Sentencia Social 72/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 2490/2024 de 13 de enero del 2025

PRIMERO.- Se recurre por el letrado designado por el Centro Portuario de Empleo de Valencia, S.A. (en lo sucesivo, el CPE), la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 15 de Valencia que estimó la demanda de despido presentada por doña Adelaida, declaró la improcedencia de la extinción de su contrato de trabajo llevada a cabo por la empresa alegando ineptitud sobrevenida para continuar desempeñando su puesto de trabajo de conductora de 1ª y 2ª, containera y elevadora y, habiendo optado la Sra. Adelaida por la readmisión, condenó a la empresa a abonarle los salarios de tramitación a razón de 279,88 € diarios, sin perjuicio de los descuentos que puedan corresponder en caso de haber accedido a otros empleos o hallarse en situación de incapacidad temporal.

SEGUNDO.- En los tres primeros motivos del recurso se solicita por la empresa al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS) , que se modifique el relato de hechos probados de la sentencia en los siguientes términos:

1º) Se interesa en primer lugar, que se dé al hecho probado 12 la siguiente redacción:

"El día 15 de septiembre de 2020, la responsable del departamento de prevención de riesgos de la terminal APM, remitió el siguiente correo al Centro Portuario de Empleo: "Buenos días. Tal y como hemos comentado esta mañana, sirva este mensaje para solicitar que se tomen las medidas pertinentes para que esta trabajadora no vuelva a ser contratada en nuestras instalaciones hasta que el servicio médico emita una valoración. Es la segunda vez que se la lleva la ambulancia". A dicho correo, respondió el gerente del Centro Portuario de Empleo: "Buenas, hasta que tengamos más claro el resultado médico deberíamos intentar evitar la contratación en APM. Creo que en VTE también tuvo problemas. Fidel (Médico del Servicio de Prevención), por favor, si hay algo que puedas aclarar o añadir..." A lo que el médico del servicio de prevención respondió: 3 "Hola a todos. Hemos remitido a la trabajadora al servicio de neumología y le hemos adelantado la consulta a hoy mismo, de momento no debemos mandarla ni a APM ni a VTE, ya que han sido en esas empresas donde se han producido los episodios de su estado de salud. En cuanto tenga hecha una valoración lo pondré en vuestro conocimiento".

A diferencia de lo que alega el recurrente, el texto que se pretende introducir no añade ningún elemento relevante al debate, toda vez que la sentencia contiene un completísimo relato de hechos probados. Se dice, que la decisión de la empresa de que la trabajadora no prestara servicios en dos terminales, y no solo en una, constituye una adaptación del puesto de trabajo, pero lo único que resulta de los correos que se invocan, es que se trató de una propuesta -"de momento no debemos mandarla ni a APM ni a VTE"- que no sabemos si llegó a materializarse y que es de fecha muy anterior al despido.

2º) Se solicita en el motivo segundo que se añada un hecho probado nuevo con el siguiente texto:

"El 7 de agosto de 2022 (trabajando de conductora de primera), en la terminal CSP, precisando de traslado en ambulancia medicalizada. El responsable de seguridad de la terminal, cumplimentó el siguiente parte: "Seguridad informa que a las 04:57h se recibe en control de accesos llamada del jefe de turno solicitando una ambulancia, para la conductora de maffi 35 con el nº de chapa 72123 que sufre un ataque de asma que se encuentra Paceco 19. Se solicita a las 04:58h al c.c.e.e (Centro de Control de Emergencias del Puerto) una ambulancia comunicando el motivo y esta entra en la terminal a las 05:08h, es custodiada por la furgoneta de trasporte de personal a la ubicación de la afectada. Los sanitarios atienden a la conductora y tras estabilizarla la trabajadora abandona la terminal por su propio pie. La ambulancia sale de la terminal a las 05:26h."

Se desestima la petición porque en el hecho probado 10 de la sentencia se recoge esta misma circunstancia, siendo innecesaria su reproducción.

3º) Por último, en el motivo tercero se solicita la adición del siguiente hecho:

"El 7 de agosto de 2022 (trabajando de conductora de primera), en la terminal CSP, precisando de traslado en ambulancia medicalizada. El responsable de seguridad de la terminal, cumplimentó el siguiente parte: "Seguridad informa que a las 04:57h se recibe en control de accesos llamada del jefe de turno solicitando una ambulancia, para la conductora de maffi 35 con el nº de chapa 72123 que sufre un ataque de asma que se encuentra Paceco 19. Se solicita a las 04:58h al c.c.e.e (Centro de Control de Emergencias del Puerto) una ambulancia comunicando el motivo y esta entra en la terminal a las 05:08h, es custodiada por la furgoneta de trasporte de personal a la ubicación de la afectada. Los sanitarios atienden a la conductora y tras estabilizarla la trabajadora abandona la terminal por su propio pie. La ambulancia sale de la terminal a las 05:26h." Y el 14 de septiembre de 2022 mientras trabajaba también en CSP Terminal Valencia, trabajando como manipuladora de containera, sufrió otra crisis que le provocó disnea aguda. Es mismo día (14/9/2022), uno de los técnicos de prevención de la terminal CSP remitió el siguiente correo: "Buenos días, referente al ataque de asma de la conductora de mafi Adelaida nº 72123, alega que padece una alergia a un componente químico que se utiliza para la limpieza de los contenedores de las cubas. En este caso según indica el contenedor está ubicado en el barco 7 (ver fotos adjuntas). Según la trabajadora toma urbason ya que se le cierran conductos respiratorios y el paso por el muelle le afecta. Según vemos de esta misma trabajadora tenemos otro ataque de asma producido el pasado 07/08/2022 con entrada de ambulancia. La trabajadora ya tiene una antigüedad al menos desde 2017. Sería conveniente preguntar a CPE por el apto medico de esta trabajadora si tiene alguna limitación diagnosticada y si este caso es sobrevenido por alguna circunstancia ya que no tenemos información de sucesos similares de esta trabajadora desde 2017, aunque si tenemos constancia de dos AT con baja ese año." Al día siguiente, el director de seguridad y salud de la terminal CSP, remitió al gerente del Centro Portuario de Empleo es siguiente correo: " Gaspar, con esta trabajadora al final vamos a tener un susto gordo, en nuestra casa en un par de meses dos asistencias de ambulancia porque se ahoga, y me consta que ha tenido más asistencias de ambulancia por este asunto. Y tiene apto en la vigilancia de la salud, y mensajes de Lázaro pidiendo que tengamos cuidado con ella ... (parece que las medidas tomadas son: se le ha proporcionado mascarilla con filtros desde la CPE, se comunicó a las empresas este problema para verificar que no utilizábamos esta sustancia en los productos de limpieza, que su colla está preparada por si le dan ataques, y que ella lleva su medicación encima). Pero la realidad es que es una situación incontrolable por nuestra parte y al final tendremos un grave problema de responsabilidad. Podéis revisar este asunto, ¿qué podemos hacer?. Gracias y saludos."

Esta petición tampoco tiene la relevancia exigible para ser admitida, pues los incidentes de los días 7 de agosto y 14 de septiembre de 2022 aparecen reflejados en el hecho probado 8º y lo que nadie discute, ni está en cuestión, es la preocupación que se tenía por el estado de salud de la trabajadora tanto en la empresa demandada como en las terminales en las que realizaba su labor.

TERCERO.- 1. Los motivos cuarto y quinto del recurso están redactados al amparo del apartado c) del artículo 193 LRJS y en ellos se cuestiona, respectivamente, la declaración de improcedencia del despido y, caso de confirmarse este pronunciamiento, que sea la trabajadora la que tenga el derecho de optar entre la readmisión en la empresa o la percepción de la indemnización prevista en la legislación para los despidos improcedentes. Por tanto, esta última cuestión, que se plantea en el motivo quinto del recurso, solo será posible abordarla en caso de confirmar la improcedencia del despido.

2. Se denuncia en el motivo cuarto la vulneración del artículo 52 a) del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) que dispone lo siguiente: "El contrato podrá extinguirse: a)

Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento."

Se argumenta en este motivo, que la demandante es una trabajadora que desde mediados del año 2020 comienza a sufrir graves crisis en las diferentes terminales del Puerto de Valencia en las que es puesta a disposición por el Centro Portuario de Empleo y en las diferentes especialidades que desarrolla. Que desde el primer momento, la empresa, a través del servicio de prevención de riesgos laborales, la remite a diferentes especialistas para que le realicen los estudios y pruebas diagnósticas pertinentes y, paralelamente, se coordina con los servicios de prevención de todas las terminales para indicarles que la demandante sitúa el foco de su grave problema en la exposición al glutaraldehído, indicándoles que no lo utilicen. Que desde el mes de agosto de 2020 se le ha venido entregando a la trabajadora regularmente filtros de protección para evitar la inhalación de productos. Que se comunicó a las terminales que eliminaran de sus proveedores de limpieza aquellos productos que contuvieran glutaraldehído y sus derivados. Y que pese a todo ello, ha resultado imposible garantizar la seguridad de la trabajadora que presenta una sintomatología compatible con una reacción alérgica o irritación de las vías respiratorias por hipersensibilidad a agentes químicos y/o biológicos, que le provoca cuadros caracterizados por tos, respiración agitada, falta de aliento, laringoespasmos, disnea, dificultad respiratoria, etc., por lo que se solicita la estimación del motivo cuarto y la revocación de la declaración de improcedencia del despido.

3. En la interpretación del art. 52 a) ET el Tribunal Supremo ha señalado que "el concepto de ineptitud se refiere, a una inhabilidad o carencia de facultades profesionales que tiene su origen en la persona del trabajador, bien por falta de preparación o de actualización de sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo, percepción, destreza, falta de capacidad de concentración, rapidez, etc..." ( STS 2 mayo 1990). Se trata, por tanto, de un concepto diferente al de invalidez permanente, situación esta que por sí misma permitía la extinción contractual ex art. 49.1 e) ( STSJ de Cataluña 31-10-1997). De manera que se puede declarar la resolución del contrato por aquélla causa cuando la persona trabajadora no alcanza ningún grado de incapacidad permanente y, sin embargo, resulta incapaz para realizar su trabajo ordinario, siempre que la enfermedad o dolencia sea posterior a la fecha de inicio de la relación laboral. Pero, para ello, es necesario que esa incapacidad esté debidamente acreditada, de manera que resulte indubitado que la persona no puede realizar su trabajo habitual.

La jurisprudencia siempre ha hecho hincapié en la diferencia entre incapacidad permanente e ineptitud, pues aun cuando ambos conceptos suponen la inhabilidad para el desarrollo de la prestación objeto del contrato de trabajo, la primera se define por remisión a la legislación de Seguridad Social y requiere la declaración administrativa o judicial que genera el derecho a percibir una pensión o una cantidad a tanto alzado ( STS de 10 de diciembre de 1991).

En esta misma línea se viene entendiendo por la doctrina judicial que, a efectos de poder declarar o no la concurrencia de la causa extintiva del contrato de trabajo, "se revela insuficiente el diagnóstico de la entidad aseguradora, de tal manera que la declaración de no apto de un trabajador efectuada por un servicio de prevención como consecuencia de la revisión médica a la que puede ser sometido no es causa automática para que opere el art. 52.a del Estatuto de los Trabajadores ". En este sentido, se insiste en que el informe del servicio de prevención no sirve, por si mismo, para justificar la extinción del contrato por causas objetivas al amparo del art 52 a) ET, sino que le incumbe al empresario la carga de probar que concurre tal ineptitud en los términos expuestos.

A partir de estas consideraciones, conviene recordar la regulación específica de la materia que se sustenta, entre otros, en los siguientes preceptos:

a) El artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales que regula la vigilancia de la salud dispone, en su apartado 1, que "El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo."

b) El art. 31. 3. f de esa misma Ley 31/1995 regula los servicios de prevención y señala que éstos deberán proporcionar asesoramiento y apoyo a las empresas sobre "la vigilancia y salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo", estableciendo, a continuación, que si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto a dicha materia se efectuará por los servicios de prevención ajenos.

c) El artículo 19.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del reglamento de servicios de prevención, que regula las funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención, disponiendo que cuando tales entidades actúen como servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en relación con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su ejecución a la propia empresa, sin perjuicio de la responsabilidad directa que les corresponda en el desarrollo y ejecución de actividades, como la evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas, precisándose en su apartado segundo, que dichas entidades asumirán las funciones señaladas en el art.

31.3 LPRL.

La lectura de estos preceptos permite deducir que los servicios de prevención tienen, entre otras misiones, la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras en relación con los riesgos derivados del trabajo. De este modo, cuando en su función de vigilancia de la salud constaten que han perdido sobrevenidamente su aptitud para el desempeño del puesto de trabajo, están obligados a informar al empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención, de sus conclusiones sobre dicha pérdida de aptitud o, sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva, todo ello con respeto a las cautelas previstas en los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 22 de la LPRL, puesto que dicha información contiene datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Cuando el servicio de prevención informe a la empresa sobre la ineptitud sobrevenida de una persona para el desempeño de su puesto de trabajo, deberá ordenar a la persona afectada que deje de prestar servicios en ese puesto de trabajo para evitar, de este modo, cualquier riesgo en su desempeño.

Consiguientemente, la obligación de los servicios de prevención de trasladar a la empresa sus conclusiones sobre los reconocimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, tiene por finalidad fundamental asegurar que el empresario tome las medidas precisas para evitar cualquier riesgo de la persona afectada, si bien no permite concluir, sin más, que un informe expedido por el servicio de prevención constituye por sí solo un medio de prueba imbatible para acreditar la ineptitud sobrevenida para el trabajo, que justifique, sin más pruebas, la extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida, puesto que los datos relativos a la vigilancia de salud de los trabajadores no pueden ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio de la persona trabajadora, a tenor con lo dispuesto en el art. 22.4 LPRL.

Dicha conclusión no significa que los informes de los servicios de prevención no tengan ningún valor probatorio para acreditar la ineptitud sobrevenida para el desempeño del puesto de trabajo. Lo que es preciso es que el informe identifique con precisión cuáles son las limitaciones concretas detectadas y su incidencia sobre las funciones desempeñadas por la persona, sin que baste la simple afirmación de que ha perdido su aptitud para el desempeño del puesto, cuando dicha afirmación no esté justificada en los términos expuestos y no se soporte con otros medios de prueba útiles cuando sea contradicha por la persona trabajadora afectada.

4. Expuestos los criterios doctrinales elaborados en torno a esta causa de extinción del contrato de trabajo, también conviene recordar cuáles son los datos fácticos más relevantes que quedaron acreditados en el acto del juicio.

Doña Adelaida trabaja para el Centro Portuario de Empleo de Valencia, S.A. desde el año 2016 con la categoría de manipuladora de medios mecánicos, desempeñando las especialidades de Conductora de 1ª y de 2ª (turismos y furgonetas), Containera y Elevadora, así como funciones de Grupo I especialista (estiba), siendo puesta diariamente a disposición de las empresas estibadoras del Puerto de Valencia, en los centros de trabajo de APM Terminalis, CSP Terminal Valencia, MSC, Valencia Terminal Europa,

Balearia, Trasmed, Ership y GNV, en los muelles y en los buques de carga

a) A partir del año 2020 sufrió las siguientes crisis:

- El 27/07/2020, estando prestando servicios en APM Terminal subida a la containera, fue atendida por una ambulancia y remitida a urgencias del Hospital La Fe, tras inhalar lejía y presentar disnea al abrir un camión que estaba desinfectado previamente con lejía, presentando tos, sensación de disnea, disfonía y mareo.

- El 4/08/2020, estando en Valencia Terminal Europa, notó que le faltaba el aire mientras se encontraba en el interior de una furgoneta de reparto, siendo trasladada en ambulancia a su domicilio por laringoespasmo. El 7/08/2020 fue remitida a la Unidad de Enfermedades del Aparato Respiratorio del Hospital Intermutual de Levante para estudio y tratamiento. El 24/09/2020 se emitió informe por esa Unidad en el que consta como diagnóstico: "probable asma por irritantes" y juicio terapéutico neumológico "recomiendo evitar exposición al glutaraldehido". En informes posteriores de 10/12/2020 y 15/03/2021 aparecen como juicio diagnóstico: "bronquitis tras inhalación irritantes" y juicio terapéutico neumológico "recomiendo evitar exposición al glutaraldehido".

- El 6/02/2022 presentó crisis asmática cuando portaba una cuba cargada en su mafi, siendo atendida por dos portuarios que le proporcionaron la medicación que llevaba en su bolso. Pasados 15 minutos empezó a respirar mejor, aunque estaba mareada y las piernas le temblaban. Fue trasladada a la garita del terminal APM hasta que se recuperó y se marchó en buenas condiciones.

b) La actora precisó atención médica que se prestó por la empresa en ambulancia

medicalizada los siguientes días:

- El 12/09/2020 en APM Terminals al asomarse por la ventanilla de la containera notó olor a producto químico. A las 20:35 horas fue atendida por la ambulancia tras "contacto accidental con lejía presentó disnea súbita". Se diagnosticó "dificultad respiratoria aguda leve moderada". Tras la nebulización persistían sibilantes leves y tos laríngea. Estuvo en IT hasta el 15/12/2020.

- El 18/03/2021, a las 3:40 horas, en el terminal Valencia Terminal Europa, presentó dificultad para respirar. La impresión diagnóstica fue "crisis de ansiedad, dificultad respiratoria". Se le administró diazepam.

- El 24/05/2021, trabajando en APM Terminals, fue atendida por presentar dificultad para respirar de aparición brusca al inhalar agentes irritantes, disnea, afonía, sin mareo ni eritema. La impresión diagnóstica fue "laringotraqueítis aguda, broncoespasmo agudo, inhalación de agente irritante en su lugar de trabajo". Estuvo en IT hasta el 4/07/2021.

- El 13/03/2022 fue atendida a las 23:25 horas en MSC por reacción alérgica.

- El 7/08/2022, trabajando en CSP como conductora de 1ª, fue atendida a las 5:10 horas por alergia a un producto químico, con diagnóstico de "reacción alérgica".

- El 14/09/2022 fue atendida a las 11:50 horas en CSP cuando trabajaba como manipuladora de containera, por clínica de disnea aguda relacionada con alergia a producto, antecedente de exposición a producto a que es sensible (glutaraldehído), impresión diagnóstica "hipersensibilidad alergia contacto".

c) En cuanto a las medidas preventivas adoptadas por la empresa demandada,

constan las siguientes:

- El 28/12/2020 el técnico de prevención de riesgos laborales del CPE remitió a los departamentos de prevención de riesgos laborales de todas las terminales del Puerto de Valencia un correo informando de la situación de la demandante, en el que señalaba que había presentado varios episodios de dificultad respiratoria que le obligaba a recibir asistencia médica urgente debido a hipersensibilidad a la inhalación de glutaraldehído, compuesto químico "que se viene utilizando como desinfectante frente al Covid-19 en algunas terminales a las que se ha puesto a disposición dicha trabajadora, para la limpieza y desinfección del habitáculo de la maquinaria", solicitando que se comentara la situación a los proveedores del servicio de limpieza y desinfección de la maquinaria para valorar la posibilidad de sustituir dicho producto por otro que cumpla con la misma finalidad perseguida. El 22/02/2022 la empresa remitió un comunicado a las terminales informando de la situación de la actora y las medidas para evitar las crisis respiratorias, así como el protocolo de actuación caso de precisar atención médica.

- En el mes de septiembre de 2020 el gerente dio instrucciones para evitar la contratación de la actora en APM debido a las situaciones que se habían producido. La citada terminal había solicitado que se evitara la contratación de la demandante en sus instalaciones hasta que el servicio médico emitiera una valoración de su estado de salud. Desde el departamento de prevención se solicitó a APM que se cambiaran los productos de limpieza en relación con la demandante.

- En enero de 2021 el servicio de prevención de APM remitió información al servicio de prevención de la empresa demandada negando que utilizara productos con glutaraldehídos. Se remitió la ficha técnica del producto que usaban para la desinfección de Covid (Sprint H-100), ofreciendo cambiarlo por Suma Bac, también desinfectante incluido en la lista del Ministerio. Varias empresas terminales del puerto (CSP, MSC) remitieron al servicio de prevención información relativa a la ausencia del componente glutaraldehído en los productos de limpieza.

- Identificados por el servicio de prevención los componentes químicos de los productos de limpieza en base a la información que consta en las fichas de datos de seguridad, ninguno de los productos analizados se clasifica como sensibilizante respiratorio. Los productos se utilizan de forma diluida y son productos comunes de uso doméstico. También consta que determinados productos como el Sprint H-100 y una lejía pudieron haberse utilizado en periodo Covid, pero no posteriormente.

- El 6/08/2020 y el 16/06/2021 la empresa entregó mascarillas a la trabajadora y filtros para evitar la inhalación de productos tóxicos.

d) Por último, también conviene referir, siquiera que resumidamente, los informes médicos que se han emitido con ocasión de los estudios que se han hecho de la patología que afecta a la Sra. Adelaida:

- La actora fue visitada en la Clínica "My Medica" por el Dr. Hugo especialista en Neumología, que informó el 3/10/2022 en el sentido de que se debían controlar los dos factores que podían condicionar un empeoramiento de la hiperreactividad bronquial

(obesidad y tabaquismo activo) y "si se modifican los productos empleados para la limpieza del puesto de trabajo, debería existir suficiente control de los síntomas que ha presentado hasta ahora la paciente". También se informaba que la actora llevaba tratamiento de mantenimiento para evitar las crisis que resultaba parcialmente efectivo, sin presentar crisis fuera de la inhalación de irritantes, con un test de provocación bronquial negativo.

- El perito médico designado por el Colegio de Médicos a propuesta de la actora, señaló que descartaba enfermedad en las vías respiratorias bajas, constatando "signos y síntomas de irritación en vías aéreas superiores constatados en los informes aportados propias de la exposición a la lejía y al glutaraldehido". También descartó que hubiera peligro para la salud de la trabajadora aun desarrollando su actividad en la empresa, señalando que las limitaciones y recomendaciones son las propias del uso de sustancias irritantes, tóxicas y/o nocivas para la salud en los lugares de trabajo.

- El informe del Hospital La Fe del mes de octubre de 2021 señalaba: descartamos alergia a glutaraldehído") para valoración por otorrinolaringología, que encontró inflamación de la vía superior.

- El informe de neumología del Hospital Intermutual de Levante aludía a situación de riesgo que no se puede controlar, por lo que no puede trabajar.

- Por último, destaca la sentencia recurrida, que la sensibilidad química múltiple es un trastorno en la respuesta fisiológica de determinados individuos frente a una multiplicidad de agentes y componentes que se encuentran en el medio ambiente, alimentos o medicamentos, siendo muy difícil de diagnosticar tal enfermedad dada la heterogeneidad clínica de la misma y el origen multifactorial de su etiología, y que la demandante podría realizar su actividad laboral en entornos con garantía de ausencia de irritantes respiratorios llevando una jeringa precargada con adrenalina para rescate ante una eventual crisis respiratoria grave.

5. A partir de todos estos datos y aplicando la doctrina que hemos expuesto sobre esta causa de extinción del contrato de trabajo, consideramos que el pronunciamiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social debe ser revocado, pese a reconocer el excelente trabajo realizado por la magistrada de instancia plasmado en un completísimo relato de hechos probados y en una cuidada argumentación jurídica.

Como ya hemos expuesto, tanto la jurisprudencia nacional como la comunitaria ( STJUE de 11 de abril de 2013, asunto Ring), descartan la posibilidad de que se pueda poner fin a la relación laboral por causas objetivas relacionadas con la pérdida de capacidad de la persona trabajadora para el desarrollo de las tareas propias del puesto de trabajo, como consecuencia de una pérdida sobrevenida de incapacidad física, si no se han agotado las posibilidades de adaptación o reajuste de la actividad laboral a las limitaciones funcionales, siempre que tales posibilidades no aparezcan como una carga excesiva para el empleador. De este modo, sólo cuando la empresa acredita que la adaptación o el cambio del puesto de trabajo no es posible, o le supone una carga excesiva, podrá declararse la procedencia del despido.

Pero en este caso, la decisión de la empresa no se basa exclusivamente en el informe del servicio de prevención que declaró la ineptitud de la trabajadora para continuar desempeñando su puesto de trabajo, sino en la imposibilidad de encontrar cuál es la causa concreta que le provoca las crisis que padece y que se manifiestan con laringoespasmos y broncoespasmos de las que viene siendo atendida desde el año 2020. Se trata de crisis cuya gravedad, a juicio de la Sala, está fuera de toda duda si tenemos en cuenta las tareas de conducción que realiza la demandante que son propias de su categoría profesional de manipuladora de medios mecánicos, y la aparición brusca de tales crisis que se manifiesta con disnea, dificultad respiratoria e incluso mareos. Llama la atención que más allá del diagnóstico clínico, no existe una evidencia médica de las causas que provocan tales espasmos, por lo que difícilmente puede la empresa adoptar otras medidas distintas de las que ha venido tomando para evitar la aparición de las crisis. Así, como hemos visto, consta que ha proporcionado mascarillas a la trabajadora, que los técnicos del servicio de prevención se han puesto en contacto con los servicios de las terminales informando de la situación de aquella, de las medidas a adoptar para evitar las crisis respiratorias y del protocolo de actuación en caso de precisar atención médica, y que las terminales han informado que no utilizan productos que contengan glutaraldehídos y que los que emplean son de uso común doméstico.

Si como se declara probado en la sentencia recurrida, la sensibilidad química múltiple es un trastorno en la respuesta fisiológica de determinados individuos frente a una multiplicidad de agentes y componentes que se encuentran en el medio ambiente, alimentos o medicamentos, siendo muy difícil de diagnosticar tal enfermedad dada la heterogeneidad clínica de la misma y el origen multifactorial de su etiología, parece que las medidas adoptadas por la empresa antes de proceder al despido de la Sra. Adelaida se pueden calificar de "razonables", garantizando que en la limpieza de las cabinas de los vehículos en que presta servicios no se usan lejías ni otros productos particularmente irritantes y poniendo a su disposición mascarillas protectoras.

Lo que no se puede pedir a la empresa en el marco de la prevención de los riesgos laborales, es que investigue el origen o la causa de la patología que padece la trabajadora, sino que adopte las medidas que estén a su alcance para evitar o mitigar los efectos de tal patología. Pero cuando ello se revela como imposible pues las medidas adoptadas durante los casi tres años transcurridos desde que apareció la primera crisis se han mostrado insuficientes y pueden poner en peligro la vida de la trabajadora, dada la intensidad de las crisis y las tareas de conducción propias de su categoría profesional, la decisión extintiva adoptada por la empresa no puede considerarse contraria a derecho. Es por ello que procede revocar la sentencia de instancia y con desestimación de la demanda declarar ajustada a derecho la extinción del contrato de trabajo de doña Adelaida.

6. A la vista de este pronunciamiento, no procede examinar el motivo quinto del recurso que tenía por objeto impugnar la decisión judicial que otorgaba a la trabajadora el derecho de opción entre reincorporarse a su puesto de trabajo o percibir la indemnización por despido improcedente.

CUARTO.- 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 LRJS, se acuerda que una vez firme la sentencia, se proceda a la devolución de todas las consignaciones y del depósito y, en su caso, a la cancelación de los aseguramientos prestados para recurrir.

2. No ha lugar a imponer condena en costas ( art. 235.1 LRJS) .