Sentencia Social 1341/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 763/2024 de 13 de mayo del 2025

PRIMERO.-Frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Valencia que estima parcialmente la reclamación de diferencias salariales deducida por don Nazario y condena a Mosca Marítimo Baleares SL al abono de la cantidad de 1.119,22 euros más el 10% de interés anual por mora, recurren en suplicación ambas partes.

En primer lugar y por razones técnico-procesales se examinará el recurso del demandante ya que en el mismo se propugna la aplicación del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por carretera de la Provincia de Valencia, por lo que de estimarse aplicable dicho Convenio, en lugar del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia de Murcia, que es el que considera aplicable la sentencia de instancia, procedería la devolución de los autos al Juzgado de instancia para que resolviera la reclamación salarial deducida por el actor conforme al Convenio que postula el demandante.

SEGUNDO.-El recurso del demandante se articula a través de cuatro motivos, los tres primeros se redactan al amparo de la letra b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), y el último motivo se redacta al amparo de la letra c) del indicado precepto.

Antes de examinar las revisiones fácticas resulta de interés hacer mención de la reiterada doctrina jurisprudencial establecida sobre los requisitos que ha de reunir la modificación de los hechos probados para que prospere y que son los siguientes:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni en interrogatorio de parte. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental y pericial obrantes en autos y que demuestren la equivocación del juzgador.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, rec. 19/2002).

No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

Conforme a dicha doctrina se resolverán las modificaciones interesadas respecto al relato narrativo de la sentencia de instancia.

La primera revisión atañe al hecho probado primero para el que propone el siguiente tenor:

"D. Nazario, mayor de edad, con NIE NUM000, prestaba sus servicios profesionales para la empresa Mosca Marítimo Baleares S.L., con antigüedad de 13-02-2019, en virtud de un contrato indefinido a jornada completa, categoría profesional de conductor mecánico y salario mensual de 1.311,24 euros sin incluir la parte proporcional de pagas extras. En 20-5-2021, finalizó la relación laboral entre las partes. La empresa tiene varios centros de trabajo en la provincia de Valencia, uno de los cuales se encuentra en Plaza Alquería Nova nº 36 de Gandía, donde acudía el trabajador siempre dado que su residencia se encuentra en la localidad de Beniarjó (Valencia) (Ramo prueba demandada Doc. 7). Además, la empresa cuenta con otra sede en Xirivella y dos oficinas en el centro de Valencia, según se desprende de datos obtenidos de su página web oficial (Ramo prueba demandante Doc. 2, 3 y 5). Lo que resulta más relevante se obtiene de los partes de trabajo que fueron aportados por la demandada donde consta el ORIGEN y DESTINO de todos los viajes del trabajo se ve claramente que la mayoría tenía su origen en Gandía u Oliva, su domicilio donde aparcaba el camión (prueba demandada Doc. 4). Ahí se observa que literalmente pone "Origen: BASE VALENCIA", Daimús, Beniarjó, Moncada, Gandía, Piles, Miramar, Ribarroja, Castelló de Rugat, Xeraco, Alzira, todos ellos municipios alrededor de Gandía. Casi la totalidad de las salidas y destinos comienzan y terminan alrededor de la zona de Gandía, donde el trabajador tiene su domicilio.

Pese a que la empresa tiene su sede social y administrativa en la localidad murciana de Molina de Segura, lo cierto es que la empresa cuenta con oficina en Gandía y un comercial que tiene su domicilio en Gandía, Cecilio, tal y como se ha confirmado por la empresa en el acto del juicio.

Asimismo, del informe pericial de la demandante y del informe de localizaciones aportado con las alegaciones sobre la competencia que constan en autos aportados por el trabajador, era en la localidad de Gandía donde la empresa le daba las instrucciones a través de Cecilio sobre la ruta que tenía que realizar los días posteriores y lo más importante allí estacionaba el camión cuando regresaba a su domicilio tras realizar la ruta asignada, de modo que el demandante realizaba su actividad laboral desde la provincia de Valencia (prueba demandante Doc.2 y Folio 27 de los autos donde constan el empadronamiento, el informe de localizaciones y web antigua con la sede en Gandía). Por todo ello, debe aplicarse el Convenio colectivo aplicable de transporte por carretera de Valencia."

