Sentencia Social 1773/2024 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 1218/2024 de 16 de julio del 2024

PRIMERO.-El juzgado de lo social número cinco de Bilbao ha dictado sentencia el 06/02/2024 en su procedimiento sobre despido con tutela de derechos fundamentales en el que el trabajador actor impugnaba la decisión empresarial adoptada por su empleadora ECOLOGÍA Y ESPACIO SL de despedirle el 15/02/2022 con efectos de 02/03/2022 por causas objetivas, productivas y económicas, solicitando se declare la nulidad del despido por vulneración del derecho de libertad sindical y huelga.

El actor prestaba servicios como oficial forestal desde 2014 para la referida empresa ECOLOGÍA Y ESPACIO SL, que le despidió por causas objetivas productivas/económicas con amortización de su puesto de trabajo, junto a otros ocho trabajadores, despido basado en la carta en que, como el actor, ocupan puestos de trabajo de motoserristas, y su principal cliente Iberdrola ha decidido no renovarles el contrato desde 28/02/2922, alegando la carta que viene disminuyéndose la facturación desde que Iberdrola redujo el contrato minorando las áreas geográficas asignadas a partir de enero 2020. La empresa además decidió trasladar a otros siete trabajadores, que dice que ocupan puestos de podadores, a otras áreas geográficas.

El actor solicita se declare el despido nulo/improcedente, negando que exista causa objetiva que justifique la extinción sino que ha sido provocada por la empleadora, ya que el motivo es la sindicación del actor a CNT con vulneración de la libertad sindical y del derecho de huelga al haberse convocado paros en noviembre y diciembre 2021.

La sentencia ha estimado la demanda, asumiendo la tesis del trabajador actor y declarando la nulidad del despido, condenando a dicha empresa a la readmisión del trabajador, por vulneración del derecho de libertad sindical y derecho de huelga. Aprecia numerosos indicios de que el despido ha obedecido a la condición del actor afiliado a C.N.T. y a las reclamaciones que ha formulado dicho sindicato sobre las condiciones laborales, y también con vulneración del derecho a la huelga, lo que deduce de la advertencia de la empresa de que los trabajadores que secundaran los paros tendría menos vacaciones y los que no los secundaran cobrarían una retribución de 700 €.

Añade la juzgadora que la empresa no ha acreditado una justificación suficiente del despido del actor ajena a cualquier ánimo de represalia por venir ejerciendo su derecho a la libertad sindical y huelga, y que según la prueba pericial la causa económica y productiva existe pero viene originada por la previa vulneración de los derechos fundamentales, la negativa de la empleadora a negociar con CNT, y la actuación de la empresa durante el ejercicio de la huelga ha provocado la extinción del contrato y la drástica reducción de los ingresos a finales de 2021, y sobre todo en 2022, por la pérdida del cliente principal.

Frente a dicha sentencia ha recurrido la empresa en suplicación solicitando se estime el recurso, se revoque la sentencia de instancia y se declare la procedencia del despido objetivo. Lo hace a través de un primer motivo en el que pretende varias revisiones fácticas y un segundo motivo de censura jurídica.

El recurso sido impugnado por la representación del actor, que ha solicitado se desestime y se ratifique la sentencia de instancia, con expresa condena en costas a la recurrente.

SEGUNDO.-El primer motivo de recurso se plantea al amparo del artículo 193 b LRJS pretendiendo varias revisiones fácticas, que se ordenan en varios apartados.

Hemos de recordar que la prosperabilidad del recurso de suplicación por dicho cauce procesal exige: a) que la equivocación que se imputa al juzgador en los hechos probados, resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o razonamientos, más o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en autos que así lo evidencien; b) que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria; c) que los resultados postulados, aún deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del juzgador a quo,a quien le está reservada la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar la revisión fáctica en el recurso de suplicación, de naturaleza extraordinaria, que a diferencia de la apelación civil, no faculta a la Sala para la revisión de lo actuado.

Y adelantamos que vamos a desestimarlas, pues no se cumplen los anteriores parámetros.

En el apartado A, solicita la modificación del primer párrafo del hecho probado segundo, proponiendo otra redacción que diga:

"En fecha 15 de febrero de 2022, tras la no renovación por parte de IBERDROLA del contrato de prestación de servicios que la unía con la mercantil demandada, ésta hubo de adoptar medidas de reestructuración laboral, comunicando a todos sus trabajadores adscritos a dicha contrata que prestaban servicios en la zona geográfica de Bizkaia, 7 traslados a Francia y Valladolid (los que ostentaban el puesto de trabajo de podador) y 9 despidos objetivos por causas productivas y económicas (los que ostentaban el puesto de trabajo de técnico especialista motoserrista) con efectos 2 de marzo de 2022, siendo uno de ellos el actor. La carta de despido objetivo comunicada al actor se da íntegramente por reproducida y entre otros extremos, recogía: (...)"

Se apoya en los documentos que indica: acuerdos extrajudiciales con trabajadores despedidos objetivamente y trasladados a Francia por las mismas causas que el actor, carta de despido objetivo e informe sobre los contratos de prestación de servicios de la demandada.

Pretende demostrar así que la extinción de la relación laboral del actor es conforme a derecho y no está basada en ningún móvil discriminatorio por su afiliación a un sindicato o por haber secundado la huelga, sino que está basada en la decisión de Iberdrola de no prorrogar el contrato de prestación de servicios que les unía, lo que obligó a la empresa demandada a realizar una restructuración laboral que afectó a todos los trabajadores adscritos a la prestación de servicios para Iberdrola.

Vamos a desestimar este apartado del motivo porque no cumple con los anteriores parámetros. Los documentos indicados no demuestran que la sentencia cometa ningún error en forma de omisión evidente relevante para la resolución de la cuestión planteada.

En primer lugar, se indican numerosos documentos (folios 357-388, folios 18-27, folio 329) sin especificar a esta sala dónde se encuentra en concreto el error que se imputa a la sentencia, lo que exige una operación de valoración de la prueba más que la propia de este motivo de mera constatación de un error.

La no renovación por parte de Iberdrola del contrato de prestación de servicios que le unía con la empresa demandada a comienzos de 2022 es un hecho asumido tanto por la sentencia (hecho probado 13º y fundamento jurídico sexto) como por la parte actora en su escrito de impugnación del recurso. Pero el que por tal rescisión la empresa "hubo de adoptar medidas de restructuración laboral" no constituye ningún error judicial fáctico, sino que introduce un razonamiento valorativo, impropio del relato fáctico y de las posibilidades de este motivo, que rechazamos.

De los documentos que se señalan tampoco se deduce que estuvieran afectados por traslados o despidos todos los trabajadores adscritos a la contrata de Iberdrola, sino que como mucho la carta de despido -que recoge meras manifestaciones de parte-, indica que estuvieron afectados siete trabajadores con un traslado y nueve con un despido, pero no sabemos si esos eran todos los asignados a la prestación de servicios con Iberdrola en Bizkaia.

En el segundo apartado B, se pretende la modificación del hecho probado tercero con determinadas adiciones y, en concreto, para que se añada que el importe neto de la cifra de negocios en 2021 fue de 3.632.061 €; que el resultado del ejercicio 2020 fue de 2209 € y en 2021 fue de -401.979,8 €; y que dicha situación ha persistido en el año 2022 con unas pérdidas de 603.627,93 €.

En este caso, se basa en el documento número cuatro y número cinco de la parte demandada (folios 274-311 y 312-351) consistentes en informe pericial, informe de auditoría de cuentas anuales e informe de gestión que entiende el recurrente acreditan la situación negativa con causas productivas y económicas en el momento del despido, que ya concurría en los años precedentes 2019-2021, con independencia de la huelga y de la afiliación de los trabajadores al sindicato C.N.T. durante los meses de noviembre y diciembre 2021 y de las concretas reclamaciones realizadas a lo largo de 2021.

También vamos a desestimarlo, por cuanto que en el ordinal que pretende modificarse la juzgadora se basa en el documento 1 de parte actora, que son las cuentas depositadas en el Registro mercantil. El motivo se apoya en otros documentos e informes periciales que, por tanto, ya han sido tomados en consideración por la juzgadora, dando valor probatorio al documento 1 de la actora, por lo que la adición implica realizar una nueva valoración de la prueba y no la constatación de un mero error evidente.

En cualquier caso, al comienzo del fundamento jurídico sexto dice "a pesar de la prueba pericial practicada y ratificada que esta juzgadora no pone en duda".Por lo tanto, entendemos que la magistrada no cuestiona la situación económica de la empresa demandada en la fecha del despido concurriendo causas productivas y económicas, y así lo especifica en su fundamento jurídico sexto, cuando dice "En efecto, correspondiéndose las causas productivas con aquellas en las que se producen cambios en la demanda de productos y servicios de la empresa pretende colocar en el mercado, esto sí ha acontecido, al igual que las económicas, pero originado en las vulneraciones señaladas".

En el apartado C se solicita la modificación del hecho probado sexto de la sentencia, para añadir a su redacción al final del mismo "por no tener ningún soporte legal, ni estar amparados en el pacto de fin de huelga de julio de 2021".

Se apoya en el documento obrante al folio 186 consistente en una comunicación empresarial al sindicato C.N.T., en la que la empresa efectivamente alega que esa es la razón de no entregar la documentación requerida, y con ello pretende acreditar que no fue una alegación rotunda ni caprichosa.

Vamos a desestimar también este apartado del motivo por cuanto que, si bien la adición pretendida se deduce literalmente del documento que se indica, ello no demuestra que la negativa a entregar tal documentación fuera justificada, como parece intentar demostrar el recurrente, sino que únicamente recoge que esa fue la posición empresarial, por lo que carece de relevancia.

Enel apartado D se pretende la modificación del hecho probado 10º, para sustituir la redacción judicial por otra que diga lo siguiente:

"DÉCIMO.-La empresa a finales del año 2021 comunicó a todos sus trabajadores la exigencia por parte de tres de sus clientes (IBERDROLA, RTE y CLH) de finalizar los servicios contratado antes de finalizar el año para dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios suscritos con los mismos.

En aras a fomentar la productividad de sus trabajadores, ECOESPACIO ofreció un incentivo de 700 euros brutos a los trabajadores afectos a dichos contratos si alcanzaban el objetivo exigido para el año 2021 por parte de dichos clientes, siendo abonados en la nómina de febrero de 2.022"

Entiende que la modificación es relevante para subrayar que se realiza a todos los trabajadores de la empresa y no solo a aquellos que secundaron la huelga, a fin de intentar cumplir con los contratos firmados con sus clientes sin que fuera su intención, minorar los efectos de la huelga.

Se apoya en el documento obrante al folio 248, que es el mismo documento 7 en el que se basa la juzgadora para la redacción ordinal 10º, por lo que ya ha sido valorado y no se aprecia en el mismo ningún error relevante que justifique la supresión de la redacción judicial. Por otro lado, deducimos del párrafo segundo del fundamento jurídico quinto de la sentencia que se asume el contenido del documento 7 de la parte actora y, por tanto, que el abono de los 700 € se comunicaban a los trabajadores que prestaban servicios en los contratos reflejados en ese documento.

La redacción propuesta, en cualquier caso, contiene elementos valorativos como "en aras a fomentar la productividad de sus trabajadores"impropios de las posibilidades de este motivo. Además, resulta irrelevante ya que el hecho de que el ofrecimiento de la remuneración de 700 € brutos se realizara a todos los trabajadores no sirve para desacreditar la conexión de dicho ofrecimiento con esa huelga, ya que entre esos trabajadores están incluidos los que ejercían el derecho de huelga.

Por último, en el apartado E de este primer motivo se solicita la supresión de los hechos probados 11 y 12 de la sentencia de instancia alegando que, al estar fechados los documentos de los que se refiere en los años 2019 y 2020, no guardan relación causal ni temporal con la razón real de la restructuración laboral, que no fue otra que la situación productiva y económica de febrero de 2022, como consecuencia de la situación económica de la compañía con pérdidas arrastradas desde 2019, que en 2021 ascendieron a 401.979,8 € y la decisión de Iberdrola de no renovar la vigencia del contrato.

Nuevamente debemos desestimar el motivo en este aspecto por cuanto que no apreciamos ni se intenta constatar ningún error evidente basado en medio de prueba idónea, que ni siquiera se intenta introducir. Si el recurrente intenta demostrar que los referidos hechos probados recogen hechos que no son idóneos para fundamentar la conclusión judicial de la nulidad del despido lo debería hacer valer a través del motivo del artículo 193 c LRJS, en sede de censura jurídica.

La desestimación íntegra del motivo conlleva que el relato fáctico queda inalterado.

TERCERO.-Al amparo de lo establecido en el artículo 193 c LRJS, en el segundo motivo se plantea la vulneración del artículo 54 c y 55.5 ET, artículo 7, 28.1 y 28.2 CE y jurisprudencia concordante.

En este segundo motivo el recurrente entiende que la sentencia comete vulneración del artículo 54 c y 55.5 ET, artículo 7, 28.1 y 28.2 CE y jurisprudencia concordante, y que procede la calificación como procedente del despido objetivo por causas productivas y económicas, ofreciendo las siguientes razones en distintos apartados:

A: solicita que la sala reconsidere la tesis de la juzgadora de instancia y desestime la demanda por despido interpuesta por la actora, calificando el despido objetivo por causas productivas y económicas operado por la empresa recurrente como procedente, y no como despido nulo ni improcedente, por considerar que las causas alegadas en la carta de despido son reales y no están relacionadas con la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical o huelga ejercitado por el actor.

Sostiene que la decisión de la empresa de prescindir del actor, y de ocho trabajadores más, no ha sido caprichosa, sino justificada en una causa legal, objetiva, real, suficiente y actual: la causa productiva consiste en la rescisión de la prestación de servicios que la demandada estaba prestando para Iberdrola notificada el 27/12/2021 con efectos de 28/02/2022, lo que produjo nueve amortizaciones de puestos de trabajo en marzo de 2022 y seis traslados a Francia, afectando a todos los trabajadores adscritos a este prestación de servicios, con independencia de su afiliación al sindicato C.N.T. Y que la causa económica es una situación claramente negativa con una continua contracción de ingresos que ha ocasionado un grave deterioro en los resultados y pérdidas en 2021 y 2022.

C (no hay B): añade que no existe vulneración del derecho de libertad sindical por parte de la empresa, como afirma el fundamento de derecho cuarto de la sentencia. Entiende que la sentencia parece asumir que la empresa tenía la obligación de atender a todas las reclamaciones del sindicato C.N.T., no valorando si las mismas eran desproporcionadas o sin amparo legal. Añade que la restructuración laboral llevada cabo por la empresa afectó a todos los trabajadores que prestan servicios para Iberdrola, con independencia de su afiliación sindical, y que más del 90 % de los trabajadores adscritos a dicha contrata estaban afiliados a la C.N.T., por lo que el criterio de designación de la empresa para amortizar puestos de trabajo no fue precisamente la afiliación a ningún sindicato. También discrepa de que se hubieran planteado "numerosísimos" PRECOS sino solo dos, en concreto, dos solicitudes de conciliación-mediación en conflicto colectivo, el 25 de enero y el 13 de octubre de 2021

D: en este apartado razona la inexistencia de vulneración del derecho de huelga por parte de la empresa.

Expone que la empresa ha respetado el derecho de huelga de los trabajadores en toda su extensión, no sustituyendo ni limitando su ejercicio de ninguna manera y que la advertencia del empleador de disminución de días de vacaciones a los trabajadores nunca se hizo efectiva y la comunicación del ofrecimiento de retribución de finales del ejercicio 2021 se notificó a todos los trabajadores y no solo a los que ejercían su derecho de huelga, por lo que esas solas circunstancias no justifican la vulneración del derecho de huelga.

E: en el último apartado, razona la ausencia de nexo causal entre la supuesta vulneración de derechos fundamentales y las causas objetivas, productivas y económicas que fundamenta en el despido del actor.

Expone que la decisión de Iberdrola de rescindir libremente el contrato es ajena a la empresa recurrente y prueba de ello es que no hay ningún contrato de prestación de servicios posterior a 2022. Añade que la negativa situación económica de la compañía comenzó en el año 2019, por lo que es sorprendente que la sentencia haya concluido que la situación económica negativa de la empresa tiene como causa la acción sindical ejercida en 2021. Añade que es obvio que ninguna empresa de manera voluntaria realiza acción contra sus intereses, provocando la rescisión contractual con clientes y pérdidas económicas cuantiosos.

Vamos a desestimar el motivo íntegramente, por cuanto que entendemos que, a tenor de la convicción judicial fáctica de la instancia, no se han cometido las infracciones denunciadas. Esta convicción judicial se basa no solo en la prueba documental, sino también en la testifical (fundamento jurídico cuarto), así como en el interrogatorio de parte y pericial (fundamento jurídico primero).

La juzgadora asume que en la demandada concurren causas productivas y económicas según la prueba pericial practicada, y en concreto, la drástica reducción de los ingresos a finales de 2021 y 2022, habiéndose desarrollado la huelga en 2021, y la rescisión del contrato con el cliente Iberdrola en 2022, pero entiende también que es una rescisión de alguna manera provocada por la empresa demandada al no dar el servicio para el cual fue contratada, negándose a negociar con C.N.T., y relacionada por tanto con el despido despedir de los trabajadores y con su afiliación al sindicato C.N.T., debido a las huelgas y reivindicaciones realizadas.

El relato fáctico recoge una clara situación de conflictividad en la empresa, entre esta y la sección sindical de C.N.T. Los hechos probados hacen referencia a comunicaciones de CNT a la empresa desde el año 2019 (HP11) así como a la inicial negativa empresarial al reconocimiento de la sección sindical de CNT (HP4), a solicitudes de conciliación-mediación en conflicto colectivo ante el Consejo de relaciones laborales en 2021: en enero 2021 y octubre 2021 (HP 4 y 6), a una huelga entre ambas convocada por CNT que finalizó por un pacto de fin de huelga de julio 2021 (HP5), al posterior despido del delegado sindical de C.N.T. el 27 julio 2021 (HP 7), a requerimientos por parte de la sección sindical de C.N.T. en septiembre 2021 sobre información considerando se había incumplido el pacto de fin de huelga (HP5) negándose la empleadora a entregarla por considerar que no tenía obligación (HP5), a otra convocatoria de huelga en noviembre o diciembre 2021, en el curso de la cual en noviembre 2021 la empresa informó a los trabajadores que si secundaban la huelga tendrían minoradas sus vacaciones proporcionalmente (HP8), así como otra comunicación empresarial de finales de 2021, ofreciendo una remuneración extra de 700 € a cada trabajador que alcanzara los objetivos marcados en los diferentes contratos a abonar en febrero 2022 (HP10), a una comunicación de la sección sindical de C.N.T. el 28/01/2022 a la empresa de su decisión de constituir la sección sindical y renovándose los cargos y mostrando el rechazo al desmantelamiento del centro de trabajo de Barakaldo junto con otras denuncias (HP9). En el fundamento jurídico cuarto, además, se refiere expresamente a grabaciones de mediados de 2020, donde de manera expresa el administrador de la empleadora manifestaba "no quiero ni una puta carta más del sindicato".

En este contexto Iberdrola comunica la rescisión del contrato que le unía con la demandada con efectos de finales de febrero de 2022 (HP 13) y la empresa decide el despido de ocho trabajadores y el traslado de siete, siendo la mayoría afiliados al sindicato C.N.T., según se asume en el segundo párrafo del fundamento jurídico cuarto.

La empresa insiste en que la decisión de despido se basó en causas objetivas, pero no tenemos datos para contradecir la conclusión judicial.

Por un lado, la juzgadora asume la concurrencia de numerosos indicios de vulneración por parte de la empresa recurrente de derechos fundamentales, de libertad sindical y huelga, que compartimos por su contundencia, y son todos ellos los que acabamos de relatar. Resalta también la magistrada de lo social que la empresa demandada no ha aportado las comunicaciones que remitió a Iberdrola acerca de la situación concurrente, sin que tampoco conste que la demandada haya intentado paliar la situación, destacando que a pesar de haberse suscrito solo medio año antes -en julio 2021- un acuerdo de fin de huelga, no consta que este fuera respetado pues ni siquiera consta acreditado que se celebraron la reuniones periódicas del seguimiento del pacto a que se comprometieron, según el documento 2 a que hace referencia el HP5, y tampoco consta acreditado que la empresa implantara las medidas acordadas en materia de calendario laboral, registro horario, personal desplazado, plan de viabilidad y negociación e información, resaltando también el despido del delegado de la sección sindical de CNT de 27/07/2021 por hechos previos al acuerdo.

De tales consideraciones deduce la magistrada de instancia que la reestructuración de plantilla que llevó a cabo la empresa con el despido de nueve trabajadores -entre ellos el actor- y el traslado de siete en febrero 2022 tuvo que ver con esa situación, que en algunos casos es indiciaria y en otras es claramente contraria, por parte de la demandada, al ejercicio de los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga, como por ejemplo, en relación a la advertencia de reducción de vacaciones en caso de secundarse la huelga de noviembre-diciembre 2021.

Y añade la juzgadora que, aunque asume la existencia de una situación negativa en la empresa, derivada especialmente de la rescisión del contrato por parte de Iberdrola, ello no implica que se cumpla por la demandada en este caso con la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas de su vida y su proporcionalidad.

Esa es la convicción judicial, que no ha sido desvirtuada en el recurso, de ahí que ratifiquemos sus argumentos desestimando el motivo.

Recordamos que la particularidad más destacable de la tramitación de un despido en el que se alega la vulneración de derechos fundamentales se encuentra en la práctica de la prueba y, en concreto, en las reglas de distribución de la carga de la misma ( TCo 2/2009; 87/1998; 74/1998). En caso de vulneración de un derecho fundamental, hay una alteración de la regla general sobre atribución del «onus probandi». Con este sistema, se protege la posición del trabajador, dada su debilidad ante la necesidad de probar el acto vulnerador del derecho fundamental ( LRJS art.181.2).

Para que opere el artículo 181.2 LRJS ante una situación claramente indiciaria vulneradora de derechos fundamentales, como es este caso, es preciso que quede acreditada suficientemente una justificación objetiva que sea totalmente ajena a la vulneración de los derechos fundamentales, que en este caso, por la razones expuestas y argumentos ofrecidos por la juzgadora, no se ha logrado. Y es que al demandado se le impone la prueba de que su acto se debió únicamente a una causa legítima. La carga de la prueba resulta más gravosa para el demandado, puesto que, mientras que al actor le es suficiente con crear la duda en el juzgador sobre la motivación ilegítima aportando indicios, al demandado se le exige despejar totalmente esa duda, lo que no se ha logrado.

Debemos añadir, además, que la empresa en su recurso realiza determinadas afirmaciones que no nos constan acreditadas, por lo que no podemos tenerlas en cuenta, como que la restructuración de plantilla mediante despidos y traslados, que afectó al actor, afectó a todos los trabajadores adscritos a la prestación de servicios con Iberdrola en Bizkaia, por lo que teniendo el dato de que casi todos esos trabajadores pertenecían al sindicato, C.N.T., -y así también el actor- (lo que asumen ambas partes) no ha quedado acreditada razón suficiente del despido del actor ajena a la pertenencia de ese sindicato. Tampoco nos consta que la advertencia del empleador de disminución de días de vacaciones a los trabajadores nunca se hiciera efectiva, como se afirma, lo que en cualquier caso resultaría irrelevante, pues la mera advertencia ya implica un atentado al libre ejercicio del derecho de huelga. Por último, expone el motivo como un argumento para apoyar que la decisión de Iberdrola de rescindir libremente el contrato es ajena a la empresa recurrente que no hay ningún contrato de prestación de servicios posterior a 2022, lo que tampoco se acredita.

Todo ello, conlleva la desestimación del motivo del recurso, confirmandose la sentencia del juzgado de lo social.

CUARTO.-En materia de costas es aplicable lo dispuesto en el artículo 235 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,