Sentencia Social 91/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 4211/2022 de 15 de enero del 2025

PRIMERO: La sentencia dictada en la instancia ha declarado la nulidad del despido de la actora producido el 1 de julio de 2020. Considera que la categoría que corresponde a las funciones realizadas por la actora es la de delineante de primera, al carecer de responsabilidad y competencias de organización, dirección de taller y vigilancia de gasto, determinando por tanto la corrección del salario de 72,65 € diarios que venía percibiendo la actora y de la indemnización percibida por la misma y desestimando la correspondiente pretensión de diferencias salariales. En cuanto a las causas del despido, considera acreditada la causa organizativa esgrimida en la carta de despido, consistente en una reestructuración llevada a cabo para evitar duplicidades de puesto, como consecuencia de la disminución de la carga de trabajo (con menor facturación) desde 2018, causa esta productiva también acreditada, sin que sea obstáculo para ello que la actora hubiese sido incluida en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020, por ser las causas del despido anteriores a la pandemia por Covid-19 pero agravadas por esta, lo que justificó la suspensión de su contrato. Niega la nulidad del despido, por no deberse a discriminación, represalia o por su inclusión en el ERTE o relación con la pandemia por Covid-19. En cambio considera que se trata de un despido colectivo, porque desde el 2 de abril de 2020 hasta la fecha del despido hubo 11 extinciones objetivas (nueve en julio y dos en abril) en empresa que contaba con 95 empleados, sin haberse seguido el procedimiento establecido para ello, por lo que declara la nulidad del despido.

Contra dicha sentencia se alzan en suplicación ambas partes, la demandada al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, negando la existencia de despido colectivo y la actora, al amparo de los apartados b) y c) de dicho precepto, con el objeto de que se le reconozca que su puesto de trabajo de soporte técnico corresponde a la categoría de arquitecto técnico y por tanto superior salario (el de dicha categoría, sin responsabilidad) y diferencias salariales, siendo inexcusable el error en el cálculo de la indemnización y no concurriendo causas para el despido.

Con carácter previo se ha de indicar al respecto de la petición de inadmisión del recurso articulado por la parte demandada en el proceso por defectuosa técnica suplicatoria que, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en aplicación del principio «pro actione» que «el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso no debe rechazar «a limine» el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencia técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales» ( sentencia del Tribunal Constitucional núm. 118/1993), pues desde la perspectiva constitucional lo relevante «no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido», y que «cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión y de la argumentación que la sustenta el recurso no puede ser desestimado, pues se vulneraría el mandato del art. 24.1 de la Constitución Española ( sentencias del Tribunal Constitucional núm. 55/1993 y 37/1995), lo que ocurre así en el presente caso.

SEGUNDO: Corresponde en primer lugar fijar los hechos probados, examinando el motivo aducido al efecto por la actora.

I.-Solicita que se añada al hecho probado tercero "y en la formación y experiencia que se exige para el puesto de trabajo de soporte técnico, consistente en Licenciatura técnica o diplomatura en rama técnica con más de 1 año de experiencia en aeronáutica o Grado Superior en rama técnica con más de dos 2 años de experiencia en aeronáutica".

Lo ampara en las funciones de la actora contenidas en los folios 28 a 29 de los autos, que ya se dan tácitamente por reproducidas en el hecho probado, lo que hace innecesaria la revisión. Sin perjuicio de ello apreciamos que en efecto el perfil requerido para el puesto de soporte técnico/preparador, en cuanto a formación-experiencia, es la que se señala por el recurrente.

II.-Interesa la modificación del hecho probado cuarto, para que se añada al mismo que el perfil actualizado de la actora a fecha 3 de febrero de 2020 era el que consta en el folio 260, que se da por reproducido.

Lo ampara en el documento obrante a dicho folio, que resulta ser un correo electrónico de la indicada fecha que contiene el perfil actualizado de la actora, por lo que se acepta la revisión.

III.-Solicita la modificación del hecho probado quinto para que del mismo se elimine la expresión "a efectos de despido" y se añada el importe del salario a efecto de despido de un soporte técnico, perito/aparejador sin responsabilidad en la empresa, así como las diferencias salariales con respecto a lo percibido por la actora.

No se accede a dicha revisión pues lo que pretende introducirse no es un hecho sino una valoración jurídica, como es el salario que correspondería, según la norma de aplicación, el convenio colectivo, a determinada categoría y las diferencias salariales que de ello resultarían respecto al salario efectivamente percibido por la actora. Como nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1986, el juzgador debe narrar en los hechos probados de su sentencia únicamente las conductas sometidas a su enjuiciamiento y decisión, evitando expresiones que supongan juicios de valor que conduzcan positivamente a la calificación jurídica de la institución de que se trate, adelantando inadecuadamente apreciaciones cuyo lugar justo ha de ser el de los fundamentos de la resolución, introduciendo inadecuadamente en los hechos probados conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, que no tienen otro alcance que el de su eliminación o más bien tenerlos por no puestos, según reiterada y constante doctrina jurisprudencial. Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2016 (recurso 21/16), se trata de una conclusión jurídica predeterminante del fallo que supone en sí misma la directa resolución del asunto, lo que constituye justamente el objeto del litigio, añadiendo valoraciones jurídicas que no tienen cabida en la resultancia fáctica.

Por tanto, únicamente podemos aceptar tener por reproducidas las nóminas de la actora obrantes en los folios 269 a 284, en cuanto constituyen el salario efectivamente percibido por la actora y al que habrían de aplicarse las diferencias salariales de estimarse la pretensión de la actora al respecto.

IV.-Interesa la adición de un nuevo hecho probado quinto bis que exprese "Que la trabajadora ha reclamado en diversas ocasiones a la empresa, que se le reconozca como grupo profesional 2, perito/aparejador, como al resto de los compañeros que tienen el mismo puesto de trabajo de soporte técnico y misma titulación que ella, como se desprende de los correos electrónicos con la empresa aportados por la demandante en el acto del juicio, folios 1104 a 1135, dándose su contenido por reproducido."

Con ello pretende acreditar que la empresa tenía conocimiento previo del posible error en el cálculo de la indemnización, por lo que este no sería excusable.

Del examen de los correos electrónicos apreciamos que en efecto contienen reclamaciones de la superior categoría, hasta el de 21 de marzo de 2019, obrante al folio 1128, por lo que se acepta la revisión en tal sentido.

VI.-Solicita la modificación del hecho probado sexto, para que se añada al mismo que "Las causas alegadas tienen carácter económico habiendo utilizado para su justificación contabilidad analítica. Tales causas coinciden exactamente con las que se alegaron en el ERTE suspensivo de 1 de abril, anterior al despido, y las del ERTE suspensivo del 3 de agosto, posterior al despido".

Nuevamente se trata de una valoración jurídica, por lo que se rechaza la revisión.

VII.-Interesa la modificación del hecho probado 31º, para que se añada al mismo que "Esa disminución se produce por impacto del COVID en la empresa, ya que se han tenido en cuenta meses de plena pandemia, asimismo las gráficas acompañadas en la carta de despido, cuando dicen reflejar una disminución lineal de la carga de trabajo de 2018 a 2020, muestran picos intermensuales muy significativos en ese periodo de actividad habituales en los últimos 29 meses".

Nuevamente se trata de una valoración jurídica, por lo que se rechaza la revisión.

TERCERO: Respecto a los motivos de censura jurídica de la sentencia, debemos comenzar por el formulado por la demandada, en el que alega la infracción de los artículos 1 de la Directiva 98/59 CE, del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros que se refieren a los despidos colectivos y 51.1 a) y 52 del Estatuto de los Trabajadores. Considera que las extinciones objetivas producidas en los 90 días previos al despido de 1 de julio de 2020 no superan el límite máximo establecido para la tramitación individual del despido pues fueron nueve, mientras que los dos producidos el 2 de abril de 2020 exceden del referido período de 90 días. Para dicho cómputo considera que el día del despido es el día 90, de forma que el periodo se inicia 89 días antes del de la extinción, esto es el 3 de abril de 2020. No se trata por tanto de un despido colectivo.

Idéntica cuestión litigiosa ha sido resuelta por esta Sala en nuestra sentencia de 6 de marzo de 2024, recurso 817/22.

En ella dijimos que "la resolución de la cuestión exige partir de lo que establece el art. 51.1 ET, dicho precepto, en lo que aquí interesa, dispone lo siguiente: "1 A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

....Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en periodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en este artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto".

La empresa mantiene que el día del despido del trabajador, acontecido el 1 de julio de 2020, es el día 90 a efectos del cómputo del plazo regulado en el art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, de tal forma que el periodo de 90 días se inicia 89 días antes de la extinción y finaliza 89 días después de ésta.

El Tribunal Supremo aborda en su sentencia de 21 de julio de 2021, rec. 2128/18, la cuestión relativa a la aplicación del último inciso de la norma transcrita estableciendo que:

"2.- La sentencia del Pleno de esta Sala IV de 26/9/2017, rec. 62/2017, ofrece el criterio que debe seguirse en esta materia.

Como en ella decimos: "ese específico número de días a lo largo de los que se examinarán las extinciones producidas sin haberse seguido los trámites propios del despido colectivo, no es un tiempo elástico o disponible para quien lleva a cabo ese cómputo, sino que es de necesaria observancia y no resulta admisible extenderlo, como reiteradamente pretende la parte actora, al amparo de la denominada cláusula anti fraude que contiene el último párrafo del número 1 del art. 51 ET, ...La sentencia recurrida afirma sobre este punto, y esta Sala comparte la opinión, de que dicha garantía -que supone una mejora que no aparece en la Directiva 98/59CE- únicamente produce sus efectos en la forma que detalla el precepto, y en absoluto cabe entender que contiene una especie de segunda modalidad o variedad extendida del despido colectivo ( STS 21 de julio de 2015, rec.370/2014), de forma que los despidos objetivos individuales formulados al amparo del art. 52 c) ET por la empresa en periodos sucesivos de 90 días y en número inferior a los umbrales legales, determinará que precisamente esos despidos individuales sean declarados nulos, pero en modo alguno supone que la extensión de esos periodos sucesivos de 90 días signifique en absoluto que se trate de un despido colectivo tácito, ni que éste se vea garantizado de un periodo de cómputo superior a los 90 días. Por otra parte, esas previsiones se han de completar con la conocida doctrina de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (SSTS 23 de abril de 2012 -rec.2724/2011-; 23 de enero de 2013 -rec. 1362/2012-; 25 de noviembre de 2013 -Pleno, rec.52/2013-; 26 de noviembre de 2013 -rec. 334/2013-; 11 de febrero de 2014 -rec. 323/2013-; y 11 de enero de 2017 -rec.2270/2015-), con arreglo a la que el cómputo de los 90 días a que se refieren los preceptos antes citados se ha de llevar a cabo, tal y como hace la sentencia recurrida, desde la fecha del último computable hacia atrás".

3.- En este punto debemos señalar que lo resuelto en la STJUE 11/11/2020, asunto C-300/19, obliga a matizar ese último aserto, en el que decíamos que el cómputo de los 90 días debe efectuarse desde la fecha del último de los despidos computables hacia atrás.

Se pronuncia esta sentencia sobre el alcance de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, y en su parte dispositiva establece que "a efectos de apreciar si un despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo, el período de referencia previsto en dicha disposición para determinar la existencia de un despido colectivo ha de calcularse computando todo período de 30 o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual y durante el cual se haya producido el mayor número de despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, en el sentido de esa misma disposición".

Conforme así lo afirma en su apartado 32, el cómputo ha de referenciarse al periodo anterior o posterior al despido individual impugnado durante el que se haya producido el mayor número de despidos, sin que deba limitarse exclusivamente al periodo anterior o al posterior, por cuanto el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva no menciona a estos efectos, ningún límite temporal exclusivamente anterior o posterior al despido individual impugnado (ap. 30), y la plena eficacia de la Directiva se vería limitada, en contra de su propia finalidad, si fuera interpretada en el sentido de que los tribunales nacionales no pueden computar los despidos producidos antes o después de la fecha del despido individual impugnado a efectos de determinar si existe o no un despido colectivo, en el sentido de esa misma Directiva (ap.35).

Pero sea como fuere, y con independencia de que haya de aplicarse este nuevo criterio impuesto por el TJUE para identificar el periodo de 90 días al que debe referenciarse el despido, debe en todo caso tratarse de periodos sucesivos de 90 días, y así lo ratifica esa misma sentencia en su parte dispositiva al indicar expresamente que los periodos han de ser "consecutivos", y lo afirma igualmente en su apartado 33, al precisar " En cambio, tal como observa el Abogado General en el punto 32 de sus conclusiones, de la estructura y finalidad de la citada Directiva se desprende que esta exige que el período de referencia sea continuo".

4.- Todo ello en coincidencia con lo que en este particular ha venido estableciendo la doctrina de esta Sala IV, de la que es exponente la sentencia del Pleno que ya hemos mencionado, que no hace sino seguir la pauta marcada en la STS 11/1/2017, rcud. 2270/2015, y las que en ella se citan ( SSTS 23-4-12, R. 2724/11, 23-1-2013, R. 1362/12, 25-11-2013, PLENO, R. 52/13, 26-11-2013, R. 334/13 , 11-2-2014, R. 323/13, 9-4-2014, R. 2022/13).

Como en todas ellas reiteramos... "Ahora bien, el propio art. 51.1 ET, en su último párrafo, establece una norma antifraude encaminada a evitar la burla de la regla general y que, aunque aplicable únicamente, en principio, a las nuevas extinciones, esto es, a las producidas con posterioridad a las que se habrían visto afectadas por la norma general, y que la empresa acuerde "en períodos sucesivos de 90 días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas" en el mencionado precepto y en número inferior a los umbrales legales, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, también podría llegar a determinar la declaración de nulidad del despido cuando se aprecien datos o simples indicios que permitan, conforme a reglas lógicas, apreciar la existencia de fraude.

4. La aplicación de la anterior doctrina obliga a casar la sentencia recurrida, que computa erróneamente el periodo en cuestión porque incluye en él unas extinciones producidas antes o fuera de los 90 días anteriores a la fecha del despido de la demandante, cuando, como atinadamente sostiene el informe del Ministerio Fiscal, "retrotrae 142 días para efectuar ese cómputo, concretamente hasta el 8 de marzo de 2012", siendo así que el despido de la actora tuvo efectos del 28-7- 2012 y, por ello, la retroacción sólo podría alcanzar al 28-4-2014 y desde entonces, y hasta el despido objetivo de la demandante, únicamente hubo en la empresa las dos extinciones que constatan los hechos declarados probados y que, obviamente, no exceden de los umbrales del art. 51.1.a) ET, al que se remite el 52.1.c) de la misma norma "."

Dicha doctrina se sigue en la posterior sentencia de 19 de abril de 2022, rec. 1779/19, en la que se matiza que "no podemos remontarnos hasta los despidos producidos en el año 2015. Durante todo ese espacio temporal hubo varios periodos superiores a 90 días en los que no se produjo despido alguno, por lo que rompieron el necesario carácter sucesivo de los mismos, de modo que tales periodos no se solapan entre sí, ni forman parte de una unidad temporal indiferenciada que pudiere tenerse en cuenta en su totalidad por haber enlazado sin solución de continuidad distintos periodos de 90 días en todos los cuales se hubiere producido algún despido computable a estos efectos."

En consecuencia serán los despido acontecidos en periodos sucesivos de 90 días, solapados entre sí, los que proceda computar a los efectos de determinar si procede declarar la nulidad por mor de lo establecido en el último inciso del art. 51.1 del TRLET.

En el presente supuesto partiendo del despido del actor operado el 1 de julio de 2020, fecha en la que también tuvo lugar otro despido computable de un compañero según se razona en la sentencia de instancia y no ha sido cuestionado por la empresa recurrente, y hasta el 3 de abril de 2020, día que sería el 90 del periodo anterior, serían 9 las extinciones objetivas, según se desprende del hecho probado 8 de la sentencia ( Fidel, Julián, Ildefonso, Purificacion, Alexander, Martina, Alfonso, Rodolfo y el actor en el proceso) y en periodo solapado y consecutivo de 90 días anterior, que se extendería desde el 3 de abril hasta el 5 de enero de 2020, serían las extinciones objetivas de los Sres. Justiniano y Laureano efectuadas el 2 de abril las que correspondería computar, por lo que serían 11 las extinciones a tener en cuenta, habiéndose sobrepasado con el despido del actor en el proceso que sería el número 10 o el 11 de los acordados por la empresa, los umbrales establecidos en la norma, tal y como en la resolución combatida se concluye, por cuanto que de no ser así nunca podría considerarse aplicable la cláusula antifraude prevista en el art. 51.1 in fine ET. "

Debe ser, en consecuencia, desestimado el recurso de la demandada pues en períodos sucesivos de 90 días la empresa procedió a 11 extinciones contractuales de carácter objetivo, en empresa que ocupa a menos de 100 trabajadores, luego se trata de un despido colectivo, cuyo procedimiento no ha sido seguido por la demandada, lo que lo convierte en nulo.

Por ello deviene intrascendente el examen del motivo del recurso de la actora (el tercero) encaminado a acreditar la nulidad del despido por ser consecuencia de la pandemia de Covid-19.

CUARTO: En su segundo motivo de censura jurídica, alega el actor la infracción de los artículos 53.1 b) y 53.4 párrafo 7 del Estatuto de los Trabajadores y de los Anexos IV y V y tablas salariales el convenio colectivo de las industrias siderometalúrgicas la provincia de Sevilla. Sostiene que el puesto de trabajo de la actora de soporte técnico requiere el título universitario de licenciatura técnica o diplomatura en rama técnica con más de un año de experiencia, ostentando la actora título de arquitecto técnico, lo que según el apartado IV del convenio colectivo corresponde el grupo profesional 2, categoría de arquitecto técnico (aparejador), lo que se reitera en el apartado V al integrar en dicho grupo profesional a los técnicos de grado medio. Por tanto, dadas las tareas de la actora incorporadas al hecho probado cuarto y la ficha técnica de su puesto de trabajo que se da por reproducida en el último inciso del hecho probado tercero, le corresponde el grupo profesional 2, aparejador-perito. A dicha categoría (sin responsabilidad) le corresponde un salario de 105,81 € diarios.

Aunque la consecuencia que la actora extrae en orden al carácter de error inexcusable en el cálculo de la indemnización por despido, en base al inferior salario, el efectivamente percibido, que se toma para su cálculo, suponiendo ello la improcedencia del despido, resulta intrascendente una vez que hemos declarado la nulidad del mismo, debemos examinar la cuestión a efectos de determinar la categoría y salario que corresponde a la actora, en los que habrá de ser readmitida en virtud de la nulidad de su despido.

El convenio colectivo de aplicación es el de la industria siderometalúrgica de la provincia de Sevilla publicado en 2018, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, que recoge el capítulo VI del II convenio colectivo estatal referente a la clasificación profesional. Entiende que el grupo profesional 2 corresponde a "trabajadores/as que con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, realizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales definidos, o que tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. También aquellos/as responsables directos de la integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma área funcional". Su titulación es la universitaria de grado medio y comprende, a título limitativo, las categorías de arquitectos técnicos (aparejadores). En cuanto a sus tareas, incluye todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes (alegadas por la recurrente): "2. Tareas de alto contenido técnico consistentes en prestar soporte, con autonomía media y bajo directrices y normas que no delimitan totalmente la forma de proceder en funciones de investigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, etc."; y "5. Tareas técnicas consistentes en el desarrollo de proyectos en toda su extensión, y en el cual se deben aplicar normalización, cálculos genéricos y de detalle, resistencias de materiales, consiguiendo la viabilidad total del proyecto".

Y en el anexo V del convenio se contiene la definición de categorías y profesiones, indicando respecto a los peritos, ingenieros técnicos, aparejadores y arquitectos técnicos sin responsabilidad, que "Son los técnicos que, hallándose en posesión de los correspondientes títulos profesionales y con mando directo sobre maestros y contramaestres, o en oficinas técnicas, tienen la responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del personal. Son de su imcumbencia la organización y dirección del taller o talleres; el croquizamiento de herramientas, dispositivos y útiles que se necesitan para la ejecución de los trabajos, la vigilancia del gasto de herramientas, energía, combustible, lubricantes y demás aprovisionamientos del taller; la clasificación y distribución de obras y personal dentro de los trabajos que han de realizarse y determinación del herramental necesario; estudio de producción, rendimiento de máquinas y elementos necesarios para mejoras de fabricación y ampliación de las instalaciones."

Pues bien, las tareas del puesto de trabajo de soporte técnico de la actora, según consta en los folios 28 y 29 de los autos que se dan por reproducidos en los hechos probados, consisten en resolver problemas técnicos en colaboración con los equipos de ingeniería y de preparación; dar soporte técnico o documental a la producción; analizar y proveer de la documentación técnica, planos, diagramas, instrucciones técnicas, a los equipos de producción; realizar la creación de órdenes de producción; asegurar la preparación de la orden de producción tanto en piezas, documentación, orden de producción, planos, etc.; realizar propuestas de mejora para los procesos de preparación y flujos dentro de la orden de producción; acudir al avión para asegurar la buena solución de los problemas encontrados por la producción o a la hora de preparar la orden; entre otras. Asimismo, la actora se halla en posesión de la titulación requerida de diplomatura en rama técnica, arquitecto técnico, habiendo adquirido un año de experiencia en el ramo de aeronáutica al que se dedica la empresa demandada, una vez transcurrido el primer año desde la suscripción de su contrato de trabajo el 22 de abril de 2014.

Conforme a ello consideramos que en efecto la actora acredita la realización de las tareas y titulación propia de la categoría que reclama, de aparejador, grupo profesional 2, pues las tareas llevadas a cabo son de alto contenido técnico y consistentes en prestar soporte, con autonomía media y bajo directrices y normas que no delimitan totalmente la forma de proceder, en funciones de investigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, como se requiere para dicha categoría según lo antes expresado.

En consecuencia le corresponde el salario de 105,81 € diarios, cantidad que no se discute de contrario.

QUINTO: En el cuarto motivo de recurso de la actora se alega la infracción de los artículos 26 y 39.3 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con las tablas salariales actualizadas del convenio colectivo de aplicación. Afirma que aunque en su demanda, conforme a su categoría de grupo profesional 2, perito/aparejador, con responsabilidad, solicitó un salario de 119,72 € diarios, en el recurso lo reduce al propio de dicha categoría, sin responsabilidad, de 105,81 € diarios. Por ello reclama diferencias salariales respecto al salario efectivamente percibido, de 7.145,19 €, por el período de julio de 2019 a 1 de julio de 2020 (con inclusión de las partes proporcionales de las pagas extras de julio y diciembre de 2020).

Al respecto entiende la demandada que tal modificación entraña el planteamiento de una cuestión nueva en suplicación, lo que debemos rechazar pues los elementos esenciales de la pretensión en orden a la determinación de la categoría y el salario ya se contienen en la demanda, siendo la modificación operada una mera reducción de las iniciales expectativas de la parte actora, en base a las propias manifestaciones de la demandada en el acto del juicio, por lo que no se trata de cuestión nueva planteada por primera vez en este recurso sino de la ya solicitada en la demanda, que en el recurso y a tenor de las alegaciones de la demandada en el acto del juicio, es rebajada por la actora. Se encuentra por tanto comprendida dentro de lo solicitado en la demanda, sin que ello cause indefensión alguna a la parte demandada.

Por lo demás, estimada la pretensión del actor respecto a su categoría y salario examinada en el anterior fundamento jurídico, procede estimar las diferencias salariales reclamadas, tampoco discutidas de contrario y cuyo importe asciende a 7.145,19 € (por el período de julio de 2019 a 1 de julio de 2020, con inclusión de las partes proporcionales de las pagas extras de julio y diciembre de 2020) más el interés de demora del 10%.

SEXTO: Se condena, en consecuencia a Atis Ibérica Derichebourg S.L.U. al pago de las costas de este recurso, en las que sólo se comprenden -por no constar la reclamación de otros gastos necesarios- los honorarios de la letrada impugnante del recurso en cuantía de ochocientos euros (800 €) más el IVA correspondiente, que en caso de no satisfacerse voluntariamente podrán interesarse ante el Juzgado de lo Social de instancia, por ser el único competente para la ejecución de sentencias, según el artículo 237.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo debe ser condenada a la pérdida de las cantidades consignadas y del depósito constituido para recurrir, según el artículo 204.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación