Sentencia Social 313/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 346/2024 de 13 de marzo del 2025

PRIMERO.En la demanda que ha dado inicio al presente proceso la demandante, que viene prestando servicios como trabajadora indefinida del Servicio Murciano de Salud, encuadrada en el Grupo A1, como grupo técnico de la función administrativa, con complemento de destino nivel 23, solicita el reconocimiento de que las funciones que desempeña corresponden a la categoría de técnico responsable, nivel 26 de complemento de destino, y se condenara al organismo demandado a abonar la cantidad de 6.330,90 euros, en concepto de diferencias salariales devengadas en el período comprendido entre el 01-10-2021 y el 30-09-2022. Posteriormente, la demanda fue objeto de dos ampliaciones, primero incrementando la cantidad reclamada por diferencias retributivas a 10.486,89 euros, con la inclusión del concepto de productividad anual y, en el acto del juicio, actualizando las diferencias hasta septiembre de 2023, en la cuantía de 19.688,55 euros.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº5 de Murcia estimó parcialmente la demanda, declarando el derecho de la actora a la retribución del Grupo Al, Nivel 26 y condenando al organismo demandado a estar y pasar por dicha declaración, con la asignación de dicho Grupo y Nivel a efectos de retribución anual de 53.883,53 para la anualidad de 2022 y 55.500,50, excluida la antigüedad, y al abono de la cantidad de 21.643,71 euros brutos en concepto de diferencias salariales del periodo 1-10-2021 a 30-11-2023, más el interés legal de mora, así como las cantidades que se devenguen hasta la efectiva clasificación y regularización del salario en lo sucesivo. En cambio, se desestimó la pretensión de que se incluyera en las retribuciones el concepto "productividad anual".

Frente a esta sentencia, interponen sendos recursos de suplicación la parte demandada, solicitando la desestimación de la demanda, y la parte actora, solicitando su íntegra estimación.

SEGUNDO.Por razones sistemáticas, comenzaremos estudiando el recurso del Servicio Murciano de Salud, ya que su estimación supondría la integra desestimación de la demanda.

Este recurso contiene un primer motivo, formulado al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se solicita la modificación de los hechos probados de la sentencia.

Con carácter previo al examen de los distintos apartados de este motivo, señalaremos que, de la dicción del artículo 196.3, se deduce que en su formulación han de cumplirse tres requisitos formales, que son: indicar cuáles son los hechos probados de la sentencia que se pretenden revisar, señalar, de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca, e indicar la formulación alternativa que se pretende.

Por su parte, la sala 4ª del Tribunal Supremo viene declarando (sentencias de 22-11-2021 -rec.106/2021- y 01-02-2022 -rec.2429/2019-) que, de los preceptos que regulan el recurso de suplicación, se deriva que la revisión de los hechos probados debe atenerse al estricto cumplimiento de los siguientes requisitos:

1º Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2º Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3º Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4º Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos o pericias obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada).

5º Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

6º Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

7º Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

8º Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo.

Volviendo al escrito de recurso, se solicita en primer lugar la modificación del hecho probado quinto, para el que se propone la siguiente redacción alternativa:

"La Unidad de desarrollo Profesional donde presta servicios la actora se estructura jerárquicamente por medio de un Coordinador, bajo cuya dirección se encuentra una Jefatura de Servicio y una Jefatura de Sección.

Los tres puestos referidos del Grupo Técnico de la Función Administrativa que han venido prestando servicios en esta Unidad han sido coordinados directamente por la Jefa de Servicio y el Coordinador.

Ninguno de ellos ejerce sobre los demás ninguna tarea de coordinación.

Las funciones desarrolladas por cada uno de los Técnicos de la Función Administrativa citados son diferentes en contenido y varían en el tiempo en cada uno de ellos, en función de las necesidades de la Unidad. Todas esas funciones entrañan responsabilidad y complejidad en el ámbito en el que cada uno se desenvuelve.

Los técnicos han contado con apoyos puntuales para determinadas tareas y funciones, independientemente de la complejidad de estas.

En el caso de la Sra. Gracia, ha venido ejerciendo la coordinación del ámbito de formación continuada con el apoyo de una técnica desde marzo del 2018 y, posteriormente con el apoyo de un técnico más y un administrativo a tiempo parcial desde 2021.

Las funciones de coordinación y supervisión consistían en:

a) relacionarse (telefónicamente, por correo electrónico o en reuniones) con los Responsables de Formación Continuada de las gerencias de área de salud y de la FFIS, en los diferentes aspectos del proceso formativo, dando indicaciones de plazos y trámites a cumplimentar para la elaboración del plan de formación.

b) supervisaba el seguimiento y evaluación del plan de formación.

Las funciones de coordinación consistían en la distribución de tareas de formación continuada entre el personal técnico y administrativo que la apoyaba y en la supervisión de su ejecución, bajo la dependencia jerárquica de la Jefa de Servicio.

La decisión de encomendarle dichas tareas fue adoptada por el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Profesional ante la creciente complejidad y carga de trabajo de las funciones que tiene esta Unidad en el ámbito de la formación continuada y la Sra. Gracia era la técnica disponible de la Unidad con más experiencia y, por tanto, se consideró que era la más capacitada para esta función.

La Sra. Gracia tiene formación como Economista y, por ello, desempeña la función de colaborar con el Coordinador y la Jefa de Servicio en la elaboración de la propuesta de presupuesto de la formación continuada que se debe presentar ante el Consejo de administración del Servicio Murciano de Salud y la EFIAP para su aprobación. Los criterios presupuestarios son marcados por el Coordinador y la Jefa de Servicio.

Además, realiza el seguimiento de la ejecución de dicho presupuesto, informando a los citados superiores jerárquicos de las incidencias que se puedan producir por las bajas y altas de actividades formativas dentro cada ejercicio presupuestario, gestiona los remanentes y elabora la propuesta de informe de ejecución final.

La demandante no crea ni modifica aplicaciones informáticas. Su tarea ha consistido en trabajar con los informáticos del SMS dando las indicaciones para la mejora funcional del Sistema de Información de Formación continuada, para el control y seguimiento de la gestión económica. Por otra parte, participa, como el resto de técnicos, en el desarrollo funcional del nuevo sistema de información de formación continuada que se está desarrollando.

En el último periodo, la Sra. Gracia ha realizado tareas de apoyo en la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas para la implantación de la metodología de simulación en formación en el SMS, lo que ha permitido poner en marcha los espacios de simulación de los Hospitales Morales Meseguer y Reina Sofia.

Actualmente, su tarea está centrada en la gestión de compras del material preciso para el adecuado funcionamiento de la simulación en la formación y en la puesta en marcha del Centro de simulación y formación de Sutullena".

Basta con leer el contenido del texto que se pretende introducir en la sentencia para afirmar que la pretensión del recurrente excede ampliamente del ámbito de la revisión de hechos probados en un recurso extraordinario como el de revisión, puesto que el recurso no se limita a poner de manifiesto la posible existencia de algún error puntual en la valoración de la prueba por el juzgador de instancia, constatable de forma clara y directa en base a documentos o pericias concretos, sino que pretende sustituir de forma global la convicción del juzgador por la del propio recurrente en el aspecto esencial de este litigio, que es la determinación de las funciones que realiza la demandante, que el magistrado a quoha determinado valorando los mismos documentos que cita el recurrente (documento 56 del ramo de prueba de la parte demandante y los aportados por la demandada), así como otros elementos probatorios, como el resto de documentos e informes referidos en la sentencia y también la prueba testifical practicada (medio de prueba no susceptible de revisión por el tribunal ad quem),sin que este tribunal aprecie ningún error en su valoración.

En segundo lugar, se pretende la adición de un hecho probado octavo, con el siguiente contenido:

La Unidad de desarrollo Profesional donde presta servicios la actora cuenta con los siguientes puestos de trabajo ocupados por las siguientes categorías profesionales:

La finalidad de esta revisión es, según indica el recurrente, poner de manifiesto que el puesto de trabajo que correspondería a las funciones que, según la sentencia, desempeña la actora, no existe en la unidad en la que presta servicios. Sin embargo, esta revisión se considere innecesaria, puesto que el hecho de que un puesto de trabajo no exista formalmente no afecta a la pretensión de que se reconozca que las funciones que desempeña la actora corresponden a una categoría y nivel superior al reconocido.

Por todo lo expuesto, el primer motivo del recurso será desestimado en su integridad.

TERCERO.En el segundo motivo, formulado al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (aunque hay que entender que se refiere al apartado c), el recurrente denuncia la infracción de los artículos 9, 3, 14 y 103.1 de la Constitución Española de 1978 en relación con la previsión de los Anexos I y II del Decreto Autonómico 119/2002, de 4 de octubre, que configura las opciones correspondientes a las categorías del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.

Para analizar este segundo motivo, comenzaremos recordando que las infracciones en las que debe apoyarse un reproche jurídico en el recurso de suplicación deben cumplir cuatro requisitos:

1º) Se deben referir al Derecho, bien se trate de una norma sustantiva, o bien se trate de la jurisprudencia, entendiendo por esta la que emana de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación para la unificación de doctrina, así como también la doctrina procedente del Tribunal Constitucional y las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2º) Deben referirse a los hechos declarados probados. Por ello, no son admisibles argumentaciones que son meras especulaciones apoyadas en hechos alegados en la instancia pero que no han pasado al relato de hechos probados de la sentencia recurrida, ni se ha pretendido con éxito la revisión de esta crónica judicial.

3º) Deben concretar la norma o jurisprudencia infringida.

4º) Se debe razonar la pertinencia y fundamentación de la infracción jurídica.

Pasando al estudio de las concretas alegaciones del recurrente, este plantea, básicamente, tres argumentos, que son que no es correcta la afirmación de la sentencia de que la demandante sufre un trato retributivo discriminatorio, porque no se explica quiénes son aquellos que realizan tareas similares con responsabilidad, complejidad y con dependencia a su cargo de trabajadores con los que se le compara; que la demandante no realiza funciones distintas de las que le corresponden por el tipo de puesto que ocupa, ya que dentro de las tareas de gestión, control, asesoramiento, estudio, ejecución y similares se puede encontrar la de coordinar a otros compañeros en algunos casos, y que esta coordinación que realiza la actora es para ciertas tareas y con un contenido muy limitado; y que la sentencia no dice que la demandante realice íntegramente, o al menos, en su mayor parte, tareas propias del puesto de "técnico responsable".

Pues bien, la sentencia de instancia da respuesta a todas estas cuestiones, explicando, en el fundamento de derecho tercero, que la accionante realiza tareas con responsabilidad y complejidad, tareas que han alcanzado un carácter creciente, tanto por el aumento de la citada complejidad como por su volumen, lo que la diferencia de las que realizan otros técnicos, que fue elegida para asumirlas dada su experiencia y formación, que tiene personal a su cargo al que manda, habiendo aumentado este de una a tres personas en la secuencia histórica, que mantiene el control económico, sin perjuicio de los parámetros de supervisión propios de la administración pública y, en concreto, además de colaborar en la redacción del presupuesto, realiza el seguimiento de la ejecución y gestiona los remanentes, por lo que tiene disponibilidad. Por todo ello, el juzgador a quoconcluye que la demandante reúne los parámetros, mientras realice las funciones con tales criterios, para la adscripción a efectos económicos del nivel que solicita.

En cuanto a la discriminación o quebranto del principio de igualdad retributiva, la sentencia recoge este principio, que rige con especial intensidad en el ámbito de las Administraciones Públicas y que ha sido reconocido y desarrollado, por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo, pudiendo citar, a modo de ejemplo, la sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 21-10-2014 (rec.308/2013), en la que se afirma que, en el ámbito laboral, está vedado el establecimiento de diferencias en el trato de los trabajadores, a menos que tales diferencias sean razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas.

En este caso, lo que la sentencia pone de manifiesto es que se ha generado una situación de desigualdad, por un lado, entre la demandante y el resto de técnicos de su unidad, puesto que se le han asignado funciones de mayor complejidad y responsabilidad, incluso con tareas de mando o coordinación, manteniendo el mismo nivel retributivo (nivel 23); y, por otro lado, respecto a otros trabajadores que, desempeñando funciones semejantes, perciben retribuciones superiores (nivel 26). En definitiva, el argumento central de la sentencia, que justifica la estimación de la demanda, es que la retribución de la demandante tiene que ser acorde con las funciones que realiza y, particularmente, iguales a aquellos que realizan tareas similares con responsabilidad, complejidad y con dependencia a su cargo de trabajadores.

En conclusión, no se aprecia infracción de ninguna norma jurídica ni criterio jurisprudencial en la sentencia de instancia, por lo que el recurso interpuesto por el Servicio Murciano de Salud será desestimado en su integridad.

CUARTO.Pasando al estudio del recurso interpuesto por la parte demandante, este tiene por objeto la pretensión de que se incluya, en las retribuciones que la actora debe percibir con arreglo al nivel 26 y, en consecuencia, en el cálculo de las diferencias devengadas, el concepto "productividad anual".

Este recurso contiene un único motivo, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se denuncia la infracción de los artículos 9.3, 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, así como del artículo 39, apartados 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores, artículos 7, 42 y 43 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios Públicos de Salud; artículo 14, apartado i), artículo 19 y 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; artículo 19 del Decreto Legislativo 1/2021 de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia; y Anexo X de la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se dispone la publicación en el BORM de los acuerdos del Consejo de Gobierno del Acuerdo para Retribuciones del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud.

En definitiva, el recurrente considera que la sentencia infringe las normas citadas al determinar que la percepción del complemento de productividad variable anual requiere el cumplimiento de una jornada de especial dedicación (40 horas semanales), y al denegar a la actora este complemento por ser su jornada de 37,5 horas. Se argumenta en el escrito de recurso que este complemento lo tienen reconocido, entre otros, los técnicos responsables de los servicios centrales, a cuya categoría se ha equiparado salarialmente a la demandante, y que no es cierto que exista el requisito de la jornada de 40 horas semanales, ya que el requisito de la jornada de especial dedicación solo es exigible para percibir el complemento en su cuantía máxima.

En este punto, se aprecia una incongruencia en la sentencia de instancia, puesto que en el fundamento de derecho quinto se afirma que no procede la solicitud de la productividad anual voluntaria y, sin embargo, se ha reconocido a la parte demandante la cantidad íntegra reclamada (incluso actualizada a la fecha de la sentencia, sumando otras dos mensualidades), cantidad que, según afirmó su letrado en el acto del juicio, incluye el complemento de productividad anual. De hecho, el contenido del fallo de la sentencia y el del hecho probado sexto coinciden plenamente con el suplico del recurso, en cuanto a las retribuciones que correspondería percibir a la actora en los años 2022 y 2023 y las diferencias devengadas.

El recurso queda, por tanto, carente de contenido en cuanto a las cantidades reclamadas, ya reconocidas, y quedaría limitado a aclarar la cuestión de si la demandante, pese a realizar una jornada de 37,5 horas, tiene derecho a percibir el complemento de productividad anual.

En relación con esta cuestión, consideramos que la sentencia, al acoger la postura de la parte demandada, no ha interpretado correctamente las normas que regulan este concepto retributivo. Así, este complemento de productividad variable anual está previsto, en el anexo X de los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2021 y de 7 de diciembre de 2022 por el que se aprueban las retribuciones del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud para 2021 y para 2022, para el personal destinado en órganos centrales, entre los que se encuentran los técnicos responsables, respecto a los que a la actora se le ha reconocido la equiparación retributiva por realizar funciones de semejante naturaleza. En segundo lugar, la alegación de la parte demandada de que este complemento requiere el cumplimiento de la jornada de especial dedicación no está justificada, puesto que la misma norma establece que este es un requisito para percibir el complemento en su cuantía máxima, y solo lo exige como requisito expreso para algunas de las categorías contempladas en el anexo, como jefe de grupo, jefe de equipo y técnico gestión, pero no para las demás.

Del mismo modo, tampoco se considera correcta la interpretación que la parte demandada sostiene del artículo 6 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la CARM de 2 de marzo de 2012, por el que se regula la jornada y el horario de trabajo del personal del Servicio Murciano de Salud, puesto que esta norma no establece que todo el personal destinado en los servicios centrales deba realizar una jornada semanal de 40 horas, sino solo aquel que perciba una cantidad en concepto de complemento específico que implique la aplicación del régimen de especial dedicación.

Por todo lo expuesto, el recurso de la parte actora será estimado aunque, como las cantidades reclamadas ya han sido reconocidas en la sentencia, la estimación se limitará a aclarar que la demandante tiene derecho a percibir, dentro de las retribuciones correspondientes al Grupo A1, Nivel 26, el complemento de productividad anual, que ya está incluido en las cantidades recogidas en el fallo de la sentencia.