Sentencia Social 888/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 144/2025 de 17 de noviembre del 2025

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima íntegramente la pretensión ejercitada por el actor, D. Justino, trabajador que presta servicios desde el día 1 de julio de 2002 con la categoría profesional Oficial de Primera de Cocina (Grupo 4) para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud Gobierno de Canarias), adscrito a la Escuela Infantil Anaga, que solicitaba que se declarara que se habían vulnerado sus derechos fundamentales de indemnidad, igualdad de trato y dignidad por cuanto se le ha aislado (la Directora del Centro, la codemandada Dª Adela, no se le dirige para darle diariamente la comanda), se le obliga a realizar elaboraciones de comida con las que no está de acuerdo, se le impide acudir a las clases de los niños, se le obliga a desempeñar funciones de inferior categoría, se le increpa por compañeros/as cercanos a la Directora, se le ha cambiado el horario de manera irregular y se le está preparando la incoación de un expediente disciplinario sonsacando a su Ayudante de Cocina (sic), hechos todos ellos que suponen una situación de acoso laboral, por lo que solicita que se dicte sentencia declarando que se han vulnerado los derechos fundamentales reseñados al producirse una situación de acoso laboral, que la Administración empleadora ha incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, al no llevar a cabo el protocolo de acoso solicitado y que se condene a los codemandados solidariamente a indemnizarle por daños morales en la cantidad de 16.817,01 € y por omisión de su deber de prevención en la cantidad de 20.000 €, en este caso únicamente a cargo de la Administración empleadora.

Frente a la misma se alza el actor mediante recurso de suplicación articulado a través de tres motivos de revisión fáctica y lo que viene a ser otro de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia, se estimen íntegramente las pretensiones que ejercita en su demanda, se declare la nulidad de las conductas vulneradoras de sus derechos fundamentales denunciadas, se ordene su cese y se condene a las partes codemandadas a indemnizarlo con carácter solidario por los daños y perjuicios que se le han causado.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita el trabajador demandante la modificación del relato de hechos declarados probados por la Magistrada de instancia con la finalidad de:

- A) Sustituir la actual redacción del ordinal sexto, expresivo de las visitas que en ropa de trabajo hacía el actor a las aulas del centro, por la siguiente:

"El actor, con ropa de trabajo de cocina, venía entrando con asiduidad en las aulas de los menores con anterioridad a la entrada como directora de la demandada Doña Adela. -testifical de Doña Serafina, educadora infantil que ejerció funciones de dirección con anterioridad a la entrada de Doña Adela. Testifical de Doña Eugenia, educadora infantil en el centro desde 2016 -. La directora DOÑA Adela dio la instrucción de que el actor no debía de acudir a las aulas de los alumnos. -hecho conforme. Testificales de Doña Nicolasa y demás educadoras infantiles concurrentes-. Las labores educativas y de vigilancia de los menores que se desarrollan en el interior de las aulas están encomendadas al personal educativo y a sus auxiliares. -testifical de Doña Serafina, educadora infantil, quien ha ejercido también funciones de Directora del centro con anterioridad a la demandada doña Adela, desde el 04.12.2017 al 04.07.2018, aproximadamente-. En ocasiones la ayudante de cocina sí acudió a las aulas a recoger o a aclarar información sobre la comanda. A la misma, en ningún momento, se le cuestionó que fuese, ni se le prohibió que lo hiciera -testifical de Doña Marina, ayudante de cocina. Testifical de Doña Nicolasa, educadora infantil.-".

- B) Sustituir la actual redacción del ordinal octavo, expresivo de las funciones desarrolladas por el actor en su puesto de trabajo, por la siguiente:

"Por lo general, cuando estaba la ayudante de cocina, ella solía fregar lo que venía en carro del comedor y, muchas veces, era ayudado por las limpiadoras. En ocasiones el actor realizaba las funciones de ayudante de cocina cuando ésta faltaba, y por instrucción de la Directora Doña Adela, recogía el carro del comedor en el que las limpiadoras habían depositado previamente los platos. -Testificales de Doña Adelaida, en especial, y de Doña Antonia, como limpiadoras del centro-.".

- C) Sustituir la actual redacción del ordinal noveno, expresivo de una conversación mantenida por la Ayudante de Cocina, la Sra. Marina, con la Directora del centro, por la siguiente:

"Don Justino y Doña Marina habían acordado simular que apenas tenían relación a fin de evitar que también sufriera representadas doña Marina por parte de Doña Adela. En una ocasión la directora, Doña Adela, se dirigió a la ayudante de cocina del actor, Doña Marina, para requerirle que narrara y desvelara unos presuntos hechos que, a su juicio, eran reprochables e imputables al actor, a lo que la ayudante de cocina Doña Marina se negó. Entonces Doña Adela contestó "lo aguantas porque quieres" o expresión similar. -testifical de la ayudante de cocina Doña Marina-.".

En ninguno de los tres casos el actor señala documentos concretos que sirvan de base a sus pretensiones revisorias.

Con carácter previo a la vista de la fundamentación del recurso se han de realizar algunas precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) . En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) , sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Hechas las anteriores aclaraciones, la Sala considera que los tres motivos planteados por el demandante merecen ser rechazados por idénticas razones, en primer lugar, porque el actor no señala ningún documento concreto que pueda evidenciar el error de hecho en la valoración de la prueba en el que hubiera podido incurrir la Magistrada de instancia y, en segundo lugar, porque los ordinales cuestionados, sexto, octavo y noveno, han sido fijados por la Juzgadora de instancia en base a prueba testifical, que es de imposible revisión por este Tribunal en sede de suplicación.

Se desestiman, por tanto, los tres motivos de revisión fáctica articulados por el actor, quedando los hechos probados firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia el actor la infracción de los artículos 4 párrafo 2º y 19 del Estatuto de los Trabajadores, de los artículos 14, 15 y 18 de la Constitución Española, de los artículos 14, 16 y 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la jurisprudencia sentada por la Sala de lo Social de prácticamente todos los Tribunales Superior de Justicia de España en las innumerables sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que ha quedado acreditada la existencia de los elementos fácticos que sustentan el acoso moral denunciado, pues la actitud mantenida constantemente por la Directora del Centro, la Sra. Adela, hacia el actor sobrepasa los límites de un mero conflicto laboral para alcanzar una situación de permanente descrédito y acoso personal con menoscabo de su dignidad, lo que finalmente le ha causado un daño a su salud psíquica, con episodios de baja por ansiedad desde el mes de abril de 2023, situación que fue propiciada por el incumplimiento por parte de la Administración empleadora del deber de vigilancia de la seguridad en el trabajo.

Con carácter previo hemos de apuntar que si bien es cierto que el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social señala como posible objeto del recurso de suplicación en su apartado c): "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia", de forma que la jurisprudencia también puede ser conculcada dando lugar a éste motivo, por tal ha de entenderse únicamente la doctrina legal emanada del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 párrafo 6º del Código Civil, siendo necesarias al menos dos sentencias conformes (una sola si ha sido dictada en unificación de doctrina). Por no crear propia y verdadera jurisprudencia, no puede basarse este motivo en la infracción de doctrina de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ( sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1992), ni siquiera cuando el criterio del juez colisione con el de la Sala ante la que se sustancia el recurso, mucho menos en la que emana de sentencias dictadas por juzgados de lo social.

Entrando ya a analizar la cuestión jurídica planteada por el recurrente nos encontramos con que el Sr. Justino, trabajador que presta servicios con la categoría profesional Oficial de Primera de Cocina (Grupo 4) para la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud Gobierno de Canarias, adscrito a la Escuela Infantil Anaga, viene a denunciar en el presente procedimiento, en esencia, que la Directora del Centro, la codemandada Dª Adela, no se le dirige para darle diariamente la comanda, le obliga a realizar elaboraciones de comida con las que no está de acuerdo, le impide acudir a las clases de los niños, le obliga a desempeñar funciones de inferior categoría, le increpa, le ha cambiado el horario de manera irregular y le está preparando la incoación de un expediente disciplinario sonsacando a su Ayudante de Cocina, menoscabando así su reputación personal y profesional y que ello se lleva a cabo sin que la Consejería haya actuado para impedirlo.

La constatación de la existencia en las empresas de trabajadores sometidos a un hostigamiento tal que incluso llegan a presentar síntomas psicosomáticos y reacciones anormales hacia el trabajo y el ambiente laboral, ha determinado la acuñación del término "mobbing" para su calificación, acepción que literalmente significa atacar o atropellar y que ha sido traducido como hostigamiento psicológico en el trabajo, refiriéndose a aquella situación en la que una persona se ve sometida por otra u otras en su lugar de trabajo a una serie de comportamientos hostiles.

Tomando como base la definición que nos ofrece la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, el acoso moral en el trabajo, también denominado mobbing o bossing puede ser definido como aquella conducta o conductas reiteradas en un periodo de tiempo más o menos prolongado en las que, por medio de agresiones verbales, aislamiento social, difusión de críticas o rumores sobre el trabajador, se crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para quien es objeto de la misma, con la consiguiente lesión de su dignidad e integridad moral.

El acoso moral debe tener siempre unos perfiles objetivos como son la sistematicidad, la reiteración y la frecuencia y, al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la persecución de un fin.

Por tanto, a los efectos que aquí nos ocupan, tres son los elementos esenciales del acoso moral:

la existencia de comportamientos hostiles hacia el trabajador;

su reiteración o sucesión a lo largo de un periodo más o menos largo de tiempo (dependiendo de las circunstancias concretas del caso y de la intensidad de la conducta);

La doctrina especializada en esta materia incluye en esta categoría de mobbing conductas tales como la persecución del trabajador mediante órdenes caprichosas, la imposición de sanciones infundadas, la asignación al trabajador de un entorno desproporcionadamente incómodo para realizar su trabajo, la encomienda de trabajos impropios de la categoría profesional o de imposible realización, la utilización selectiva de comunicaciones para reprender o amonestar sin motivo, el establecimiento de diferencias de trato (determinados controles selectivos, desigualdad remunerativa, satisfacer el salario con un retraso injustificado), la modificación de jornada aduciendo motivos técnicos y organizativos que no han sido acreditados, la modificación arbitraria y sin sentido del sistema de organización del trabajo, la denegación injustificada de las fechas de disfrute de vacaciones pretendidas, la intensificación de los controles sobre las actividades cotidianas del trabajador y sobre su rendimiento, el llevar a cabo amonestaciones frecuentes, proferir expresiones denigrantes y ofensivas para el trabajador con ánimo de dañar la consideración del mismo, el realizar comentarios desfavorables a terceros ante el trabajador, la alteración de las funciones atribuidas al trabajador, la congelación del salario, la denegación injustificada de permisos, el cambio de horario injustificado, el trato laboral despectivo y degradante, el hostigamiento empresarial y de sus compañeros, el menoscabo de la intimidad o dignidad con finalidad discriminatoria, etc.

Pero no puede confundirse el mobbing con los conflictos laborales que puedan originarse por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos, ni con el estado de agotamiento provocado por el estrés profesional, ni con manifestaciones de maltrato esporádico o de sometimiento a inadecuadas condiciones de trabajo.

El causante del mobbing puede ser otro empleado de la empresa, quien puede lesionar el derecho fundamental a la integridad moral del trabajador hostigado, pues los derechos fundamentales operan en el ámbito de las relaciones laborales ( sentencias del Tribunal Constitucional 224/1999 y 74/2007), siendo responsable la empresa en el caso de tolerar la conducta del empleado directamente causante, siendo en estos casos responsables solidarios ésta y el trabajador de la misma directo causante del acoso.

Desde una perspectiva procesal, en aquellos procesos en los que se alega la vulneración del derecho a la libertad sindical y demás derechos fundamentales y libertades públicas (como ocurre en el presente que se consideran infringidos el derecho a la integridad física y moral, a no ser sometido a tratos degradantes y al honor previstos en los artículo 14, 15 y 18 de la Constitución Española) entra en juego la institución de la "inversión de la carga de la prueba" prevista en el artículo 181 párrafo 2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Siguiendo en este extremo al Profesor Montero Aroca ("Proceso Laboral Práctico"), según dicho precepto, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación del derecho fundamental en cuestión, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Pero no cabe admitir que la mera alegación por el actor de la existencia de violación del derecho a la integridad física y moral suponga la inversión de la carga de la prueba; el demandante precisa probar uno o varios indicios (hechos indiciarios) de los que no llegue a poder presumirse de modo completo que existe la violación, pero de los que sí pueda deducirse la probabilidad de su existencia. Al no existir una presunción plena de violación, sino un simple juicio de probabilidad, no puede decirse que al demandado corresponda destruir una presunción, sino que el hecho indiciario y la probabilidad son el presupuesto para que exista la inversión de la carga de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 80/2001, de 26 de marzo y 190/2001, de 1 de octubre).

Dejando sentado que es el mobbing y cuales son los requisitos para que pueda entenderse que concurre la actitud hostigadora y coactiva, en el presente procedimiento nos encontramos con que constan como hechos probados: - a) que el Sr. Justino viene prestando servicios como Cocinero desde el día 1 de julio de 2002 para la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias), adscrito a la Escuela Infantil Anaga (hecho probado primero); - b) que en numerosas ocasiones la comanda de dietas de los alumnos era entregada por la Directora, Dª Adela, a la Ayudante de Cocina, Dª Marina, en lugar de al actor (hecho probado segundo); - c) que en fecha no precisada la Directora dio instrucciones al actor para que troceara más la comida de los menores usuarios del centro, de edades inferiores a los tres años, y en septiembre de 2019 el actor remitió un correo a la Consejería mostrando su desacuerdo con esta práctica (hecho probado cuarto); - d) que la educadora infantil Dª Gloria ha puesto de manifiesto a cocina y a la Dirección la pasividad del actor en implementar esa medida (hecho probado quinto); - e) que el actor, con ropa de trabajo de cocina, venía entrando con asiduidad en las aulas de los menores, dándole instrucciones la Directora para que no lo hiciera (hecho sexto); - f) que la Directora, cuando se cruzaba en las instalaciones de la Escuela con el personal de limpieza o de cocina, les requería en numerosas ocasiones para que dejaran de hablar (hecho probado séptimo); - g) que en ocasiones el actor realizaba las funciones de ayudante de cocina cuando ésta faltaba y por instrucción de la Directora recogía el carro del comedor en el que las limpiadoras habían depositado previamente los platos (hecho probado octavo); - h) que en una ocasión la Directora se dirigió a la Ayudante de Cocina, Dª Marina, para requerirle que narrara y desvelara unos presuntos hechos que, a su juicio, eran reprochables e imputables al actor, a lo que ésta se negó, recibiendo por respuesta "lo aguantas porque quieres" (hecho probado noveno); i) que en fecha 17 de noviembre de 2022 se le modificó al actor su horario de entrada y de salida en el centro (hecho probado décimo); j) que en fecha 22 de noviembre de 2022 el actor inició una baja por incapacidad temporal con el diagnóstico de "estado de ansiedad no especificado", siendo dado de alta el 15 de abril de 2024 (hecho probado undécimo); - k) que estando de baja el actor, el 19 de abril de 2023, la Directora remitió a éste un mensaje de whatsapp pidiéndole que vaciara su taquilla de efectos personales, por cuanto todas las del Centro iban a ser sustituidas por otras nuevas (hecho probado décimo tercero); - l) que en el centro existe fuerte conflictividad entre el personal por diversos motivos, descanso para salir a fumar con reclamación del equivalente por trabajadores no fumadores, problemática acerca de la labor de apertura de puertas en ausencia o baja del trabajador de mantenimiento, quejas acerca de la custodia de productos de limpieza, así como fuerte absentismo y bajas de incapacidad temporal (hecho probado décimo sexto).

Partiendo de tales datos, la Juzgadora de instancia entendió que no existían indicios racionales de que se hubiera producido una situación de acoso laboral (mobbing) respecto de la persona del actor, pues no se daban sospechas razonables o apariencias de que éste hubiera estado sometido a un trato hostil, vejatorio o humillante en su puesto de trabajo por parte de la Directora del Centro ni por ninguna otra persona, ni de que se hubieran violado sus derechos fundamentales y por ello no desplaza la carga de la prueba hacia la demandada, determinación con la que está plenamente de acuerdo esta Sala. Como con acierto mantiene la Juzgadora en el fundamento de derecho tercero de su sentencia, no consta acreditado en autos que la trabajadora codemandada humillara injustamente al actor, ni que lo hiciera víctima de coacción psicológica ni que pretendiera su aislamiento laboral, solo ha quedado evidenciada la existencia de desavenencias entre el actor, Cocinero del Centro, y la Directora de la Escuela, en el ejercicio de sus respectivas funciones y un deterioro de la relación laboral entre ambos que generó en el actor una creciente situación de desazón y estrés emocional.

Ciertamente obra en autos un informe psiquiátrico que acredita que el Sr. Justino padece un cuadro de ansiedad generalizado reactivo a problemas laborales en el momento de su emisión, ahora bien, esta Sala entiende (al igual que la Magistrada de instancia) que si bien el mismo pudiera acreditar una relación de causalidad entre dicha dolencia y su trabajo, en el que es notorio que el actor no se siente cómodo con la codemandada, para nada demuestra la existencia de una situación de acoso u hostigamiento propiciada por ésta.

La Magistrada de instancia dedica todo el fundamento de derecho tercero a valorar pormenorizada y extensamente toda la prueba practicada en el acto del juicio (testifical y documental), llegando a la conclusión de que no se daban los requisitos necesarios para que exista acoso laboral, sin que nada tenga que objetar esta Sala a su valoración global y ponderada, que se ajusta, además, a las reglas de la sana crítica.

En efecto, no puede hablarse en el presente caso de que el actor haya sido sometido a una situación generalizada de hostigamiento, intimidación o acoso moral (mobbing) en el trabajo, por parte de su superiora (bossing) o de sus compañeros de trabajo, pues no han quedado acreditados los actos concretos en que la misma se materializa, ni la existencia de una actuación intencional de la demandada dirigida a laminar moral y profesionalmente al actor para forzar su baja o anular su resistencia. No se ha constatado la existencia de comportamientos hostiles hacia el trabajador, ni su reiteración o sucesión a lo largo de un periodo más o menos largo de tiempo, ni la producción de un efecto lesivo de la integridad moral de su persona y degradante de su ambiente y condiciones de trabajo.

Por otra parte, tampoco puede sostenerse que la Administración codemandada haya incumplido su obligación de prevención contra el acoso por la no adopción de medidas preventivas o por no evaluar los riesgos psicosociales del puesto de trabajo del actor, pues ha quedado acreditado en autos que cuenta con protocolo de evaluación de riesgos elaborado por una empresa externa, que contiene un pormenorizado estudio de los riesgos de cada puesto de trabajo, entre ellos los del Jefe de Cocina, con evaluación concreta de los factores psicosociológicos. Consta además que dicho protocolo se puso en marcha una vez la Consejería tuvo conocimiento de la denuncia por acoso presentada por el trabajador, así como que el mismo fue reconocido por los servicios médicos tras conocerse la situación de enfermedad que padecía.

Finalmente, no habiendo quedado acreditada la vulneración de derechos fundamentales denunciada por el actor, ni ninguna otra, no se da la base fáctica que permitiría fijar la indemnización reclamada por el mismo con base en lo dispuesto en el artículo 183 párrafo 1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Habiéndolo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, procede la desestimación del motivo de censura jurídica y, por su efecto, la del recurso de suplicación interpuesto por el demandante, debiendo ser confirmada la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,