Sentencia Social 190/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5711/2024 de 17 de enero del 2025

PRIMERO.- 1.-La parte actora, Dª Lucía , presentó demanda de despido contra el empresario individual D. Prudencio, en la que solicitó la declaración de nulidad o subsidiariamente de improcedencia del despido efectuado con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

2.-La sentencia 90/2024, de 23 de febrero, del Juzgado de lo Social nº 4 de A Coruña (autos 875/2023) estima parcialmente la demanda. Declara el despido improcedente y condena a la empresa demandada a optar en la forma establecida en su fallo.

3.-Frente a dicho pronunciamiento se alzan ambas partes formulando recurso de suplicación.

a) La parte actora construye su recurso en tres motivos ambos con correcto encuadre; en el primero solicita una revisión fáctica y en los restantes formula sendas denuncias jurídicas. En esencia sostiene que el despido debe ser declarado nulo puesto que se ha procedido a la extinción colectiva de un número de trabajadores que superan los umbrales del art. 51 del ET sin seguido el cauce del despido colectivo. De forma subsidiaria y de no admitirse el motivo anterior que en relación con la improcedencia de despido se condene también al empresario al abono de los salarios de tramitación. Solicita el dictado de una sentencia por la que se declare: "a) la nulidad del despido de la trabajadora (Real Decreto Ley 11/2024, de 23 de enero fraude de ley) ; b) subsidiariamente , y ante la imposibilidad de readmisión de la trabajadora , se declare extinguida la relación laboral de la actora con la demandada, condenando a esta última a abonar, además de la indemnización decretada en sentencia, los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la de la sentencia que declare la extinción de la relación laboral, todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada, por ser justo."

Este recurso ha sido impugnado por la demandada. En esencia alega la imposibilidad de haberse tramitado conforme a lo previsto en el art. 51 del ET por la negativa de las personas trabajadoras a nombrar una representación a tal efecto. Señala que existen motivos de fondo para justificar la procedencia del despido y que de mantenerse la improcedencia no procedería el abono de los salarios de tramitación.

b) La parte demandada presenta recurso de suplicación en el que denuncia exclusivamente la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, desarrollando sus argumentos en cinco motivos. En esencia señala que no ha habido incumplimientos formales porque no se pudo tramitar el periodo de consultas previsto en el art. 51 del ET por la negativa de las trabajadoras; que ha procedido a la comunicación extintiva y al abono de la indemnización legal en plazo; que no existe motivo para reconocer la nulidad ni un abono de una indemnización mayor. Solicita el dictado de una sentencia estimando el recurso presentado.

Este recurso ha sido impugnado por la demandante quien argumenta que procede la estimación del recurso interpuesto en nombre de la trabajadora actora, y la íntegra desestimación del formulado por el empresario, con expresa imposición de costas la empresa recurrente.

SEGUNDO.- 1.-Comenzaremos por la revisión fáctica solicitada por la representación de Dª Lucía al amparo del art. 193 b) de la LRJS. Esta pretensión ha de ser examinada a tenor de reiterada jurisprudencia que establece «que los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas

c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso».

En este sentido, entre otras, sentencia del TSJ de Galicia 1463/2022, de 28 de marzo (rsu 5548/2021)

2.-La recurrente solicita que se añada un nuevo hecho probado séptimo con la siguiente redacción: "El día 8 de octubre del 2023 la demanda cesó en su actividad"

Apoya la redacción en la carta de despido de la actora (documento 1 de la demanda), informe de vida laboral de la demandada (documento 2 del ramo de prueba de la actora), e informe de la Inspección de Trabajo (documento 3 del ramo de prueba de la actora)

3.-La modificación va a prosperar puesto que la realidad del hecho propuesto se desprende de los documentos a los que se nos remite. Además, el propio empresario reconoce en el motivo quinto de su recurso el cese de la actividad.

TERCERO.- 1.-A continuación examinaremos de forma conjunta el recurso de suplicación de la empresa y el primer motivo de recurso de la actora relativos ambos a la calificación del despido.

La sentencia de instancia establece como datos relevantes que la demandada entregó a la actora una comunicación de despido objetivo por causas económicas el día 23 de septiembre de 2023, con el contenido que se recoge en el hecho probado segundo.

La demandada ingresó en la cuenta de la actora, el día 3 de octubre de 2023, el importe de 3.931,23 euros en concepto de pago de remesa

La demandada tenía a 8 personas contratadas.

La demandada puso en conocimiento de la Autoridad Laboral el 20 de octubre de 2023 el despido colectivo de su centro de trabajo que afectó a 9 personas.

