Sentencia Social 2211/2024 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 2089/2024 de 15 de octubre del 2024

PRIMERO. - RECURSO INTERPUESTO.

Interpone recurso de suplicación la representación del demandante D. Braulio, frente a la sentencia nº 150/2024 de fecha 22 de abril del 2.024 del Juzgado de lo social nº 1 de Bilbao, en autos 1067/2023, que desestimo la demanda sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, acordada por la empresa NERVACERO S.A., declarándola justificada y absolviendo a la empresa demandada de los pedimentos formulados en su contra.

El recurso del demandante contiene un único motivo, examen de infracciones de normas sustantivas y jurisprudencia, y termina suplicando se revoque la Sentencia de instancia declarando que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sufrida por el demandante es nula por vulneración de derechos fundamentales y se condene a la empresa al abono de la cantidad de 7.251 €, como indemnización de daños morales.

Por la representación de la empresa se ha impugnado el recurso de suplicación, e interesa se confirme la sentencia.

SEGUNDO. - CENSURA JURIDICA.

1. - A través de este motivo, y con amparo en el artículo 193 c) LRJS, denuncia la representación del trabajador recurrente, D. Braulio, la infracción 28 de la Constitución Española, artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores, articulo1 2 de la Ley de Libertad Sindical, articulo 182.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - 2 de noviembre de 2002, Recurso 2016/2002-, STC 87/98, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - 13 de octubre del 2020, 1111/2020.

El recurrente entiende que existentes los indicios de la vulneración de derecho, pues queda suficientemente acreditado, por los hechos probados de la sentencia. En concreto, su condición de representante legal de los trabajadores (el cual mantiene en el momento de autos) y por el hecho de haber instado ante la jurisdicción social la defensa de sus derechos. Por lo tanto, habiendo constatado el perjuicio (la selección arbitraria del actor para cambiar de puesto de trabajo) y la conexión entre la actividad sindical y la decisión adoptada (planteando el marco temporal idóneo) hemos de valorar la justificación planteada por la empresa. En ese sentido, es la empresa quien tiene la carga de la prueba para justificar la decisión adoptada. En primer lugar manifestar que la empresa no aporto dato alguno en la carta en la cual selecciona al actor, y que todos los datos aportados por la empresa en el acto del juicio no fueron planteados con anterioridad en la respuesta de la empresa, generando así indefensión a la parte actora. Por lo tanto valorando la prueba practicada, y los hechos, hemos de manifestar que la justificación planteada por la empresa es insuficiente para justificar la decisión adoptada.

Por la empresa impugnante se opone a ello y así refiere: a) La modificación operada obedece a causas organizativas y productivas. b) El demandante es miembro del Comité de Empresa, siendo igual de combativo que sus compañeros. c) Un compañero suyo miembro del Comité también se ha visto afectado por la MSCT. d) La modificación en mayor o menor medida ha afectado a más de 50 personas. d) El actor después de la modificación sigue asistiendo a las reuniones del comité se seguridad de la empresa, igual que antes, con voz y sin voto (a pesar de no ser preceptiva su asistencia ni antes no después de la modificación). e) La elección del trabajador lo ha sido por criterios objetivos. Por tanto rechaza la existencia de indicio alguno de VDF y de existir es evidente que se dan las causas organizativas y productivas

Recordemos sucintamente lo acontecido a la luz de los hechos probados, los cuales son pacíficos para las partes: La empresa comunico al trabajador carta de MSCT con efectos a l 11/01/24, en la que se le manifiesta que pasara de prestar servicios en la sección de producción de laminación en régimen de turnos de mañana, tarde y noche a pasar a prestar servicios, en la sección de producción de la acería, según el calendario que le comunicará en los próximos días.

Hace referencia a causas productivas y organizativas, en razón al relato de hechos sobre producción y organización que contiene la carta, destacando la desaceleración con incidencia en causa económica y productiva .

Los trabajadores afectados lo han sido 50, entre ellos dos miembros del CE , el recurrente y otro. No se discuten las causas organizativas y productivas.

El demandante, antes de la MSCT operada, venía prestando servicios como peón especialista grupo 9, en el departamento de laminación, sección de producción, puesto de trabajo polivalente, en régimen de turnos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, según calendario de turnos de producción de la sección de laminación. Tras la misma, ha sido asignado a prestar servicios conforme a la misma categoría profesional y mismo grupo salarial, en el departamento de acería, sección de producción, según calendario de turno de producción de la acería, durante el primer trimestre en régimen de turnos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo, y desde el 1/04/2024 en régimen de turnos de jornada partida de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Desde el 15/01/2024 el demandante presta servicios cubriendo una IT de un compañero que trabaja en un puesto de almacén, por acuerdo alcanzado con la empresa, que le ofreció la vacante. Han salido de laminación 7 trabajadores. Las 5 personas que se han quedado en el equipo de la laminación son: a) el encargado, que se queda para gestionar a este nuevo equipo; b) 2 personas que titulares de dos de los puestos clave de la laminación: pupitre central y pupitre lanza: son puestos clave, que precisan de experiencia y conocimiento, y, según se señala en el Informe de Inspección de Trabajo de 27/02/2024: " Los más difíciles de aprender, y que lleva tiempo y es necesario tener personas con conocimiento de estos puestos en el equipo auxiliar de la laminación porque este equipo se va a encargar de preparar los arranques de la instalación tras la parada semanal y estos puestos son claves. También serán las personas encargadas de cubrir las ausencias de los titulares de estos puestos en los relevos de laminación; c) una persona que por motivos de salud y seguridad no puede trabajar en ambientes con elevadas temperaturas; y d) la quinta persona es un gruista de laminación, con reducción de jornada. Los pupitres central y de lanza podían ser desempeñados por el actor dado que el mismo es polivalente, pero quienes mejor conocen dichos puestos son sus titulares, que son veteranos.

El demandante es miembro del comité de empresa en representación del Sindicato LAB desde 2016 y asiste a las reuniones del comité de seguridad con voz y sin voto. El Comité de Empresa de Nervacero SA es activo y las reuniones del mismo con la parte empresarial están presididas por el respeto mutuo, sin que en ningún caso medien insultos ni faltas de respeto. El actor pertenece al Comité de Empresa por el Sindicato LAB y es activo en las intervenciones y defiende lo que estima conveniente al igual que el resto de miembros.

El sindicato LAB no ha formadoparte de la representacion para la negociacion del último ERTE de Marzo de 2024, pero sí el Convenio Colectivo de empresa. En ocasiones el actor y D. Carlos Alberto (director de laminación) han tenido discrepancias en materia de seguridad.

La decisión de ubicación de los trabajadores fue tomada por la jefa de producción ( Dña. Sonsoles) y por el jefe de mantenimiento mecánico ( D. Fausto) y el Sr. Carlos Alberto aprobó su propuesta.

2.- Incide el recurrente, en la realidad de la RRTT por el sindicato LAB, y asiste a las reuniones del CS con voz y sin voto y ha tenido discrepancias con el Sr. Carlos Alberto, director de laminación, y por tal existe los indicios en la VDF - libertad sindical-

La Constitución ( art. 28.1 CE) consagra como derecho fundamental el de libertad sindical ("todos tienen derecho a sindicarse libremente"),fijando su contenido esencial ("la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su libre elección, así como el derecho de los sindicatos a fundar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas"),precepto que se completa e integra, entre otros, con los arts. 7º (regulador del papel institucional de los sindicatos, que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios), 103.3 y 127.1 CE, y habiendo sido desarrollado por la LOLS.

El art 1 y 2 de la citada LOLS disponen:

"1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.

2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas.

3. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución , los Jueces, Magistrados y Fiscales no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo.

5. El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada de estos Institutos".

"Artículo segundo.

1. La libertad sindical comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes".

El contenido esencial del derecho de libertad sindical, - en cuya determinación jugarán un papel interpretativo determinante los Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, según mandato del art. 10.2 CE -, se delimitó fundamentalmente a partir de la STC 70/1982 de 29 de noviembre que destacó que en el mismo se incluía el denominado "derecho de acción sindical",señalando que "el derecho constitucional de libertad sindical comprende no sólo el derecho de los individuos a fundar sindicatos y a afiliarse a los de su elección, sino asimismo el derecho a que los sindicatos fundados - y aquéllos a los que la afiliación se haya hecho - realicen las funciones que de ellos es dable esperar, de acuerdo con el carácter democrático del Estado y con las coordenadas que a esta institución hay que reconocer, a las que se puede sin dificultad denominar "contenido esencial" de tal derecho. Por ello, hay que entender que el derecho que reconoce el art. 28 CE es el derecho a que las organizaciones sindicales libremente creadas desempeñen el papel y las funciones que a los sindicatos de trabajadores reconoce el art. 7º CE de manera que participen en la defensa y protección de los intereses de los trabajadores".

El art. 28.1 ha sido objeto de una interpretación amplia, la jurisprudencia constitucional declarando expresamente que "por muy detallado y concreto que parezca el art. 28.1 CE a propósito de la libertad sindical, no puede considerársele como exhaustivo o limitativo, sino meramente ejemplificativo, con la consecuencia de que la enumeración expresa de los derechos concretos que integran el genérico de libertad sindical no agota, en absoluto, el contenido global o total de dicha libertad"( SSTC 23/1983 de 25-III, 39/1986, 11/1988 de 13-I); y señalándose que la libertad sindical integra los derechos de actividad y los medios de acción (huelga, negociación colectiva, conflictos colectivos) que, por contribuir de forma primordial a que el sindicato pueda desarrollar las funciones a las que es llamado por el art. 7 CE, constituyen el núcleo mínimo e indispensable de la libertad sindical ( SSTC 11/1981, 37/1983, 95/1985, 9/1988, 51/1988 y 127/1989).

En esta misma línea de interpretación extensiva, se ha distinguido incluso entre el contenido esencial y el contenido adicional del derecho de libertad sindical, con las importantes consecuencias de ello derivadas. Se afirma que "los Sindicatos, junto a los medios de acción que configuran el núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical por contribuir de forma primordial al desenvolvimiento de las funciones que constitucionalmente les corresponden ( art. 7 CE ), pueden ostentar otras facultades o derechos adicionales atribuidos por normas legales o reglamentarias que pasan a engrosar el contenido del derecho, siendo, por tanto, los actos contrarios a tales facultades susceptibles de impugnación a través del recurso de amparo por incidir en el contenido de ese derecho"( SSTC 39/1986, 184/1987, 9/1988, 13/1997 de 13-I).

Dicho lo anterior, recordemos las exigencias probatorias en los procesos de tutela de derechos fundamentales.

Respecto a las reglas de "onus probandi cuando se alegan vulneraciones de derechos fundamentales y conforme al art. 181.2 LRJS corresponde la demandante aportar "indicios",de que se ha producido la violación del derecho fundamental, y acreditados este corresponde al demandado "la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

La doctrina constitucional ha señalado:

<< ...

Así, en lo primero, cabe destacar que la distribución de cargas probatorias propia de la prueba indiciaria alcanza a supuestos en los que esté potencialmente comprometido cualquier derecho fundamental; ... (entre otras, STC 125/2008, de 20 de octubre ). En lo segundo, de su lado, este Tribunal Constitucional no realiza un examen de los actos empresariales eventualmente lesivos desde una perspectiva de legalidad que no le es propia, sino en atención a la cobertura que los derechos fundamentales invocados ofrecen. Y lo hace, por lo demás, sin alterar los hechos probados, conforme a la sujeción prescrita en el art. 44.1 b) LOTC , lo que no impide, según establecimos, entre otras, en las SSTC 224/1999, de 13 de diciembre ; 136/2001, de 18 de junio , o 17/2003, de 30 de enero , alcanzar una interpretación propia del relato fáctico conforme a los derechos y valores constitucionales en presencia.

En cuanto al canon de control constitucional que corresponde, tenemos dicho que la prueba indiciaria se articula en un doble plano. El primero consiste en el deber de aportación de un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona el derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigido a poner de manifiesto lo que se denuncia y que, como es obvio, incumbe al trabajador denunciante. El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, ni tampoco en la invocación retórica del factor protegido, sino que debe permitir deducir la posibilidad de la lesión con base en un hecho o conjunto de hechos aportados y probados en el proceso. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental concernido (por todas, STC 104/2014, de 23 de junio , FJ 7).

5. La virtualidad de esa doctrina relativa a la prueba indiciaria en supuestos en los que la decisión empresarial invoca un fundamento objetivo de carácter económico, y no, como a menudo acontece, un incumplimiento contractual por parte del trabajador, nos hizo apreciar en la fase de admisibilidad la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional de este recurso de amparo [ art. 50.1 b) LOTC ], dado que el asunto que enjuiciamos permite aclarar nuestra jurisprudencia en la materia.

En lo que atañe a la carga probatoria del empresario, una vez aportado por el trabajador demandante un panorama indiciario, este Tribunal ha sentado una serie de criterios coincidentes en casos de muy diversa naturaleza, disciplinaria o de otro carácter (por todas, SSTC 140/2014, de 11 de septiembre ; 30/2002, de 11 de febrero , o 98/2003, de 2 de junio ). Es menester sintetizarlos en los siguientes términos: i) no neutraliza el panorama indiciario la genérica invocación de facultades legales o convencionales; ii) no es suficiente tampoco una genérica explicación de la empresa, que debe acreditar ad casum que su acto aparece desconectado del derecho fundamental alegado; iii) lo verdaderamente relevante es que el demandado lleve a la convicción del juzgador que las causas que aduce para sustentar la decisión adoptada quedan desligadas y son por completo ajenas al factor protegido; iv) una vez acreditada la desconexión entre la medida empresarial y el derecho que se dice vulnerado será ya irrelevante la calificación jurídica que la causa laboral alegada merezca en un prisma de legalidad ordinaria.

Ninguna razón existe para sustraer tal esquema de garantías en supuestos como el analizado. Esto es, ante un indicio de lesión, la carga de la prueba del empresario debe estar dirigida a demostrar que su decisión de naturaleza económica (en el presente caso con efectos extintivos) no queda ni intencional ni objetivamente asociada al factor protegido, se haya articulado o no correctamente en términos de legalidad ordinaria y con independencia por tanto de su calificación jurídica>>(STC Pleno. Sentencia 183/2015, de 10 de septiembre de 2015 (BOE núm. 245, de 13 de octubre de 2015).

Por tanto, se impone un estudio sobre la existencia o no de "indicios" (panorama indiciario) en la actividad desplegada por parte del demandante hoy recurrente y que pueda desvelar que la medida tomada por la empresa no tiene aires de racionalidad y pueda suponer una duda sobre que la causa finalista de la medida y si el mismo responde a una vulneración de los derechos fundamentales señalados. Para ello debemos conceptuar el "indicio"y por tal entendemos siguiendo a la doctrina "como el convencimiento sobre la probabilidad de un hecho o, al menos la no certeza del hecho contrario"(A Baylos), pero no basta introducir meras sospechas en el actuar empresarial sino que, debe acreditar (el trabajador) la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a través del alegato ( STC 293/93, 136/96), en esencia, un "principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto"del despido. Por tanto, en la mayoría de los casos dicho principio de prueba se deducirá a través de las pruebas de presunciones a la luz de los ordinales probados en la sentencia.

3.- Proyectemos esta doctrina al caso de autos, en el que el trabajador, demandante, parte de entender indicios de un atentado al derecho fundamental del ejercicio de la actividad sindical ( art. 28.1 CE) , y ello lo basa en su cargo de miembro del comité de empresa, y este como refiere el relato de hechos probados (duodécimo) "...es activo y las reuniones del mismo con la parte empresarial están presididas por el respeto mutuo, sin que en ningún caso medien insultos ni faltas de respeto. El actor pertenece al Comité de Empresa por el Sindicato LAB y es activo en las intervenciones y defiende lo que estima conveniente al igual que el resto de miembros";asimismo que, "el actor y D. Carlos Alberto ( director de laminación) han tenido discrepancias en materia de seguridad". Por tanto tales alegaciones nos obliga a delimitar si por ello nos encontramos ante el indicio al que hace referencia el art. 181.2 LRJS.

Pues bien, en el presente supuesto el hecho de ser miembro del CE no por tal supone un "indicio",tampoco la confrontación dialéctica en las reuniones en los extremos destacados por la Ilma. Magistrada de instancia, la realidad muestra la existencia de causas organizativas y productivas para llevar a cabo la modificación sustancial y nada supone una probabilidad de que la decisión de la modificación en las funciones del recurrente tenga un móvil devenido por su actividad sindical, máxime cuando otro trabajador, asimismo, miembro del Comité de Empresa, también ha sido afectado. Por ello al faltar el indicio de prueba exigido al recurrente decae la exigencia de carga probatoria al empresario, aun cuando en este caso tales causas de modificación sustancial resultan acreditadas y pacificas por las partes.

4.- Pero, inclusive de entender que el hecho de ser un miembro del Comité de empresa, con participación activa y defensa de los intereses de los trabajadores representados, per se, conlleva la existencia del "indicio",conforme a las reglas del "onus probandi", es a la empresa demandada a quien corresponde probar la rectitud de su conducta, esto es, "la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad"( art. 181.2 LRJS) , pero, sin que, como refiere la STC, 266/93 de 20 de septiembre, el empresario se vea sometido a una "prueba diabólica"de hechos negativos, sino que debe satisfacer la prueba de la racionalidad de su medida sancionadora, para no quedar de manifiesto el uso desviado de la facultad disciplinaria (en el mismo sentido STS 16/04/1997).

Dicho lo anterior, se impone el estudio de si el empresario demandado ha desplegado una actividad probatoria completa sobre las causas reales de su actuación, absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de los derechos fundamentales y con la entidad suficiente como para adoptar la decisión ( STC 90/1997 6 de mayo). Como destaca nuestra doctrina jurisprudencial constitucional "lo relevante no es sólo la realidad o no de la causa disciplinaria alegada, sino también si su entidad permite deducir que la conducta del trabajador hubiera verosímilmente dado lugar en todo caso al despido, al margen y prescindiendo por completo de su actividad relacionada con el ejercicio de los derechos fundamentales"( STC 136/96). Extremos estos que, también deben operar en una modificación sustancial de condiciones de trabajo, pero también deben ser más diluidos, en el sentido de la causalidad.

Pues bien, llegaríamos a la misma conclusión existe una evidencia, no puesta en duda por el recurrente la realidad de la existencia de causas organizativa y productivas , como consecuencia de la desaceleración del mercado con la disminución de la producción, y con ello la necesidad de reorganizar el departamento de laminación, pasando de 4 relevos a 3 y que, "Las 5 personas que se han quedado en el equipo de la laminación son: a) el encargado, que se queda para gestionar a este nuevo equipo; b) 2 personas que titulares de dos de los puestos clave de la laminación: pupitre central y pupitre lanza: son puestos clave, que precisan de experiencia y conocimiento, y, según se señala en el Informe de Inspección de Trabajo de 27/02/2024: " Los más difíciles de aprender, y que lleva tiempo y es necesario tener personas con conocimiento de estos puestos en el equipo auxiliar de la laminación porque este equipo se va a encargar de preparar los arranques de la instalación tras la parada semanal y estos puestos son claves. También serán las personas encargadas de cubrir las ausencias de los titulares de estos puestos en los relevos de laminación; c) una persona que por motivos de salud y seguridad no puede trabajar en ambientes con elevadas temperaturas; y d) la quinta persona es un gruista de laminación, con reducción de jornada. Los pupitres central y de lanza podían ser desempeñados por el actor dado que el mismo es polivalente, pero quienes mejor conocen dichos puestos son sus titulares, que son veteranos".

En su consecuencia, y a los meros efectos dialecticos, entendida la acreditación del indicio por el recurrente, se aporta por la empresa una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de la medida de la modificación sustancial de condiciones de trabajo como su proporcionalidad, y por ello debemos rechazar la causa de nulidad por atentado a la libertad sindical.

5.- Por último, no podemos dejar de soslayo, que, asimismo, esta Sala de lo Social ya ha conocido del recurso de otro compañero y hemos manifestado:

"Conforme al inatacado apartado sexto del relato de hechos probados, la empresa demostró la concurrencia de las causas productivas y organizativas por las que se introdujo la modificación en el régimen de turnos de la sección de laminación donde trabaja el demandante.

Tales modificaciones han afectado también a otros trabajadores.

Por otra parte, todos los trabajadores que por diversas causas tienen reducida su jornada, la adaptación o aplicación de la misma se materializa en diversas formas, todas ellas aceptadas por la empresa, lo que así mismo ha sucedido con el demandante; lo que a su vez implica que nada queda demostrado sobre posibles inconvenientes u obstáculos que la empresa pudiera oponer sobre esa cuestión en relación con el nuevo régimen de turnos.

Finalmente, las restricciones de aptitud del demandante para trabajar en ambientes con elementos que comprometan su salud auditiva fueron objeto de atención por la empresa, que activó el procedimiento de estudio de su salud para tomar las medidas correctas, por lo que ni hubo desatención ni existe fundamento para aceptar que la modificación vulnere su derecho a la salud.

Por todo ello no se aprecia circunstancia alguna que permita sostener la concurrencia de vulneración de derechos fundamentales".( STSJ País Vasco16/07/2024, RS 1272/2024).

TERCERO. - COSTAS.

En materia de costas, se debe estar al art. 235.1 LRJS que prevé esta medida únicamente respecto a la parte recurrente que resulta vencida y no disponga del beneficio de justicia gratuita o no haya sido eximida legalmente de dicho deber, por ello se está en el supuesto de no imponer costas.

CUARTO. - RECURSO.

Contra la presente sentencia cabe Recurso de Casación para la unificación de doctrina ( art. 218 LRJS) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.