Sentencia Social 3762/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 28/2024 de 17 de diciembre del 2025

PRIMERO: Según consta en la sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, recurrida en el presente rollo 28/24, las dos demandantes venían prestando sus servicios para Combustibles Cañada Ancha S.L., como expendedoras/vendedoras, en la estación de servicio Ronda Norte del Polígono Industrial Calonge, en virtud de contrato de explotación de dicha estación, de arrendamiento de industria, suscrito con su empleadora por parte de Galp Energía España S.A.U., la cual tenía cedido el derecho de superficie de la estación por la propietaria del mismo, Utrecar S.L. El 20 de noviembre de 2020 se comunicó a las demandantes la finalización del derecho de superficie y del citado contrato de explotación, con la reversión de las instalaciones a Utrecar S.L. (estando pactada también la reversión a la misma de la licencia de explotación), que se encargaría de la gestión integral de la estación de servicio, comunicándoles su empleadora Combustibles Cañada Ancha S.L. que su contrato de trabajo había sido subrogado por Utrecar S.L. En tal fecha Utrecar S.L. tomó posesión de las instalaciones, en las que no había combustible ni artículos a efecto de su venta (consumibles) pero sí todos los elementos de la pista de repostaje, de la tienda y la oficina, así como un carril de lavado. Además Combustibles Cañada Ancha S.L. había vendido a Utrecar S.L. el 18 de noviembre de 2020 boxes de lavado, alarmas, sistema contra incendios, sistema informático, terminal punto de venta, ordenadores, impresoras, tarjetero y compresor, por precio de 24.000 €. A continuación la estación de servicio estuvo en obras y el 1 de abril de 2021 Utrecar S.L. comenzó su actividad en la misma.

Como las demandantes no fueron subrogadas, interpusieron demanda por despido, que la citada sentencia declara improcedente, condenando a sus efectos a Utrecar S.L., al considerar que dicha empresa se había subrogado en la relación laboral de las demandantes, en los términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto asumió la explotación de la estación de servicio, estando esta en funcionamiento y siendo una entidad económica con un conjunto de medios materiales organizados y destinados a la explotación inmediata del negocio, a la que revirtieron todos sus elementos, no retirados por Galp Energía España S.A.U. y que adquirió los demás propiedad de Combustibles Cañada Ancha S.L. Asimismo aprecia que el concepto retributivo quebranto de moneda del artículo 31 del convenio colectivo nacional de estaciones de servicio que venían percibiendo las demandantes, tiene naturaleza salarial.

Contra dicha sentencia se alza en suplicación Utrecar S.L., que es impugnado por el resto de las partes. El recurso se fundamenta en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, negando el carácter salarial del quebranto de moneda, que el convenio colectivo considera extrasalarial y la existencia de sucesión de empresa del citado artículo 44, por cuanto la extinción de los contratos el 19 de noviembre de 2020 se produce antes de la extinción del contrato de arrendamiento de industria, luego es un despido anterior al supuesto de sucesión de empresa, del que es responsable Combustibles Cañada Ancha S.L., mientras que Galp Energía España S.A.U. debió dar de alta a las trabajadoras el 20 de noviembre de 2020 (al estar así pactado en el contrato de arrendamiento de industria para el caso de su resolución) y al no hacerlo es responsable de su despido improcedente, añadiendo que la estación de servicio no era viable para poder seguir siendo explotada, al no incluir una serie de elementos que expresa.

SEGUNDO:I.- Interesa la recurrente la revisión del hecho probado primero, para que se añada al mismo que Combustibles Cañada Ancha S.L. extinguió la relación laboral de las actoras el 19 de noviembre de 2020.

