Sentencia Social 63/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 1523/2024 de 15 de enero del 2025

PRIMERO.-En la sentencia dictada en la instancia se efectúa el siguiente pronunciamiento: "Que estimando la demanda interpuesta por D. Carlos Daniel frente a la empresa EL SABIO BRICOLAJE, HOGAR Y CAMPO SA en reclamación por despido, se declara la improcedencia del despido del que ha sido objeto el actor el 04/07/2023, y debo condenar y condeno a la empresa a que en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opten entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido con abono de los salarios de tramitación a razón de 115,14 euros diarios desde la fecha del despido, 4/07/2023 hasta la fecha de notificación de la presente resolución, o hasta que haya encontrado otro empleo, si tal colocación es anterior a esta sentencia y se prueba por el empresario lo percibido para su descuento de los salarios de tramitación, o a que se le abone una indemnización proporcionada a la antigüedad del trabajador, que asciende a 11399,20 euros

El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

Se absuelve al FOGASA de las pretensiones contenidas en demanda sin perjuicio de la responsabilidad que pueda alzanzarle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del ET .".

En concreto, el motivo por el que la juzgadora a quo considera que el despido del actor ha de calificarse como improcedente es la falta de gravedad de la actuación del trabajador. En la sentencia de instancia se analizan los hechos imputados al actor en la carta de despido y, una vez determinados aquellos que se consideran efectivamente acreditados, aplicando la teoría gradualista, se concluye por la Magistrada que dichos hechos no justificarían la sanción más grave, esto es el despido, pues no constituyen una falta muy grave tipificada en el art. 44 del convenio colectivo de aplicación, ni serían subsumible en el art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Contra dicha sentencia se formula recurso de suplicación por la parte demandada al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto, recíprocamente, de que por esta Sala se proceda a revisar los hechos probados de aquélla y se apruebe la censura jurídica formulada en el meritado recurso contra la misma.

Concluye este recurso con la súplica de que se "dicte Sentencia por la que se estime íntegramente el presente recurso y se revoque la Sentencia de instancia, declarando la procedencia del despido efectuado por la empresa con fecha 4 de julio de 2023, con las consecuencias legales inherentes a tal reconocimiento, y, subsidiariamente, para el improbable caso de no estimar la procedencia del despido, se fije la indemnización por despido improcedente en 9.138,10 euros".

La parte demandante ha impugnado el recurso, interesando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-En cuanto a la modificación del relato de hechos probados con amparo en el apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en primer lugar, hemos de tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para que el Tribunal pueda examinar, con libertad de criterio, el modo en que el Magistrado de instancia, con base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha obtenido su convicción sobre los hechos controvertidos entre los litigantes. Y es que dada la naturaleza extraordinaria de este recurso ha de prevalecer el criterio del Magistrado de lo social, a quien la Ley le reserva, en los términos que se dispone en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la función de valoración conjunta de las pruebas que ante él se practicaron. La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

Dichas pruebas en base a las cuales es posible la revisión fáctica de la sentencia impugnada no pueden ser las mismas que le sirvieron de fundamento al juzgador en la instancia. Esto es, la revisión fáctica no se puede fundar en el mismo documento o pericia, -salvo supuestos de error palmario- en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, ya que como la valoración de la prueba corresponde al juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal del recurrente.

En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso, siendo preciso que la parte además exponga de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia.

Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

La parte recurrente solicita en concreto:

1.-Que se modifique el primer párrafo del hecho probado primero proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "Que don Carlos Daniel, mayor de edad, con DNI nº NUM000 presta servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa EL SABIO BRICOLAJE, HOGAR Y CAMPO SA desde el 27/07/2020 en virtud de un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo con la categoría de viajante y un salario de 2.807,58 euros, salario de media que corresponde al fijo y variable (comisiones) percibido en el año 2023 (16.845,58 euros)".

Funda esta modificación del salario la parte recurrente en el documento nº 2 del ramo de prueba de la demandada, en el que constan las nóminas del actor en el año 2023, asegurando que el salario mensual medio percibido en el 2023 por el actor es de de 2.807,58 euros.

Pues bien, esta petición ha de desestimarse por cuanto, tal y como se indica en la sentencia (Fundamento Jurídico Primero) y en el escrito de impugnación al recurso, el salario en supuestos como el presente en los que el trabajador recibe parte del salario como fijo, y parte como variable por comisiones, debe calcularse a los efectos del despido, teniendo en cuenta el percibido en los doce últimos meses de trabajo, y no haciendo un promedio, exclusivamente, de los abonados en el año natural del cese.

2.-Que se modifique el hecho probado segundo proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "2º.-Las condiciones de venta 2023 establecidas por la empresa son las que se expresan a continuación. En cuanto a los descuentos rigen los siguientes criterios:

- Se fijan en función de la campaña que realice cada cliente.

- No se aplicará descuento alguno a pedidos de importe inferior a 30 €.

- Para pedidos de máquinas superiores este importe se aplicarán descuentos comerciales sobre PvPs recomendados, según líneas de producto y que serán pactados con el delegado de zona.

En cuanto a las condiciones de pago de 2023, se efectúa el pago mediante Giro Bancario de acuerdo con los siguientes criterios:

- Importe hasta 300€ Giro: Transferencia a 30 días Fecha Factura

- Importe de 300€ a 600€ Giro: Transferencia a 30/60 días Fecha Factura

- Importe de 600€ a 900€ Giro: Transferencia a 30/60/90 días Fecha Factura

- Pedidos superiores a 900€ Giro: Transferencia a 30/60/90/120 días Fecha Factura

- Descuento Pronto Pago 1% (importe superior a 120€): Giro a 15 días Fecha Factura

Los descuentos están fijados y a disposición de los trabajadores, pudiendo éstos beneficiarse de los mejores descuentos, que son los descuentos "Sabio". El más elevado de los descuentos asciende al 50% + 6%, pero estos varían en función del tipo de producto y marca. No existen descuentos del 100%.

La empresa no atiende a particulares, solo a asociados y distribuidores, ya que no vende al por menor. El padre del actor no es ferretero ni autónomo.

El trabajador reconoce en Whatsapp enviado a Alejandro que su padre no reúne las condiciones para ser cliente y solicitó a la empresa que se cursara la baja de la ficha por no reunir el cliente los requisitos necesarios.

Cuando existen productos defectuosos en garantía que se devuelven, se reemplazan a coste 0. En los pedidos de material enviado en garantía por rotura quien tramita el pedido no es el comercial y no es necesario aplicar ningún descuento en este tipo de pedidos".

Lo funda en los documentos 7, 8, 13 y 14 del ramo de prueba de la demandada.

Este motivo ha de correr la misma suerte que el anterior, no pudiendo prosperar tampoco, dado que la parte recurrente pretende que se realice una nueva valoración de un conjunto de documentos en contra de lo anteriormente expuesto, pues se trata de sustituir la libre valoración de la magistrada a quo, que además de la prueba documental ha tenido en cuenta la testifical ante la misma practicada, por la valoración subjetiva de la parte recurrente, con valoraciones e interpretaciones que van más allá de lo que sería el contenido literal que se desprende de la citada prueba documental.

3.-Que se modifique el hecho probado cuarto proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "4º.-Que el actor dio de alta como cliente a su padre, don Tomás, número de cliente NUM001, en mayo de 2023, sin que éste reuniese las condiciones para ser cliente y, posteriormente, solicitó que se cursase la baja de este cliente. Los datos de contacto del cliente eran los del propio actor. El padre del actor fue cliente los meses de mayo y junio de 2023.

Que las operaciones realizadas siendo cliente el padre del actor ascienden a tres pedidos, que se efectuaron en fecha 02/05/2023, 07/06/2023 y 19/06/2023, relacionados con los albaranes de fecha 03/05/2023, 08/06/2023, 20/06/2023 (dos) y 27/0672023 y con las facturas de fecha 08/05/2023, 08/06/2023 y 22/06/2023

Los productos objeto de los pedidos y los descuentos aplicados a cada uno y los precios finales son los siguientes:

Las facturas emitidas (documento número seis del ramo de prueba de la demandada) son las siguientes:

1) de 08/05/2023 por importe de 19,46 € (impuestos incluidos) con forma de pago vencimiento 07/06/2023 y 07/07/2023, es decir, 30/60 días, a pesar de ser de importe inferior a 300 euros.

2) de 08/05/23 por importe de 97,96 € (impuestos incluidos) con forma de pago vencimiento 207/08/23,06/09/23,05/02/23 y 05/11/23, es decir, 60/90/120/150 días, a pesar de ser de importe inferior a 300 euros.

3) de 22/06/23 por importe de 98,54 € (impuestos incluidos) con forma de pago vencimiento 20/09/23,20/10/23,19/11/23 y 19/12/23, es decir, 90/120/150/180 días, a pesar de ser de importe inferior a 300 euros.

Como consecuencia de los descuentos aplicados, el pedido M01/33143 se realizó con -103,01% de margen y el pedido M01/30844 con -144,13% de margen.

Las diferencias de precio aplicando los descuentos correctos ascienden a 310,07 euros, de acuerdo con la factura de emitida por la empresa para que el actor regularizase la situación".

Lo funda en los documentos 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del ramo de prueba de la demandada.

Desestimamos este motivo por las mismas causas que el anterior, dado que la revisión de las conclusiones de la juzgadora de instancia únicamente sería posible cuando un posible error aparezca o se desprenda, de manera evidente y sin lugar a dudas, de documentos idóneos para ese fin que obren en autos.

4.-Que se modifique el hecho probado quinto proponiendo quede redactado de la siguiente forma: "5º.-Que el actor ha dado de alta al cliente 13.336, que se corresponde con la industrial SUMINISTROS Y FERRETERÍA HERMANOS CASTRO SL, y gestionado sus pedidos.

Durante el período 23/02/20 a 06/23 se han realizado 28 pedidos. En relación con dos de los pedidos, de 20/02/2023 y 27/03/2023, se ha emitido el correspondiente albarán por importe de 0 euros.

Los productos objeto de los pedidos eran:

- MOTOBOMBA LONCIN, cuyo precio asciende a 189,26 euros. Se aplicó un descuento del 30 + 100%. El precio final fue de 0 euros.

- PASTOR SOLAR + PILA 24 S 40 km, cuyo precio asciende a 386,03 euros. Se aplicó un descuento del 30 + 100%. El precio final fue de 0 euros.

Las diferencias derivadas de los descuentos no son regularizadas en este caso".

Se funda esta propuesta revisoria en los documento nº 10, 11 y 12 del ramo de prueba de la demandada y esta Sala concluye, como en los casos anteriores, que habiendo valorado estos documentos la magistrada a quo, sin que su valoración pueda tacharse de claramente errónea o ilógica, no procede la sustitución de la misma.

5.-Que se adicione un nuevo hecho probado, que sería el ordinal Quinto Bis, del siguiente tenor literal: "Quinto bis.-D. Carlos Daniel aplicó un descuento manual del 100% en 67 ocasiones, de las cuales 12 se realizaron sin la preceptiva autorización previa. El valor de las operaciones efectuadas por el trabajador con descuento del 100%, es decir, con coste 0 para el cliente y margen negativo para la empresa, asciende a 1.603 euros".

Lo funda en los documentos 15 y 16 del ramo de prueba de esta parte.

Tampoco este motivo puede prosperar por falta, en este caso, de interés para modificar el sentido del fallo, teniendo en cuenta la valoración efectuada por la magistrada sobre esta cuestión, que en ningún caso se justifica que sea erronea.

TERCERO.-Se interpone recurso de suplicación así mismo al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando en concreto que incurre la sentencia impugnada en infracción de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 108 LRJS, así como de lo dispuesto en las STSS de 4 de marzo de 1991, de 19 de julio de 2010 y de 17 de octubre de 2023, entre otras.

En efecto, tal y como se indica en el recurso, el artículo 54 del Estatuto de los trabajadores tipifica como incumplimientos muy graves merecedores del despido, entre otros, los siguientes:

"b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo".

De acuerdo con el artículo 55 del ET y 108 de la LRJS, el despido será declarado procedente cuando reúna los requisitos formales legalmente establecidos y se acrediten los incumplimientos alegados en la comunicación. En este caso, según el recurso, con la prueba practicada se ha acreditado de forma suficiente que el actor ha cometido ambos incumplimientos justificativos del despido disciplinario que se le habían imputado. Se refiere el recurso tanto a lo que tacha como conductas de indisciplina o desobediencia, como de transgresión de la buena fe contractual y de abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

En la Sentencia recurrida se llega a la conclusión de que los hechos que finalmente se considera acreditado que el trabajador llevó a cabo no revisten entidad suficiente como para ser subsumidos en una falta lo suficientemente grave como para merecer la sanción de despido.

En el mundo de las relaciones laborales rige el principio básico y fundamental de la buena fe, consustancial al contrato de trabajo que, por su naturaleza sinalagmática, genera derechos y deberes recíprocos, traduciéndose en un deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador, una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, que "en su sentido objetivo constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos ( artículos 7.1 y 1258 del Código civil) con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza; y es cierto también que en el Derecho Laboral hay mandatos legales que imponen un cumplimiento contractual de acuerdo con la buena fe (artículos 5 A) y 20.2 del Estatuto), que obliga, al decir de la sentencia de esta Sala de 18 de diciembre de 1984 (RJ 1984, 6408), que a su vez invoca reiterada doctrina, «a empresarios y trabajadores en el sentido de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la buena fe, como afirma también la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de diciembre de 1983 (RTC 1983, 120), que matiza el cumplimiento de las respectivas obligaciones y cuya vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos», hasta el punto de que la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que, cuando sea grave y culpable, es causa que justifica el despido" (artículo 54.2 d) del Estatuto).

La buena fe contemplada en nuestro ordenamiento jurídico se refiere por lo tanto no a la subjetiva o psicológica del sujeto, sino la que resulta de su consideración objetiva ( sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1991 [ RJ 1991, 9727]), por lo que la transgresión de la buena fe contractual, que el artículo 54.2 Estatuto de los Trabajadores considera como causa de despido disciplinario, es un concepto jurídico, objetivo y determinado, que incluye toda actuación contraria a los esenciales deberes de conducta que debe presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes conforme a los artículos 5 y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991 [ RJ 1991, 875]), deberes de conducta que imponen un comportamiento conforme a valoraciones éticas que se traducen en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza ( sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991 [ RJ 1991, 1822]). Por otra parte, el abuso de confianza es una modalidad de la transgresión de la buena fe contractual, consistente en un mal uso o en un uso desviado por parte del trabajador de las facultades que se le confiaron con lesión o riesgo para los intereses de la empresa ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991).

La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza constituyen una causa de despido que pretende sancionar el «quebranto de la confianza mutua» ( sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1988 [ RJ 1988, 8137]) e incluye diversos comportamientos del trabajador, no siendo preciso que exista dolo o voluntad consciente de producir daño, ni que la actuación del trabajador produzca un perjuicio efectivo ( sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1991 [ RJ 1991, 794]).

Para la apreciación de la existencia de una transgresión de la buena fe contractual es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1º) que el trabajador cometa el acto con plena conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual del contrato, consistiendo esa transgresión en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral le impone.

2º)También es constitutiva de tal conducta usar con exceso la confianza que el trabajador ha recibido de la empresa, en razón del cargo que desempeñaba, rebasando los límites que el cargo ostentado tiene por su propia naturaleza y ello en provecho propio o de tercero, que no sea, naturalmente acreedor directo de las prestaciones empresariales, es decir, en palabras del Tribunal Supremo el "uso desviado de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los intereses de la empresa" ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991 [ RJ 1991, 875]).

3º) la falta se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de lucro personal ni haber causado perjuicios a la empresa.

4º) La significación y alcance del acto u actos concretos determinantes del despido han de valorarse en atención a las circunstancias concurrentes atendiendo al momento en que se producen los hechos y a los efectos que causan.

Por otro lado debe recordarse que el despido disciplinario exige la prueba plena de una acción u omisión del trabajador que sea grave, culpable y tipificada por la normativa laboral; requisitos para cuya apreciación han de ponderarse de forma particularizada todos los aspectos subjetivos y objetivos concurrentes, teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias coetáneas que definen la relación laboral ( sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1987 [ RJ 1987, 1134], 18 de julio de 1988 [ RJ 1988, 6173] y 31 de octubre de 1988 [ RJ 1988, 8190]); por ello, hechos idénticos pueden ser tratados de forma distinta según las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes en los mismos ( sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1988 [ RJ 1988, 8598] y 30 de enero de 1989 [ RJ 1989, 316]). Habiendo declarado también, el Tribunal Supremo, que el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción entre la infracción y la sanción, y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto ( sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero [ RJ 1990, 1247] y 6 de abril de 1990 [ RJ 1990, 3121] y 16 de mayo de 1991 [ RJ 1991, 4171]). Esta teoría gradualista debe ser aplicada atendiendo, por tanto, a circunstancias concretas como antigüedad del trabajador en la empresa, perjuicio económico sufrido por la misma, existencia o no de otras sanciones por el mismo hecho.

Conforme a la doctrina expuesta la esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos, no quedando enervada por la inexistencia de perjuicios ( sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1991 [ RJ 1991, 817]). Igualmente, el Tribunal Supremo ha dicho que en la materia de pérdida de confianza no cabe establecer graduación alguna (sentencias del 16 de julio de 1982 [ RJ 1982, 4630] y 29 de noviembre de 1985 [ RJ 1985, 5886]) y) que la pérdida de confianza, por su especial y esencial naturaleza, no admite grados de valoración y una vez producida se rompe el equilibrio de las relaciones trabajador-empresario impidiendo el restablecimiento posterior, es decir, constatada la pérdida de confianza y la transgresión contractual el incumplimiento es "per se" grave.

Nos remitimos a la Sentencia del Tribunal Supremo del 21 de diciembre de 2021, Recurso: 1090/2019, según la cual "cuando se trata de supuestos de "La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo" articulados como motivo de despido disciplinario no basta con la mera existencia de la transgresión o del abuso para declarar la procedencia del despido, sino que, como en los demás supuestos de incumplimientos contractuales, es igualmente necesario que pueda calificarse como un "incumplimiento grave y culpable del trabajador", por lo que, como regla, pueden ponderarse las circunstancias concurrentes para agravar o para atenuar la conducta del trabajador, las que tendrán mayor o menor incidencia en la referida calificación atendida la gravedad objetiva de la conducta constitutiva del incumplimiento. Por consiguiente, como destaca, entre otras muchas, la STS/IV 27-enero-2004 (rcud 2233/2003 ), es doctrina de esta Sala la de que "el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción ante la infracción y la sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto".

2.- La dificultad del acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina de los litigios en los que se discute la calificación del despido disciplinario obliga a acudir a pronunciamientos jurisprudenciales anteriores a la instauración del recurso de casación unificadora. Este tribunal ha afirmado que "Los incumplimientos contractuales previstos como causas del despido disciplinario en el art. 54,2 del ET (de 10 de marzo de 1980, del cual es trasunto el art. 54.2 del vigente ET , que solamente se diferencia en que incorpora el acoso al empresario o a las personas trabajadoras) [...] exigen como presupuesto inexcusable que reúnan las notas de gravedad y culpabilidad según dispone el n.º 1 de dicho precepto [...] siendo doctrina reiterada de la Sala sobre el particular que los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con especial conocimiento del factor humano" ( sentencia de la Sala Social del TS de 20 de febrero de 1991 )."

En el caso que ahora nos ocupa, consideramos acertada la conclusión que se alcanza en la instancia en el sentido de que no se había cumplido por la empresa con el principio gradualista y de proporcionalidad a la hora de la imposición de la sanción de despido y que, por lo tanto, estamos ante un despido disciplinario improcedente, por lo que ha de desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia de instancia.

Al no haberse logrado por la parte empresarial modificar el relato fáctico de la sentencia de instancia, hemos de atenernos al mismo para resolver sobre si efectivamente consideramos que el trabajador ha tenido una conducta transgresora de la buena fe contractual, culpable y grave como para justificar la sanción de despido. Y la respuesta entendemos que debe ser negativa.

En primer lugar, con respecto al primer hecho imputado al actor, el de haber procedido, sin la autorización del responsable zona, a dar de alta como cliente a su padre, habiéndole aplicado manualmente descuentos y modificando las formas de pago por parte del mismo, resulta que no consta que la empresa prohíba que se de alta como cliente a un familiar, no constando tampoco que el actor haya ocultado maliciosamente dicho hecho, ni las concretas operaciones que realizó a nombre de su padre. Por otro lado, respecto de dichas operaciones, las diferencias de precio asciende a un total de 310,07 €, que, tal y como se indica en la sentencia recurrida, ante el volumen de ventas que había realizado el actor, resulta irrisorio (año 2020, desde el inicio de la relación laboral 27/07/20, ascendieron a 1.136.802,97 €; en el año 2021 a 1.979.022,32 €; y en el año 2022 a 2.007.387,63 €; y en el año 2023 hasta fecha del despido 4/07/23 a 1.050.211,09). No consta, tampoco, la manipulación en la forma de pago de estos pedidos.

En cuanto a la segunda imputación realizada al trabajador recurrido en la carta de despido, resulta de los hechos probados que, el actor habría realizado a otro cliente, FERRETERÍA Y SUMINISTROS CASTRO S.L., descuentos en sus compras, sin que conste la relación de amistad entre dicha mercantil y el actor, afirmada por la empresa. Es cierto que del día 23/02/20 al 06/23 existen un total de 28 pedidos entre el actor y dicha empresa y en dos de los mismos el demandante habría aplicado el máximo descuento (un 100%) en concreto en dos artículos con precios 386,03 € y 189,26 €. No obstante, existen productos que se encuentran en garantía o están defectuosos y que se reemplazan a coste 0, aplicando un descuento del 100%, por lo que no quedaría acreditado que el actor intencionadamente buscara un beneficio para este cliente. Máxime, si tenemos en cuenta que el demandante habría realizado desde el año 2020 ventas a este cliente hasta en 28 ocasiones, sin ningún reproche por la empresa.

Respecto del tercer hecho imputado en la carta de despido, lo acreditado sería que el actor ha realizado ventas con descuentos sin autorizar en doce productos, por un valor total de 1.603 euros, en los que se vuelven a incluir los pedidos del padre y de la Ferretería y Suministros Castro. De todas las operaciones realizadas por el actor como trabajador de la demandada (años 2020 a 2023) sólo en 12 operaciones se ha aplicado un descuento manual, inusual y que no ha sido autorizado por el responsable de zona, lo cual no se considera, como ya hiciera la sentencia de instancia, que revista gravedad suficiente como para proceder directamente al despido disciplinario del trabajador recurrido, teniendo en cuenta el nivel de ventas acreditado anualmente y que más arriba se ha expuesto (en algún año ha superado los 2.000.000 €), llevando a cabo estas operaciones el trabajador (más de 170) siempre con autorización cuando no estaban dentro de los estándares.

En este estado de cosas, reiteramos, aplicando la citada doctrina gradualista, que busca la necesaria proporción entre la infracción y la sanción y, tal y como matiza la juzgadora a quo, aplicando un criterio individualizador que valora las peculiaridades de este caso concreto, el resultado debe ser considerar el despido del actor improcedente, con las consecuencias establecidas en la sentencia de instancia, dado que tampoco ha prosperado la revisión fáctica del salario.

CUARTO.-El artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social consagra el principio del vencimiento en materia de costas devengadas en los recursos de suplicación, salvo en proceso de conflictos colectivos, excluyendo el precepto de tal condena a la parte vencida en el recurso a aquellos que gozaren del beneficio de justicia gratuita.

Los motivos ya expuestos de desestimación del presente recurso determina que la imposición de costas a la recurrente, que, por importe de honorarios de letrado, se establece para el letrado impugnante del recurso en 300 €uros.

Desestimado el recurso de suplicación procede, conforme al artículo 204 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condenar a la parte recurrente a la pérdida de las consignaciones realizadas, a las que se dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme, así como a la pérdida del depósito constituido, lo que también se realizará cuando la sentencia sea firme en los términos que se prevé en el artículo 229.3-