parte demandada, expresamente consignado como contrato nº 21, en el Hecho primero de la demanda)".

La adición postulada, con independencia de la relevancia jurídica real que pueda tener en el resultado del litigio, debe merecer favorable acogida.

El texto propuesto se soporta en documentos hábiles para provocar el efecto pretendido; su contenido se deprende, sin acudir a conjeturas e hipótesis, de los documentos que se citan en el propio texto que quiere adicionarse; y con el añadido postulado esta parte recurrente pretende acreditar la naturaleza de la vinculación existente entre los litigantes antes incluso de la suscripción, el 1 de abril de 2019, de un contrato de vacante con el SNS-O, lo que, en definitiva, sirve para determinar el orden jurisdiccional competente para conocer de la reclamación.

Por lo dicho, la revisión solicitada se estima.

CUARTO:Los dos siguientes motivos de suplicación que plantea la defensa letrada de La Sra. Custodia, se destinan a denunciar que la sentencia recurrida infringe el artículo 9.3 del RD 2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrollaba el artículo 15 del ET en materia de contratos de duración determinada, así como el 8.3 del ET y la jurisprudencia que los interpreta. De igual modo, en estos motivos del recurso, se denuncia la infracción de los artículos 15.3 y 5 del ET, en relación con el 8.1 del mismo cuerpo legal, así como la doctrina jurisprudencial sobre la "unidad esencial del vínculo laboral".

Como ya hemos tenido ocasión de apuntar en el segundo ordinal de esta sentencia, la parte que ahora recurre considera que, con anterioridad a suscribirse entre los litigantes el contrato de vacante de 01/04/2019, la demandante había suscrito, con el Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra, un contrato laboral de obra o servicio determinado que discurrió entre el 14/04/2016 y el 31/04/2016, al que sucedió otro, esta vez administrativo y para la cobertura de vacante, que se prolongó desde el 14/04/2016 al 31/03/ 2019. A este respecto, defiende la recurrente que el contrato por obra o servicio era fraudulento al no concurrir causa para la contratación; que por ello la relación debe considerase laboral indefinida; y que tal calificación no se modifica por suscribir posteriormente contratos administrativos formalmente válidos. A demás mantiene que resulta aplicable la doctrina sobre la unidad esencial del vínculo y que por ello la vinculación indefinida debe reconocerse dese el inicio del contrato laboral al que nos hemos referido.

Pues bien, la Sala no comparte los argumentos y las conclusiones a las que llega la demandante.

No es posible acudir en el caso enjuiciado a la doctrina de la "unidad esencial del vínculo" para mantener la jurisdicción, pues ha quedado acreditado que la prestación de los servicios de la demandante, mediante la suscripción de distintos contratos (reflejados en el relato de hechos de la sentencia) lo fue por causas distintas, para prestar servicios en plazas diferenciadas, desempeñando funciones no equiparables, en unidades diferentes, y en departamentos del Gobierno de Navarra entre los que no existe conexión.

A este respecto, y como este TSJ ha recordado en muchísimas ocasiones, la STS de 21/09/2017, efectuó una recopilación de la jurisprudencia dictada al efecto.

En esta resolución, el Alto Tribunal, después de poner de manifiesto que habían sido muchas las ocasiones en las que había tenido que pronunciarse sobre el alcance de la doctrina relativa a la continuidad esencial del vínculo, recordaba que, en sus sentencias de 08/03/2007 (rcud. 175/2004), 17/12/2007 (rcud. 199/2004), 18/02/2009 (rcud. 3256/2007) y 17/03/2011 (rcud. 2732/2010) entre otras, había dejado consolidada la doctrina según la cual, "en supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de la antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo,lo que comporta que se le haya quitado valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, también, a interrupciones superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las circunstancias del caso, a efectos de romper la continuidad en la relación laboral existente".

