Sentencia Social 53/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 221/2024 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en procedimiento de despido y aclarada por auto de 21.10.2023 que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos 584/23 promovida por doña Adela frente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía se declara válidamente extinguida la relación laboral indefinida no fija de la trabajadora con la demandada con efectos de fecha 22 de junio de 2023 y se condena a la entidad demandada a que abone en concepto de indemnización por extinción de contrato la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y DOS € (5.220,92 euros)". Se alza en suplicación la parte demandada que articula su recurso en base a un único motivo de censura jurídica al amparo del apartados c) del art 193 LRJS con dos subapartados. El recurso ha sido impugnado por la parte demandante.

SEGUNDO .- La recurrente INSTRUMENTA este motivo de censura jurídica AL AMPARO DEL APARTADO C) DEL ARTICULO 193 DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL en alusión a que LA CONTRATACION TEMPORAL NO DEVIENE EN RELACIÓN INDEFINIDA NO FIJA y la IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACION DE 20 DIAS POR AÑO.-

Alega que su objeto es examinar el derecho aplicado por la Sentencia de instancia pues considera que vulnera lo previsto en los artículos 15.1.a) y c), y art. 15.3 del ET y en el art. 4.2 .b), del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, así como el art. 49.1.e) ET, en relación con el art. 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, por inaplicación, así como la jurisprudencia que aplica, la STS de 28 de junio de 2021, conforme a la interpretación de aquella que realiza la STSJ Andalucía, Sevilla, de fecha 9 de septiembre de 2021.

Contrariamente a lo resuelto por la sentencia de instancia que declara en el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO que :

"Trasladado lo anterior al caso de autos, se constata con facilidad el citado fraude en lo queal contrato suscrito el 16 de diciembre de 2019 se refiere, pues la relación derivada del mismo se inicia en la fecha expresada, y la plaza de la demandante no se cubre sino superados más de 3 años, a finales de junio de 2023, por lo que se ha sobrepasado de forma evidente el plazo de tres años que prevé el art. 70.1 del EBEP en relación al inicio del contrato suscrito entre ambas partes, por lo que debe calificarse de relación laboral indefinida no fija".

La recurrente entiende que el único contrato temporal celebrado con la actora, de interinidad por vacante, resulta válidamente constituido y no ha perdido nunca su naturaleza al persistir la causa de la temporalidad hasta su finalización, por cuanto, en este caso, el mero transcurso del plazo de 3 años no es suficiente por sí mismo para convertir en fraudulenta la relación laboral, al concurrir circunstancias que constituyen un caso de excepción a la aplicación de la regla general contenida en aquella doctrina jurisprudencial a que se refiere la STS de 28 de junio de 2021: el transcurso del plazo de 3 años. Porque esa es la única causa que la sentencia advierte como fundamentadora, con carácter de sanción, de la conversión del contrato temporal en relación laboral indefinida no fija, la duración inusualmente extensa de la contratación por tiempo superior a tres años.

Añade que se observa que la sentencia recurrida no ha declarado en ningún momento que la contratación haya sido concertada en fraude de ley, por lo que una primera conclusión es la consideración de que la contratación de la actora en fecha 16 de diciembre de 2019 constituyó un contrato temporal de interinidad por vacante válidamente concertado. La sentencia concluye apreciando fraude en la relación laboral por el mero transcurso del plazo de 3 años, que prevé el art. 70.1 del EBEP, desde el inicio de la contratación en 16 de diciembre de 2019 y la cobertura de la plaza de la actora a finales de junio de 2023.

Entiende que esta es la cuestión central del litigio por cuanto declarada la correcta extinción de la relación indefinida no fija, como hace la sentencia que suplica, no puede sino declararse igualmente correcta la misma extinción si se considera que la relación es temporal, con lo que de un supuesto a otro lo que cambia es la procedencia de indemnización y en su caso, la cuantía de la misma. Es decir la previa consideración de relación indefinida no fija en lugar de la contratación temporal que consta en el contrato a considerar condiciona no la declaración de extinción correcta sino la de la indemnización que, en su caso, proceda.

En definitica alega que apreciadas las circunstancias arriba mencionadas, la superación del plazo de tres años no se puede considerar de entidad suficiente para entender una duración inusualmente larga del contrato y no se ha debido a la inactividad de la Administración ni tampoco a un retraso indebido o negligente del proceso concursal de cobertura de la plaza vacante, que tuvo la duración habitual, por lo que no procede la conversión del contrato temporal en indefinido no fijo por aplicación del art. 15.3 ET, en cuanto se cumplían todos los condicionantes normativos y jurisprudenciales aplicables.

Por su parte la impugnante se opone al recurso alegando que es la falta de justificación y acreditación en el exceso de los tres años de plazo, lo que convierte el contrato temporal inicialmente válido de interinidad por vacante de la RPT hasta que la plaza sea cubierta reglamentariamente, en un contrato en fraude de ley, fundamentos de derecho Tercero y Cuarto de la Sentencia recurrida, que como consecuencia lleva aparejada la sanción prevista por el art 15.3 del ET, convirtiendo la relación laboral de la actora con la demandada, de temporal en indefinida no fija, declarándose así en el fallo de la propia Sentencia, lo que a su vez lleva aparejada la indemnización de 20 días de salario por año trabajado, fundamento de derecho Quinto, de la sentencia de instancia, así como de una reiterada jurisprudencia, ya reflejada en la sentencia recurrida así como en la demanda a la que añade la Sentencia 78/2023, de 12 de enero de 2023, de la Sala de lo Social del TSJA con sede en Sevilla dictada en el recurso 1001/201-D, decayendo con ello el segundo de los motivos de impugnación, y haciendo merecedora a la Sra. Adela de una indemnización que asciende a 5.220,92 euros por la extinción de su relación laboral.

Sobre la cuestión jurídica que nos ocupa, esto es, si concurren razones justificadas que permitan aplicar una excepción al plazo de tres años que, con carácter general, se establece para la cobertura reglamentaria de la plaza en los contratos de interinidad por vacante celebrados en el ámbito del empleo público, se pronuncia El TS en sentencia de 25/9/24, dictada en unificación de doctrina en el recurso 2719/23, que declaró lo siguiente: " ... La controversia litigiosa radica en determinar si la relación laboral de la actora es indefinida no fija y si tiene derecho a percibir la indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades por la extinción de su contrato de trabajo debida a la cobertura reglamentaria de la vacante que ocupaba, sin que la demandante superase el correspondiente proceso selectivo. El día después de la extinción de su relación laboral el mismo empleador suscribió con esta trabajadora otro contrato temporal ... 1.-La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS 649/2021, de 28 de junio (rcud 3263/2019 ), rectificó la doctrina jurisprudencial sobre los contratos de interinidad por vacante, de conformidad con la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021, C-726/19 . Esta sala argumentó: "aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998 en los términos ya expuestos, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada -hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo. Con carácter general no establece la legislación laboral un plazo preciso y exacto de duración del contrato de interinidad por vacante, vinculando la misma al tiempo que duren dichos procesos de selección conforme a lo previsto en su normativa específica [ artículo 4.2 b) RD 2720/1998, de 18 de diciembre ), normativa legal o convencional a la que habrá que estar cuando en ella se disponga lo pertinente al efecto [...] esta Sala estima que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga". 2.- La citada doctrina se ha reiterado, entre otras muchas, por las sentencias del TS 1193/2021, de 1 de diciembre (rcud 4621/2019 ); 1207/2021, de 2 de diciembre (rcud 1321/2019 ); 1234/2021, de 3 de diciembre (rcud 2898/2019 ); y 373/2022, de 26 de abril (rcud 388/2021 ). 3.- En la presente litis, el actor suscribió un contrato de interinidad por vacante con el citado ente público el 17 de junio de 2010 que se prolongó hasta el 31 de enero de 2022. No se ha acreditado la existencia de circunstancia alguna que pueda justificar la inactividad de la Administración durante tan amplio período de tiempo. Por ende, el demandante adquirió la condición de trabajador con una relación laboral indefinida no fija. CUARTO.- 1.- La doctrina jurisprudencial sostiene que el despido tiene naturaleza constitutiva [por todas, sentencias del TS 12/2023, de 10 enero (rcud 3770/2021 ) y del Pleno de la Sala Social del TS 295/2023, de 25 abril (rcud 4371/2019 ) y las citadas en ella]. La última de esas sentencias explicaba que la resolución empresarial del despido tiene naturaleza extintiva "que ni siquiera se desvirtúa en los casos de despido nulo; así resulta de los artículos 49.11 y 54.1 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 3 del Convenio 158 OIT; así lo atestigua el Tribunal Constitucional, que en sentencia 33/1987 de 12 de marzo , invoca la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Central de Trabajo en el sentido de que la relación laboral a consecuencia del acto empresarial de despido se encuentra rota y el restablecimiento del contrato sólo tendrá lugar cuando haya una readmisión y además ésta sea regular ( STS de 21 de diciembre de 1990, Rec. 2397/1989 ). Doctrina ratificada en STS de 21 de octubre de 2004, Rcud. 4966/2002 , que reitera la idea de que el acto del despido disciplinario es de naturaleza constitutiva, es decir, extingue la relación laboral en la fecha de efectividad del despido".

2.- El despido extingue el contrato de trabajo. Cuando se produce un despido, la restauración de la relación laboral solo puede llevarse a cabo si existe acuerdo entre las partes. Las sentencias del TS de 7 de diciembre de 2009, recurso 210/2009 y 695/2016, de 20 julio (rcud 1935/2014) sostienen que el "ofrecimiento de readmisión llevado a cabo por la empresa no restablece el contrato extinguido y que el rechazo por el trabajador de la readmisión no equivale a la dimisión del mismo [...] su rehabilitación requiere la voluntad de las dos partes y no de una sola". 3.- Esta Sala ha declarado que constituye un despido improcedente la extinción por voluntad del empresario de un contrato de trabajo temporal antes de la fecha prevista en él, a pesar de que el empleador y el trabajador suscribieron un nuevo contrato temporal dos días después de la finalización del anterior. La sentencia del TS 945/2020, de 28 octubre (rcud 3116/2018 ), argumentó que el fallecimiento del trabajador relevado no extingue el contrato de relevo. Por ende, la extinción del contrato de relevo por muerte del trabajador relevado antes de la fecha prevista para su jubilación, constituye un despido improcedente. Dos días después de la extinción del contrato de relevo, el empleador suscribió un nuevo contrato temporal con el mismo trabajador. El TS explicó que "el fallecimiento del trabajador relevado extingue el contrato de trabajo de dicho trabajador por fallecimiento ( art. 49.1.e) ET , pero no determina el cese del contrato del relevista, que se mantiene en sus propios términos hasta la fecha concertada prevista de jubilación total del relevado o sustituido, es decir, hasta el 28 de septiembre de 2020. En consecuencia, la extinción del contrato suscrito el 27 de septiembre de 2016, operada por la empresa en fecha 22 de mayo de 2017, con causa en el fallecimiento de la persona a la cual el demandante relevaba por jubilación parcial, constituye un despido que ha de calificarse de improcedente". La posterior suscripción de un nuevo contrato temporal no privó de acción al trabajador, por lo que el TS declaró la improcedencia del despido y condenó al empleador a optar entre la readmisión, con abono de los salarios de tramitación, y la extinción indemnizada del contrato. 4.- El TS ha declarado que los trabajadores con una relación laboral indefinida no fija tienen derecho a la indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades cuando se cubre la plaza reglamentariamente, aunque posteriormente la empresa haya vuelto a contratar al mismo trabajador: a) La sentencia del TS 304/2020, de 12 mayo (rcud 825/2018 ) explicó que la extinción de una relación laboral indefinida no fija por la cobertura reglamentaria de la plaza no constituye un despido sino que el trabajador tiene derecho a percibir la citada indemnización de 20 días de salario por año trabajado. En dicho litigio, la finalización de la relación laboral indefinida no fija se produjo el 30 de septiembre de 2016 y la trabajadora volvió a ser contratada por la misma empleadora el 28 de octubre de 2016 con un contrato de interinidad. b) La sentencia del TS 1216/2021, de 2 diciembre (rcud 1030/2019 ), reiteró esa doctrina en un procedimiento en el que el cese se había producido el 30 de junio de 2017 y el empleador le había contratado de nuevo el 24 de octubre de 2017. c) La sentencia del TS 505/2022, de 1 junio (rcud 429/2019 ) argumentó que resultaba ajustada a derecho la cobertura de la plaza ocupada por el trabajador indefinido no fijo, una vez que se han seguido los procedimientos legalmente previstos a tal efecto, con independencia del derecho a la referida indemnización. En dicha litis, la relación laboral indefinida no fija había finalizado el 28 de agosto de 2009 por la cobertura de la vacante. Posteriormente, ambas partes suscribieron un nuevo contrato temporal. 5.- La sentencia del TS 51/2024, de 16 enero (rcud 1126/2023 ), examinó un supuesto en el que el Ente Público Hospital de Fuenlabrada no había acreditado que la concreta plaza ocupada por la demandante, que tenía la condición de trabajadora indefinida no fija, se hubiera incluido en la oferta pública de empleo. Al no haberse acreditado que se produjera la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada por la actora, la extinción de esta relación laboral indefinida constituyó un despido improcedente. El hecho de que posteriormente ambas partes suscribieran un nuevo contrato de trabajo temporal no dejó sin efecto el despido por su naturaleza constitutiva. Esta Sala argumentó: "La extinción de una relación laboral indefinida no fija por voluntad del empleador sin que se haya procedido a la cobertura reglamentaria de la plaza, constituye un despido con efectos constitutivos que no queda desvirtuado por la posterior contratación temporal del mismo trabajador por el mismo empresario. La calificación de ese despido será la de improcedente, salvo que concurra alguna de las causas de nulidad. Dicho despido improcedente conlleva la opción entre la readmisión o la extinción de la relación laboral: a) Si el titular del derecho a la opción (el empresario o el trabajador) elige la extinción de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización por despido improcedente. El nuevo contrato temporal suscrito con posterioridad al despido tendrá la naturaleza de una nueva relación laboral distinta de la anterior. b) Por el contrario, si opta por la readmisión, continuará la misma relación laboral indefinida no fija. La suscripción del nuevo contrato tendrá efectos respecto de la limitación temporal de los salarios de tramitación". QUINTO.- 1.- En este pleito se produjo la cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba una trabajadora que había adquirido la condición de indefinida no fija. La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial obliga a concluir que la actora tiene derecho a percibir la indemnización extintiva de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. El hecho de que posteriormente suscribiera un nuevo contrato temporal con el mismo empleador no deja sin efecto la citada extinción contractual por voluntad unilateral del empresario. Se tratará de una relación laboral de duración determinada iniciada en fecha 1 de febrero de 2022 con la finalidad de prestar servicios en otra plaza vacante distinta hasta que se proceda a su cobertura reglamentaria ..."

TERCERO.- Tenemos las siguientes las circunstancias fácticas relevantes para la resolución del recurso:

I.-La relación laboral se formalizó por escrito mediante la suscripción de contrato de trabajo temporal, el 16 de diciembre de 2019, modalidad de interinidad para la cobertura temporal de puesto de trabajo, siendo su objeto "cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el tiempo de selección o promoción, para su cobertura definitiva "

II.-Mediante Resolución de 7 de julio de 2023 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública se puso fin al proceso selectivo para la cobertura de vacantes, mediante concurso de promoción, correspondiente a varias categorías profesionales del grupo III del personal laboral de la Administración de la Junta Andalucía, que había sido convocada mediante resolución de 11 de diciembre de 2020, estableciendo aquella resolución, como fecha de incorporación de dicho personal seleccionado, el día 28 de junio de 2023.

El puesto de trabajo ocupado por la actora, objeto de la convocatoria, fue adjudicado a doña Adoracion.

El organismo demandado entregó comunicación a la parte social manifestándole la extinción de su contrato de interinidad por vacante con fecha efectos de 22 de junio de 2023

A la vista de estos hechos y de la doctrina transcrita en el fundamento precedente, se estima que la trabajadora había adquirido la condición de indefinida no fija cuando fue cesada en la plaza que ocupaba en virtud de contrato de interinidad por vacante. Así, en efecto, desde su contratación el 16.12.2019, hasta la resolución de 7 de junio de 2023, por la que se aprobaron las relaciones definitivas de aprobados y plazas adjudicadas en el proceso selectivo y hasta la ocupación de la plaza en la que prestaba servicios la actora por la trabajadora al que se le adjudicó, que se produjo el 22.06.2023 , transcurrió un periodo superior a 3 años. Ciertamente, como afirma la recurrente el periodo que excedió de los tres años a que se refiere el TS fue de (seis meses) habiéndose publicado el proceso selectivo algo menos de un año después de la contratación de la actora y, en consecuencia, mucho antes del transcurso de los tres años; pero no puede obviarse que el exceso de tiempo se produjo, que no se ha acreditado por la Consejería ninguna circunstancia especial que justificara que el proceso selectivo excediera de 3 años, y que el TS, salvo muy contadas y limitadas excepciones, establece como plazo a tener en cuenta el de 3 años a contar desde la suscripción del contrato.

La recurrente sostiene que no ha sucedido incumplimiento de referencia temporal alguna al perdurar los efectos de la pandemia COVID 19 en la actividad administrativa, modificando sustancialmente dicha referencia temporal.

En relación con este cuestión el TS en sentencia 303/2024 de 20.02.2024 Rec 5018/2022 introdujo una matización: "la crisis del COVID-19 no puede utilizarse como excusa para justificar, sin más, cualquier tipo y clase de retraso que pudiere haberse producido en el normal desarrollo de los procesos selectivos de acceso al empleo público que se vieron afectados de alguna forma por esa circunstancia, por lo que su mera y simple invocación por parte de las entidades públicas no ha de justificar, necesariamente y en todos los casos, la superación de aquel plazo ordinario de tres años para la cobertura de las plazas vacantes. Lo que no es obstáculo para que haya de tenerse en consideración la grave incidencia y la especial distorsión que tan excepcional situación desplegó en la actuación ordinaria de todos los estamentos sociales, alterando de manera sustancial los sistemas y métodos de trabajo de las administraciones públicas".

Como ya vimos la Consejería no acredita mas allá de los efectos de la pandemia ninguna circunstancia especial que justificara que el proceso selectivo excediera de 3 años. De no seguirse el criterio restrictivo expuesto podría quedar desvirtuada la doctrina establecida por el TS.

Y expuesto lo anterior, se ha de concluir que, producido el cese de la actora por la cobertura reglamentaria de la plaza, tenía ésta derecho a percibir indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, lo que determina la desestimación del primer motivo del recurso.

El anterior criterio ha sido el seguido por esta Sala entre otras en sentencia de 4.12.2025 Rec 3631/2023.

CUARTO.- En segundo lugar SE INSTRUMENTA AL AMPARO DEL APARTADO C) DEL ARTICULO 193 DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. - LA INDEMNIZACION PROCEDENTE.-

Su objeto es examinar el derecho aplicado por la Sentencia de instancia pues considera que vulnera lo previsto en el art. 49.1.c) ET, por inaplicación, y del art. 52 ET, por aplicación indebida, el art. 8.1 c) del RD 2720/1998 y la cláusula 4 Directiva 1999/70 /CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, interpretado conforme lo hacen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fechas 5 de junio de 2018 y 21 de noviembre de 2018, así como la STS de 13-03-2019, y la STSJ Andalucía, Sevilla, de 9/09/2021, por cuanto la sentencia que se combate fija la indemnización por cese de la actora, en 20 días por año de servicio siguiendo la doctrina de la STS de 28-06-2021, que considera la extinción de contratos de trabajadores indefinidos no fijos, que no de temporales.

Alega la recurrente que partiendo de la vigencia de la temporalidad del contrato y no de conversión en relación laboral indefinida no fija, tiene como consecuencia la no conformidad a derecho de la segunda de las declaraciones de la sentencia, la indemnización por cese conforme a derecho fijada en 20 días por año por aplicación analógica del art. 52 ET.

La sentencia de instancia argumenta en el FD5º y reconoce en su parte dispositiva de la misma que es aclarada por auto de 25 de octubre de 2023, la procedencia de una indemnización que calcula bajo la premisa de la condición de la actora como indefinida no fija, en lugar de temporal.

Siendo que la actora por lo expuesto en el fundamento que antecede tenía la condición de trabajadora con una relación laboral indefinida cuando concurre su cese por cobertura de la plaza en proceso selectivo, decae con ello el segundo de los motivos del recurso tanto en su pedimento principal como subsidiario, haciendo merecedora a la actora de una indemnización fijada en la sentencia en 5.220,92 euros por la extinción de su relación laboral y con ello la confirmación de la sentencia recurrida que no ha incurrido en las infracciones denunciadas.

Se condena a la recurrente al pago de las costas de este recurso, en las que sólo se comprenden -por no constar la reclamación de otros gastos necesarios- los honorarios del Sr. Letrado impugnante del recurso en cuantía de 500 € más el IVA correspondiente, que en caso de no satisfacerse voluntariamente podrán interesarse ante el Juzgado de lo Social de instancia. Se la condena igualmente a la pérdida del depósito efectuado para recurrir, debiendo darse a la consignación efectuada su destino legal, una vez sea firme esta sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,