Sentencia Social 2347/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 393/2024 de 14 de noviembre del 2024

PRIMERO.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Jaén de fecha 20 de noviembre de 2023 desestimó la pretensión por despido interpuesta por la trabajadora, absolviendo asimismo al Ayuntamiento demandado por falta de legitimación pasiva. Se alza frente a la misma en suplicación la trabajadora, aduciendo diversos motivos al efecto.

SEGUNDO.-Propone en primer término y al amparo del artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, en los términos que a continuación pasan a relacionarse. Añadido al hecho probado tercero, aunque se menciona por error material el segundo, del siguiente inciso: "Los recursos financieros específicos de esta Estrategia proceden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020, del proyecto denominado "Diseño y ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las personas en situación o riesgo de Exclusión Social", que responde a la finalidad del Objetivo Específico 9.1.1 de dicho Programa Operativo: "Mejorar la Inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción. (...)

En este contexto se aprobó, en el marco del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014.2020, se aprobó el Proyecto «Diseño y ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las Personas en Situación de Exclusión Social», correspondiéndose con la actuación C del objetivo específico 9.1.1, del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020: Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

El punto de partida es que para que el empleo se constituya como la principal medida de inserción social y como vía de salida de la exclusión, las actuaciones dirigidas a tal fin han de ser complementadas por un conjunto de medidas adicionales que garanticen a las personas residentes en estas zonas el entorno adecuado y las condiciones necesarias de carácter social, formativo e informativo o de cualquier otra naturaleza que las sitúen en una posición que les permitan entrar a formar parte del mercado laboral.

(...)

ACUERDO.

Primero. Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la «Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS), a fin de que de forma transversal se intervenga coordinadamente en estos territorios aunando esfuerzos de los distintos sistemas de protección social: educación, salud, vivienda, empleo y servicios sociales, para mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

La Estrategia Regional Andaluza Para La Cohesión e Inclusión Social. Intervención En Zonas Desfavorecidas (ERACIS)" tiene el objetivo de mejorar la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción, con un enfoque integral y comunitario que facilite a las personas residentes en zonas desfavorecidas el acceso a los sistemas de protección social.".

No se acede a lo interesado en cuanto la adición interesada no resulta trascendente para modificar el sentido del fallo del presente recurso, al tratarse de una transcripción del Acuerdo de 28 agosto de 2018 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se aprueba la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS) que ya aparece mencionado en el hecho probado de referencia, el cual puede ser tenido en cuenta en su totalidad, por lo tanto.

Añadido de un nuevo hecho probado redactado en los términos siguientes: "La Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales establece en su artículo 22 Obligación de elaboración del Registro de participantes de la Línea 2.

1. Las Entidades Locales están obligadas a elaborar el Registro de Participación por cada participante, es decir, cada persona en riesgo de exclusión social que se beneficia de la actuación del personal subvencionado a través de la presente convocatoria.

2. La recogida de información de las personas participantes hace referencia a 3 momentos del tiempo:

a) Información a la entrada de la persona beneficiaria de cualquiera de las actuaciones. B) Información inmediatamente tras abandonar, salir o terminar la intervención o actuación con cada una de las personas beneficiarias, hasta cómo máximo en las 4 semanas siguientes a la fecha de finalización de la participación. C) Información a los 6 meses después de abandonar, salir o acabar la intervención, justamente en el día que se cumplan los seis meses de su salida(...)

(...)

4. En el registro de participación debe constar la información según Anexo II, III y IV. 5. Los originales de los Anexos II, III, y IV realizados a cada persona participante y debidamente firmados por cada una de ellas, deberán remitirse a cada Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales en el plazo de 15 días hábiles desde la firma de cada uno de ellos. (...)".

No se accede a lo interesado por las mismas razones expuestas en el anterior motivo, al resultar intrascendente a los efectos del recurso la mera transcripción de la Orden de 3 de mayo de 2018 que ya consta en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia y que puede ser tenida en cuenta por lo tanto a estos efectos del recurso.

Modificación del hecho probado segundo, que es en realidad el quinto de la sentencia de instancia, que quedaría redactado en los términos siguientes, con el añadido del inciso recogido en negrita: "Las funciones realizadas por la actora han sido, no solo desarrollo de itinerarios sociolaborales con usuarios del ámbito geográfico establecido como zona desfavorecida y refuerzo al personal de Servicios Sociales Comunitarios con usuarios del ámbito geográfico establecido como zona desfavorecida, sino que en una amplia mayoría se corresponden con actuaciones no registradas en el registro de participantes del programa ERACIS del cual la CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD facilito con relación a la actora, únicamente registrados 51.".

No cabe dar lugar a la reforma solicitada, que presenta una conclusión jurídica y valorativa, no fáctica como correspondería al relato de hechos probados de la sentencia de instancia, que se extrae del amplio conjunto de los documentos aportados por el Ayuntamiento demandado que se invocan para fundamentar dicha revisión. No puede aceptarse dicha reforma, en cuanto que no constituye sino la interpretación por la interesada, de una generalidad de documentos unidos a las actuaciones.

Se propone asimismo el añadido de los siguientes nuevos hechos probados:

"La Directora del Centro Social del Polígono del Valle Adela, en fecha 3 de junio de 2020, envía email todo el equipo de trabajadores del Centro: MESA DE CASOS: Ya os he enviado un email esta mañana pensad en aportaciones, la referente es Eugenia Trabajadora Social ERACIS, vamos a empezar poco a poco abra que ir pensando en una familia por barrio.

Araceli, Presidenta del Patronato de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén, en fecha 29 de noviembre de 2022, en vía email a todos los representantes de cada uno de los Centros Sociales de Jaén en la Mesa de Casos:

Por orden de la Presidenta del Patronato, se os convoca a al próxima reunión de Mesa de Casos el jueves 1 de diciembre a las 9 horas. Sera presencial en Patronato, traed los casos que tengáis, aunque los trabajemos de cara a al siguiente, y contadnos aquellas entidades que tengáis casos nuevos como van. Por ejemple, Don Bosco el programa de vulnerables, o Cruz Roja, REACCIONA. Si este correo lo recibís alguna persona que actualmente no es el referente para la Mesa Casos, por favor pasárselo a quien corresponda. Gracias. Saludos

En el mismo se incluye a la actora como referente del Centro de Servicios Sociales del DIRECCION003 por la actividad desarrollada por la actora desde el 3 de junio de 2020, manteniendo esa condición hasta su finalización de contrato en fecha 31 de mayo de 2022.".

No debe darse lugar a la reforma solicitada, que en ambos casos aparece referida a una intervención que la trabajadora no consideraba que debiera incluirse en sus competencias, por más que se la señalase como trabajadora social de ERACIS, mientras que la segunda aparece centrada en un periodo posterior al del cese de aquélla, ignorándose las circunstancias en las que tuvo lugar su llamamiento y las posteriormente aparecidas tras su cese. Debe considerarse por lo tanto como no relevante a los efectos del recurso planteado.

"La actora en su intervención social a nivel individual/familiar lo ha hecho también con personas sin estar enmarcadas por la existencia de un itinerario sociolaboral, con reflejo en el registro de participantes de ERACIS".

Debe inadmitirse la reforma solicitada, al constituir nuevamente una valoración jurídica y deductiva, extraída de un conjunto de documentos aportados a las actuaciones que se invoca, integrados por informes de casos particulares de asistencia social, a los que debería categorizarse como incluibles o no, en el programa de actuación en el que la trabajadora desarrollaba su labor.

"En fecha 2 de febrero de 2023 la parte actora amplia demanda en los siguientes términos:

Que mediante el presente escrito, viene a ampliar la demanda en los siguientes términos:

PRIMERO.- Que esta parte acciona entendiendo que el despido es improcedente por los motivos que se recogen en el escrito de demanda, así mismo entiende que se produce dicha calificación puesto que el objeto del contrato no se identifica con claridad y precisión, remitiéndose a una línea de subvenciones.

De otro lado se trata de la actividad normal a desarrollar puesto que es una intervención en zonas desfavorecidas que se viene haciendo de modo habitual.

Y finalmente tampoco se ha acreditado el que haya finalizado el objeto para el que fue contratada.

Por dichos motivos el despido debe calificarse igualmente de improcedente.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que se tenga por presentado este escrito, por hechas las anteriores alegaciones y por ampliada la demanda en los términos expuestos.

Que fue unida mediante Diligencia de Ordenación de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés a los efectos legales oportunos.".

No debe darse lugar a la reforma solicitada, en cuanto que el escrito de ampliación aparece unido ya a las actuaciones y puede ser tenido en cuenta por lo tanto, sin necesidad de su inclusión en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

TERCERO.-Se plantea igualmente el recurso al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para examinar la infracción de normas sustantivas o de jurisprudencia, planteando dos submotivos al efecto. Se considera en primer término que la resolución recurrida infringiría el Acuerdo de 28 de agosto de 2018 el Consejo de gobierno por el que se aprobaba la Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS). El mismo buscaría la intervención coordinada en diversos territorios aunando esfuerzos de los distintos sistemas de protección social para mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción. Ello mediante la intervención de profesionales de servicios sociales, educadores trabajadores sociales psicólogos y otros. A tal fin se formalizó con la actora un contrato temporal para obra o servicio determinado el 1 de junio de 2019 cuyo objeto venía a ser la línea 2 de subvenciones de implantación, ejecución y desarrollo del plan local integración en zonas desfavorecidas. El objeto de dicho contrato de la trabajadora no consistiría en el refuerzo de la actuación de los servicios sociales comunitarios ya existentes sino que habría de regirse por reglas establecidas en el artículo 22 de la Orden de 3 de mayo de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas entidades locales para el diseño, implantación ejecución y desarrollo de los planes locales de intervenciones zonas desfavorecidas de Andalucía. Existirían además informes sociales de personas que no reunirían los requisitos para ser incluidos dentro del ERACIS, aportados por el Ayuntamiento demandado. Se apreciaría enorme diferencia entre las actuaciones registradas en el sistema de información de usuarios de servicios sociales del Ayuntamiento de Jaén, formado por personas no inscritas en el registro de participantes de la línea 2 y que no podían verse afectadas incluidas en el ERACIS, como ocurriría con las personas mayores de 65 años y otras.

Se plantea en un motivo segundo la infracción del artículo 15.1 a) y 3 del Estatuto de los Trabajadores así como la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. Considera que se habría acreditado que la actora efectuó actividades e intervenciones que no se corresponderían con su contrato, teniendo en cuenta que la propia directora del Centro social del Polígono del valle en fecha 3 de junio de 2020 la nombró como referente del centro de la Mesa de Casos, siendo convocada además por la gerencia del Patronato municipal de asuntos sociales a diversas reuniones incluso después de haber cesado su puesto de trabajo. La actora había prestado sus servicios fuera de las zonas desfavorecidas que le correspondían en los centros sociales de San Felipe y Peñamefecit, sino también a usuarios que no aparecían domiciliados en zonas catalogadas como desfavorecidas y por tanto sin posibilidad de ser incluidas en un itinerario ERACIS. Por otra parte, la actora habría sido despedida el 31 de mayo de 2022, antes de cumplirse el objeto contractual que acaba el 31 de agosto de 2023 según lo dispuesto en el artículo 31 de la Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 3 de mayo de 2018. Resultaría evidente el fraude de ley que determinaría la infracción del artículo 15.1 a de Estatuto de los Trabajadores. Desde el inicio de la relación laboral habría venido realizando siempre labores permanentes y normales dentro de la actividad de la empresa, habiendo sido cesada antes de que finalizara el objeto de su contrato. No podría resultar de lo expuesto sino la condición de indefinida de la trabajadora por lo que el despido practicado devendría en improcedente, y en su caso, en nulo.

Cabe un examen conjunto de los motivos de recurso planteados, dado que ambos aparecen encaminados a la común finalidad de impugnación del cese de la trabajadora producido con fecha de efectos de 31 de mayo de 2022, por terminación del contrato otorgado, basándose en la ilegalidad de dicho cese, que se fundamenta en diversos argumentos jurídicos.

Cuestión análoga a la resuelta lo ha sido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de octubre de 2024, la cual ponía de relieve respecto de una compañera de la trabajadora con categoría profesional de psicóloga, los siguientes elementos de consideración: "De la lectura de ambos motivos, se desprende que lo alegado por la recurrente es que la misma ha sido empleada en actividades que se apartan del Acuerdo de 28 de agosto de 2018 y en concreto no relacionadas con la estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS), que ha venido realizando intervenciones sociales no enmarcadas en la existencia de un itinerario socio-laboral y que, en definitiva, su intervención se aparta del objeto del contrato que no era otro que la implantación, ejecución y desarrollo del Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas (Linea 2 de Subvenciones), dado que la misma lo que ha realizado es reforzar la actuación de los Servicios Sociales Comunitarios ya existentes y estructurales en el Ayuntamiento. Se alega que la tareas encomendadas a la actora no pueden venir a justificar la subvención en los términos exigidos en la Orden de 3 de mayo de 2018.

En el segundo motivo de censura jurídica se alega, de forma específica, fraude en la contratación al entenderse que las actividades e intervenciones encomendadas a la actora no sólo no se corresponden con el objeto del contrato, sino que las mismas las desarrolla durante tres años de forma permanente y habitual como tareas propias, estructurales y permanentes de un servicio central de Asuntos Sociales Comunitarios y propias del funcionamiento normal de los Servicios Sociales de Patronato de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén sin ajustarse a la eventualidad y objeto del contrato.

Vistas las líneas argumentales de la recurrente al formular la censura jurídica, y existiendo evidente conexión entre ambos motivos, procede su examen conjunto.

Sobre la validez de los contratos de trabajo para obra o servicio determinado vinculados a planes o programas de actuación subvencionados por una Administración Pública, como es el presente, se han pronunciado reiteradamente los tribunales, dependiendo la solución de que la contratación se realice para actividades que constituyan, o no, la actividad normal de la empleadora. Como se expresa en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2017, recurso 1365/2015 , son requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que aparece disciplinado en los arts. 15.1.a) ET y 2 Real Decreto 2720/1998 que lo desarrolla, los siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas. Así mismo, la citada doctrina del Tribunal Supremo, al delimitar de alguna manera los servicios concertados que pueden justificar esta modalidad contractual, ha establecido la necesidad de que los mismos reúnan consistencia, individualidad y sustantividad propias, considerándose adecuada la utilización del contrato para obra o servicio determinado, precisamente, cuando tuvo por objeto un programa específico de actuación pactada por un Ayuntamiento que había obtenido una subvención de una Administración autonómica (STS4ª 9-12-2009, R. 346/09), sin que, por el contrario, y tratándose también de una Administración pública, resulte idónea la contratación si su objeto es el desarrollo de una actividad normal o permanente de esa administración. De modo que se hace preciso determinar si el objeto del contrato de trabajo suscrito entre las partes, por corresponder a una propia competencia municipal, forma parte de la actividad normal o permanente del demandado y por consiguiente carece de la necesaria sustantividad propia de la modalidad del contrato para obra o servicio determinado. Recordemos que el objeto del contrato es la ejecución del programa de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) Linea 2 de Subvenciones. Implantación, ejecución y desarrollo del Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas. Concedida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jaén por resolución de 21 de diciembre de 2018. En la Orden de 3 de mayo de 2018 de la Consejería se indica (hecho probado cuarto de la sentencia) se indica cuales el objeto del subvención y se concreta en la implantación, ejecución y desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios. En el mismo hecho probado cuarto se relaciona el ámbito de actuación del refuerzo de personal en las diferentes materias entre las que destaca vivienda, intermediación familiar y comunidad educativa para reducir e abandono escolar temprano, acompañamiento ale empleo, asesoramiento, alfabetización digital autorización en materia de inserción social, colaboración sanitaria de carácter preventivo y dirigidas a personas menores de edad para propiciar vida saludable.

A continuación se hace constar en la sentencia que la actora ha trabajado fundamentalmente en el DIRECCION002 de Jaén y se concretan en el mismo hecho probado las funciones que ha venido realizando, tareas concretas que en la época del Covid, debido a la situación excepcional se extendió a la ayuda la `población en general.

De modo que en ausencia de mayores precisiones, que no constan en autos, el objeto de la contratación de la actora es su intervención en zonas desfavorecidas, obviamente con el objeto de contribuir a la mejora de la población de dichas zonas, dada la categoría de Psicóloga por la que la recurrente ha sido contratada, en congruencia con la definición de las zonas desfavorecidas sobre las que habría de actuarse como zonas necesitadas de transformación social. Por consiguiente, la obra o servicio que justifica la contratación temporal de la demandante, esto es, la ejecución de un programa determinado por parte del Ayuntamiento demandado, obviamente, solo obedece a una cooperación coyuntural y ocasional con la Administración Autonómica (Junta de Andalucía), porque al Ayuntamiento no competen ni las políticas de desarrollo económico y social ni las políticas ejecutivas de fomento del empleo, conforme se desprende del art. 63.1 de la Ley Orgánica 7/2007, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , y, sobre todo, porque, en definitiva, en este asunto en particular, el programa justifica sobradamente el contrato de trabajo para esa obra o servicio en cuestión, dotándolo de autonomía y sustantividad propia,, sin que preciemos el más mínimo indicio de que la actora haya desempeñado tareas distintas a las que constituían su objeto aun cuando teniendo en cuenta el amplio objeto contractual y la Linea 2 de subvención a en asuntos como vivienda, educación, menores, empleo etc, y el hecho constatado de que la contratación de la actora coincide con la situación de pandemia por Covid 19, lo que determinó ampliar su actuación a la población en general y no sólo a las zonas desfavorecidas lo cual fue excepcional al tratarse de un servicio esencial, hemos de rechazar que concurra la situación de fraude de ley que se denuncia en el motivo, pues tales funciones se han venido realizando siempre dentro del programa ERACIS, todo los cual impide entender que la contratación temporal se haya desnaturalizado y que la misma se torne indefinida.

Sentado ello, el cese de la trabajadora en fecha de 31 de mayo de 2022, fecha consignada en propio contrato como fecha de fiscalización del mismo no constituye despido, sino válida extinción de la relación laboral por aplicación del art 49.1 c) del Estatuto de lo Trabajadores lo que conduce a la desestimación del motivo, consiguiente desestimación del recurso y paralela confirmación de la sentencia de instancia, debiendo indicarse que a esta misma solución llega la Sala en supuestos iguales relativos otras trabajadoras contratadas para el mismo programa Eracis pro el Ayuntamiento de Jaen, concretamente en las sentencias de fecha 1 de marzo de 2024, (RECURSO 834/2023 ) y 13 de junio de 2024 (RECURSO 1934/23 ).".

Deben aplicarse iguales consideraciones en el supuesto examinado al no concurrir elementos que permitan establecer diversa solución, habiéndose otorgado un contrato válido en su origen, que ha venido desarrollando su objeto de manera adecuada y sin interrupciones dentro del área geográfica asignada, fuera de puntuales actuaciones motivadas por situaciones de excepcionalidad que no vienen a alterar en modo alguno su naturaleza y finalidad esenciales. No consta que la trabajadora haya sido ocupada de manera sistemática en tareas diversas de las inicialmente señaladas en el contrato otorgado, habiéndose producido además la extinción en el plazo legalmente establecido desde el inicio, coincidente con el de otras trabajadoras desempeñando actividades análogas en el mismo plan de asistencia social, diverso en su objeto y finalidad, de las actuaciones eventualmente realizadas por el propio Ayuntamiento demandado en dicho ámbito. Debe confirmarse en consecuencia la sentencia dictada en instancia, previa desestimación del recurso de suplicación frente a ella interpuesto.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,