Sentencia Social 3663/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 1387/2025 de 14 de julio del 2025

PRIMERO. -La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta y en consecuencia declara la improcedencia del despido efectuada por la demandada con efectos de 30 de mayo de 2024, condenando a la empresa demandada a que readmita al trabajador demandante en las misma condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha efectiva del despido hasta la notificación de la sentencia, a razón de 59,19 euros diarios, o bien, a elección del empresario, a la extinción de la relación laboral con abono al demandante de la indemnización de 28.753,74 euros.

La opción del empresario entre la readmisión del trabajador o la indemnización por despido improcedente deberá ejercitarse en el plazo de 5 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, mediante un escrito o comparecencia ante este Juzgado. Transcurrido dicho plazo sin que hubiese optado se entenderá que procede la readmisión.

Frente a este pronunciamiento se alza la representación de la empresa demandada, interponiendo recurso de suplicación e interesando que dicte sentencia por la que estimando íntegramente el mismo, revoque la recurrida y desestime íntegramente la demanda presentada.

El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO. -Con este objeto, en los tres apartados del primero de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, interesa la parte la modificación del relato de hechos probados de la sentencia y concretamente de los ordinales primero, segundo y séptimo.

El primero peticiona que quede así redactado: "La parte demandante venía prestando servicios para la empresa demandada desde el 28 de mayo de 2012, con categoría profesional de oficial primera-maquinista, a jornada completa, percibiendo un salario de 1.800,50 euros brutos incluido el prorrateo de pagas extras", con base en el documento 13 aportado con el ramo de la prueba de la actora, y en el documento 4 del ramo de la prueba de la demandada.

El segundo postula que tenga este tenor: "Como consecuencia de que la parte actora no acude a trabajar, de forma injustificada, los días 28, 29 y 30 de mayo de 2024, la parte actora recibe burofax de fecha 4 de junio de 2024, consistente en carta de despido de fecha 31 de mayo de 2024, con efectos del día 30 de mayo de 2024, se procede a su despido disciplinario en base al art.54.2 a) y d) del ET, y art. 105 letra b)y letra c) del VII convenio colectivo general del sector de la construcción de aplicación"

Finalmente, en cuanto al séptimo pide que se le dé esta redacción: "La empresa demandada le impone una sanción como falta leve por no acudir el día 27 de mayo de 2024, a su puesto de trabajo sin que exista justificación alguna por tu parte y sin la empresa haya otorgado consentimiento expreso para ello, constituye una falta leve del art. 103 d) del convenio, por lo se le sanciona con una amonestación por escrito estipulada en el art. 106.1.a) del mismo convenio. Además, hemos de advertirse que de continuar en esta situación podrías cometer una falta grave del art. 104, b) o incluso muy grave del art. 105 b del citado convenio y en último caso podría ser sancionado con despido disciplinario, según el art. 106 c) del convenio general de la construcción y del art. 54.2.a) del ET".

En fecha 29 de mayo de 2024, la parte actora realiza alegaciones en el siguiente sentido:

" I. Ese escrito é unha completa aberración, tendo en conta que 15 días antes comuniqueilles unha solicitude de excedencia voluntaria con data de inicio, precisamente, do 27de maio de 2024. Ademais ese escrito, comunicado en tempo e forma, motivou un cruce de comunicacións entre nós, polo que non ha lugar a unha suposta "falta inxustificada" cando coñecían perfectamente que o día 27 iniciase a miña excedencia voluntaria, polo que o motivo da miña inasistencia está plenamente xustificado, con aviso de 15 días antelación, e ademais plenamente cuberto pola lexislación vixente. (...) En conclusión, tanto a forma como o fondo de su escrito es un completo absurdo, no ajustado a la ley y que me genera indefensión (...), solicitando que deje sin efecto la amonestación presentada...". En fecha 31 de mayo de 2024, la empresa demandada le contesta en los siguientes términos: "...no es cierto que la empresa le haya negado unilateralmente el goce de un derecho necesario, pues reiteramos que si se ha accedido al disfrute de la excedencia voluntaria, pero a comenzar en una fecha distinta a la solicitada en su escrito, lo que evidencia la buena fe de Sondeos del Norte, S.A. Por lo anterior, le comunicamos la decisión empresarial de mantener la sanción que le fue impuesta el día 27 de mayo de 2024". (doc. 9,10, y 11 de la rama de prueba de la parte actora y doc. 7 y 8 aportado con el ramo de prueba de la parte demandada).

El recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino que resulta ser- SSTC 18/1993 (RTC 199318 ), 294/1993 (RTC 1993294 )y 93/1997 (RTC 199793) - de naturaleza extraordinaria, casi casacional, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada en autos. Tal naturaleza se plasma en el art. 193 de la LRJS cuya regulación evidencia que para el legislador es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el proceso: STS 12/06/75 , para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorgan los arts. 316 , 326 , 348 y 376 LEC ,así como el art. 97.2 LPL (en la actualidad art. 97 LRJS ).Y esta atribución de la competencia valorativa al Magistrado a quo es precisamente la que determina que el Tribunal Superior ha de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho precisamente para cuando de algún documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera incuestionable el error del Juez «a quo».

Esta naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación a la que hemos hecho referencia anteriormente supone que los hechos declarados como probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas. Así las cosas a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia 03/03/00 R. 499/00 , 14/04 / 00 R. 1077/00 , 15/04 / 00 R. 1015/97 entre otras)

c) que carecen de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical; tampoco es hábil a estos efectos el acta del juicio por no constituir «documento» en el sentido del art. 193.b LRJS alusivo a la prueba documental señalada en el art. 196.2 lrjs ,y por no tratarse propiamente de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en juicio, en manera alguna modificativa de los medios utilizados en aquél.

d) Que la convicción del Juzgador ha de obtenerse a través de la prueba practicada en el correspondiente procedimiento y no viene determinada- vinculantemente- por las conclusiones deducidas por el mismo u otro órgano jurisdiccional en procedimiento diverso y dotado de diferente prueba, por lo que -salvo los efectos de la litispendencia y cosa juzgada-no trascienden a procesos ajenos las declaraciones fácticas llevadas a cabo en una determinada sentencia

e) que el recurrente ha de ofrecer el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

f) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

g) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Con base en esta doctrina, debe asumirse la modificación de la antigüedad del actor en la empresa, toda vez que así se extrae del documento invocado, que es el certificado de vida laboral del actor, sin necesidad de interpretación o argumentación alguna.

El extremo de si pudiera existir o no grupo de empresas, a efectos laborales, con las empresas Sondeos del Norte S.A., Canarga S.L. o Grupo EVS Norte S.A., y, por tanto, debiera o no reconocerse al actor un superior periodo de prestación de servicios, a efectos de la fijación de una eventual indemnización por despido, sería una cuestión jurídica, que no fáctica, lo mismo que la existencia de una eventual identidad sustancial de vínculo, y, además, en el presente caso no se ha traído al procedimiento a las citadas empresas, a los efectos de que pudieran defenderse, alegar y probar lo que entendieran oportuno, a pesar de que la juez a quo haya entendido, de forma indebida y en el fundamento de derecho primero de la sentencia, que sí concurre dicho grupo de empresas, con base en páginas web.

No procede aceptar la modificación peticionada en el hecho probado segundo, pues si bien es cierto que en el relato de hechos probados de la sentencia, de forma indebida, la juez a quo no ha hecho constar si el actor no ha asistido a trabajar o no los días de inasistencia al trabajo señalados en la carta de despido, en el fundamento de derecho cuarto, párrafo décimo quinto, se indica, con evidente valor de hecho probado, que "El propio actor reconoce que no ha acudido el día 27, 28, 29 y 30..." y la expresión "de forma injustificada", es una valoración jurídica, predeterminante del fallo.

Tampoco puede asumirse la mutación que pide del hecho probado séptimo, pues además de que la parte acude a la conocida técnica del "espigueo", para pretender introducir lo que le interesa, en todo caso nada nuevo y relevante añade al relato de hechos probados, pues se trata de meras manifestaciones de parte y la juez a quo ya señala en el hecho probado los documentos en los que se ha basado, que son coincidentes con los que la parte indica para basar la modificación peticionada.

TERCERO. -En el segundo de los motivos del recurso y con amparo procesal en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la parte que se ha producido la infracción del artículo 54.2.a) y d) del Estatuto de los Trabajadores, argumentando que la aplicación conjunta de los citados apartados del precepto legal, deberían llevar a la desestimación de la demanda, al no ser controvertida ni la ausencia del trabajador, ni la falta de justificación de su asistencia.

Finalmente, en el tercero de los motivos del recurso y con el mismo amparo procesal, denuncia la parte la infracción de la jurisprudencia contenida en sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1990 y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 4 de octubre de 2021, rsu. 3749/2021, argumentando que la Sentencia objeto de recurso, obvia las dos sentencias citadas (así como otras muchas sentencias de Tribunales Superiores que siguen el mismo criterio), y entiende que la mera solicitud de excedencia hace que el actor pueda entender "justificada" su ausencia., siendo totalmente clara la Sentencia del Tribunal Supremo, al señalar que la actuación del actor lo coloca "en situación de incumplimiento grave y contumaz de su obligación de trabajar, lo que constituye la justa causa de despido tipificada en el artículo 54.2.a) del Estatuto consistente en faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo".

Ambos motivos, por su conexión, van a ser resueltos de forma conjunta, debiendo indicar, en primer lugar, que las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, no tienen la consideración de jurisprudencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, por lo que no pueden servir de base y fundamento para la interposición del recurso de suplicación por el motivo establecido en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, reservado a la denuncia de infracción de normas sustantivas y/o de la jurisprudencia.

Hecha la anterior matización, del relato de hechos probados y del contenido de la fundamentación jurídica, con valor de hecho probado, se extrae que el actor no acudió al trabajo los días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2024 (fundamento de derecho cuarto, párrafo décimo quinto).

La empresa le ha impuesto una sanción por falta leve, de amonestación por escrito, por no acudir al trabajo el día 27 de mayo de 2024 (hecho probado séptimo), que ha sido impugnada por el trabajador, presentando la correspondiente demanda (hecho probado octavo) y que por ello no es objeto del presente procedimiento.

La empresa también ha impuesto al trabajador una sanción de despido, por la comisión de falta muy grave, por no acudir al trabajo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2024 y trasgresión de la buena fe contractual, mediante burofax que contiene carta de despido, de fecha 31 de mayo de 2024, con efectos desde el 30 de mayo de 2024, y que el trabajador ha recibido el 4 de junio de 2024 (hecho probado segundo).

Este despido disciplinario es el que se discute en la presente litis, habiéndolo calificado como improcedente la juez a quo, y pretendiendo la empresa, en el recurso, la declaración de procedencia del mismo.

Pues bien, tal y como consta en el hecho probado cuarto de la sentencia, el actor solicitó a la empresa la concesión de una excedencia voluntaria de duración 6 meses, entre el 27 de mayo y el 26 de noviembre de 2024, mediante solicitud presentada el 13 de mayo de 2024, y ha dicha solicitud, tal cual consta en el hecho probado quinto, ha respondido la empresa, accediendo al disfrute de la excedencia voluntaria por seis meses, pero no desde el momento solicitado por el actor (27 de mayo de 2024), sino desde el 29 de junio de 2024, por los motivos que señala en el indicado hecho probado quinto, respondiendo el actor, mediante escrito de la misma fecha, realizando las alegaciones que constan en el hecho probado sexto.

La excedencia voluntaria está regulada en el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores, que establece: "El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria"y es un derecho del trabajador cuyo disfrute está sujeto a diversas circunstancias, y que en ningún caso puede ejercerse de manera unilateral y a espaldas de la entidad empleadora, precisando que se produzca solicitud a la empresa y que la misma reconozca el derecho, en los términos interesados, pues si esta no reconoce el derecho del trabajador, no contesta o lo hace en términos distintos a los solicitados, la persona trabajadora no puede entender está legitimada para faltar al trabajo, debiendo acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para que se reconozca su derecho o su derecho en los términos solicitados. Esa decir, no puede acudir a la vía de hecho de autotutela del propio derecho y adoptar la decisión de autoconcederse su derecho, no acudiendo al trabajo.

Y esto es lo que ha hecho el trabajador demandante, que tras reconocerle la empresa el derecho al disfrute de la excedencia, durante el periodo de seis meses solicitados y denegarle, como fecha de inicio de disfrute, el solicitado de 27 de mayo, reconociéndoselo desde el 29 de junio, en vez de impugnar judicialmente la decisión de la empresa, dejó de acudir a su trabajo el 27 de mayo, sin alegar causa justificadora alguna, motivo por el que la empresa le ha impuesto una sanción de amonestación por escrito, que ha sido recurrida por el trabajador, no asistiendo tampoco al trabajo los días 28, 29 y 30 de mayo, sin alegar causa alguna, motivo por el que la empresa le ha impuesto sanción de despido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 105.b) ("Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique")y 106.1.c) ("Faltas muy graves:...Despido")del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Se discute que la gravedad de la falta que se ha cometido no es proporcional a la sanción impuesta y al respecto debe indicarse el artículo 101 del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción, fija los criterios generales para la imposición de sanciones, señalando "La empresa podrá sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones de las personas trabajadoras que se produzcan con ocasión o como consecuencia de la relación laboral y que supongan una infracción o incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo con la tipificación y graduación de las faltas establecidas en el presente capítulo o en otras normas laborales o sociales"y el artículo 106.2 del mismo texto convencional, que: "Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el apartado 1, se tendrá en cuenta:

a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.

b) La categoría profesional del mismo.

c) La repercusión del hecho en las demás personas trabajadoras y en la empresa".

Entiende la Sala, contrariamente a lo que sustenta la juez a quo, que la sanción de despido impuesta es correcta y proporcionada, por cuanto:

1º Nonos encontramos en presencia de un trabajador de escasa cualificación profesional y conocimientos, puesto que tiene la categoría profesional de oficial primera-maquinista (hecho probado primero) y había percibido formación como técnico preventivo (hecho probado décimo)

2º La falta de asistencia al trabajo tres días consecutivos, está adecuadamente tipificada dentro de las faltas muy graves, ya que el texto del convenio establece que es falta muy grave la inasistencia al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique.

3º El trabajador no ha atendido a las razones dadas por la empresa para posponer la fecha de inicio de la excedencia voluntaria, que ha reconocido, ni tampoco ha alegado, ni justificado que las mismas no concurran, insistiendo en todo momento en que es su derecho y en que inicia la excedencia el 27 de mayo.

4º Habiendo inasistido al trabajo el día 27 de mayo de 2024, la empresa procedió a notificarle, el mismo día, la imposición de una sanción por falta leve de amonestación por escrito y de advertirle en la misma comunicación de que, de continuar en esa situación, podría cometer una falta grave o muy grave, y, aun cuando el actor ha recurrido la sanción impuesta, ha persistido en su actitud y no ha asistido tampoco al trabajo los días 28, 29 y 30 de mayo, sin dar justificación alguna, fuera de argüir que estaba haciendo uso de su derecho.

5º Al juez le puede parecer excesiva la sanción impuesta, pero si la misma está adecuadamente tipificada, no puede imponer una sanción inferior, dentro de las legal y convencionalmente previstas, ni pretender que el empresario lo hubiera tenido que hacer, pues es facultad de este último escoger entre las sanciones establecidas para la gravedad de la falta cometida, aquella que considere oportuna, es decir, habría podido imponer, si lo hubiera considerado oportuno, una sanción de suspensión de empleo y sueldo desde 16 hasta 90 días, pero ha decidido imponer la otra sanción normada para las faltas muy graves, que es la de despido.

La jurisprudencia, contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1990, invocada por la parte en su recurso, y en la de 13 de febrero de 1991, señala, en un caso análogo, que el trabajador se ha puesto en situación de incumplimiento grave y contumaz de su obligación de trabajar, lo que constituye la justa causa de despido tipificada en el artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores, consistente en faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo.

En consecuencia, procede estimar el recurso y revocar la resolución recurrida, desestimando la demanda y absolviendo a la demandada de los pedimentos contenidos en la misma.

CUARTO.-De conformidad con lo que viene establecido en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contrario sensu, no procede acordar la expresa imposición de condena en las Costas del recurso a la parte recurrente, al haber prosperado su recurso.

Al estimarse el recurso formulado por la empresa y a tenor de lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procede ordenar la devolución del depósito necesario para recurrir, así como de las cantidades consignadas a efectos del recurso, una vez sea firme esta sentencia.

Por todo ello y vistos los preceptos legales de general y especial aplicación;