También se recordaba en la resolución a la que seguimos, que habían sido numerosas las resoluciones que habían compendiado el significado de la doctrina a que venimos aludiendo, citando como ejemplo, la STS 18/02/2009 (rcud. 3256/2007) que lo hace del siguiente modo:

"La controversia ya ha sido unificada por esta Sala en sus sentencias de 12 de noviembre de 1993 (Rec. 2812/92 ), 10 de abril de 1995 (Rec. 546/94 ), 17 enero de 1996 (RJ 1996 (Rec. 1848/95 ), 8 de marzo de 2007 (Rec. 175/04 ) y de 17 de diciembre de 2007 (Rec. 199/04 )... En ellas se aborda la cuestión litigiosa, y se acaba resolviendo que una interrupción de treinta días entre contratos sucesivos no es significativa a efectos de romper la continuidad de la relación laboral, así como que la subsistencia del vínculo debe valorarse con criterio realista y no sólo atendiendo a las manifestaciones de las partes al respecto, pues la voluntad del trabajador puede estar viciada y condicionada por la oferta de un nuevo contrato. Por ello se ha consolidado la doctrina que establece "que, en supuestos de sucesión de contratos temporales, si existe unidad esencial del vínculo laboral, se computa la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente", doctrina que ha sido seguida por las Sentencias ya más recientes de 29 de septiembre de 1999 (rec. 4936/1998 ); 15 de febrero de 2000 (rec. 2554/1999 ); 15 de noviembre de 2000 (rec. 663/2000 ); 18 de septiembre de 2001 (rec. 4007/2000 ); 27 de julio de 2002 (rec. 2087/2001 ) 19 de abril de 2005 (rec. 805/2004 ) y 4 de julio de 2006 (rec. 1077/2005 ), y si bien en varias de estas resoluciones la Sala ha tenido en cuenta como plazo interruptivo máximo el de los veinte días previstos como plazo de caducidad para la acción de despido, también ha señalado que cabe el examen judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos. Así, por ejemplo, se ha computado la totalidad de la contratación, a pesar de la existencia de una interrupción superior a 20 días, en los supuestos resueltos por las sentencias de 10 de abril de 1995 (rec. 546/1994 ) y 10 de diciembre de 1999 (rec. 1496/1999 ), con interrupción de 30 días, y de coincidencia con el período vacacional en el auto de 10 de abril de 2002 (rec. 3265/2001)".

A este respecto, la sala Cuarta recuerda que la STS 15/05/2015 (rec. 878/2014) mantiene la unidad del vínculo con una interrupción de 45 días, en la que el recurrente percibió prestaciones de desempleo, teniendo en cuenta el tiempo de prestación de servicios anterior y posterior.

La STS 129/2016 de 23 de febrero (rec. 1423/2014) considera que no se acredita la ruptura de la unidad esencial del vínculo, pese al transcurso de 69 días de intervalo, en caso de reiterada contratación fraudulenta.

La STS 23 febrero 2016 (rec. 1423/2014) recuerda que la unidad del vínculo, a efectos del cómputo de la antigüedad, no se rompe, por ejemplo, por la simple firma de recibos de finiquito entre los sucesivos contratos suscritos con cortas interrupciones; ni cuando las interrupciones se hacen coincidir con el periodo vacacional.

Por su parte, recuerda el TS que, su sentencia 963/2016 de 8 de noviembre (rcud. 310/2015), resume la doctrina que ha ido sentando y que debe aplicar por razones de igualdad en la aplicación de la ley y de seguridad jurídica, acordes con la finalidad del recurso unificador, y lo hace trascribiendo los siguientes fundamentos de esa resolución:

"TERCERO.- 1.- Desde muy tempranamente, la doctrina de la Sala sostuvo que "[e]n el ámbito del Derecho del Trabajo es regla y principio general [...] que si en un contrato temporal concluye el plazo de vigencia que le es propio o se produce la causa extintiva del mismo, y a continuación, sin interrupción temporal alguna, es seguido por un contrato indefinido entre las mismas partes, bien porque el trabajador continúe...la prestación de sus servicios, bien concertándose en forma escrita el nuevo contrato, se entiende que la antigüedad del empleado en la empresa se remonta al momento en que se inició el trabajo en virtud del primer contrato temporal. La novación extintiva sólo se admite si está objetivamente fundada en la modificación del contenido de la obligación y por ello en los supuestos en que la relación sigue siendo la misma, la diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones [sucesivas] diferentes" ( STS 12/11/93 -rco 2812/92 -).

Planteamiento que, según dice el Alto Tribunal, si bien inicialmente fue establecido a efectos retributivos del complemento de antigüedad y en los supuestos de ausencia de solución de continuidad, posteriormente también fue aplicado a la hora de determinar los servicios computables para calcular la indemnización propia del despido improcedente y se amplió a todos los supuestos en que pudiera apreciarse la unidad esencial del vínculo,de forma que -como recuerda la STS 08/03/07 rcud 175/04 , dictada en Sala General- "[e]l tiempo de servicio al que se refiere el art. 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores sobre la indemnización de despido improcedente debe computar todo el transcurso de la relación contractual de trabajo, siempre que no haya habido una solución de continuidad significativa en el desenvolvimiento de la misma".

Sigue razonando la Sala Cuarta, diciendo que "toda la cuestión de autos se reduce, pues, a determinar lo que haya de entenderse por la interrupción "significativa" que lleve a excluir la "unidad esencial" del vínculo, cuya frontera -la de aquélla- si bien inicialmente fue situada en los veinte días del plazo de caducidad para accionar por despido, en los últimos tiempos se ha ampliado a periodos que carezcan de relevancia en relación con la duración total de los servicios prestados, como evidencia la casuística jurisprudencial reciente (así, 69 días naturales en la STS 23/02/16 -rcud 1423/14 -).

A los referidos efectos ha de indicarse que si bien es claro que no necesariamente la unidad del vínculo está ligada la existencia de fraude de ley, pues parece innegable que pudiera apreciarse aquélla en la sucesión de contratos temporales perfectamente ajustados a derecho, no lo es menos cierto que la concurrencia de fraude parece que haya de comportar - razonablemente- que sigamos un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal- en la valoración del plazo que deba entenderse "significativo" como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría precisamente el éxito de la conducta defraudadora. Máxime cuando -como ya observamos en la precitada STS 08/03/07 rcud. 175/04 - en interpretación del Anexo a la Directiva 99/70/CE y en la lucha contra la precariedad en el empleo, la doctrina comunitaria ha entendido que aquella disposición de la Unión Europea "debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que considera que únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales" ( STJCE 04/Julio/2006, asunto "Adeneler "); doctrina que ciertamente ha de tenerse en cuenta, en tanto que resulta obligada la interpretación de la normativa nacional en términos de conformidad con el derecho y jurisprudencia de la Unión Europea".

Pues bien, las precedentes consideraciones podrían llevarnos a afirmar que el vínculo que han mantenido los litigantes responde a una única relación pese a la existencia formal de diversas contrataciones diferentes, sin que el hecho de que, tras la finalización de las primeras no se reclamara por despido, permita entender que se ha producido una ruptura en la vinculación que impida su examen a efectos del presente despido o a los efectos de determinar la naturaleza de la relación por haber incurrido en un supuesto de fraude de ley.

Parece claro que si el mero hecho de no haber accionado frente al cese de una relación temporal anterior determinara la imposibilidad de tener en cuenta esa vinculación a los efectos indicados, estaríamos olvidando el contenido mismo de la doctrina sobre la "unidad del vínculo" a la que acabamos de hacer referencia, pues, para su aplicación es necesaria la existencia de una cadena sucesiva de contrataciones que van finalizando, tras cuyos ceses se suscriben otros contratos temporales que, por sus características, permiten apreciar un único vínculo entre las partes.

La doctrina de la "unidad esencial del vínculo" carecería de cualquier predicamento si no pudieran examinarse contratos previos que han concluido y a cuya finalización ha continuado la relación con las circunstancias antes expuestas.

Ahora bien, siendo cierto todo lo anterior, no lo es menos que no toda sucesión de contratos permite apreciar una única vinculación,y para ello hay que establecer las circunstancias en las que se produce el cese entre contratos y la naturaleza de la nueva vinculación para así determinar si existe en realidad una unidad contractual.

En el parecer de esta Sala (y así lo hemos expuesto en numerosas resoluciones) el cese en un contrato determina una ruptura en la vinculación si es debido a una renuncia del trabajado, a una baja voluntaria, a una dimisión o si tras el cese transcurre hasta la nueva contratación un tiempo tal que impida apreciar la unidad de contrato a la que nos referimos. También cabe considerar esa ruptura en los casos en los que las contrataciones, aun siendo sucesivas, respondan al desempeño de actividades esencialmente diferentes, o cuando las causas de los contratos son distintas, o las plazas ocupadas son diferentes.

Pues bien, en el caso enjuiciado no es posible apreciar la unidad de vinculación que defiende la recurrente.

El primer contrato cuestionado, con una vigencia del 16/02/2016 hasta el 13/04/2016, fue suscrito por la demandante con el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior e Igualdad, contrato laboral (Departamento de Relaciones Ciudadanas). Fue un contrato de duración determinada, por obra o servicio determinada, a jornada completa, formalizado al amparo de lo dispuesto en los artículos 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y 2º del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, para realizar funciones como auxiliar administrativo, consignándose como causa de su celebración "atender las necesidades del Departamento de Relaciones Ciudadanas hasta la creación de la plaza en la plantilla orgánica.

Tras finalizar esta contratación la actora suscribió el 14/04/2016, también para el Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra (Departamento de Relaciones Ciudadanas), contrato administrativo temporal por vacante para la provisión temporal de la vacante nº NUM003, para desarrollar sus funciones como auxiliar administrativo, contrato que se desarrolló hasta el 31/03/2019.

Pues bien, tras finalizar esta segunda contratación la demandante, con fecha de 01/04/2019, suscribió un contrato administrativo con el SNS-O en base a la Ley Foral 11/1992 de 20 de octubre, y el Decreto Foral 68/2009, en orden a la provisión temporal de la vacante de Auxiliar Administrativo, nivel D, existente en la plantilla orgánica de la administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con destino en CHN UD COMPRAS (COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA) identificada en la plantilla con el número NUM001.

Como puede observarse, pese a la sucesión de contrataciones, es lo cierto que las mismas han respondido a causas diferentes, se han formalizado por Departamentos distintos de la Administración, las plazas ocupadas son igualmente distintas y ni siquiera las funciones pueden equiparase.

Por lo dicho, la única vinculación que puede ser analizada en este procedimiento es la última suscrita entre las partes, siendo esta y no las anteriores la que sirva de referencia a la hora de establecer que órgano judicial es competente para el conocimiento de la cuestión planteada, sin que a ello pueda oponerse, como decimos, ni la doctrina de la unidad esencial del vínculo, ni la existencia de un fraude en las contrataciones previas pues éste, que dicho sea de paso no se acredita adecuadamente (la causa se establece correctamente), no puede condicionar la naturaleza de contratos posteriores respecto de los cuales los contratos previos no guardan relación y fueron extinguidos válidamente.

Por todo lo dicho, el recurso de la demandante no puede acogerse, sin que la Sala deba analizar en este momento el cuarto motivo suplicatorio pues el mismo si se ve condicionado por la determinación de que jurisdicción debe conocer del pedimento.

QUINTO:Dicho lo anterior, debemos analizar el recurso interpuesto por la Administración demandada.

El único motivo que soporta este recurso se plantea al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, por considerar que la sentencia recurrida infringe el artículo 9 de la LOPJ, los artículos 1 y 2 de la LRJS, y el artículo 1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como la jurisprudencia aplicable a dichos preceptos, y ello, por concurrir, a su entender, la incompetencia de esta jurisdicción social para conocer del presente asunto.

En el recurso se defiende igualmente que la sentencia del Juzgado vulnera asimismo lo establecido en el artículo 29.b) de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al SNS-O y en el Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, específicamente su artículo 5.

En comprimido resumen, la parte que recurre considera que los órganos jurisdiccionales del orden social no son competentes para conocer de la cuestión litigiosa y, el rechazo, por parte del Juzgado de instancia, de la excepción planteada, vulnera la doctrina sentada por la Sala Cuarta del TS en su sentencia de 11/01/2024 (rcud. 1673/2022), así como la emitida por éste TSJ en aplicación de tal jurisprudencia. De forma subsidiaria, postula la parte recurrente que se declare la inexistencia de fraude en la contratación.

El Juzgado de lo Social, como hemos apuntado anteriormente, desestima la excepción de incompetencia de jurisdicción en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.5 de la LOPJ en relación con el artículo 1.3 del ET, y ello, en la consideración de que en el contrato suscrito entre los litigantes el 01/04/2019 ha existido un uso abusivo de la contratación temporal, debiendo considerase la duración del contrato como inusualmente larga según la jurisprudencia del TJUE, del TS y de esta misma Sala.

Esta Sala de lo Social en múltiples resoluciones ha venido manteniendo que no es posible aplicar, cuasi-automáticamente el plazo de tres años al que hace referencia el TS en su sentencia de 28/06/2021. Recordamos, a este respecto, que tal referencia temporal tiende a sancionar el mantenimiento de modo permanente de un empleado público en la plaza vacante si este es debido al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante. Solo en estos casos de desidia por parte de la Administración, la contratación ha de ser considerada como fraudulenta.

En el supuesto enjuiciado, la prueba practicada permite apreciar, en lo que ahora interesa, que:

-La demandante, con fecha de 01/04/2019, suscribió un contrato administrativo con el SNS-O en base a la Ley Foral 11/1992 de 20 de octubre, y el Decreto Foral 68/2009, en orden a la provisión temporal de la vacante de Auxiliar Administrativo, nivel D, existente en la plantilla orgánica de la administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con destino en CHN UD COMPRAS (COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA) identificada en la plantilla con el número NUM001.

Pues bien, es un hecho no negado por ninguna de las partes, que el contrato administrativo que es objeto de controversia se suscribió cumpliéndose las exigencias legales habilitantes. Dicho contrato se formalizó de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre y en el Decreto Foral 68 /2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en régimen administrativo en la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, identificándose adecuadamente la plaza vacante ocupada y siendo destinada a cometidos propios de la misma.

Pues bien, teniendo en consideración la doctrina mantenida hasta ahora por este Tribunal, es evidente que, entre la suscripción del contrato y la reclamación han transcurrido más de tres años, lo que determinaría que, en aplicación de la doctrina de esta Sala, fuera la jurisdicción social la competente para conocer de la cuestión planteada.

Ahora bien, la incompetencia de jurisdicción en el caso analizado es la decisión que debemos adoptar en aplicación de la doctrina establecida por la Sala Cuarta del TS en su sentencia de 11/01/2024 (rcud. 1673/2022).

Conforme a la resolución mencionada, y en síntesis resumida, el orden jurisdiccional social no es competente para conocer de la impugnación de la extinción de un contrato administrativo para la provisión temporal de vacante por ser inusualmente largo.

El recurso que ha dado lugar a la sentencia del TS que mencionamos se interpone por el Ayuntamiento de Tudela frente a una Sentencia de esta Sala de lo Social dictada el 24/02/2022 (rec. 66/2022) en la que se confirma una resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona, rechazando la excepción de falta de competencia del orden jurisdiccional social, en un supuesto similar al que ahora se enjuicia. Como sentencia de contraste el Alto Tribunal cita otra resolución dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el 05/09/2019 (rec. 243/2019) en la que se declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento del asunto.

La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina, como así se concreta por el TS en el primer fundamento de su sentencia, (sic) "se centra en determinar si el orden social de la jurisdicción es competente para conocer de la demanda de despido interpuesta por la parte actora frente a la decisión del Ayuntamiento demandado de extinguir el contrato administrativo que tenía suscrito, al ser inusualmente larga su duración"y, como ya hemos apuntado, la Sala Cuarta considera que el orden jurisdiccional social es incompetente para conocer de la impugnación de la extinción de un contrato administrativo para la provisión temporal de vacante por el hecho de ser inusualmente largo, asumiendo de esta forma el contenido de la doctrina sentada por la sentencia de contraste, que es la que considera correcta, y conforme a la cual, las cuestiones litigiosas referentes a una relación administrativa válida, incluidas las que se derivan de la extinción del vínculo, no pueden solventarse ante los órganos jurisdiccionales del orden social, siendo la jurisdicción contenciosa la competente para determinar las consecuencias que, respecto de la vinculación administrativa válida, se derivan del hecho de que la vacante ocupada por el demandante no se haya incluido en las ofertas de empleo durante un plazo superior a los tres años. De igual manera, será el orden contencioso el encargado de determinar si la vinculación administrativo válida se ha prolongado inusualmente en el tiempo.

A este respecto, la Sala Cuarta establece textualmente lo siguiente:

"...el art. 2 de la LRJS reserva al ámbito de la jurisdicción social las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresario y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, excluyendo el art. 1 del ET de su ámbito de aplicación a la relación de servicio del personal al servicio de las Administraciones Publicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.

En el caso concreto que nos ocupa, el artículo 88 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto (modificado por Ley Foral 21/1998) establece que "Las Administraciones Públicas de Navarra sólo podrán contratar personal en régimen administrativo para: a) La realización de estudios o proyectos concretos o trabajos singulares ni habituales. b) La sustitución de personal y la provisión temporal de las vacantes en sus respectivas plantillas orgánicas. c) La atención de nuevas necesidades de personal docente debidamente justificadas, siempre que se acredite la insuficiencia de personal fijo para hacer frente a las mismas". Esta norma es la base de la contratación de la parte actora.

Junto a ello y en desarrollo de aquel Estatuto, el Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en régimen administrativo de las Administraciones Públicas de Navarra, fija los supuestos que deben regirse por esa modalidad contractual, entre los que figura la provisión temporal de las vacantes existentes en sus respectivas plantillas orgánicas (art. 5), disponiendo su art. 12 que al personal contratado en régimen administrativo le será de aplicación la normativa establecida para los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra en las materias que allí se indican, recogiendo la Disposición Adicional 4ª que "Aquellas plazas vacantes de la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos que hayan sido cubiertas temporalmente al menos durante tres años, se incluirán en la siguiente oferta de empleo público que se apruebe a partir del cumplimiento de dicho plazo". Por último, la Disposición Final 1ª de dicha norma dispone que "En lo no previsto tanto en el presente Decreto Foral como en el correspondiente contrato, será de aplicación al personal contratado en régimen administrativo, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general previsto para el personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra; siéndoles de aplicación aquellas disposiciones legales y reglamentarias que regulen el régimen jurídico del personal funcionario, excepción hecha de aquellas que sean inherentes a su condición". Esto es, claramente, la vinculación de servicios de la parte actora se generó fuera del régimen del contrato de trabajo.

Pues bien, como refieren las sentencias comparadas, no estamos ante un caso en el que se ha utilizado el cauce administrativo fuera de los supuestos contemplados por la Ley en tanto que el abuso que se denuncia, no es por no ser procedente la condición de interinidad que constituyó el objeto del contrato administrativo sino la situación objetivamente abusiva que se produjo por su duración injustificadamente larga del mismo sin activar mecanismo alguno de cobertura, tal y como mandata la normas forales antes expuestas.

Siendo ello así, es evidente que la impugnación de la extinción de ese contrato administrativo no es competencia del orden social de la jurisdicciónsin que a ello se oponga el que exista normativa y doctrina comunitaria que puedan otorgar determinados efectos a la duración inusualmente larga que una contratación temporal pueda tener ya que ello no incide en las reglas de competencia que el derecho interno pueda tener, de forma que no hay razón alguna para atribuir a esta jurisdicción la competencia en relación con la extinción de contratos administrativos temporales del personal al servicio de una administración pública.

El alcance que jurídicamente pueda tener esa situación de abuso en la contratación por ser inusualmente larga la duración del contrato administrativo temporal, será determinada por la jurisdicción contencioso-administrativa que deberá aplicar, como viene haciéndolo, las disposiciones normativas y doctrina europea que corresponda, pero no puede acudirse a esta jurisdicción para que, bajo parámetros laborales se analice el alcance que la irregularidad denunciada deba tener. Es más, las propias sentencias contrastadas vienen señalando que esa irregularidad no altera la naturaleza del contrato de forma que, si ello es así, la pretensión escapa del conocimiento de este orden social. Y ello, aunque la repercusión de dicha irregularidad sobre el contrato deba obtenerse de las normas y jurisprudencia comunitaria ya que la misma también viene siendo tomada en consideración por aquella otra jurisdicción, incluso atendiendo a la misma STJUE de 19 de marzo de 2020 que se cita en la aquí recurrida (a título de ejemplo, la STS, Sala 3ª, 963/2023, de 12 de julio (rec. 2624/2020 ).

Criterio de incompetencia que esta Sala ha venido aplicando en otros supuestos en los que funcionarios interinos de la administración pública interesan de esta jurisdicción el reconocimiento de relación laboral por irregularidades en su contratación, como recuerdan las SSTS 70/2022, de 26 de enero (rcud 2346/2019 ), y 245/2022, de 22 de marzo (rcud 1275/2020 )".

La doctrina expuesta, perfectamente aplicable al caso enjuiciado, permite apreciar la incompetencia de los órganos judiciales de la jurisdicción social para el conocimiento de la cuestión planteada.

Por lo dicho, debemos estimar la excepción de incompetencia de jurisdicción que ya fue plantada por la parte demandada en la instancia, en el sentido que acabamos de indicar. A ello no puede oponerse la existencia de una normativa o una doctrina comunitaria que puedan otorgar determinados efectos a la duración inusualmente larga que una contratación temporal, ya que ello no incide en las reglas de competencia que el derecho interno pueda tener, de forma que no hay razón alguna para atribuir a esta jurisdicción la competencia en relación con la solicitud sobre reconocimiento de derecho que realizó la demandante.

La estimación de la excepción hace innecesario dar respuesta al resto de alegaciones no analizadas hasta ahora en los recursos formalizados por ambas partes recurrentes, todo ello, sin expresa condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación.