Sentencia Social 1779/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 990/2025 de 15 de julio del 2025

PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao dictada al 13 de diciembre de 2024 ha desestimado la demanda formulada por el actor, oficial de primera que viene prestando servicios para la empresa demandada INDUSTRIA DE TURBOPROPULSORES SAU, declarando procedente el despido disciplinario acordado por la empresa con efectos de fecha 18/01/2024.

El despido procedente se fundamentó por el juzgador en la realización por el trabajador durante su situación de incapacidad temporal (baja médica iniciada el 08/05/2023 por una lesión en el hombro izquierdo), de una conducta de fraude, deslealtad o abuso de confianza por la realización de actividades "inequívocamente" incompatibles con su recuperación: concretamente, la impartición de clases de boxeo los días 28 y 30 de noviembre de 2023, con implicación constante de la articulación lesionada, exponiéndose a movimientos repetitivos, posturas forzadas y eventuales impactos, uno de los cuales se produjo en la clase del 30 de noviembre. El trabajador llegó a manifestar a su alumno que tenía el "hombro destrozado" y utilizó cilindros de espuma ("churros") en lugar de manoplas.

Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de suplicación el trabajador actor, interesando su revocación y la estimación de la demanda, con declaración de improcedencia del despido, con las consecuencias legales inherentes. El recurso se articula en dos motivos: uno, al amparo del artículo 193 b) LRJS, de revisión fáctica; y otro, por la vía del artículo 193 c) LRJS, de censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, que ha solicitado su íntegra desestimación.

SEGUNDO.-En el primer motivo de revisión fáctica ( art. 193 b) LRJS) , el recurrente solicita la adición de un nuevo hecho probado séptimo para dejar constancia de la inscripción y estatutos de un club de boxeo, con el fin de demostrar que no existía relación laboral remunerada entre el actor y el club durante la impartición de las clases en cuestión. La redacción solicitada es:

"Se da íntegramente por reproducido el certificado de inscripción en el registro de entidades deportivas de Euskadi, así como estatutos publicados en Barakaldoko Borrokalari Boxeo Cluba".

Hemos de recordar que la prosperabilidad del recurso de suplicación por dicho cauce procesal exige: a) que la equivocación que se imputa al juzgador en los hechos probados, resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o razonamientos, más o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en autos que así lo evidencien; b) que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria; c) que los resultados postulados, aún deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del juzgador a quo, a quien le está reservada la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar la revisión fáctica en el recurso de suplicación, de naturaleza extraordinaria, que a diferencia de la apelación civil, no faculta a la Sala para la revisión de lo actuado.

Este motivo debe ser desestimado, pues no cumple con los anteriores parámetros.

El relato fáctico de la sentencia de instancia ya recoge que el actor impartió dos clases de boxeo durante su baja médica, sin declarar acreditado que las mismas fuesen remuneradas, por lo que el contenido del documento cuya incorporación se solicita resulta irrelevante. Además, la procedencia del despido no se sustenta por el juzgador en el eventual carácter retribuido de la actividad, sino en la naturaleza y consecuencias médicas de la misma, en tanto contrarias a la finalidad terapéutica de la incapacidad temporal. Por otro lado, el relato fáctico no es el cauce para reproducir documentos en bloque, sino para fijar hechos concretos con trascendencia jurídica. No se constata, por tanto, error manifiesto alguno que justifique la revisión.

El relato fáctico de la instancia queda así inalterado.

TERCERO.-El motivo de censura jurídica ( art. 193 c) LRJS) denuncia infracción de los artículos 2.3 c) y d) del Convenio Colectivo del Sector Siderometalúrgico de Bizkaia, 65 c) y d) del IV Convenio Colectivo Estatal del Metal, así como del artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, y de los artículos 105 y 107 LRJS, sosteniendo en resumen que no se ha acreditado que la conducta del actor suponga una transgresión de la buena fe contractual, y que no se ha practicado prueba pericial médica sobre la concreta incompatibilidad entre su actividad y la dolencia sufrida.

El motivo debe ser igualmente desestimado.

En primer lugar, debemos partir de que de acuerdo con la propia jurisprudencia social consolidada invocada por la sentencia de instancia, la realización por el trabajador de actividades durante una baja médica que sean incompatibles con el proceso de recuperación, o que supongan una manifestación de aptitud laboral contraria a la situación de incapacidad temporal, pueden constituir una transgresión de la buena fe contractual sancionable con el despido disciplinario, siempre que se acredite el perjuicio a la recuperación o la contradicción objetiva con la situación de baja.

En este caso, la sentencia de instancia sí declara acreditado, en base a prueba documental, videográfica y testifical que valora con inmediación, que el actor, pese a encontrarse de baja por lesión en el hombro izquierdo desde el 08/05/2023, impartió dos sesiones de boxeo de una hora los días 28 y 30 de noviembre, con implicación directa de la articulación lesionada, adoptando posturas forzadas, exponiéndose a impactos, y llegando incluso a recibir un golpe en el hombro afectado el día 30.

Además, el propio trabajador reconoció que tenía el hombro "destrozado", lo que refuerza la conciencia del riesgo que asumía. El uso de "churros" en lugar de manoplas refuerza esa conciencia de riesgo y no desvirtúa la apreciación del juzgador, quien entiende que la sobrecarga a que sometía la articulación, unida al riesgo cierto de impacto, dificultaba o impedía la recuperación funcional del hombro, máxime cuando habían transcurrido más de seis meses desde el inicio de la baja médica.

La empresa no estaba obligada a aportar un dictamen pericial médico, bastando con que se haya acreditado la existencia de una actividad objetivamente incompatible con el proceso de recuperación y que dicha conclusión se derive racional y motivadamente de la prueba practicada, como ha sucedido en este caso. El juzgador fundamenta adecuadamente su convicción en los fundamentos jurídicos primero y segundo, valorando las grabaciones, el informe del detective y la propia declaración del trabajador, y termina diciendo: "Pese a ello -el reconocimiento por el trabajador de que tenía el hombro "destrozado"- lo exponía voluntariamente a una actividad que, a falta de cualquier prueba en contrario, no conducía a una recuperación más temprana, después de seis meses de baja, sino todo lo contrario, más aún cuando podía exponer la articulación afectada, además de la adopción de posturas forzadas y una sobrecarga fuera del ordinario, a eventuales impactos en la zona (de hecho, el informe registra uno, el 30-11-23) inequívocamente dañinos a la hora de estabilizar la lesión".Entendemos que esa conclusión no es irracional ni desproporcionada, pues resulta notorio que someter a un hombro lesionado al riesgo de golpes directos es inadecuado para su correcto tratamiento.

El actor no ha intentado siquiera introducir en el relato que eso no sea así haciendo constar que la concreta dolencia del hombro del actor, que la empresa desconoce en detalle por pertenecer a su ámbito de intimidad, permita ese tipo de agresiones.

En consecuencia, atendiendo a la convicción judicial de la instancia, concurre una conducta susceptible de incardinación en los apartados c) y d) del régimen disciplinario de los convenios aplicables y en el artículo 54.2 d) ET como transgresión de la buena fe contractual, por lo que no apreciamos infracción de los preceptos citados, debiéndose desestimar el motivo y el recurso, con confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO.-En materia de costas es aplicable lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao dictada al 13 de diciembre de 2024 ha desestimado la demanda formulada por el actor, oficial de primera que viene prestando servicios para la empresa demandada INDUSTRIA DE TURBOPROPULSORES SAU, declarando procedente el despido disciplinario acordado por la empresa con efectos de fecha 18/01/2024.

El despido procedente se fundamentó por el juzgador en la realización por el trabajador durante su situación de incapacidad temporal (baja médica iniciada el 08/05/2023 por una lesión en el hombro izquierdo), de una conducta de fraude, deslealtad o abuso de confianza por la realización de actividades "inequívocamente" incompatibles con su recuperación: concretamente, la impartición de clases de boxeo los días 28 y 30 de noviembre de 2023, con implicación constante de la articulación lesionada, exponiéndose a movimientos repetitivos, posturas forzadas y eventuales impactos, uno de los cuales se produjo en la clase del 30 de noviembre. El trabajador llegó a manifestar a su alumno que tenía el "hombro destrozado" y utilizó cilindros de espuma ("churros") en lugar de manoplas.

Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de suplicación el trabajador actor, interesando su revocación y la estimación de la demanda, con declaración de improcedencia del despido, con las consecuencias legales inherentes. El recurso se articula en dos motivos: uno, al amparo del artículo 193 b) LRJS, de revisión fáctica; y otro, por la vía del artículo 193 c) LRJS, de censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, que ha solicitado su íntegra desestimación.

SEGUNDO.-En el primer motivo de revisión fáctica ( art. 193 b) LRJS) , el recurrente solicita la adición de un nuevo hecho probado séptimo para dejar constancia de la inscripción y estatutos de un club de boxeo, con el fin de demostrar que no existía relación laboral remunerada entre el actor y el club durante la impartición de las clases en cuestión. La redacción solicitada es:

"Se da íntegramente por reproducido el certificado de inscripción en el registro de entidades deportivas de Euskadi, así como estatutos publicados en Barakaldoko Borrokalari Boxeo Cluba".

Hemos de recordar que la prosperabilidad del recurso de suplicación por dicho cauce procesal exige: a) que la equivocación que se imputa al juzgador en los hechos probados, resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o razonamientos, más o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en autos que así lo evidencien; b) que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria; c) que los resultados postulados, aún deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del juzgador a quo, a quien le está reservada la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar la revisión fáctica en el recurso de suplicación, de naturaleza extraordinaria, que a diferencia de la apelación civil, no faculta a la Sala para la revisión de lo actuado.

Este motivo debe ser desestimado, pues no cumple con los anteriores parámetros.

El relato fáctico de la sentencia de instancia ya recoge que el actor impartió dos clases de boxeo durante su baja médica, sin declarar acreditado que las mismas fuesen remuneradas, por lo que el contenido del documento cuya incorporación se solicita resulta irrelevante. Además, la procedencia del despido no se sustenta por el juzgador en el eventual carácter retribuido de la actividad, sino en la naturaleza y consecuencias médicas de la misma, en tanto contrarias a la finalidad terapéutica de la incapacidad temporal. Por otro lado, el relato fáctico no es el cauce para reproducir documentos en bloque, sino para fijar hechos concretos con trascendencia jurídica. No se constata, por tanto, error manifiesto alguno que justifique la revisión.

El relato fáctico de la instancia queda así inalterado.

TERCERO.-El motivo de censura jurídica ( art. 193 c) LRJS) denuncia infracción de los artículos 2.3 c) y d) del Convenio Colectivo del Sector Siderometalúrgico de Bizkaia, 65 c) y d) del IV Convenio Colectivo Estatal del Metal, así como del artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, y de los artículos 105 y 107 LRJS, sosteniendo en resumen que no se ha acreditado que la conducta del actor suponga una transgresión de la buena fe contractual, y que no se ha practicado prueba pericial médica sobre la concreta incompatibilidad entre su actividad y la dolencia sufrida.

El motivo debe ser igualmente desestimado.

En primer lugar, debemos partir de que de acuerdo con la propia jurisprudencia social consolidada invocada por la sentencia de instancia, la realización por el trabajador de actividades durante una baja médica que sean incompatibles con el proceso de recuperación, o que supongan una manifestación de aptitud laboral contraria a la situación de incapacidad temporal, pueden constituir una transgresión de la buena fe contractual sancionable con el despido disciplinario, siempre que se acredite el perjuicio a la recuperación o la contradicción objetiva con la situación de baja.

En este caso, la sentencia de instancia sí declara acreditado, en base a prueba documental, videográfica y testifical que valora con inmediación, que el actor, pese a encontrarse de baja por lesión en el hombro izquierdo desde el 08/05/2023, impartió dos sesiones de boxeo de una hora los días 28 y 30 de noviembre, con implicación directa de la articulación lesionada, adoptando posturas forzadas, exponiéndose a impactos, y llegando incluso a recibir un golpe en el hombro afectado el día 30.

Además, el propio trabajador reconoció que tenía el hombro "destrozado", lo que refuerza la conciencia del riesgo que asumía. El uso de "churros" en lugar de manoplas refuerza esa conciencia de riesgo y no desvirtúa la apreciación del juzgador, quien entiende que la sobrecarga a que sometía la articulación, unida al riesgo cierto de impacto, dificultaba o impedía la recuperación funcional del hombro, máxime cuando habían transcurrido más de seis meses desde el inicio de la baja médica.

La empresa no estaba obligada a aportar un dictamen pericial médico, bastando con que se haya acreditado la existencia de una actividad objetivamente incompatible con el proceso de recuperación y que dicha conclusión se derive racional y motivadamente de la prueba practicada, como ha sucedido en este caso. El juzgador fundamenta adecuadamente su convicción en los fundamentos jurídicos primero y segundo, valorando las grabaciones, el informe del detective y la propia declaración del trabajador, y termina diciendo: "Pese a ello -el reconocimiento por el trabajador de que tenía el hombro "destrozado"- lo exponía voluntariamente a una actividad que, a falta de cualquier prueba en contrario, no conducía a una recuperación más temprana, después de seis meses de baja, sino todo lo contrario, más aún cuando podía exponer la articulación afectada, además de la adopción de posturas forzadas y una sobrecarga fuera del ordinario, a eventuales impactos en la zona (de hecho, el informe registra uno, el 30-11-23) inequívocamente dañinos a la hora de estabilizar la lesión".Entendemos que esa conclusión no es irracional ni desproporcionada, pues resulta notorio que someter a un hombro lesionado al riesgo de golpes directos es inadecuado para su correcto tratamiento.

El actor no ha intentado siquiera introducir en el relato que eso no sea así haciendo constar que la concreta dolencia del hombro del actor, que la empresa desconoce en detalle por pertenecer a su ámbito de intimidad, permita ese tipo de agresiones.

En consecuencia, atendiendo a la convicción judicial de la instancia, concurre una conducta susceptible de incardinación en los apartados c) y d) del régimen disciplinario de los convenios aplicables y en el artículo 54.2 d) ET como transgresión de la buena fe contractual, por lo que no apreciamos infracción de los preceptos citados, debiéndose desestimar el motivo y el recurso, con confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO.-En materia de costas es aplicable lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao dictada al 13 de diciembre de 2024 ha desestimado la demanda formulada por el actor, oficial de primera que viene prestando servicios para la empresa demandada INDUSTRIA DE TURBOPROPULSORES SAU, declarando procedente el despido disciplinario acordado por la empresa con efectos de fecha 18/01/2024.

El despido procedente se fundamentó por el juzgador en la realización por el trabajador durante su situación de incapacidad temporal (baja médica iniciada el 08/05/2023 por una lesión en el hombro izquierdo), de una conducta de fraude, deslealtad o abuso de confianza por la realización de actividades "inequívocamente" incompatibles con su recuperación: concretamente, la impartición de clases de boxeo los días 28 y 30 de noviembre de 2023, con implicación constante de la articulación lesionada, exponiéndose a movimientos repetitivos, posturas forzadas y eventuales impactos, uno de los cuales se produjo en la clase del 30 de noviembre. El trabajador llegó a manifestar a su alumno que tenía el "hombro destrozado" y utilizó cilindros de espuma ("churros") en lugar de manoplas.

Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de suplicación el trabajador actor, interesando su revocación y la estimación de la demanda, con declaración de improcedencia del despido, con las consecuencias legales inherentes. El recurso se articula en dos motivos: uno, al amparo del artículo 193 b) LRJS, de revisión fáctica; y otro, por la vía del artículo 193 c) LRJS, de censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, que ha solicitado su íntegra desestimación.

SEGUNDO.-En el primer motivo de revisión fáctica ( art. 193 b) LRJS) , el recurrente solicita la adición de un nuevo hecho probado séptimo para dejar constancia de la inscripción y estatutos de un club de boxeo, con el fin de demostrar que no existía relación laboral remunerada entre el actor y el club durante la impartición de las clases en cuestión. La redacción solicitada es:

"Se da íntegramente por reproducido el certificado de inscripción en el registro de entidades deportivas de Euskadi, así como estatutos publicados en Barakaldoko Borrokalari Boxeo Cluba".

Hemos de recordar que la prosperabilidad del recurso de suplicación por dicho cauce procesal exige: a) que la equivocación que se imputa al juzgador en los hechos probados, resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o razonamientos, más o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en autos que así lo evidencien; b) que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria; c) que los resultados postulados, aún deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del juzgador a quo, a quien le está reservada la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar la revisión fáctica en el recurso de suplicación, de naturaleza extraordinaria, que a diferencia de la apelación civil, no faculta a la Sala para la revisión de lo actuado.

Este motivo debe ser desestimado, pues no cumple con los anteriores parámetros.

El relato fáctico de la sentencia de instancia ya recoge que el actor impartió dos clases de boxeo durante su baja médica, sin declarar acreditado que las mismas fuesen remuneradas, por lo que el contenido del documento cuya incorporación se solicita resulta irrelevante. Además, la procedencia del despido no se sustenta por el juzgador en el eventual carácter retribuido de la actividad, sino en la naturaleza y consecuencias médicas de la misma, en tanto contrarias a la finalidad terapéutica de la incapacidad temporal. Por otro lado, el relato fáctico no es el cauce para reproducir documentos en bloque, sino para fijar hechos concretos con trascendencia jurídica. No se constata, por tanto, error manifiesto alguno que justifique la revisión.

El relato fáctico de la instancia queda así inalterado.

TERCERO.-El motivo de censura jurídica ( art. 193 c) LRJS) denuncia infracción de los artículos 2.3 c) y d) del Convenio Colectivo del Sector Siderometalúrgico de Bizkaia, 65 c) y d) del IV Convenio Colectivo Estatal del Metal, así como del artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, y de los artículos 105 y 107 LRJS, sosteniendo en resumen que no se ha acreditado que la conducta del actor suponga una transgresión de la buena fe contractual, y que no se ha practicado prueba pericial médica sobre la concreta incompatibilidad entre su actividad y la dolencia sufrida.

El motivo debe ser igualmente desestimado.

En primer lugar, debemos partir de que de acuerdo con la propia jurisprudencia social consolidada invocada por la sentencia de instancia, la realización por el trabajador de actividades durante una baja médica que sean incompatibles con el proceso de recuperación, o que supongan una manifestación de aptitud laboral contraria a la situación de incapacidad temporal, pueden constituir una transgresión de la buena fe contractual sancionable con el despido disciplinario, siempre que se acredite el perjuicio a la recuperación o la contradicción objetiva con la situación de baja.

En este caso, la sentencia de instancia sí declara acreditado, en base a prueba documental, videográfica y testifical que valora con inmediación, que el actor, pese a encontrarse de baja por lesión en el hombro izquierdo desde el 08/05/2023, impartió dos sesiones de boxeo de una hora los días 28 y 30 de noviembre, con implicación directa de la articulación lesionada, adoptando posturas forzadas, exponiéndose a impactos, y llegando incluso a recibir un golpe en el hombro afectado el día 30.

Además, el propio trabajador reconoció que tenía el hombro "destrozado", lo que refuerza la conciencia del riesgo que asumía. El uso de "churros" en lugar de manoplas refuerza esa conciencia de riesgo y no desvirtúa la apreciación del juzgador, quien entiende que la sobrecarga a que sometía la articulación, unida al riesgo cierto de impacto, dificultaba o impedía la recuperación funcional del hombro, máxime cuando habían transcurrido más de seis meses desde el inicio de la baja médica.

La empresa no estaba obligada a aportar un dictamen pericial médico, bastando con que se haya acreditado la existencia de una actividad objetivamente incompatible con el proceso de recuperación y que dicha conclusión se derive racional y motivadamente de la prueba practicada, como ha sucedido en este caso. El juzgador fundamenta adecuadamente su convicción en los fundamentos jurídicos primero y segundo, valorando las grabaciones, el informe del detective y la propia declaración del trabajador, y termina diciendo: "Pese a ello -el reconocimiento por el trabajador de que tenía el hombro "destrozado"- lo exponía voluntariamente a una actividad que, a falta de cualquier prueba en contrario, no conducía a una recuperación más temprana, después de seis meses de baja, sino todo lo contrario, más aún cuando podía exponer la articulación afectada, además de la adopción de posturas forzadas y una sobrecarga fuera del ordinario, a eventuales impactos en la zona (de hecho, el informe registra uno, el 30-11-23) inequívocamente dañinos a la hora de estabilizar la lesión".Entendemos que esa conclusión no es irracional ni desproporcionada, pues resulta notorio que someter a un hombro lesionado al riesgo de golpes directos es inadecuado para su correcto tratamiento.

El actor no ha intentado siquiera introducir en el relato que eso no sea así haciendo constar que la concreta dolencia del hombro del actor, que la empresa desconoce en detalle por pertenecer a su ámbito de intimidad, permita ese tipo de agresiones.

En consecuencia, atendiendo a la convicción judicial de la instancia, concurre una conducta susceptible de incardinación en los apartados c) y d) del régimen disciplinario de los convenios aplicables y en el artículo 54.2 d) ET como transgresión de la buena fe contractual, por lo que no apreciamos infracción de los preceptos citados, debiéndose desestimar el motivo y el recurso, con confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO.-En materia de costas es aplicable lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,