La redacción solicitada se apoya en la argumentación que deduce en relación con los medios de prueba que reseña a lo largo del texto postulado y no puede ser acogida porque la revisión fáctica ha de desprenderse de forma clara, indiscutible y directa de los documentos o de la pericial en la que se sustente, sin que las alegaciones o el interrogatorio de parte sean eficaces a efectos de la modificación de los hechos probados, también obsta al éxito del tenor propuesto que el mismo contenga valoraciones jurídicas impropias del relato fáctico y predeterminantes tales como la alusión al centro de trabajo que es un concepto jurídico y la aplicación del Convenio Colectivo de transporte por carretera de Valencia cuando dicha aplicación es controvertida. Por último, señalar que en el fundamento de derecho primero el Magistrado "a quo" explica razonadamente por qué considera que resulta aplicable el Convenio Colectivo de Murcia al no haberse acreditado de los medios de prueba practicados que la demandada tenga centro de trabajo en la provincia de Valencia.

En el segundo motivo, solicita el demandante recurrente la modificación del hecho probado segundo para el que propone la redacción siguiente:

"Que siéndole de aplicación el convenio colectivo de transporte de mercancías por carretera de la provincia de Valencia, por ser lugar de trabajo en inicio y fin de actividades y siendo conductor mecánico que registra su jornada laboral de trabajo en un tacógrafo digital, la demandada no ha pagado los siguientes conceptos que se expresan a continuación:

-Diferencias salariales por aplicación del convenio de Valencia: 4.399,74€

-Nocturnidad: 976,04 euros

-Horas extraordinarias: 3.416,36 euros

-Interrupciones de jornada inferiores a 15 min: 360,16 euros

-Horas de presencia: 4.298,94 euros

-Trabajos en festivos: 837,61 euros

-Descanso semanal no realizado ni compensado: 440,46 euros.

Total adeudado conforme al Convenio colectivo de transporte de mercancías de la provincia de Valencia: 14.729,31 euros que resulta deducible de los datos de la tarjeta de conductor que fueron registrados por el tacógrafo y que constan en la pericial aportada por el demandante como Doc. 2, desglosado por meses, días y horas"

La nueva redacción se sustenta en el informe pericial aportado por el actor (doc. 2) y del escaso valor que a su juicio tiene el informe aportado por la empresa demandada, y tampoco puede ser acogida por cuanto incide en el mismo error que la anterior revisión fáctica, esto es, incluye valoraciones jurídicas impropias de figurar en el relato fáctico, ya que procede a determinar cuál es el Convenio Colectivo aplicable y del que extrae las cantidades que se reflejan en el nuevo tenor. El indicado defecto también se aprecia en la redacción original del hecho controvertido por lo que el mismo se habrá de residenciar en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.

Al margen de lo expuesto se ha de indicar que la sentencia de instancia se apoya fundamentalmente en el informe pericial de la parte actora para cuantificar las horas extraordinarias, las horas nocturnas, las horas trabajadas en festivos y las horas trabajadas en domingo por el demandante, si bien a dichos conceptos les aplica los importes establecidos en el Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías por Carretera de la Provincia de Murcia, que es el que considera aplicable y ello por las razones que se exponen en la fundamentación jurídica de la sentencia del juzgado.

En el tercer motivo, solicita la parte actora recurrente la modificación del hecho probado tercero para el que postula este contenido:

"La cantidad reclamada conforme al Convenio colectivo de transporte de mercancías de la provincia de Valencia ascendiente al total de 14.729,31 euros, que resulta obtenida una vez descontados los conceptos que fueron abonados en nómina por la empresa y que son los siguientes:

-Horas nocturnas: 237,19€.

-Horas extraordinarias: 1.185,94 €.

-Horas de presencia: 948,76 €.

Por todo ello, el total adeudado, una vez descontadas, las cantidades arriba reseñadas, asciende a la suma de 14.729,31 euros."

Se apoya la nueva redacción en el informe pericial del demandante y no puede ser acogida porque implica como las anteriores valoraciones jurídicas predeterminante del fallo y que además parte de una premisa que no es asumida por el Magistrado "a quo" que es la aplicación del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia de Valencia, sin que se aprecie error en el tenor original del hecho cuestionado en el que se reflejan los importes abonados al actor por la empresa demandada en concepto de horas nocturnas, horas extraordinarias y horas de presencia.

TERCERO.-El cuarto motivo del recurso del demandante se redacta al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS, denunciando la infracción del art. 1 del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia de Valencia que establece el ámbito territorial del referido convenio, así como el art. 1.5 del Estatuto de los Trabajadores, con cita de la STS de 11-1-2017, rec. 247/16, y la sentencia de esta Sala del TSJ de 7-7-20 (recs.946/20) y en la sentencia de 22-6-2017 (recs.950/17) sobre el centro de trabajo, además del art. 3, letra c) de la Directiva de la CEE 2002/15, sobre lugar de trabajo. Sostiene el demandante recurrente que de acuerdo con la indicada normativa al tener la demandada responsables y oficinas en Gandía, resulta de aplicación el Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia de Valencia.

La denuncia jurídica expuesta no puede ser asumida por la Sala pues parte de hechos que no son los que se reflejan en la sentencia recurrida, ya que como se razona, entre otras, en la STS 11-10-2022 (rec.49/2021): "el recurso no puede cuestionar, restar, adicionar o partir de una realidad diversa de la judicialmente apreciada. De lo contrario incurriría en un defecto procesal que lo abocaría al fracaso. Al construir su razonamiento sobre premisas que no coinciden con la crónica judicial incurriría en una petición de principio, haciendo supuesto de determinada cuestión. Al actuar de ese modo se propicia el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida. Este defecto se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ( STS 141/2021 de 2 febrero, rec. 128/2019 y las citadas en ella)."

En la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se indica que Cecilio, comercial de la empresa demandada, tiene su domicilio en Gandía, pero ello es a todas luces insuficiente para concluir que la demandada tenga un centro de trabajo en la citada localidad.

Sobre el concepto de centro de trabajo resulta de interés mencionar la doctrina establecida por nuestro Alto Tribunal en sentencia nº 739/2024 de 28-5-2024, rec. 12/2022 ( ROJ: STS 2986/2024- ECLI:ES:TS:2024:2986), en la que se expone lo siguiente: "Recordemos que el concepto de centro de trabajo se encuentra recogido en el art. 1.5 del ET, norma que estatuye que "A efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral."

El Tribunal de Justicia de la UE viene definiendo el centro de trabajo en el marco de una empresa, como una entidad diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, que esté adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas. ( STJUE 13 de mayo de 2015, C-392/13, Rabal Cañas).

La sentencia de esta Sala IV 476/2021, de 5 de mayo de 2021, rcud 3160/2018, al abordar el concepto de centro de trabajo afirmó: "...hemos sostenido que "El concepto de centro de trabajo tiene unos contornos indeterminados, pero ello no supone que pueda dejarse al arbitrio del empresario la decisión última de crear artificialmente o reconocer la existencia de un centro de trabajo". Y, tras negar que la alta administrativa sea un elemento constitutivo de su existencia, añadíamos que "Lo decisivo es que se aprecie la existencia de una unidad técnica de producción que, dentro del conjunto de la actividad de la empresa, sirva a la ejecución práctica de ésta". El centro de trabajo se configura como unidad simple, en donde se efectúa la realización de la actividad empresarial, bien desde un punto de vista geográfico o desde el punto de vista funcional ( STS/4ª de 24 febrero 2011 -antes citada- y 11 enero 2017 -rec. 24/2016-). Por ello, en algunos casos hemos identificado centro de trabajo con lugar de trabajo, como ha sucedido en relación con la aplicación de las normas sobre prevención de riesgos laborales (así, STS/4ª de 10 diciembre 2007 -rcud 576/2007-). También hemos señalado que la actividad real es el elemento determinante por encima de otras formalidades administrativas, como en el caso de la fijación de la norma a aplicar respecto de los buques en que se ha considerado relevante el punto base precisamente en atención a dicha actividad real ( STS/4ª de 3316/1999- y 8 febrero 2007 -rec. 149/2005-).

En definitiva, resulta decisivo para determinar el concepto el que se trate del lugar al que acuden los trabajadores para la prestación de servicios y donde la empresa tenga implantados elementos productivos destinados a tal fin.".

Cabe así resumir los caracteres distintivos del centro de trabajo en la existencia de una unidad productiva, una organización específica, un funcionamiento autónomo, y el alta ante la Autoridad Laboral (este último requisito no determinante)."

En el presente caso no hay datos que permitan afirmar que la empresa demandada cuenta en la provincia de Valencia una unidad productiva con una organización específica y un funcionamiento autónomo que esté dada de alta ante la autoridad laboral, por lo que no resulta de aplicación el Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia de Valencia y, por lo tanto, no ha lugar a estimar las diferencias salariales que resultan de la aplicación del indicado Convenio, lo que conlleva la desestimación del recurso del demandante. (En el mismo sentido, sentencia de esta Sala nº 1315/25 de fecha 6-5-2013, rec. 762/24)

CUARTO.-El recurso de la empresa demandada se formula en tres motivos redactados al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS, denunciando la infracción de los arts. 26, 27 y 43 del Convenio Colectivo para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de la Región de Murcia, los arts. 9 y 10.bis.1 del Real Decreto 1561/1995, "en relación con los Fundamentos de Derecho Tercero y Sexto de la sentencia recurrida.". Sostiene la empresa recurrente que, los indicados preceptos se han infringido porque el citado Convenio colectivo establece para los conductores una regulación especial en el devengo y abono de las horas extras recogida en su art. 43, que la jornada laboral del demandante es irregular sin que el Convenio limite el trabajo en sábados o domingos, ni fije un complemento salarial adicional al trabajo en sábado o domingo y que además los descansos compensatorios de cualquier exceso de jornada impiden considerar que existan horas extraordinarias. También alega que no es de aplicación el art. 47 del RD 2001/1983 y que las 63,63 horas que se dicen han de ser abonadas suplementadas como trabajo en festivo, no se concretan cuando se han realizado ni en su caso a qué festivo corresponde.

La sentencia de instancia, a partir del informe pericial aportado por la parte actora tiene por acreditado que el trabajador accionante ha realizado 155:55 horas extras en 2020 y 23:28 horas extras en 2021 en cómputo semanal, lo que supone un total de 179:23 horas, si bien, por aplicación del principio de congruencia con lo solicitado, se ajusta a lo reclamado, a lo que deduce lo ya abonado por la empresa.

En cuanto al trabajo en sábados y domingos el Magistrado "a quo", entiende que como el Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Región de Murcia no distingue entre el trabajo en fin de semana y el trabajo de lunes a viernes, solo cabe el abono de las horas trabajadas en domingos si las mismas tienen la consideración de horas extraordinarias, así se desprende de lo establecido en el art. 27 del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Región de Murcia, el cual regula el abono de las horas extraordinarias y en cuyo último párrafo se establece que: "Las horas trabajadas durante los días festivos, de mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador, se retribuirán como extraordinarias o se compensarán por descansos en proporción equivalente al importe de la hora extraordinaria."

Por otra parte y a partir del informe pericial de la parte actora que es asumido por el Magistrado "a quo", resulta que las horas extraordinarias trabajadas en domingo por el demandante son 63,63, y es al abono de dichas horas extraordinarias, que no constan compensadas con descanso equivalente acordado entre empresa y trabajador, al que se condena a la empresa demandada, lo que determina la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, al ajustarse a lo previsto en los arts. 26 y 27 del Convenio Colectivo aplicable.

Por último cabe señalar que como la realización de horas extraordinarias en domingo por parte del trabajador implica que el mismo no ha podido disfrutar del descanso semanal correspondiente a dicho día, resulta de aplicación lo establecido en el art. 47 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, conforme al cual: "Cuando, excepcionalmente y por razones técnicas u organizativas, no se pudiera disfrutar el día de fiesta correspondiente o, en su caso, de descanso semanal, la Empresa vendrá obligada a abonar al trabador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el período de descanso semanal, incrementadas en un 75 por 100, como mínimo, salvo descanso compensatorio."

Al ajustarse la cuantificación de las horas extraordinarias trabajadas por el demandante en domingo a lo establecido en el referido art. 47, la sentencia de instancia cifra el importe devengado por el trabajador en 425,05 € (63,63 horas extraordinarias trabajadas en domingo x 6,68€) resulta ajustado a la normativa aplicable, lo que determina la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 LRJS, se acuerda la pérdida de las consignaciones o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva la realización de los mismos, así como la pérdida de la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir.

Asimismo, y de acuerdo con lo ordenado en el artículo 235.1 LRJS, procede la imposición de costas a la parte vencida en el recurso que no tenga reconocido el derecho a la justicia gratuita, incluyendo las mismas los honorarios del Letrado de la parte actora que ha impugnado el recurso que se fijan de forma prudencial en la parte dispositiva de esta resolución.