Que no se ha procedido al nombramiento de representante de las personas trabajadoras para realizar el periodo de consultas previsto en el art. 51 del ET. En el acto del juicio oral, el empresario declaró que "fueron las propias trabajadoras las que no quisieron su nombramiento, que lo que querían era acabar cuanto antes y cobrar".Que este hecho que no aparece acreditado con ninguna otra prueba, por lo que la Juzgadora concluye que no cumplió este requisito.

No hubo periodo de consultas para proceder a un despido colectivo,

Resuelve la sentencia de instancia que la empresa ha incurrido en defectos formales puesto que utilizó despidos objetivos individuales para la extinción de los contratos de sus trabajadores cuando debería de haber procedido a un despido colectivo regulado en el art. 51.2 del ET. Señala que la consecuencia es, conforme a lo previsto en el art. 122.3 de la LRJS, calificar el despido como improcedente.

La empresa señala que la sentencia de instancia resuelve de forma desajustada a derecho y que no era posible seguir el trámite previsto en el art. 51 del ET ante la negativa de las personas trabajadoras a nombrar una representación a tal efecto. Incide en lo resuelto en sentencia del TJUE de 5 de octubre 2023 (asunto C-496/2022). Señala que la sentencia no ha valorado la correctamente la prueba practicada, en especial lo declarado por el empleador. Que existen causas económicas para proceder al despido y que se ha abonado la indemnización correspondiente.

La actora señala que la sentencia de instancia infringe el art. 122.2 de la LRJS puesto que la calificación del despido objetivo en este caso es la de nulidad, y no la de improcedencia reconocida en la instancia.

2.-El art. 51 del Estatuto de los Trabajadores dispone:

1. (...) Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas

2. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.

(...)

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio de este no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

(....)

La comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan

El art. 122.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social relativo a la calificación de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas prevé que 2. La decisión extintiva será nula en los supuestos señalados en el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores , así como cuando se haya efectuado en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores .

3.-La sentencia del TSJ de Galicia 3051/2024, de 20 de junio resolvió el recurso de suplicación 2184/2024 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº5 de A Coruña de 21 de febrero de 2024 (autos 886/2023). En la sentencia de instancia se enjuició el despido de una trabajadora compañera de la actora que vio extinguido su contrato de trabajo en la misma situación que la ahora actora. El Juzgado de lo Social en esta ocasión declaró la nulidad del despido por no haberse seguido el cauce del despido colectivo.

La sentencia del TSJ de Galicia desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la empresa. Argumentamos que "el recurrente inició la argumentación de su recurso indicado que "En la grabación de la vista del pleito, minuto 9 y siguientes (respondiendo a preguntas del letrado de la demandante) y minuto 13 y siguientes (respondiendo a preguntas de su letrado) el demandado explica claramente que en la reunión del empleador con la plantilla del 21 de septiembre de 2023, a la que asistió su letrada (la misma que le asiste en esta instancia) se les explicó por su parte que tenían que designar a una persona de la plantilla para que las representase pues tenían derecho a ello dado que se trataba de un despido colectivo , y es claro en la contestación de mi mandante que el plantel rehusó tal nombramiento, por lo cual la sentencia hace recaer en el demandado una carga que no tenía el deber legal de soportar pues el empresario no puede ser nunca responsable de la dejación de derechos colectivos."

Se observa que el recurso se construye en este apartado a partir de los hechos que considera acaecidos y "hace supuesto de la cuestión", es decir, el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida. No obstante, estos argumentos no pueden acogerse toda vez que no se solicitó la revisión de los hechos probados al amparo del artículo 193 b).

Además, la revisión de hechos probados no se interesó con fundamento en documentos y dictámenes (196.3 LRJS) sino en base al interrogatorio del demandado. Tampoco se propone la formulación alternativa que se pretende.

Expuesto lo anterior, hemos de partir de los hechos probados que figuran en la sentencia recurrida, dado que el recurrente no solicitó la adición o modificación de tales hechos cumpliendo con los requisitos legales, y esta Sala considera que la sentencia de instancia respeta las normas sustantivas aplicables.

En este sentido, conforme a los hechos probados, y atendiendo al número de trabajadores afectados por la decisión empresarial de extinguir los contratos de trabajo, no se discute que el empresario llevó a cabo un despido colectivo, cuyos requisitos legales se regulan en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores , como el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo.

En este caso, como se indica en la sentencia de instancia, el recurrente no cumplió con los requisitos de forma que la Ley exige para el despido colectivo. En el presente supuesto, está acreditada la comunicación individual, pero esta realizó sin período de consultas, intercambio de documentación, y sin negociación alguna.

Por otro lado, resulta intrascendente que los trabajadores no hubieran querido constituir la comisión negociadora "ad-hoc", dado que "la falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas" como nos dice el artículo 51.2 párrafo 4º del Estatuto de los Trabajadores .

Lo relevante, como recoge la sentencia de instancia, es que el despido (colectivo) se llevó a cabo sin período de consultas, sin intercambio de documentación y sin ningún tipo de negociación con los trabajadores, que aunque voluntariamente no hubieran querido constituir la comisión "ad-hoc" en ausencia de representantes legales [entiéndase a meros efectos dialécticos, toda vez que este hecho no está probado], no enervaba las anteriores obligaciones legales del empresario para la tramitación del despido colectivo.

Por lo tanto, el despido objetivo tramitado como individual, cuando por los umbrales numéricos debía de haberse llevado a cabo como un despido colectivo, sin cumplimiento de formalidad alguna, debe calificarse como nulo.

4.-A la vista de lo que acabamos de exponer debe rechazarse el recurso de la empresa en su integridad y estimar el motivo de recurso de la trabajadora en relación con la petición de nulidad. Ya que:

a) No existe ningún motivo para apartarnos de lo resuelto en la sentencia anteriormente citada, por lo que por principio de seguridad jurídica (ex art. 9.3 de la CE) debemos mantener la calificación de nulidad que ratificamos en nuestro anterior precedente.

b) La invocación de lo resuelto por la STJUE de 5 de octubre de 2023 (asunto C-496/2022) no permite variar tal postura. En la referida sentencia el TJUE señala que los artículos 1, apartado 1, párrafo primero, letra b ), 2, apartado 3 , y 6 de la Directiva 98/59/CE "deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que no impone a un empresario la obligación de consultar individualmente a los trabajadores afectados por un proyecto de despido colectivo, cuando estos no han designado representantes de los trabajadores, y que no obliga a dichos trabajadores a proceder a tal designación, siempre que esa normativa permita, en circunstancias ajenas a la voluntad de los propios trabajadores, garantizar la plena eficacia de las disposiciones de la Directiva 98/59 , en su versión modificada."

Lo resuelto en esta sentencia , y en atención al concreto caso planteado y la normativa nacional en ese caso afectada no puede dejar sin efecto, como parece pretender la empresa recurrente, el cumplimiento del objetivo principal de la Directiva 98/59, que como expresamente señala la sentencia invocada por la recurrente es "que los despidos colectivos vayan precedidos de una consulta a los representantes de los trabajadores y de la información a la autoridad pública competente ( sentencia de 17 de marzo de 2021, Consulmarketing, C-652/19 , EU:C:2021:208 , apartado 40 y jurisprudencia citada)."Y en el caso que ahora nos ocupa no existen evidencias de que hubiera fracasado la constitución de la comisión representativa de los trabajadores, pues el único que así lo afirma es el empresario y la Juzgadora a quo no ha considerado tal hecho como probado; fracaso que en todo caso no habría impedido el inicio y transcurso del periodo de consultas como expresamente impone nuestra normativa nacional.

Por lo tanto, la consecuencia es la nulidad del despido como establece el art 122.2 de la LRJS, y así habrá de declararse, sin necesidad de resolver el último motivo de recurso de la trabajadora en donde se solicitaba el abono de los salarios de tramitación para el caso de mantener la calificación del despido del despido como improcedente.

Finalmente hay que señalar no procede extinguir en la relación laboral en esta sentencia al no haber sido expresamente solicitado por ninguna de las partes.

CUARTO.- 1.-Los efectos de calificar el despido como nulo, y tal como dispone el art 123.2.3 de la LRJS y el art. 113 de la misma norma a la que se remite , es condenar a la inmediata readmisión de la trabajadora con abono de los salarios de tramitación en la forma prevista en el art. 56.2 del Estatuto de los Trabajadores , esto es a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la presente sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. La cuantía de dicho salario se fija, por la sentencia de instancia, en 37,87 euros /día.

La trabajadora, por su parte y si aún no lo hubiera hecho, debe reintegrar a la demandada trabajadora reintegrar la indemnización percibida una vez que sea firme la presente resolución.

2.-La desestimación del recurso interpuesto por la empresa demandada recurrente lleva a su condena en costas ( art. 235.1 de la LRJS) que se fijan en 750 € para los honorarios del Letrado impugnante del recurso.

Asimismo se decreta, una vez que firme la presente resolución, tanto la pérdida del depósito constituido por dicha parte para recurrir ( art. 229 en relación con el art. 203 LRJS) , como de la consignación que ha efectuado a la cual se le dará el destino legal oportuno ( art. 230 en relación con el art. 204 de la LRJS) .

Por ello;

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,