Sentencia Social 135/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 1790/2025 de 14 de enero del 2026

PRIMERO.-La representación letrada de la empleadora demandada interpone el recurso de suplicación contra la sentencia de instancia fundamentándolo en un motivo único, formulado al amparo del apartado c) del art. 193 LRJS, invocando la vulneración del art. 55.1 y 2 ET. El recurso de suplicación concluye solicitando su íntegra estimación, así como la revocación de la sentencia de instancia y la procedencia del segundo despido.

La representación letrada de la trabajadora demandante ha impugnado el recurso interpuesto, oponiéndose al motivo único de suplicación y finalizando dicho escrito solicitando la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido.

SEGUNDO.-En el único motivo de recurso se denuncia la infracción del art. 55.1 y 2 ET. Sostiene la empleadora recurrente que el juzgador de instancia conculcó especialmente las previsiones del apartado 2 del art. 55 ET, por cuanto que no otorgó plena validez al segundo de los despidos comunicados a la trabajadora demandante. Concretamente, se alega que: En la sentencia hoy recurrida, se considera el segundo despido como una subsanación de la primera extinción, lo cual no debería haberse producido, porque no cumple los requisitos de este trámite excepcional, y en consecuencia, el Magistrado no debía haber entrado a considerarlo, por lo que siendo declarado improcedente la primera extinción, debía surtir efecto la segunda, y al no haberlo entendido así el Magistrado en su sentencia, infringió la normativa citada, así como la jurisprudencia, por lo que solicita se dicte sentencia por la que se deje sin efecto la impugnada, a fin de que se declare que el segundo despido ad cautelam.

La parte recurrida se opone a las alegaciones formuladas por la recurrente, postulando que las conclusiones contenidas en la sentencia de instancia se ajustan plenamente a la legalidad y, por ello, no infringen los preceptos invocados en el recurso.

Centrada la controversia jurídica en los términos expuestos por la parte recurrente, la primera de las cuestiones que debe subrayarse es que no se discute en el recurso que el despido tácito producido en fecha 20-11-23 ha de calificarse de improcedente, cuestión que resulta pacífica puesto que la extinción del contrato a instancia de la empleadora se materializó sin dar cumplimiento a las exigencias formales establecidas en el art. 55.1 ET, en relación al art. 11.1 RD. 1620/2011, de 14 de noviembre, que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

Lo que la parte recurrente cuestiona es que la sentencia de instancia no otorgara validez al supuesto despido producido mediante carta de despido, notificada por burofax el día 4-01-24. Sostiene la recurrente que, ante la improcedencia del primer despido, el juzgador a quodebía otorgar plena eficacia jurídica a la segunda comunicación de despido, puesto que esta sí se produjo mediante comunicación escrita en la que se expresaban las causas del mismo.

Para la resolución de la cuestión que se suscita, debe recordarse que el art. 3 del RD. 1620/2011, de 14 de noviembre, dispone que los derechos y obligaciones concernientes a esta relación laboral de carácter especial se regulan por las disposiciones de este real decreto, por los convenios colectivos, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbre locales y profesionales, así como: b) Con carácter supletorio, en lo que resulte compatible con las peculiaridades derivadas del carácter especial de esta relación, será de aplicación la normativa laboral común.De esta forma, debe recordarse que el párrafo primero del art. 55.2 ET dispone literalmente que: 2.- Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.

A partir de la literalidad del precepto legal transcrito, puede afirmarse que, para proceder a un segundo despido que subsane aquellos defectos formales de los que adolece el primero, el empleador debe cumplir con las siguientes exigencias: 1) El segundo despido deberá efectuarse en el plazo de 20 días naturales a contar desde que se comunicó el primer despido; 2) Para que el segundo despido surta efectos el empresario deberá poner a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, es decir, los transcurridos entre el primer despido y el segundo; 3) Para que surta efectos jurídicos el segundo despido es necesario que el empleador mantenga el alta en la Seguridad Social al trabajador en los días intermedios.

En el caso que se examina, la empleadora no tan solo comunicó el segundo despido superando ampliamente el plazo de 20 días desde el primer despido, sino que tampoco ha acreditado que le abonara a la trabajadora los salarios correspondientes al período intermedio y le mantuviera en alta en la Seguridad Social durante el tiempo transcurrido entre el primer y segundo despido. Por consiguiente, es bastante evidente que la segunda comunicación extintiva, notificada el 4-01-24, no puede surtir ningún efecto, de tal forma que la sentencia de instancia no infringe ninguna de las prescripciones legales invocadas en el encabezamiento del único motivo de suplicación. Por consiguiente, debe ser desestimado íntegramente el recurso interpuesto y ha de confirmarse íntegramente la sentencia de instancia.

TERCERO.-A mayor abundamiento, el despido debería igualmente declararse improcedente también en el supuesto -totalmente hipotético- de que la comunicación extintiva producida el 4-01-24 se hubiera practicado dando cumplimiento a la totalidad de requisitos establecidos en el art. 55.2 ET. En efecto, si se parte de los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, tan solo puede concluirse en la improcedencia del despido, y ello por cuanto que no constan probados los hechos imputados en la epístola punitiva. Ciertamente, conviene recordar que desde antiguo la doctrina del Tribunal Constitucional sostuvo que correspondía al demandado acreditar los hechos que justificaron su decisión extintiva ( STC 130/1998). Y aunque la misma jurisprudencia ha sostenido que el principio constitucional de presunción de inocencia - art. 24.2 CE- no despliega plenos efectos en el régimen sancionador laboral, también ha precisado que respecto del trabajador se presume el cumplimiento de sus obligaciones, correspondiendo al empresario la carga de probar lo contrario ( SSTC 6/1988; 30/1992; 27/1993; 53/1995; etc.). Así, se ha afirmado por el Tribunal Constitucional que en la modalidad procesal de despido disciplinario es al empresario a quien corresponde la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo ( STC 21/1992, de 14 de febrero). En la misma línea se ha pronunciado la Sala 4ª del Tribunal Supremo (por todas, STS, 4ª, de 21 de abril de 2015, rec. 296/2014), así como la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia (entre otras, las recientes sentencias de 22 de julio de 2021, rec. 1395/2021; 16 de junio de 2021, rec. 1430/2021 y 26 de octubre de 2017, rec. 3523/2017). Esta doctrina jurisprudencial fue finalmente elevada a rango de ley con su incorporación expresa al art. 105.1 LRJS, en el que se dispuso que al demandado: ...le corresponderá la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.

Pues bien, partiendo de los hechos probados de la sentencia de instancia, es muy obvio que la demandada no ha acreditado en absoluto ninguna de las imputaciones -imprecisas- que ha vertido en la carta de despido notificada el 4-01-24, en consecuencia, conforme a lo previsto en el art. 55.2 ET y 108.1 LRJS, también procedería calificar de improcedente la extinción contractual aquí impugnada, de forma que tampoco se infringiría el invocado art. 55.1 ET.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.