No se accede a dicha revisión por la imposibilidad de que en el relato fáctico de una sentencia se contengan elementos jurídicos, además predeterminantes del fallo. Como nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1986, el juzgador debe narrar en los hechos probados de su sentencia únicamente las conductas sometidas a su enjuiciamiento y decisión, evitando expresiones que supongan juicios de valor que conduzcan positivamente a la calificación jurídica de la institución de que se trate, introduciendo inadecuadamente en los hechos probados conceptos jurídicos predeterminantes del fallo; la predeterminación del fallo es anticipar obligadamente el mismo porque al reproducir las palabras de la definición legal supongan juicios de valor que conduzcan positivamente a la calificación jurídica de la institución, adelantando inadecuadamente apreciaciones cuyo lugar justo ha de ser el de los fundamentos de la resolución. Los conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, además, no tienen otro alcance que el de su eliminación o más bien tenerlos por no puestos, "según reiterada y constante doctrina de esta Sala plasmada en numerosas sentencias". Ciertamente la determinación en los hechos probados de que la relación laboral de las actoras se extinguió el 19 de noviembre de 2020 no constituye un hecho sino el resultado de la propia valoración jurídica de la cuestión litigiosa suscitada entre las partes en orden a dicha extinción, en la que consiste la cuestión litigiosa, referente a si a la extinción de la explotación de la estación de servicio en la que las demandantes trabajaban para Combustibles Cañada Ancha S.L., siendo asumida por Utrecar S.L., tuvo lugar o no una sucesión empresarial que obligase a la cesionaria a subrogar a los trabajadores, sin extinción por tanto de su relación laboral, por lo que el adecuado lugar para establecer tal efecto jurídico es el de la fundamentación jurídica de la sentencia. Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2016 (recurso 21/16), se trata de una conclusión jurídica predeterminante del fallo, que supone en sí misma la directa resolución del asunto, lo que constituye justamente el objeto del litigio, añadiendo valoraciones jurídicas que no tienen cabida en la resultancia fáctica.

II.-Solicita la modificación de los párrafos segundo y cuarto del hecho probado primero, para que en su lugar se exprese un distinto importe para el salario día bruto a efectos de despido, de 48,30 y 45,44 €, respectivamente, que no incluya por tanto el quebranto de moneda que el magistrado de instancia ha considerado concepto salarial.

Tal revisión adolece del mismo defecto expresado en el anterior apartado, del que también participa por tanto la redacción de los citados párrafos en la sentencia, que por consiguiente se tienen por no puestos. Será en la resolución del correspondiente motivo de censura jurídica en el que haya de determinarse el carácter salarial o no del quebranto de moneda y por consiguiente si procede su inclusión en el salario diario a efectos de despido, el cual constituye un concepto jurídico, mientras que en los hechos probados sólo debe figurar el hecho natural acaecido, esto es la retribución efectivamente percibida por el trabajador, con indicación de sus importes y de los conceptos por los que ha sido retribuido, siendo en la fundamentación jurídica de la sentencia en la que haya de determinarse la adecuación a Derecho de tal retribución, fijando la legalmente devengada.

III.-Propone la revisión del hecho probado segundo, para que se incluya un párrafo segundo que exprese lo siguiente: "En fecha 29 de octubre de 2020, el responsable de expansión de Galp Energía España SAU dirige correo a responsable de Combustibles Cañada Ancha S.L. en el que solicita que se le envíe urgentemente la documentación de los trabajadores de la estación de servicio (TC1, TC2, últimas 6 nóminas y contratos) para preparar el traspaso".

Los únicos documentos que se citan en el motivo de recurso en apoyo de dicha redacción son los contratos de arrendamiento de industria suscritos entre ambas empresas (de 20 de febrero de 2013 y de 26 de noviembre de 2018), en cuya cláusula cuarta, punto sexto, afirma que se establece dicha obligación.

Pero de dicho documento no se obtiene la certeza del hecho que pretende incorporarse, pues de la mera consignación de una obligación en un contrato, no puede concluirse el cumplimiento de la misma, que es lo que propiamente se interesa en la redacción propuesta, por lo que se rechaza la revisión.

IV.-Interesa la modificación del párrafo segundo del hecho probado tercero, para que en su lugar exprese lo siguiente: "En la cláusula 4ª estipulación 6ª dedicada al personal se establece que: "EL ARRENDATARIO asume el personal que actualmente trabaja en la estación de servicio y sus instalaciones. Dado que las instalaciones están siendo gestionadas por un tercero, EL ARRENDATARIO está en contacto con el mismo y le ha solicitado la documentación laboral respecto de los trabajadores. A los efectos de la presente estipulación se adjunta al presente contrato como ANEXO IV una relación aportada por el actual gestor saliente de todos los actuales trabajadores de la estación de servicio con sus salarios brutos y fecha de antigüedad reconocida.

Por su parte EL ARRENDATARIO a la devolución a GALP o a la empresa que esta designe, de las instalaciones arrendadas una vez resuelto el contrato, devolverá éstas con un número de trabajadores que actualmente EL ARRENDATARIO asume y con las mismas categorías y/o grupos profesionales en las que fueron subrogados. Igualmente la antigüedad de los trabajadores en los que se subrogará GALP o la empresa por esta designada, en ningún caso será superior a 5 años o en el caso de trabajadores que actualmente trabajan en estas instalaciones y EL ARRENDATARIO se hubiera subrogado en los mismos en base a este contrato, en el supuesto de que retornasen a GALP o la empresa por ésta designada y únicamente respecto de estos trabajadores, GALP admitirá que la antigüedad sea la que actualmente tienen más los años que hubieran transcurrido de contrato. (...)".

Lo ampara en los contratos de arrendamiento de industria antes citados. Pero de dicho documento no se infiere que lo expresado en el párrafo segundo del hecho probado tercero no sea cierto, por lo que no ha lugar a suprimir el mismo.

No hay en cambio inconveniente en añadir al mismo el contenido de la cláusula contractual que se expresa por el recurrente, si bien al respecto debemos atenernos a la redacción del contrato de industria vigente a la fecha del hecho litigioso, que es el de 26 de noviembre de 2018, en el que no se contiene la siguiente expresión, que por tanto no debe incluirse en el hecho probado: "Dado que las instalaciones están siendo gestionadas por un tercero, el ARRENDATARIO está en contacto con el mismo y le ha solicitado la documentación laboral respecto a los trabajadores". Por su parte la referencia al ANEXO IV debe entenderse referida al ANEXO VI. Y la expresión de "con un número de trabajadores que actualmente EL ARRENDATARIO asume" debe quedar sustituida por la de que "con un número de trabajadores, que en ningún caso, será superior al número de trabajadores que actualmente EL ARRENDATARIO asume".

V.-Solicita la modificación del párrafo tercero del hecho probado tercero, para que se añada al mismo lo siguiente:"En el folio FL2182812 el Sr. Notario hace constar: Que la escritura autorizada por mí, el día 20 de noviembre de 2020 y número 1299 de protocolo, he extendido la siguiente diligencia:

DILIGENCIA.- La extiendo yo el Notario autorizante de la presente Acta, a los efectos de una mayor precisión y aclaración del contenido de la diligencia, pues realmente en ese acto se toma posesión, por parte de "UTRECAR, SOCIEDAD LIMITADA" de los terrenos o finca de la que es propietaria (no de la actividad) donde estuvo instalada la Estación de Servicio Galp, así como de alguno de sus elementos.

Y no teniendo nada más que hacer constar, doy por concluida esta Diligencia que queda extendida en el último folio de la diligencia anterior, serie FL números 2188355 y terminar en el presente yo, el Notario, DOY FE. En Sevilla a 12 de enero de 2021.

Signado Florentino. Rubricado y sellado"

No se acepta pues la jurisprudencia (por todas sentencia del Tribunal Supremo de 25 marzo 2014, rec. 161/2013) requiere que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, defecto del que adolece el motivo de recurso pues, además de pretenderse dejar constancia de una valoración jurídica, no fáctica, que realiza el Notario, que como ya hemos visto no corresponde al relato de hechos probados, de lo que da cuenta el hecho probado que pretende revisarse es de la toma de posesión de las instalaciones y de lo que las mismas contienen, en base a lo consignado en la propia acta notarial, lo que no queda refutado por la pretendida afirmación de que no se da posesión de la actividad.

VI.-Interesa la modificación del párrafo cuarto del hecho probado 14º (inexistente), en cuanto indica "que el 20 de noviembre de 2020 la estación de servicios estaba en funcionamiento", por lo que entendemos que en rigor se refiere al primer inciso del hecho probado cuarto. En su lugar solicita que se exprese "que el día 20 de noviembre de 2020 era inviable que la estación de servicio pudiera funcionar".

Se rechaza pues lo que pretende incorporarse es, nuevamente, una valoración y no un hecho.

TERCERO: Al amparo del apartado c) del citado artículo 193, se alega la vulneración del artículo 31 del convenio colectivo estatal de estaciones de servicio y de la sentencia del Tribunal Supremo que cita, afirmando que el concepto quebranto de moneda tiene naturaleza indemnizatoria, no salarial y por tanto no puede quedar incluido en el salario regulador de los efectos del despido.

La sentencia recurrida considera al respecto que aunque el quebranto de moneda se configura en el artículo 31 del convenio colectivo de aplicación como concepto extrasalarial, sin embargo en las nóminas ha sido incluido en el bloque de los conceptos salariales, de donde concluye el magistrado de instancia que se trata de una condición más beneficiosa concedida por el empleador, Combustibles Cañada Ancha S.L.

Frente a ello alega la recurrente, Utrecar S.L., que la condición más beneficiosa concedida por otro no puede perjudicarle, insistiendo en la consideración del quebranto de moneda como concepto no salarial en el convenio colectivo.

El motivo debe ser desestimado pues, una vez determinado en la sentencia que la recurrente Utrecar S.L. ha sucedido en la relación laboral de las demandantes a Combustibles Cañada Ancha S.L., según el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, la cesionaria queda subrogada en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la empresa cedente, que son subrogados, derechos entre los que se incluye la condición más beneficiosa que viniesen disfrutando por concesión de la empresa transmitente.

Por lo demás, la consideración del concepto retributivo en el convenio colectivo como extrasalarial resulta intrascendente a los efectos de este recurso, ya que no es ese el fundamento de la decisión de la sentencia de instancia respecto a dicho concepto, sino el tratarse de una condición más beneficiosa para las demandantes, mediante la que la empresa ha mejorado el salario establecido en el convenio colectivo, supuesto en el que el quebranto de moneda, al menos para las demandantes, pierde el carácter extrasalarial que le atribuye el convenio colectivo y asume el carácter salarial que le otorga su empleadora. Nada se opone al respecto por la recurrente, salvo lo ya refutado con anterioridad, lo que conduce a la desestimación del motivo de recurso pues el recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria y, a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida), dicho recurso, de naturaleza casacional, no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso relacionados con infracciones que contenga la sentencia. Así, dada esa extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia, aunque pudieran existir otras infracciones en la sentencia además de las denunciadas en el recurso, no podrían ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos en que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio. Conforme a ello, el motivo de recurso amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha de referirse a la infracción de las normas sustantivas aplicadas por la sentencia. Sin que quepa ignorar que corresponde exclusivamente a las partes la construcción e impugnación del recurso, pues una solución distinta equivaldría a atribuir al Tribunal "ad quem" la redacción "ex oficio" del recurso o su impugnación, lo que pugna con el principio dispositivo o de justicia rogada y su consecuencia no podría ser otra que la lesión del principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Por consiguiente, si la "ratio decidendi" de la sentencia no es combatida en el motivo de recurso, debe ser este desestimado, como acontece en el presente caso, pues aun de ser estimada la infracción alegada en el recurso, al no combatirse la razón jurídica de la sentencia asentada sin embargo en fundamento distinto al mencionado en el recurso, no podría variarse el sentido del fallo, en base al citado carácter extraordinario del recurso de suplicación.

CUARTO: En nuevo motivo de censura jurídica de la sentencia, sostiene la recurrente la vulneración del artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, por cuanto no puede operar la sucesión de empresas cuando el contrato laboral se encuentra extinguido, lo que afirma sucede en el presente caso en el que las trabajadoras vieron extinguido su contrato el 19 de noviembre de 2020, mientras que la sucesión habría operado al día siguiente, 20 de noviembre de 2020.

Aun cuando de ser así, no apreciaríamos desde luego que tal sucesión empresarial no pudiese recaer sobre los contratos laborales extinguidos el día anterior a la misma, al tratarse de actos concatenados, subsiguientes y consecuentes, que se producen, el primero como consecuencia del segundo, no siendo este último un acontecimiento súbito e imprevisto, sino que sin duda, dadas sus características e implicaciones, se trataba de un hecho conocido y previsto en el momento de la baja de las demandantes en la empresa cedente un día antes de la firma formal del contrato suscrito entre cedente y cesionaria para la transmisión de la unidad productiva, hasta el punto de que esta constituye la causa de dicha baja (en otro caso se favorecería el fraude, siendo fácil evitar la subrogación de los trabajadores dándoles de baja el día antes de la fecha efectiva de la sucesión empresarial), pero lo cierto es que no encontramos en los hechos probados de la sentencia mención alguna a la pretendida extinción contractual con fecha 19 de noviembre de 2020.

Tal presunción respecto a la citada fecha de extinción en la que se basa el motivo de recurso excede el ámbito del apartado c) del artículo 193 a través del que es articulado, que es exclusivamente el de examinar el derecho sustantivo aplicado, partiendo para ello del relato de hechos probados, ya sean los declarados como tales en la sentencia recurrida o los de la misma que hayan sido corregidos en virtud del propio recurso al amparo del apartado b) del citado artículo 193, incurriendo el recurrente en el llamado vicio de "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión". En efecto, el carácter extraordinario del recurso de suplicación significa que si el recurrente no está conforme con los hechos que se han declarado probados y que sirven de sustento fáctico al pronunciamiento de la sentencia que recurre, o pretende introducir otros adicionales a los que ya constan en la sentencia, debe atacar dichos hechos probados por el cauce del apartado b) del artículo 193, pidiendo su revisión en los términos establecidos en dicho apartado. La sentencia no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1992). Lo que realmente viene a pretender el recurrente en este caso es que la Sala sustituya la soberana valoración del conjunto de la prueba efectuada por el magistrado de instancia -ex art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social- por la propia valoración que propone la parte recurrente, lo que no es admisible en este tipo de recurso extraordinario.

Por tanto, para la resolución del recurso debemos partir de los incombatidos hechos probados de la sentencia recurrida, conforme a los cuales la baja de las demandantes en la empresa cedente y la transmisión de la unidad productiva en la que venían empleadas, son simultáneas.

QUINTO: Seguidamente alega la recurrente la infracción de los artículos 44 del Estatuto de los Trabajadores y 1254, 1258, 1278, 1281 y 1286 y siguientes del Código Civil, por aplicación indebida de la cláusula cuarta apartado sexto del contrato de arrendamiento de industria suscrito entre Galp Energía España S.A.U. y Combustibles Cañada Ancha S.L., en la que ambas empresas asumen el compromiso de que cuando cese el arrendamiento y se devuelva la industria a Galp Energía España S.A.U. o a la empresa que ésta designe, se devolverá a esta un número de trabajadores similar al que subrogó. Por tanto concluye que en cumplimiento de dicho contrato, Galp Energía España S.A.U. debió subrogar a los trabajadores que venían empleados en la industria arrendada y no la recurrente.

Sin embargo, sin perjuicio de las particularidades de la expresada cláusula contractual, en todo caso el derecho de los trabajadores a la subrogación en la empresa cesionaria, con todos los derechos y obligaciones que mantenían en la empresa cedente, establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, no puede quedar sin efecto por el mero pacto en contrario entre empresas afectadas por dicha sucesión. El pacto entre estas, de naturaleza civil, no puede perjudicar derechos de terceros ajenos a dicha relación de naturaleza mercantil y en particular a la relación laboral de los trabajadores empleados en la industria objeto del contrato de arrendamiento, salvo para mejorar los derechos laborales que les correspondiesen en virtud de las normas legales o convencionales aplicables. Así lo impone el sistema de fuentes de la relación laboral establecido en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, conforme al cual los derechos que a los trabajadores otorga el artículo 44 de dicho Estatuto tienen carácter de derecho necesario, indisponible, siendo de aplicación el apartado 5 de aquel precepto, que establece que los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario o de los reconocidos como indisponibles por convenio colectivo. Por consiguiente, el derecho otorgado a los trabajadores en el artículo 44 para el supuesto de sucesión de empresas, no puede quedar sin efecto por el pacto en contrario entre empresas afectadas por la sucesión, tratándose dicho pacto de una obligación que, en su caso, podrá dar lugar a las exigencias o resarcimientos de orden civil que correspondan entre las empresas contratantes, pero no será oponible a quienes no son parte del pacto civil suscrito. El derecho a la subrogación de las demandantes vienen otorgado por la Ley y no puede quedar sin efecto por un pacto suscrito por terceros.

Por ello, no resultan aplicables a la relación laboral de las demandantes los artículos 1254, 1258, 1278, 1281 y 1286 y siguientes del Código Civil, pues según dichos preceptos, los contratos regulados en los mismos sólo obligan a quienes han prestado su consentimiento a lo pactado en ellos, no a las trabajadoras demandantes, ajenas a dicho contrato, a las que por tanto no puede oponerse el mismo.

Los derechos laborales derivados de una sucesión empresarial son los regulados en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, de suerte que una vez que se produzcan las circunstancias de hecho contempladas en dicho precepto, esto es una vez que una empresa transmita a otra una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria, tendrá necesariamente obligación la empresa cesionaria de subrogar a los trabajadores afectados, luego apreciada dicha transmisión a la recurrente, la obligación de subrogar a las demandantes resulta ineludible para la misma. Dicha subrogación opera por ministerio de la ley, una vez que acontezca el hecho previsto en la misma como fuente de dicha obligación, sin que pueda quedar sin efecto por pacto en contrario entre las empresas afectadas.

SEXTO: Finalmente, alega la recurrente nuevamente la infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, negando que concurran los requisitos jurisprudencialmente establecidos para considerar la existencia de una unidad productiva. Basa dicha afirmación en que el acta notarial afirma que la recurrente no toma posesión de una actividad, en que no es cierto que revirtieran las licencias necesarias para llevarlo a cabo, en que no asumió la explotación del negocio de manera directa porque el estado de las instalaciones no lo permitía y porque no se han facilitado a la recurrente algunos de los medios absolutamente necesarios para hablar de dicha transmisión, como son los servicios de cobro preexistentes, la relación de clientes, los sistemas de créditos, la lista de proveedores y sus condiciones y los sistemas informáticos de gestión y de comunicación con surtidores, estando valorado en la ridícula cantidad de 77.000 € lo que se entregó con la finca, concluyendo de todo ello la inexistencia de sucesión empresarial.

Una vez más vemos que el motivo de recurso se fundamenta en unos hechos distintos a los que se han considerado probados, amparándose en hechos que no figuran o no han intentado incorporarse oportunamente al relato de hechos probados de la sentencia, lo que aboca al fracaso del motivo, conforme hemos explicado con anterioridad.

En cambio, lo que resulta de los hechos probados es que la recurrente, no sólo adquirió el derecho a la utilización de las instalaciones correspondiente a la estación de servicio objeto de transmisión y en la que venían empleadas las demandantes, incluyendo la pista de repostaje, la tienda y la oficina, sino que igualmente adquirió los boxes de lavado, alarmas, sistema contra incendios, sistema informático, terminales de punto de venta, ordenadores, impresoras, tarjetero y compresor, además de la correspondiente licencia de explotación. Se trata de los instrumentos necesarios para la continuidad de la actividad productiva, lo que por lo demás es consustancial a la propia denominación atribuida al negocio traslativo, como de arrendamiento de industria, que comprende los elementos necesarios para llevar a cabo una concreta actividad económica.

Hemos de recordar que según una ya muy reiterada jurisprudencia, resumida en la sentencia del T.S. de 7 de diciembre de 2011, la interpretación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, "ha de realizarse, tal como retiradamente ha venido señalando la jurisprudencia de esta Sala, a la luz de la normativa Comunitaria Europea -Directiva 77/187 CEE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de parte de empresas o de centros de actividad, sustituida por la Directiva 98/50 CE de 29 de junio de 1998 y por la actualmente vigente Directiva 2001/23 CE, del Consejo de 12 de marzo de 2001 y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", de manera que, resumiendo lo allí dicho en lo que ahora interesa, afirma que "A la vista de todo lo anteriormente expuesto se ha de concluir que para determinar si ha existido o no sucesión de empresa, no es determinante si el nuevo empresario, continuador de la actividad, es propietario o no de los elementos patrimoniales necesarios para el desarrollo de la misma, ni si ha existido o no un negocio jurídico entre cedente y cesionario, sino si se ha producido un cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma y si la transmisión afecta a una entidad económica que mantenga su identidad.". En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 27 abril 2015 (RJ 2015714) y la núm. 873/2018 de 27 septiembre (RJ 2018619).

Concluimos que la índole de los medios transmitidos constituye el cambio de titularidad de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria, por cuanto se trata de la transmisión de los activos patrimoniales, materiales o inmateriales, necesarios para permitir, por sí mismos, la continuidad de la actividad productiva, es decir de todos los factores esenciales de la empresa capaces de asegurar la continuidad del conjunto de sus elementos, tanto el técnico como el organizativo y patrimonial, de modo que los elementos traspasados son susceptibles de constituir un soporte productivo dotado de autonomía funcional, es decir, que por sí mismos son capaces de asegurar la continuidad de la actividad productiva, lo que constituye el supuesto legal de sucesión de empresas, que obliga a la subrogación de los trabajadores afectados por la adquirente, lo que conduce a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia.

SÉPTIMO: Se condena a la recurrente al pago de las costas de este recurso, en las que sólo se comprenden -por no constar la reclamación de otros gastos necesarios- los honorarios del graduado social y de los dos letrados impugnantes del recurso en cuantía de 800 € más el IVA correspondiente, a cada uno, según el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que en caso de no satisfacerse voluntariamente podrán interesarse ante el Juzgado de lo Social de instancia, por ser el único competente para la ejecución de sentencias.

Asimismo debe ser condenada a la pérdida de las cantidades consignadas y del depósito constituido para recurrir, según el artículo 204. 1 y 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación