Sentencia Social 6297/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 537/2024 de 15 de noviembre del 2024

PRIMERO.- La sentencia de instancia, como hemos visto, desestima la demanda interpuesta por EULEN S.A., dirigida contra DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS, TREBALL AUTÒNOM, SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA y Elsa, y confirma las resoluciones dictadas por la entidad demandada los días 1.3.2022 y 1.8.2022.

A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, la codemandada señora Elsa estuvo prestando servicios para la demandante en el centro de trabajo de SANOFI AVENTIS S.A. como limpiadora hasta el 31.3.2021, fecha en la que la demandante le comunicó la extinción del contrato temporal firmado por las partes.

En la resolución de 1.3.2022, la entidad demandada acuerda imponer a la demandante una sanción de 4.092,00 euros por haber cometido las infracciones tipificadas en los artículos 12.3 y 12.8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS ), a razón de 2.046,00 euros por infracción. Todo ello, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), formulada en acta de infracción de 24.1.2022.

En la resolución de 1.8.2022, la entidad demandada acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la de 1.3.2022.

En síntesis, la entidad demandada, al igual que la ITSS, basa la infracción referida al artículo 12.3 LISOS en que la demandante no realizó una investigación suficiente de las causas que motivaron que, con fecha 2.12.2020, la señora Elsa sufriera una crisis de ansiedad y tuviera que ser atendida por una ambulancia que se desplazó hasta el centro de trabajo, hechos a los que siguió una denuncia interna de acoso laboral a través del canal de denuncias de la demandante. Por su parte, la infracción referida al artículo 12.8 LISOS se fundamenta en falta de formación de la señora Elsa en materia de prevención de riesgos laborales derivados del puesto de trabajo que ocupaba.

En el acto de juicio, celebrado el 12.7.2023, la demandante, reiterando las alegaciones formuladas en escrito presentado el 6.7.2023, solicitó la suspensión del curso de los autos por litispendencia, derivada del proceso por despido que se sigue actualmente en el Juzgado de lo Social número 3 de los de Girona (autos 381/2021), promovido en virtud de demanda interpuesta por la señora Elsa contra la empresa aquí demandante. Además, también alegó la pendencia del proceso de determinación de contingencia que se sigue actualmente en el Juzgado de lo Social número 1 de los de Girona (autos 187/2022 ). Dicha petición fue desestimada verbalmente por la magistrada de instancia, lo que motivó que la demandante formulara protesta. Todo ello, según hemos podido comprobar examinando la grabación del acto de juicio.

La sentencia de instancia, aparte de desestimar la demanda por considerar que la sanción es ajustada a Derecho, examina nuevamente la solicitud de suspensión por litispendencia, confirmando la denegación acordada en el acto de juicio.

Frente a la sentencia de instancia, la demandante interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al acto de juicio. Articula el recurso con arreglo a un solo motivo, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.a) LRJS y en el que combate la denegación de la solicitud de suspensión por litispendencia, pronunciamiento que, según alega, comporta infracción del artículo 24.1 CE , en relación con los artículos 86.4 LRJS y 225 LEC , y le causa indefensión.

El recurso ha sido impugnado separadamente por las demandadas. Cada una de ellas solicita la desestimación del mismo y confirmación de la sentencia recurrida. Además, la Administración Pública demandada, en su escrito, solicita la inadmisión del recurso, a lo que se ha opuesto la recurrente en escrito presentado el 20.12.2023.

SEGUNDO.- Antes de proceder, en su caso, al examen del único motivo del presente recurso, debemos referirnos al motivo de inadmisión del mismo, formulado por la Administración Pública demandada.

En síntesis, dicha recurrida alega que no existe identidad entre el objeto del proceso por despido y el que nos ocupa, por lo que no se ha producido infracción del artículo 24.1 CE ni se ha causado indefensión a la recurrente. En consecuencia, considera que el recurso no puede ser admitido, teniendo en cuenta que la sentencia no es recurrible en suplicación por razón de la materia y que no existe conexión inseparable entre la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y el objeto del proceso.

Por su parte, la recurrente, en el escrito presentado el 20.12.2023, se opone al motivo de inadmisión del recurso alegando, en resumen, que el escrito de interposición del recurso se ajusta a los requisitos formales previstos legalmente, con independencia de la respuesta que puedan merecer sus alegaciones.

TERCERO.- A la vista de las alegaciones de las partes, el examen del motivo de inadmisión del presente recurso obliga a empezar recordando que, como señala el Juzgado en la providencia de 19.10.2023, la sentencia de instancia no es recurrible en suplicación por razón de la materia y de la cuantía, teniendo en cuenta que el artículo 191.3.g) LRJS establece recurso de suplicación en el siguiente supuesto:

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Sin embargo, como también señala el Juzgado en la indicada providencia, el citado artículo 191.3 LRJS , en su letra d), establece la recurribilidad de todas las sentencias en el siguiente supuesto:

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En consecuencia, la sentencia de instancia únicamente será recurrible en suplicación si el objeto del recurso se ajusta a lo previsto en la indicada letra d) del artículo 191.3 LRJS .

A la hora de aplicar dichos preceptos al presente caso, es de ver que la recurrente articula el recurso con arreglo a un solo motivo, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra a) del artículo 193 LRJS , que es aquel que tiene por objeto la denuncia de "infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión".En coherencia con ello, la recurrente alega que la denegación de su solicitud de suspensión del curso de los autos por litispendencia es contraria a los preceptos legales que cita y le ha producido indefensión. Por tanto, el motivo del recurso se ajusta al supuesto de recurribilidad previsto por la Ley, con independencia de la valoración que puedan merecer las alegaciones de la recurrente, cuestión a la que se refiere la recurrida, pero que no guarda relación algura con la admisión del recurso. Además, el escrito de interposición del recurso se ajusta a los requisitos formales previstos al efecto en el artículo 196 LRJS y la recurrente ha constituido el depósito exigido por el artículo 229.1.a) del indicado cuerpo legal (folios 368 y 369 de los autos), por lo que tampoco cabe plantear ninguna objeción al respecto.

Por todo lo expuesto, el motivo de inadmisibilidad del recurso debe ser desestimado. Ello obliga a examinar las alegaciones contenidas en el único motivo del mismo.

CUARTO.- Como hemos anticipado más arriba, la recurrente, en el presente motivo del recurso, combate la denegación de la solicitud de suspensión por litispendencia, pronunciamiento que, según alega, comporta infracción del artículo 24.1 CE , en relación con los artículos 86.4 LRJS y 225 LEC , y le causa indefensión.

Al objeto de centrar adecuadamente las alegaciones con las que la recurrente sustenta el presente motivo del recurso, es necesario tener en cuenta que, en la demanda de despido que ha dado lugar a los autos 381/2021 del Juzgado de lo Social número 3 de los de Girona, actualmente en tramitación y a la que se refiere el hecho probado decimotercero de la sentencia recurrida, la señora Elsa impugna la comunicación de extinción de contrato temporal producida por la aquí recurrente con efectos al 31.3.2021, que considera constitutiva de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales o, subsidiariamente, improcedente. En dicha demanda, la señora Elsa denuncia, entre otras cuestiones, haber sido objeto de acoso laboral.

Además, la sentencia de instancia, en el mismo hecho probado decimotercero, alude a la existencia de una demanda interpuesta por la señora Elsa y que versa sobre prestaciones de Seguridad Social, demanda que ha dado lugar a los autos 187/2022 del Juzgado de lo Social número 1 de los de Girona y en cuyo procedimiento se ha acordado, de conformidad con todas las partes, la suspensión del acto de juicio, precisamente por litispendencia respecto del proceso por despido y el que nos ocupa (acta de suspensión de 6.6.2023; folio 223 de los presentes autos).

En la sentencia de instancia, la magistrada, en síntesis, considera que no cabe apreciar la litispendencia alegada por la demandante porque lo único que es objeto del presente proceso es si la empresa cumplió con su obligación de investigar los hechos ocurridos el 2.12.2020, esto es, la crisis de ansiedad sufrida por la señora Elsa, por lo que no es objeto del mismo determinar la existencia de acoso.

Frente a ello, la recurrente, en el presente motivo, tras reproducir el texto de los artículos 86.4 LRJS y 222 LEC y realizar una amplia exposición doctrinal sobre la que denomina "litispendencia impropia o prejudicialidad civil",alega, en síntesis, que si bien es cierto que el objeto del proceso por despido y el de la sanción por infracción del artículo 12.3 LISOS no son totalmente coincidentes, el pronunciamiento sobre dicha infracción, realizado por la sentencia de instancia, afecta al que deberá adoptarse en el proceso por despido porque la sentencia afirma que la empresa no ha investigado correctamente el supuesto acoso, lo que, en palabras de la recurrente, implica que "indirectamente está valorando la existencia o no de acoso y que inevitablemente tiene consecuencias sobre el procedimiento de despido y el de determinación de contingencias que está pendiente de juicio".En consecuencia, afirma que la actuación del Juzgado, al no apreciar la litispendencia alegada, ha vulnerado el artículo 24.1 CE y le ha ocasionado indefensión, lo que debe dar lugar a la nulidad de actuaciones (cita el artículo 225.3º LEC ) y retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior al acto de juicio.

Por su parte, ambas recurridas, en sus escritos de impugnación del recurso, se oponen a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que no concurre la identidad objetiva necesaria entre los procesos para que pueda apreciarse litispendencia.

Además, la trabajadora, en su escrito, formula una serie de consideraciones sobre el fondo del asunto, carentes de relevancia alguna, dado el objeto del presente recurso.

QUINTO.- A la vista de las alegaciones de las partes, debemos empezar el examen del presente motivo del recurso teniendo en cuenta que el artículo 86.4 LRJS dispone:

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Por otra parte, es necesario igualmente tener en cuenta la doctrina jurisprudencial dictada con motivo de la litispendencia, de la que es muestra la STS -Sala 4ª- 23.5.2024 (RCUD 3716/2020 ), que la sintetiza en los siguientes términos (fundamento jurídico segundo, apartados 2 a 4):

<<2. El art. 207.3 de la LEC indica que "Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas".

El art. 222 de la LEC , que derogó el art. 1252 del CC , dispone en su apartado 1 lo siguiente: "La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo".

Por su parte, el apartado 4 del citado precepto procesal, señala que "Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

3. Como viene sosteniendo esta Sala, (SSTS de 30 de septiembre de 2004, rec. 1793/2003 y 6 de junio de 2006, rcud 1234/2005 , entre otras), con carácter general, el instituto jurídico de la litispendencia se encuentra directamente vinculado con el de la cosa juzgada, ya que "ambas excepciones están íntimamente relacionadas, por cuanto la dilatoria de litispendencia impide la decisión del proceso mientras se esté desarrollando otro idéntico y hasta que haya recaído sentencia firme; en tanto que la perentoria de cosa juzgada o bien constituye óbice -efecto negativo- para la decisión de "un proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo" [ art. 222.1 LEC , o bien predetermina el sentido de la segunda sentencia a dictar, en tanto que "vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto" [ art. 222.4 LECiv ]". Ambas instituciones atienden a la misma finalidad y, por ello, su tratamiento jurídico es común, no solo en el art. 421 de la LEC sino también en el art. 400.1 del mismo texto legal . A una y otra les separa los momentos procesales en los que actúan, porque "operan sobre realidades temporal y procesalmente diferentes, pues mientras que la cosa juzgada actúa sobre la base de una situación jurídica ya consolidada -que no se puede desconocer- que es la sentencia ya firme, la litispendencia se basa precisamente en la tramitación de un proceso anterior y todavía no llegado a término". Esto es, la litispendencia tiene su razón de ser en la existencia de dos pleitos pendientes, mientras que la cosa juzgada requiere de un pleito concluido por sentencia firme.

De aquello se deriva, a su vez, el distinto efecto procesal que una y otra excepción tienen sobre el proceso en tramitación, como indica esta Sala, al decir que "Ese diferente momento procesal en el que cada una de ellas entra en juego determina que la cosa juzgada tenga un doble efecto, negativo o excluyente de nuevo enjuiciamiento, cuando media identidad absoluta de los elementos de la pretensión, y positivo o prejudicial cuando aquella "plena identidad" no existe, consistente en la "vinculación" a la resolución del "antecedente lógico", mientras que la litispendencia limita su efecto al suspensivo, siquiera el mismo alcance no sólo a los supuestos de plena identidad -propios de la cosa juzgada negativa- sino a los de hipotética vinculación por tratarse de "antecedente lógico". Por tanto, podemos decir que la litispendencia comienza desde la interposición de la demanda ( art. 410 LEC ) y concluye cuando termina por sentencia firme el proceso precedente ( art. 222 LEC ).

4. La excepción de litispendencia se ha venido rechazando en situaciones en las que no concurrían las necesarias identidades entre las pretensiones que se articulan. Como ha recogido también esta Sala, "No basta con que entre ambos procesos exista una mera conexión o identidad de alguno de estos elementos (pero no de todos), pues esto último a lo único que puede dar lugar es a la posibilidad de acumulación de ambos procesos a instancia de parte legítima, constituyendo una hipótesis distinta a la de litispendencia" ( STS 1083/2021, de 3 de noviembre (rec. 9/2020 ).>>

SEXTO.- La aplicación de la indicada doctrina jurisprudencial al presente motivo del recurso impide el acogimiento del mismo porque si bien es cierto que la señora Elsa, en la demanda de despido, alega la existencia de acoso laboral, la recurrente no ha sido sancionada por haber llevado a cabo dicha conducta sino, simplemente, por no investigar las causas de la crisis de ansiedad sufrida por la señora Elsa el 2.12.2020, conducta que la sentencia de instancia, confirmando el criterio de la Administración Pública demandada y de la ITSS, considera constitutiva de la infracción grave tipificada en el artículo 12.3 LISOS , que, recordemos, castiga como tal:

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Todo ello, teniendo en cuenta que el artículo 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL ) dispone:

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Es cierto, desde luego, que, a tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, la señora Elsa, tras el incidente del 2.12.2020, presentó una denuncia por acoso mediante el canal de denuncias de que dispone la recurrente (14.12.2020; hecho probado noveno). Sin embargo, la obligación de la recurrente de investigar los hechos era totalmente independiente de la suerte que pudiera correr dicha denuncia y del resultado de la propia demanda de despido respecto de la existencia del acoso alegado por la trabajadora, por lo que el pronunciamiento de la sentencia de instancia confirmatorio de la sanción impuesta a la recurrente no afecta al objeto del proceso por despido, en los términos exigidos por la indicada doctrina jurisprudencial para que pueda afirmarse la existencia de litispendencia. En este sentido, frente a lo que alega la recurrente en el presente recurso, la sentencia de instancia no valora en ningún momento la existencia de un posible acoso contra la señora Elsa. Por el contrario, se limita a examinar si la recurrente cumplió con las obligaciones dimanantes de lo dispuesto en el citado artículo 16.3 LPRL y si, en consecuencia, los hechos son subsumibles en la infracción tipificada en el artículo 12.3 LISOS .

Finalmente, debemos señalar que tampoco puede afirmarse que el presente proceso afecte al proceso de Seguridad Social que se tramita actualmente en el Juzgado de lo Social número 1 de los de Girona bajo número 187/2022 .

En definitiva, la sentencia de instancia, al desestimar la solicitud de suspensión del acto de juicio por litispendencia, no ha cometido las infracciones legales que le imputa la recurrente ni, por ello, le ha causado indefensión alguna.

Lo expuesto comporta la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

SÉPTIMO.- La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida del depósito constituido para recurrir,al que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204.4 LRJS) .

OCTAVO.- La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no es titular del beneficio de justicia gratuita. Dichas costas comprenden los honorarios de los abogados de los recurridos, que han impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 500 euros respecto de cada uno de ellos ( artículo 235.1 LRJS ).

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,