Sentencia Social 3/2025 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Social, Rec. 474/2024 de 16 de enero del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia, estimando la falta de acción opuesta por la demandada, ha desestimado la demanda por despido interpuesta.

Razona la sentencia de instancia que, de la valoración de la prueba practicada, ha resultado acreditado que el acuerdo transaccional suscrito por ambas partes reúne todas las garantías, sin que fuera aceptado por la actora bajo presiones, coacciones, estado de shock ni alteración psíquica o anímica de ningún tipo que le impidiera comprender el significado y alcance de lo que estaba firmando, ya que pudo calibrar y entender los términos del acuerdo, que le fueron explicados tanto por la Gerente laboral como por la representante sindical, quien le advirtió que la firma del mismo significaba que nada más podría reclamar frente a la empresa.

Añade, además, que la actora era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo en esa reunión, puesto que participó activamente en la fijación de la cuantía indemnizatoria, ofreciendo ella misma la cifra de 20.000 euros, e incluso de 18.000 euros, sin que pueda ahora escudarse, para invalidar su consentimiento, en el hecho de que no se le calculara el importe exacto de su indemnización en caso de improcedencia, o en que la representante sindical le recomendara efectuar tal propuesta, finalmente aceptada por la empresa, por cuanto dicho consejo no la vinculaba, sin que conste prueba alguna del consentimiento de la demandante a la hora de firmar el acuerdo transaccional estaba viciado.

SEGUNDO.-Frente a tal razonamiento desestimatorio, al amparo del art. 193.c) de la LRJS, formula la recurrente cuatro motivos de censura jurídica, el primero de los cuales denuncia la infracción del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 56.1 de la misma Ley, y de la Jurisprudencia que lo interpreta, recogida, entre otras, en las Sentencias de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2011, Rec. 4622/2010.

Sostiene la recurrente, en síntesis, que la cuantía de la indemnización fijada en el escrito de 8/11/2023 fue de 18.000,00 € "en concepto de cuantía transaccional e indemnizatoria",cuando la indemnización que correspondía a la trabajadora por despido improcedente, conforme a su antigüedad en la empresa (22/09/2003) y salario (mensual de 2038,60 euros brutos, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias), era de 48.256,27 €, por lo que la indemnización pactada fue del 37'30% de la cuantía que le correspondía en aplicación del artículo 56.1 del E.T., lo que supone la renuncia de un derecho reconocido por disposición legal a la trabajadora y la, consecuente, vulneración de la prohibición de renuncia de derechos del artículo 3.5 del E.T. En soporte de tal denuncia invoca las STS de 21 de julio de 2009, Rec. 1067/2008, STS de 11 de octubre de 2011, Rec. 4622/2010 y STJS Andalucía (Sevilla) de 22 de julio de 2014, Rec. 1579/2013.

La demandada se opone a tal censura jurídica y denuncia que la misma se fundamenta en un error o trampa, por la que se altera arteramente el orden de las cosas: no hay un reconocimiento de improcedencia sin más sino que, en un marco de transacción (como en cualquier conciliación extrajudicial o judicial), se alcanza un acuerdo tras un despido, en el que se pacta una indemnización, y la empresa se compromete a reconocer la improcedencia del despido ante el TAMIB, de tal forma que, si no hubiera existido acuerdo con la indemnización (con la concreta indemnización que se pactó: los 18.000 euros), no habría tenido lugar la suscripción de ese documento, ni el compromiso de reconocimiento de la improcedencia.

Debe ser desestimada este primer motivo de recurso, que -como bien razona la recurrida- parte de unas premisas fácticas que no se ajustan ni a la declaración de hechos probados ni a las relevantes afirmaciones fácticas incluidas en la fundamentación jurídica, no habiendo sido controvertidas ni unas ni otras.

En concreto, en el hecho probado segundo, no controvertido, se recoge que la entrega de dicha carta de despido se llevó a cabo al final de la jornada por parte de la Gerente laboral, en presencia del Coordinador de Planta, y una representante legal de los trabajadores, que la actora leyó para sí la carta de despido, junto a dicha representante laboral, expresando su disconformidad con la misma y firmando "no conforme", tras lo cual, la Gerente propuso la posibilidad de llegar a un acuerdo, a fin de evitar posteriores litigios y ofrecer un importe indemnizatorio a la actora, entregando a tal fin el documento en el que se contenía el acuerdo entre las partes, con el espacio correspondiente al importe de la indemnización en blanco, ofreciendo a la demandante el importe de 10.000 euros como indemnización.

La actora rechazó la oferta pero solicitó quedarse a solas con la representante sindical durante 10-15 minutos, explicándole la representante que el importe que podría percibir por la improcedencia del despido es el equivalente a 33 días de salario por año de servicio, manifestando a continuación la demandante a la representante sindical que aceptaría el importe de 20.000 euros, lo que fue trasladado a la Gerente que, si bien rechazó dicho importe, solicitó se rebajara un poco el importe, a fin de poder solicitar autorización para aceptar el acuerdo, por lo que entonces la actora propuso la cifra de 18.000 euros, importe finalmente aceptado por la empresa. Tanto la Gerente laboral como la representante sindical explicaron a la demandante cómo debía proceder en caso de firmarse el acuerdo -presentar papeleta de conciliación ante el TAMIB y ratificarse en el mismo- advirtiéndole que una vez firmado el acuerdo, ya no podía reclamar nada. El tiempo total de la reunión fue de una hora y quince minutos aproximadamente.

En el hecho probado tercero se reproduce íntegramente el acuerdo transaccional firmado, de los que -por su relevancia- reproducimos el segundo y cuarto:

"Segundo. - Acuerdo transaccional: Que la empresa, con el fin de evitar un procedimiento judicial, ofrece al trabajador, a los efectos del presente acuerdo, el abono de la cantidad de #DIECIOCHO MIL #18.000€# en concepto de cuantía transaccional e indemnizatoria, la cual es fruto de la negociación entre las partes e inferior a la cantidad que correspondería, en su caso, por despido improcedente. Que el trabajador acepta. (...)

Tercero.- Valor liberatorio.- Ambas partes, con el abono de las cantidades citadas anteriormente, convienen que el contrato laboral que les ha unido se tenga por rescindido, y la relación laboral saldada y finiquitada con efectos del día 08/11/2023, haciendo constar que no tiene nada más que reclamarse por ningún concepto de ninguna clase derivada de la relación laboral mantenida, dando por ello plenos efectos al presente acuerdo.

Cuarto.- Ratificación ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB) a los solos efectos fiscales

Que teniendo plenos efectos este acuerdo desde su firma, el trabajador se compromete a presentar papeleta de conciliación en el plazo de 7 días hábiles para ratificar los términos económicos de este acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares de cara a los correspondientes efectos fiscales. Una vez realizado el acto de conciliación ante el TAMIB, en el cual la empresa reconocerá la improcedencia del despido, se procederá a abonar la cantidad de indemnización mencionada en el apartado segundo mediante transferencia bancaria en el plazo de 5 días hábiles y en la cuenta corriente en que se acuerde en el acta de conciliación. En caso de no presentar la papeleta de conciliación o no ratificar este acuerdo en los mismos términos económicos alcanzados en este documento, la empresa procederá a descontar de la indemnización pactada la cantidad que corresponda legalmente por IRPF, transfiriendo igualmente la cuantía resultante según lo establecido en este párrafo.

Como es de ver, a la vista de los hechos probados, el orden de los factores sí altera el producto: como acertadamente pone de manifiesto la parte recurrida, la empresa, al comunicar el despido, no reconoció en absoluto su improcedencia, sino que le ofreció a la actora negociar una solución pactada "a fin de evitar posteriores litigios y ofrecer un importe indemnizatorio a la actora",importe que, después de una negociación en la que la demandante estuvo asesorada por la representante laboral, la empresa aceptó la propuesta que ella -la demandante- había efectuado en el importe de 18.000€, casi el doble del importe inicialmente ofertado por la empresa.

En contra de lo que sostiene la recurrente, en el apartado segundo del acuerdo transaccional firmado el mismo día 8.11.23, la empresa no solo no reconoce la improcedencia del despido (lo que sí podría justificar la acción de la demandante en reclamación de mayor indemnización), sino que, cuando se concreta el importe de la indemnización pactada, 18.000€, se precisa -a continuación- que el mismo es inferior a la cantidad que correspondería en su caso por despido improcedente. Y no es hasta el cuarto apartado del acuerdo -titulado "ratificación ante el TAMIB a los solos efectos fiscales"-donde la empresa se compromete a reconocer la improcedencia del despido.

Por consiguiente, y como ya se ha anticipado, debe ser desestimado este primer motivo de censura jurídica.

TERCERO.-En la segundo motivo de recurso, indisociable del anterior, se denuncia la infracción de los artículos 1261, 1265, 1266, 1269 y 1817 del Código Civil, al considerar que en el proceso de negociación propiciado por la empresa en el momento inmediatamente posterior a la comunicación de su despido disciplinario, en fecha 8.11.23, se le llevó a un error sobre la cuantía que legalmente le correspondía por despido (la propia del improcedente), impidiéndole conocer, en contra de lo afirmado por la Juez a quo, el verdadero y real alcance económico de lo que firmaba, "encontrándose el ánimo de ésta absoluta y totalmente condicionado y alterado en razón de los elementos de hecho concurrentes, hasta el punto de que debe considerarse que no hay libertad real en la emisión de la declaración de voluntad", lo que priva de efectos, ex artículos 1817 en relación con el 1265 del Código Civil, al acuerdo transaccional de 8/11/2023 al no existir consentimiento válido en la trabajadora, fundamentando dicha denuncia en la jurisprudencia sentada en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 302/2023 de 7 de febrero de 2023, Rec. 2917/2022, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 1692/2021 de 27 de abril de 2021, Rec. 4087/2020.

A esta segunda denuncia opone la demandada que sí se produjo una auténtica negociación previa al acuerdo final, con una primera oferta de la empresa (10.000) que fue rechazada de plano por la trabajadora, una contraoferta de la trabajadora (20.000) que fue contestada por la gerente laboral de la empresa señalando que era muy elevada para sus posibilidades, y una segunda contraoferta de la trabajadora (18.000), finalmente aceptada por la empresa, añadiendo que la representante legal de los trabajadores le indicó a la trabajadora que la indemnización por despido improcedente sería de 33 días/año de servicio, circunstancias todas ellas muy distintas a las analizadas en las sentencias invocadas.

Debe ser desestimada también esta denuncia, a la vista de lo razonado por la juzgadora de instancia en el FJ IVº, en base a hechos probados que -al no haber sido controvertidos por la recurrente- determinan que la Sala deba asumir íntegramente:

"... la Sra. Emilia pudo calibrar y entender los términos del acuerdo, que le fueron explicados tanto por la Gerente laboral como por la Representante sindical, quien le advirtió que la firma del mismo significaba que nada más podría reclamar frente a la empresa. Pero es que además, se da en este caso una particularidad que revela indubitadamente que la actora era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo en esa reunión, puesto que participó activamente en la fijación de la cuantía indemnizatoria, ofreciendo ella misma la cifra de 20.000 euros, e incluso de 18.000 euros al manifestarle la Sra. Rafaela que esa cifra era muy elevada. No puede ahora escudarse, para invalidar su consentimiento, en el hecho de que no se le calculara el importe exacto de su indemnización en caso de improcedencia, pues se le informó de que le correspondían 33 días de salario por año de servicio, con lo que pudo efectuar un cálculo sobre la cuantía que podría corresponderle. Tampoco puede escudarse la actora en que la Sra. Berta le manifestó que, a su parecer, la cifra de 20.000 euros era adecuada, pues la representante sindical compareció a esa reunión para asesorar y resolver las dudas que pudieran surgir a la trabajadora, quien no estaba obligada a aceptar dicha cifra solamente por el hecho de que la Sra. Berta entendiera que era razonable. En cualquier caso, consta que la Sra. Emilia manifestó su rotunda disconformidad tanto con la carta de despido como con la oferta inicial de 10.000 euros, por lo que pudo expresar libremente su parecer."

Por otra parte, analizadas las sentencias invocadas por la recurrente -las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 302/2023 de 7 de febrero de 2023, Rec. 2917/2022, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 1692/2021 de 27 de abril de 2021, Rec. 4087/2020- no resultan de aplicación en el presente caso por cuanto en las situaciones analizadas y resueltas por las mismas son muy distintas, al no consta un proceso de negociación como el acreditado en las presentes actuaciones, con asesoramiento de una representante laboral, quien informó al demandante "que el importe que podría percibir por la improcedencia del despido es el equivalente a 33 días de salario por año de servicio",ni que el importe final fuera el propuesto por la actora y aceptado -previa consulta con la Dirección- por la empresa, todo lo cual se recoge en el hecho probado segundo y no ha sido controvertido, lo que determina la concurrencia de un incuestionable proceso de negociación como acertadamente ha entendido la juzgadora de instancia.

Esta segunda censura jurídica, por consiguiente, debe ser también desestimada, sin perjuicio de la consideración que el ponente considera oportuno efectuar al final de la presente sentencia.

CUARTO.-El tercer motivo de recurso denuncia la infracción del artículo 1809 del Código Civil, y de la Jurisprudencia dictada en materia de validez de documento transaccional, recogida, entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, de 3 de diciembre de 2014, Rec. 2253/2013.

Sostiene la recurrente, en síntesis, que la transacción, como contrato por el que las partes solucionan una controversia mediante recíprocas concesiones, se integra, básicamente de dos elementos, un derecho discutido en su propia existencia o en su contenido, y, en segundo lugar, recíprocas concesiones, a fin de que no sea únicamente una de las partes la que renuncie, ceda y haga concesiones. Y que el acuerdo transaccional de 8 de noviembre de 2023 no recoge ningún acuerdo entre las partes sobre la resolución de la relación laboral porque su extinción se produjo por un acto unilateral del empresario (despido) con efectos inmediatos, sino que tiene solo un contenido de renuncia por la trabajadora a la acción del despido y a un 67% de la cuantía legalmente tasada y establecida para el caso de despido improcedente, lo que resulta contrario al art. 3.5 del ET, reiterando lo ya aducido en el primer motivo de recurso, "por cuanto del tenor del propio documento del acuerdo resulta la improcedencia del despido comunicado previamente a la trabajadora",por lo que concluye que " concurren elementos suficientes en su conjunto, por las razones expuestas, para reputar que la transacción en este caso no cumple los requisitos y exigencias legales para la validez y producción de efectos de un contrato de transacción y no contiene una equilibrada y correlativa cesión de derechos por ambas partes, sino que únicamente hay cesión de la trabajadora, pero no por parte de la empresa",invocando la doctrina de la STS de 11 de mayo de 2017, y de 13 de mayo de 2013 conforme "el finiquito viene sometido como todo acto jurídico o pacto del que es emanación externa a un control judicial, control que debe recaer, fundamentalmente, sobre todos aquellos elementos esenciales del pacto previo -mutuo acuerdo, o en su caso transacción- en virtud del cual aflora al exterior y es, con motivo de este examen e interpretación, cuando puede ocurrir que el finiquito pierda su eficacia normal liberatoria, sea por defectos esenciales en la declaración de la voluntad, ya por falta del objeto cierto que sea materia del contrato o de la causa de la obligación que se establezca [ art. 1261 CC ], ya por ser contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros ( SSTS 28/02/00 SG -rcud 4977/98 -; 24/07/00 -rcud 2520/99 -)".

La demandada se opone también a esta censura jurídica, por los motivos ya aducidos anteriormente, reiterando que "el despido lo decide unilateralmente la empresa, cierto, pero una vez realizado en firme, con la correspondiente notificación de la carta de despido, la empresa exploró la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la extinción (la indemnización) estando por la labor la trabajadora, quien no estaba obligada a sentarse a negociar nada. Y en esa negociación se alcanzó un acuerdo no sólo en presencia continua de la representación legal de los trabajadores, sino con su participación activa y asesoramiento."

Debe ser desestimada también esta tercera censura jurídica, por los motivos de desestimación ya expresados respecto de las dos anteriores, al ser un refundido de las mismas.

QUINTO.-La cuarta y última censura jurídica denuncia la infracción de los artículos 1124 y 1281 del Código Civil.

Desde un planteamiento distinto al de los tres motivos anteriores, orientados a invalidar el acuerdo transaccional alcanzado en fecha 8.11.23, esta última censura jurídica viene a denunciar el incumplimiento del mismo por parte de la empresa, al no reconocer la improcedencia del despido en el intento de conciliación ante el TAMIB.

Así, frente al razonamiento del IVº FJ de la sentencia recurrida, denuncia la recurrente que la demandada incumplió su compromiso de reconocer la improcedencia del despido en el acto de conciliación ante el TAMIB, al oponerse a la papeleta de conciliación, sin realizar ofrecimiento alguno económico, ni de ningún otro tipo, ni siquiera hizo valer en dicho acto la existencia y validez del documento de constante referencia y mención, incumpliendo los términos del acuerdo de fecha 8.11.23, lo que, conforme al artículo 1124 del Código Civil y la jurisprudencia que invoca, veda la posibilidad de aquélla de pretender la plena validez del documento cuyos acuerdos no ha cumplido, cuando la sentencia recurrida avala que Mercadona no satisficiera la cantidad de 18.000,00 €, al descontar la cantidad correspondiente al IRPF.

A esta última censura jurídica también se opone la demandada quien, invoca y reproduce el tenor literal del apartado 4º del acuerdo transaccional de 8.11.23, al establecer "plenos efectos este acuerdo desde su firma",y que "el trabajador se compromete a presentar papeleta de conciliación en el plazo de 7 días hábiles para ratificar los términos económicos de este acuerdo en el TAMIB..., en el cual la empresa reconocerá la improcedencia del despido, se procederá a abonar la cantidad de indemnización mencionada en el apartado segundo mediante transferencia bancaria en el plazo de 5 días hábiles y en la cuenta corriente en que se acuerde en el acta de conciliación",con la previsión de que "En caso de no presentar la papeleta de conciliación o no ratificar este acuerdo en los mismos términos económicos alcanzados en este documento, la empresa procederá a descontar de la indemnización pactada la cantidad que corresponda legalmente por IRPF, transfiriendo igualmente la cuantía resultante según lo establecido en este párrafo."

Debe ser desestimada también esta última censura jurídica: como acertadamente razona la sentencia en el último fundamento jurídico, el acuerdo transaccional devino válido desde su firma y desplegó sus plenos efectos con independencia de su ratificación en el TAMIB, a la cual no se condicionó su validez, "pues en dicho acuerdo ya se prevén las consecuencias de una eventual no presentación de la papeleta o no ratificación del mismo ante el TAMIB",sin configurarse como una condición suspensiva o desencadenante de los efectos, ya que dicha ratificación -como indica el título del apartado 4º- es "a los solos efectos fiscales",por lo que empresa, visto que la trabajadora no ratificó el acuerdo, procedió a descontar de la indemnización pactada la cantidad que corresponda legalmente por IRPF, transfiriendo igualmente la cuantía resultante según lo establecido, tal como se refleja en el hecho probado 5º.

SEXTO.-La desestimación de esta última censura jurídica comporta, lógicamente, la del recurso en su integridad, con plena confirmación de la sentencia de instancia, no sin añadir a la misma un mínimo razonamiento procesal que justifique la apreciación de la excepción de falta de acción de la demanda por despido (que la sentencia de instancia no expresa, quizás por considerarlo innecesario):

En el primer punto del acuerdo transaccional ambas partes "convalidan la extinción de la relación laboral comunicada por la empresa con fecha y con efectos del día 8.11.23",fecha de efectos de la extinción que se ratifica también en el punto tercero. Por ello, al haber alcanzado las partes un acuerdo indemnizatorio transaccional respecto al despido disciplinario comunicado, que tanto la instancia como la Sala consideran válido (al haber desestimado los motivos de nulidad o invalidez invocados), ello determina que dicho acuerdo cumpla sus plenos efectos extintivos -así como liberatorio y de renuncia de acciones- desde el día de su firma, 8.11.23, lo que determina la inviabilidad procesal de la acción impugnatoria del despido y la apreciación de la falta de acción.

SÉPTIMO.-Compatible con la anterior conclusión, considera oportuno el ponente advertir -a título personal- que esta práctica empresarial estandarizada de propiciar este tipo de negociaciones en forma inmediatamente posterior a la comunicación del despido disciplinario -y que puede propiciar situaciones de desprotección, defectuosa información o desequilibrio negocial entre las partes- debe ser necesariamente replanteada a partir de la reciente publicación de la sentencia de Sala General del Tribunal Supremo nº 1250/24 de fecha 18.11.24 que, como es sabido y con rectificación de la doctrina anterior, ha declarado directamente aplicable el derecho de audiencia previa a todo despido disciplinario establecido en el art. 7 del Convenio nº 158 de la OIT, a fin de dar oportunidad al trabajador/a a defenderse de los cargos que pudieran fundamentar el ulterior despido. Ello, probablemente, propiciará una negociación más equilibrada, con mayores garantías para el trabajador/a, al conocer previamente las imputaciones efectuadas y su relevancia disciplinaria y poder valorar con mayor calma sus opciones de defensa -con el asesoramiento que ella elija y no el facilitado por la propia empresa, aunque sea representante laboral/sindical- así como la posibilidad de reconsideración del despido por parte de la empresa.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,