Sentencia Social 1316/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1193/2025 de 14 de julio del 2025

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda del trabajador, que suplicaba esencialmente la extinción indemnizada de la relación laboral habida con las sociedades demandadas, apreciada la existencia de grupo de empresas, por considerar esencialmente que concurría una carencia sobrevenida de objeto o falta de acción en cuanto a la extinción, y que no era debida cantidad alguna en concepto de retribución variable.

Contra esa decisión, el demandante interpuso el presente recurso con la finalidad de que se revocase y se estimase la demanda, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por las demandadas únicamente.

Su examen se abordará en los fundamentos siguientes.

SEGUNDO.- Así, la parte recurrente, tras realizar unas consideraciones previas sobre cuáles habían sido las conclusiones extraídas por el juzgador de instancia en la sentencia, y precisar cuál iba a ser el objeto del recurso que planteaba, formaliza primeramente un motivo al amparo del artículo 193 b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social [en adelante, LRJS], en el que, con apoyo en los documentos que identifica y defendiendo su relevancia para el recurso, interesa que se hagan las siguientes modificaciones en el relato de hechos probados:

En primer lugar, que se añada un nuevo hecho, el vigésimo noveno, del tenor siguiente:

«Que del informe psicológico emitido por Dña. Ofelia se desprende la evolución física del hijo del trabajador ( Bernardino) con aumento de fuerza y tamaño que hacen que sus conductas sean más difíciles de manejar y que tengan un riesgo mayor de autolesión o a terceros. Asimismo, señala la especial relación del menor con su madre, lo que junto a lo previamente expuesto hace que se haya venido planificado acciones de respiro para ella y de ajuste de Bernardino con otras personas de referencia y voluntarios de apoyo.»

En segundo lugar, que se añada al segundo párrafo del hecho sexto lo siguiente:

«Señala el citado documento que los importes abonados mensualmente tendrán carácter de consolidado.»

En tercer lugar, que se sustituya la frase final del hecho primero por la siguiente:

«...debiendo percibir un fijo de 43.260 euros anuales y unas variables consolidados de 19.000 euros anuales.»

En cuarto lugar, que se diga en el hecho octavo, respecto del año 2019, «donde también realiza funciones de Marketing Manager, Manager Corporate Wellnes».

Y en quinto lugar, respecto del hecho octavo, que se precise, respecto del último trimestre de 2019 (1), «aun cuando ya realizaba funciones de Director de Marketing desde el año 2016 según el Hecho Probado Cuarto»; que, respecto del primer trimestre de 2020 (2), «aunque dichas funciones las realizaba desde el Año 2016 según el Hecho Probado Cuarto»; y, por último, que se precisase que la actualización (3) era «el IPC».

La parte recurrida se opone y sostiene que lo que se pretendía en realidad no era constatar el manifiesto error en el que hubiese podido incurrir el juzgador de instancia, tratándose, en todo caso, de modificaciones irrelevantes, cuando no, basadas en conjeturas o hipótesis sesgadas e interesadas.

TERCERO.- La doctrina acuñada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de revisión de los hechos declarados probados, que cabe encontrar resumida en la sentencia de 23 de abril de 2025 [REC: 66/2023, ROJ: STS 2107/2025], entre otras muchas, viene manteniendo que el proceso ante el orden jurisdiccional social se fundamenta tradicionalmente sobre el principio de única instancia, de manera que los recursos contra la sentencia dictada en dicha instancia tienen naturaleza extraordinaria y no constituyen una apelación, de manera que ni el recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ni menos todavía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pueda convertirse en una nueva instancia jurisdiccional. Ello impone severas restricciones a la revisión de hechos probados en vía de recurso y aunque exista previsión legal que permite la misma, se trata de una vía ciertamente limitada, que solamente permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas y desde luego excluye la valoración de otro tipo de pruebas distintas a la documental y por supuesto una nueva valoración global por la Sala del conjunto de la prueba practicada en la instancia. Por eso, los requisitos de prosperabilidad del motivo de revisión fáctica exige de los litigantes, entre otros extremos, que el error en la valoración de la prueba en orden a la fijación de hechos probados debe manifestarse con obviedad y sin necesidad de argumentaciones o conjeturas a partir de los documentos señalados; que los elementos fácticos objeto de la modificación deben ser trascendentes para modificar el fallo de la sentencia instancia o, en el caso de que se pretenda la revisión fáctica en los escritos de impugnación del recurso, para reforzar argumentalmente el sentido del fallo; y que quien invoque el motivo debe argumentar suficientemente la pertinencia de la modificación y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento o, si se tratase de escrito de impugnación, en reforzar el mismo.

CUARTO.- Aplicando los anteriores criterios jurisprudenciales, ninguna de las modificaciones propuestas han de ser acogidas por las razones siguientes:

En cuanto al nuevo hecho vigésimo noveno, se trataría de dejar constancia en el relato de hechos probados de la conclusión que la parte extrae del informe psicológico que identifica en la propia propuesta de redacción, lo que es impropio de esta fase de recurso. Con todo, las dolencias y los requerimientos de cuidado del menor ya están debidamente plasmados en la sentencia, «necesidades de salud» de las que la empresa afirmaba ser consciente en la contestación dada a la solicitud de excedencia voluntaria, según consta en el hecho vigésimo primero.

En cuanto al hecho probado sexto, la sola mención de que los importes abonados mensualmente por la consecución de objetivos «tendrán carácter consolidable», tal como ciertamente expresa el documento en el que se apoya (folio 92), no es suficiente para desvirtuar al análisis y la conclusión alcanzada por el magistrado de instancia sobre la retribución variable, en razonada y detallada argumentación realizada en el apartado 7 del fundamento séptimo. Sea como fuere, ese documento es claro que iba referido a su cometido como director de zona, no para el puesto de director de marketing y desarrollo de negocios.

Lo mismo cabe decir de la modificación del hecho primero, basada en el mismo documento (folio 92), que persigue expresar cuál sea la retribución variable que debe percibir el trabajador, afirmación que es impropia del relato de hechos probados, tal como tiene dicho la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de marzo de 1991 [ ROJ: STS 1802/1991], al señalar que es incorrecto emplear en el relato histórico de la resolución judicial un concepto jurídico, como el del verbo «adeudar», por ser predeterminante del fallo.

Por último, la modificación del hecho octavo, que persigue modificar el contenido funcional del trabajador, en el periodo de referencia, tampoco puede ser acogida, pues se enfrenta a una muy detallada ponderación de las circunstancias concurrentes, realizada por el magistrado de instancia precisamente en el referido aparatado 7 del fundamento séptimo de la sentencia de instancia.

Por todo lo anterior, la versión judicial ha de quedar inalterada.

QUINTO.- Al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente formaliza un primer motivo de infracción sustantiva, en el que denuncia la infracción de artículo 50 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , en su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre[en adelante, ET], en concordancia con el artículo 82 de aquella LRJS y 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [en adelante, LEC], así como la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, argumentando esencialmente que la sentencia de instancia incurría en una confusión conceptual al entremezclar figuras procesales distintas: la falta de acción con la carencia sobrevenida, no pudiéndose hablar de falta de acción pues tenía legitimación para ejercitar la acción resolutoria conforme al artículo 50 del ET, y planteándose, en definitiva, el debate sobre si, sobrevenida la necesidad de formalizar su baja para acceder a un puesto público e incompatible, subsistía o no el objeto de la acción. Y que, en contra del criterio expresado en la sentencia recurrida, existía una situación insoportable, que le colocaba en una encrucijada insostenible, ya que si no se daba de baja no podía acceder a ese empleo público, atendiendo para ello a la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre dicha materia, concretamente, la contenida en la sentencia de 3 de febrero de 2016 [REC: 3198/2014, ROJ: STS 1235/2016]. Sostiene que esa «situación de insoportabilidad», que justificaba la interrupción del vínculo, no era únicamente profesional o patrimonial, sino que era de índole personal y familiar, ante la circunstancia de que su hijo tuviese reconocido un grado de discapacidad del 79 por 100 y un grado III de dependencia, nivel 2, que requería atención constante, y basado en el «derecho fundamental a la conciliación de la vida familiar y laboral», de los artículos 39 de la Constitución española [en adelante, CE] y 8 de la Ley o 3/2007, habiéndosele ofrecido en la nueva relación laboral un régimen de flexibilidad total y medidas específicas de conciliación. Por todo ello, debía reconocérsele que la baja fue fruto de un claro abuso de «Derecho» de la mercantil demandada, que no podía excluir el derecho a la extinción indemnizada del contrato, no concurriendo, por tanto, falta de acción alguna.

La parte recurrida se opone, hace propios los argumentos de la sentencia de instancia y sostiene esencialmente que la resolución contractual fue promovida por el trabajador en el momento en el que ya tenía certeza de que había sido el único candidato admitido en el proceso selectivo convocado por la Universidad de Málaga, lo cual revelaba que la verdadera voluntad era la de abandonar su puesto, pero sin que existiese una imposibilidad objetiva de continuar en la empresa por razón de una situación insoportable.

SEXTO.- El magistrado de instancia dedica el fundamento de derecho sexto al examen de la carencia sobrevenida de objeto y la falta de acción. En una extensa argumentación (ocupa las páginas 18 a 28 de la sentencia), recoge la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la materia, contenida en las sentencias de 20 de julio de 2012 [REC: 1601/2011, ROJ: STS 6207/2012], 28 de octubre de 2025 [REC: 2621/2014, ROJ: STS 4841/2015], 3 de febrero de 2016 [REC: 3198/2014, ROJ: STS 1235/2016] y 13 de julio de 2017 [REC: 2788/2015, ROJ: STS 3115/2017], así como la de esta Sala, contenida en las sentencias de 3 de marzo de 2025 [REC: 143/2025, ROJ: STSJ AND 3745/2025] y 1 de diciembre de 2021 [REC; 1719/2021, ROJ: STSJ AND 18938/2021] -que debe tenerse por reproducida aquí-, concluyendo de este modo:

[...]

B.- Aplicando la anterior jurisprudencia al caso de autos debe tenerse en cuenta que la invocada como causa carencia sobrevenida de objeto en realidad es una falta de acción por dicha circunstancia. Debe ser estimada en base a los siguientes argumentos.

[...]

B. 6.- En el presente supuesto debe entenderse no existe acción de extinción de la relación laboral por haber sido baja voluntaria del trabajador el 23 de julio de 2024 pues no es uno de los supuestos excepcionales que la jurisprudencia permite para ello. A dicha conclusión se llega a raíz de los siguientes argumentos:

En primer lugar la opción profesional que se invoca por el actor era conocida antes de la presentación de la papeleta de extinción del contrato de trabajo porque ya en febrero de 2024 era el único candidato que ya había resultado admitido en el proceso selectivo para una plaza de puesto permanente en la Universidad incompatible con el trabajo del actor. La papeleta y la demanda se presenta en abril de 2024 y ya en esa fecha se sabía que era cierta la expectativa de ser adjudicatario de la plaza por ser el único candidato a ella la necesidad de Málaga pudiendo la actora en esa fecha solicitar medida cautelar al respecto. Esto es no se trata de un supuesto en el que esté justificado la terminación unilateral por parte del actor al no existir tiempo material para solicitar una medida cautelar sin afectar las opciones profesionales del mismo porque ya era una expectativa concreta y específica existente antes de interponerse la demanda.

En segundo lugar la jurisprudencia habla de una situación insoportable siendo que en este caso el salario recibido por el trabajador es en una cuantía muy superior a lo que viene a recoger la jurisprudencia en supuestos en los que así lo ha permitido y así en el año 2023 consta hoy en el mes de septiembre última nómina portada folios 359 una base de cotización de 4.495,50 € con un importe neto a percibir de 3177,53 euros.

Es más se hace referencia al incumplimiento en el abono de los incentivos pero si se compara dicha nómina con la última nómina que se percibieron dichos incentivos en marzo de 2023 resulta que en marzo de 2020 F 342 la base de cotización era 5.103,68 pero el importe neto percibido 3.483,11 esto es el importe líquido de la nómina que se percibía con los incentivos hasta marzo de 2020 y la que se percibe sin incentivo en septiembre y agosto de 2023 tienen una diferencia neta de 305,58 € un 8,77% del salario último percibido con incentivos.

B.7.- Enfatiza el actor que el hecho de abandonar el puesto de trabajo para trabajar en la Universidad es por una imperiosa necesidad familiar de atención a hijo con un 79% de discapacidad siendo que su nuevo trabajo le da una flexibilidad para poder atender dichas necesidades familiares que el existente en la empresa demandada no lo permitiría. Se invoca así opciones profesionales así como discriminación por causa de discapacidad de hijo, pues la causa de la baja era la posibilidad de empezar un trabajo más compatible con cuidado de hijo. Tampoco puede acogerse como causa justificadora de la terminación unilateral de la relación laboral y su compatibilización con la acción resolutoria dicha alegación. El hijo del actor tiene 18 años, la patología es de larga data, Grado III Gran dependencia nivel 2, y 79% de discapacidad reconocida dicha grado de dependencia está reconocida desde hacía 15 años, el otro progenitor tiene convenio especial de cuidador para atención ha dicho hijo y a la prestación de servicios del propio actor en la demandada compatibiliza con dichas necesidades familiares. Enfatiza la demandada que siendo miembro del equipo de dirección y concretamente director de marketing a nivel nacional presta servicios de facto desde Málaga sin necesidad de desplazarse a Madrid donde está el resto de su equipo. Por ello no puede tampoco atenderse al hecho de que se hubiera tenido que poner fin a la relación laboral por causas familiares sin poder solicitar medida cautelar. Debe existir un nexo causal entre la acción ejercitada, extinción de relación laboral por no cobrar incentivos con la causa de la baja en la empresa que se dice es para mejor cuidado de hijo. Pero dichas necesidades compatibilizaron con la vida laboral del actor en empresa. No toda opción profesional justifica una terminación unilateral de relación laboral antes de juicio si no se acredita la razón de ser y casualidad entre causa de baja y de la extinción solicitada. Se parte de una premisa y es que le trabajo de universidad presenta mayor posibilidad conciliatoria que en empresa, y que el cambio profesional es motivado por necesidad concilatoria. Y en ambos casos no queda acreditado pues de un lado la necesidad conciliatoria estaba presente desde inicio de la relación laboral y compatibiliza con prestación de servicio en empresa, y la oportunidad de trabajo en universidad crea una expectativa previa incluso a demanda al ser el único candidato.

B.8.- La causa resolutoria invocada en los términos retributivos comentados en el número anterior no guarda relación con la causa familiar referenciada para justificar la baja voluntaria. La secuencia cronológica apunta a la argumentación efectuada por la demandada: el actor percibe un 8,77% menos de salario respecto al salario del primer trimestre de 2020 con incentivos. Entiende debe percibir el salario de director de marketing pero con incentivos que hasta 2019 percibía como director de zona y con independencia de si tiene razón para ello no puede hablarse de una situación que justifique la terminación unilateral de la relación laboral instancia del actor. Trabaja desde Málaga pese a que el resto del equipo directivo está en Madrid, y compatibiliza el trabajo con relación laboral con la Universidad de Málaga. Cuando tiene la concreta expectativa de obtener próximamente plaza permanente que es incompatible con sector privado por ser el único candidato admitido, es cuando presenta demanda de extinción de relación laboral por no cobrar desde hacía cuatro años incentivos a los que entiende debería seguir teniendo derecho pese a cambio de puesto, aunque su actual salario neto es apenas un 8,77% inferior al antes como consecuencia de cambio de puesto de trabajo. Cuando aquel es adjudicatario definitivo, tres meses después de la demanda de resolución al serle denegada excedencia voluntaria por empresa en tanto que entiende la empresa no procede porque conoce empezaría a trabajar en sector incompatible con la relación laboral en la demandada es cuando se presenta baja voluntaria, siendo que ello no obedece ni a una necesidad familiar que en todo caso era de larga data y que ha compatibilizado con trabajo, ni a una situación económica insoportable por el importe de retribución percibida, ni siquiera en relación a los ingresos que tenía antes con incentivos y ello sin perjuicio en cuanto al fondo si a su derecho asiste poder accionar reclamando derecho a percibir los incentivos en cantidad que lo había hecho cuando era director de zona y los tres primeros meses de director de marketing hasta marzo de 2020.

No es un supuesto equiparable a los abordados en la jurisprudencia antes transcrita que permitiera la terminación unilateral de la relación antes de juicio sin solicitar medida cautelar sino de forma unilateral al no quedar acreditada dicha como justificada para dicha terminación unilateral.

[...]

SÉPTIMO.- La Sala no puede por más que refrendar en detallado análisis de las circunstancias concurrentes en el supuesto examinado, que termina señalando el carácter voluntario, no condicionado, de aquella decisión extintiva del trabajador, causa de extinción del contrato de trabajo, según el artículo 49.1 d) del ET, que priva al trabajador, por aquella exigencia jurisprudencial de su vigencia, del ejercicio de la acción individual, reconocida con carácter general como derecho laboral en el artículo 4.2 g) de dicho ET, y que derivaría -de no haber mediado dicha decisiva dimisión- del derecho a extinguir por su voluntad el contrato en los supuestos de incumplimiento grave de las obligaciones empresariales, previsto en el citado artículo 50 del ET.

Que exista un dilema profesional, agudizado por las condiciones derivadas del empleo público por el que finalmente ha optado el trabajador, es algo que no se duda en este caso. Pero se trata de una encrucijada personal cuyas consecuencias, en este caso, la pérdida de la acción extintiva, debe soportar el trabajador, desde el momento en el que el cuidado de su hijo menor no aparece en este caso como elemento determinante de la salida de la empresa y su incorporación como profesor universitario.

Como consta en el relato de hechos probados, su hijo nació en 2006, y desde 2009 tiene reconocido el grado de dependencia expresado, año en el que don Pedro Enrique entró al servicio de las demandadas.

Resulta particularmente significativa la secuencia de los hechos analizada (superación proceso selectivo, interposición de la demanda extintiva, solicitud de excedencia y dimisión), como también la respuesta dada por la empresa a la solicitud de excedencia voluntaria, que aparece resumida en el hecho probado vigésimo tercero.

Por todo lo anterior, el motivo ha de ser rechazado.

OCTAVO.- Y al amparo también del artículo 193 c) de la LRJS, la parte recurrente formaliza otro motivo de infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, en el que denuncia la del artículo 50.1 a) y/o b) del ET en concordancia con los artículos 29 y 59 de dicha norma, argumentando esencialmente que no existió comunicación formal a la hora de eliminar el incentivo que venía percibiendo, cuya percepción era debida por haberse consolidado, por lo que se le debían 49.082,00 euros, rechazando que el nuevo puesto fuese incompatible con percibir aquel salario variable, y que su eliminación constituía una modificación sustancial de condiciones de trabajo, según la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, contenida en las sentencias de 23 de julio de 2020 [REC: 882/2018, ROJ: STS 2603/2020] y 15 de noviembre de 2017 [REC: 3669/2015, ROJ: STS 4700/2017].

La parte recurrida se opone al motivo y sostiene que era un sinsentido mantener la tesis de que el actor tenía derecho a percibir íntegramente su salario fijo como director de marketing y, adicionalmente, la retribución variable correspondiente al anterior cargo de director de zona, haciendo propias, en definitiva, las argumentaciones contenidas en la sentencia de instancia.

NOVENO.- En el fundamento séptimo y noveno -no hay un octavo-, el magistrado de instancia lleva a cabo un análisis extenso (ocupa las páginas 28 a 37) y exhaustivo del marco retributivo del trabajador en relación con la causa de extinción y la percepción de la retribución variable, del que cabe dejar constancia en este momento de lo siguiente:

[...]

5.- El actor postula como fundamento tanto de la acción resolutoria del contrato como de la reclamación de Cantidad la consideración que debe seguir recibiendo la retribución variable que había estado haciéndolo como director de zona y que se había fijado en 19.000 anuales prorrateado cada mes añadiendo, f 314 anverso y reverso. Cuando llegó el COVID-19 en abril de 2020 se suspendió su abono, pero después en el caso del actor no fue retomado mientras que para el resto de compañeros si lo fue. La empresa considera que los incentivos están vinculados a los equipos operativos ya sean directores de centros o directores de zona en el que por el número de abonados y de ingresos de los centros que ellos dependen se entiende que alcanzados los objetivos que dan lugar a los incentivos anualmente fijados se perciban. Cuando el actor es trasladado de puesto fuera de equipo operativo y pasa al equipo directivo como director de marketing ya no el responsable de la serie de centros de una determinada área geográfica y no tiene esos incentivos.

6.- Debes determinarse que el cambio de puesto de trabajo del actor en enero de 2020 no viene acompañada ni de una notificación escrita por la empresa ni de un pacto suscrito por las partes sobre cuál eran las condiciones retributivas del nuevo puesto. Debe interpretarse a raíz de la naturaleza del mismo así como de los propios incentivos previstos en el contrato originario. Es cierto que el actor razona que se ha promocionado a un puesto de mayor responsabilidad como director de marketing y no tiene razón de ser que su retribución sea inferior a la que venía percibiendo como director de zona. Por otro lado no es menos cierto que son funciones distintas puesto que en unos se prima la productividad de quien es director responsable de la explotación de un centro o de los centros de un área geográfica mientras que en el ámbito de la dirección ya no es responsable directo de la llevanza promoción o aumento de abonados de dichos centros. Es cierto que en hechos probado se ha fijado ello supone que hay un 8,77% menos de salarios, una vez que en mayo de 2023, se actualiza la retribución solicitada por el actor respecto del que percibía con anterioridad. Pero igualmente es cierto que lo que percibió con anterioridad es un componente variable en función del grado de consecución de objetivos que ahora es íntegramente fijo y no está superada dicha consecución de objetivos.

7.- A falta de pacto expreso entre las partes debe tenerse en cuenta:

.- No puede tomarse una estructura salarial que sea parte la fija como director de marketing y parte variable lo que se percibía como el director de zona.

.- Rige el carácter no consolidable de dichas retribuciones variables según previene el artículo 26.3 del Estatuto de los trabajadores .

.- La retribución variable pactada en la que el cláusula adicional del contrato lo supeditaba a la consecución anual de una serie de objetivos como director de centro en que se trabaja, y posteriormente de director de zona respecto de centros de su ámbito geográfico, dependen eran en su inmensa de los resultados del centro del que era director o de los centros que estaban dentro del ámbito geográfico de la zona de la que era director de zona mediante el número de abonados e ingresos de los mismos. Una mínima parte sobre la consecución de los datos del grupo, de esta forma dicho retribución variable o incentivo lo que me retribuye son los resultados de la explotación de los centros de los que el equipo operativo es responsable premiando así la consecución del objetivo que a su vez se alcanza a partir de un determinado número de abonados y consiguientes ingresos generados por los centros de los que depende la dirección.

.- De esta forma si no es director de centro o de la zona que es responsable en distintos centros no forma parte del equipo operativo ni responde a la finalidad de la retribución variable.

.- Es cierto que el actor ve frustrada la expectativa retributiva en la medida en que una dirección nacional de marketing perciben menos ingresos que una dirección de zona pero dicha dirección de zona alcanza dicha retribución a raíz de las variables tenidas en cuenta por la productividad, que puede conseguirse o no.

.- El hecho de que los tres primeros meses del director de marketing se siguiera recibiendo los 900 nuevos incentivos es explicado por la empresa en el sentido que era para dar traslado a su sucesora cómo directora de zona.

.- No pueden utilizarse como nuevo objetivo de comparación en este régimen los directores de centro ya en 2021 2022 2023 habían estado percibiendo dichos incentivos porque se ha determinado que son todos ellos puestos de equipo operativo cuyo desempeño obedece a las funciones y criterios para obtención de dichos incentivos en función de los resultados de los centros. No existe término objetivo de comparación en relación a otros puestos de la dirección nacional, no responsables directos de la explotación de centros como el director financiero o de recursos humanos.

[...]

DÉCIMO.- Lo primero que debe preciarse es que el debate de suplicación solo puede extenderse en este momento a verificar si son debidos o no esos incentivos que se dicen eliminados injustificadamente, pues, abstracción hecha de ello, ninguna virtualidad extintiva podría tener, de admitirse su impago, en la extinción del contrato de trabajo por razón de la falta de acción apreciada.

Hecha la precisión anterior, la Sala, nuevamente, ha de refrendar el criterio y la conclusión del magistrado de instancia en tanto que rechaza el carácter consolidable de aquellos incentivos establecidos con ocasión de la dirección de zona asignada, cometido de naturaleza local y sometido a unas especiales características funcionales y retributivas, que lógicamente desaparecieron cuando se produjo su ascenso a director nacional en otra área en la empresa.

Cabe dar por reproducidas aquí las consideraciones relativas al carácter consolidable de los incentivos, realizadas en el fundamento cuarto de esta sentencia, con ocasión de dar respuesta el motivo de revisión de los hechos declarados probados.

Por todo lo anterior, el motivo ha de ser igualmente rechazado.

UNDÉCIMO.- En consecuencia con todo lo razonado en los fundamentos anteriores, el recurso debe desestimarse, con los efectos previstos en los artículos 201 y siguientes de la LRJS, incluida la condena en costas, que se precisarán en el fallo de esta sentencia.