Sentencia Social 1085/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 2640/2024 de 17 de junio del 2025

PRIMERO:Interpone recurso de suplicación la Abogacía del Estado en representación de la Autoridad Portuaria de Gijón (en adelante APG) contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en el procedimiento entablado en materia de impugnación de actos administrativos en virtud de la demanda presentada por el demandante, trabajador que había ejercido diferentes puestos directivos desde su incorporación en el año 1.993 a la Autoridad Portuaria -secretario general, jefe de área o director general de la Entidad-, desde el 6 de febrero de 2.020 director de contratación y calidad y, posteriormente, director de calidad, en condición de trabajador fuera del Convenio Colectivo de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias.

La sentencia estima la demanda por la que impugnaba la resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón mediante la quese acordó desconvocar la plaza fija correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018 para la ocupación de Técnico/a de Sistemas de Calidad (GII, BII, N8) convocada mediante Resolución de fecha 6 de febrero de 2020 y, a su vez, convocar una plaza fija correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018 para la ocupación de Técnico de Infraestructuras (GII, BII, N5). El fallo declara "la nulidad de la Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón el 15 de marzo de 2023, publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Entidad en fecha 16 de marzo de 2023, en la que se acuerda desconvocar la plaza fija correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018 para la ocupación de Técnico/a de Sistemas de Calidad (GII, BII, N8), convocada mediante Resolución de fecha 6 de febrero de 2020, y convocar una plaza fija correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018 para la ocupación de Técnico de Infraestructuras (GII, BII, N5)".

Se alza en suplicación la entidad recurrente mediante varios motivos al amparo de los apartados a), b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Merced a ello solicita la Abogacía del Estado que, entrando a resolver sobre el fondo de la controversia, se acuerde estimar el presente recurso de suplicación y revocar la sentencia de instancia, acordando en su lugar la íntegra desestimación de la demanda formulada.

La representación letrada del demandante impugna el recurso interpuesto, interesando íntegra desestimación en sentido confirmatorio de la sentencia recurrida e imposición de costas. Con carácter previo pretende ser demostrativo de que el recurso no cumple los requisitos exigibles para prosperar porque entiende que sus manifestaciones "no cumplen con lo establecido en los artículos 193 y 196 de la LRJS , en relación con la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicada por esta misma Sala, para sustentar adecuadamente un recurso de suplicación".En cualquier caso opone las razones en cuanto al fondo de su impugnación para cada motivo.

Exclusivamente en la medida en que de estas alegaciones previas se infiere que pudiera pretender sostener un motivo de inadmisión, damos previamente respuesta a la denuncia de defectuoso planteamiento del recurso como causa de inadmisión del interpuesto. Recordemos que es el incumplimiento "de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir"el que el artículo 200 LJS contempla como causa de inadmisión ad liminedel recurso. En aplicación de ello la jurisprudencia ha venido reiterando que no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el correspondiente escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues "lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano"( Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 13/05/15 -rco 80/14-; 17/09/15 -rco 238/14-; SG 19/10/15 -rco 54/15-; SG 20/11/15 -rco 104/15 -; 24/11/15 -rco 270/14 -; 01/12/15 -rco 40/15-; SG 26/01/16 -rco 144/15-; y SG 31/03/16 -rco 272/15).

Con independencia del éxito o no de la pretensión del recurrente, el recurso cumple de manera mínima y suficiente con los requisitos contemplados en la ley reguladora de la jurisdicción social. El artículo 193 LJS contempla como motivos de recurso que la norma procesal habilita en suplicación: a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión. b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

La impugnación prescinde de que, habiendo acudido a los tres en este caso, lo que establece el artículo 196 LJS es que "En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos"(apartado segundo) y que "También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende"(apartado tercero).

No cabe duda de que tanto infracción procesal como censura jurídica comprenden los preceptos y jurisprudencia que considera infringidos, así como la revisión fáctica invoca aquello que pretende como soporte. Propuestos para afrontar la sentencia recurrida mediante un planteamiento que, a la postre, permite conocer el sentido de la pretensión y su análisis, ello en absoluto habilita a la inadmisión de plano de su examen por razones puramente formales. No concurren defectos que, como tal, impidan radicalmente identificar y conocer el sentido de la discrepancia que la parte recurrente articula y, precisamente en aras a evitar formalismos enervantes, la causa de inadmisión se rechaza.

SEGUNDO:El primer motivo a que el recurso interpuesto acude al cauce del apartado a) del artículo 193 LRJS para denunciar infracción del artículo 97.2 LJS por valoración arbitraria de la prueba.

Previa transcripción del tenor del precepto en cuanto alude a que el órgano de instancia, "apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión",reprocha a la dictada que no contiene esa motivación referenciada. En su lugar, acumula "valoraciones de carácter subjetivo que exceden del objeto de la controversia y entran a apreciar la oportunidad o discrecionalidad con la que la APG ha organizado sus necesidades de personal en el pasado, en el presente, y en futuro"que "no aparecen correlacionadas con la prueba practicada e incluso exceden del ámbito de la controversia, conculcando por lo tanto las normas reguladoras de la misma y debiendo considerarse por lo tanto como apreciaciones ilógicas y arbitrarias, generando con ello indefensión".Por ello considera que, en concreto, no cumple con esta exigencia en puntos tan esenciales como la legitimación ad causam,aunque "atendido que el carácter de las infracciones enunciadas (infracción de las normas reguladoras de la sentencia y valoración ilógica de la prueba practicada) afecta a la propia emisión del fallo, se solicita que esta digna Sala entre a resolver sobre el fondo de la controversia, revocando la sentencia de instancia sin necesidad de proceder a la retroacción de actuaciones".

En su escrito de impugnación la parte demandante opone que la mera lectura de los fundamentos jurídicos de la sentencia para alegar que sí cuenta con la correspondiente motivación, tanto en lo relativo al rechazo de las causas de inadmisibilidad de la demanda formuladas por la APG (fundamento de derecho segundo), como en lo relativo a la declaración de nulidad del acto impugnado (fundamento de derecho tercero), así como los elementos y razones que permiten conocer cuáles han sido los criterios que fundamentan la decisión alcanzada. Expone que resulta demostrativo de que entra en contradicción cuando afirma que la sentencia carece de motivación y requiere luego a la Sala en otros "motivos" de recurso la supresión de hechos declarados probados por el juzgador. Concluye que la desestimación del recurso radica en el hecho de que la APG no comparta los criterios del Juzgador no le faculta sin más para interponer recurso de suplicación al amparo de la letra a) del artículo 193 de la LRJS.

Conviene recordar alude literalmente a una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión. El quebrantamiento procesal se anuda inescindiblemente a la indefensión. El derecho a no sufrirla constituye un derecho fundamental, inseparable del derecho de defensa que el artículo 24.2 CE reconoce y garantiza a todos los que son parte en un proceso judicial y cuyo contenido esencial se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto que es objeto del proceso. La nulidad de actuaciones, aun solicitada a través del recurso de suplicación, es un remedio de carácter excepcional y extraordinario que debe ser utilizado con cautela, partiendo siempre de que el principio es la conservación de los actos es lo normal y lo anormal debe ser la declaración de nulidad. De modo que sólo procede tal declaración cuando ciertamente se hayan conculcado normas del procedimiento que resulten esenciales, que no sea posible la subsanación por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión real a la parte que la denuncia.

Ciertamente la valoración de la prueba es una competencia del órgano judicial de instancia ex artículo 97.2 LJS, con arreglo a las reglas de la sana crítica y dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Aun siendo las normas procesales reguladoras de la estructura de la sentencia -como la omisión o insuficiencia de motivación- infracciones procesales, lo que no resulta admisible es que bajo su cobertura se pretenda poner en liza la propia valoración de la prueba o lo que eventualmente pudo ser un error en su apreciación ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2.022, rcud. 3431/2020) porque la discrepancia jurídica en cuanto a tales infracciones exigen seguidamente entrar al fondo de la pretensión.

En el caso examinado la nulidad no es lo pretendido y los motivos de revisión fáctica planteados son claramente accesorios a la infracción procesal a la que siguen porque, en definitiva, sostiene que una infracción sobre normas reguladoras de la sentencia "obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate"(artículo 202.2 LJS) . Sin embargo, la solicitud de revocación de la sentencia de instancia que plantea cobra pleno sentido jurídico en la medida en que exige un examen procesal directamente del motivo de recurso que concierne a la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa.

Con la invocación de la infracción procesal por infracción del artículo 97.2 LJS y errónea valoración de la prueba, en realidad, el recurso conecta esa infracción con lo que considera conlleva la errónea valoración: la indebida desestimación de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte. Tal excepción es cuestión de orden público procesal que debe ser resuelta incluso de oficio ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2.021, rco. 35/2020, más las que en ella se citan). Pero como quiera que su planteamiento en otro motivo al que el recurso se remite lo es por haber descartado la excepción según las razones que pretende contradecir, resulta ineludible su examen a continuación y en primer término, ya que, de prosperar, la excepción procesal forzosamente habría impedido el examen de la demanda en cuanto al fondo, sin necesidad de otras consideraciones.

TERCERO:Tras los motivos de recurso por el cauce del apartado b) y como primer motivo de recurso por el cauce del apartado c), ya hemos dicho que el recurso acude a denunciar la indebida desestimación de la excepción de falta de legitimación activa en la sentencia. Siendo la legitimación activa un requisito de ineludible naturaleza procesal, el indebido encaje no puede impedir examinar la infracción denunciada: la infracción de los artículos 17.1 y 151.5 LRJS, en relación con el artículo 19 LJCA, de aplicación supletoria por razón de la materia.

Alega que opuso la falta de legitimación activa ad causam,de conformidad con tales en la medida en que en la primera demanda presentada ante el orden contencioso-administrativo el demandante invocaba un doble interés: de un lado, el interés general de respeto a la legalidad y de otro, su interés como empleado de la Autoridad Portuaria de Gijón. Resuelta su inadmisión por falta de jurisdicción del orden contencioso administrativo al considerar que la competencia correspondía al orden social, la posterior demanda ante este orden elude la referencia al interés general de respeto a la legalidad -frente al que esta parte ya hizo alegaciones por su impertinencia- y liga la pretensión de anulación y desaparición de la plaza de Técnico de infraestructuras solo al interés del demandante como empleado de la APG. En síntesis, combate que el demandante asuma que dicho interés existe aunque "carece de competencias en la determinación de las necesidades de personal o en la adopción de los actos necesarios para colmarlas";que no existe Plan de Calidad a ejecutar porque nunca se aprobó por la Autoridad Portuaria, ni se justifica tampoco la vinculatoriedad del mismo; y que Puertos del Estado asigna a la APG seis plazas para su libre determinación por el órgano competente del total de plazas existentes en la OEP 2018, pero no preasigna el destino de tales plazas, ni mucho menos ostenta el demandante derecho o interés legítimo para exigirlas con uno u otro contenido.

En su escrito de impugnación la representación letrada del demandante se atiene a la fundamentación de la sentencia recurrida para defender su acierto al apreciar la legitimación activa que justificaba la interposición de la demanda. Conviene reparar en que la sentencia concluye en el fundamento de derecho primero in fineque "procede entrar a conocer sobre la materia objeto de procedimiento" contestando a la excepción opuesta, como cuestión relativa a la relación del sujeto con el objeto del proceso, que "entiende quien suscribe que sí está legitimado activamente para impugnar la resolución en cuestión, pues no lo hace solo por un tema de defensa de la legalidad, sino que tiene un interés legítimo y directo, en tanto está directamente perjudicado por la resolución impugnada, ya que ostenta el cargo de la Dirección de Calidad, a la que está destinada la plaza que se desconvoca en la resolución recurrida, en la estructura y organización de la Entidad, aprobadas, respectivamente, por Puertos del Estado y el Consejo de Administración. Existe una Dirección de Calidad cuyas funciones deben ser ejercidas por personal directivo (fuera de convenio) y por personal sujeto a convenio colectivo, pues para la ejecución del Plan de Calidad 2021- 2024 se necesita incorporar a la dirección a un Técnico de Calidad y a un Responsable de Calidad. Considerando necesaria esa ocupación en la APG, en la OEP de 2018 se le otorga una plaza de técnico de calidad para la que aún no se han publicado las bases y que la resolución impugnada viene ahora a desconvocar.

El demandante se encuentra, en consecuencia, directamente afectado en sus derechos e intereses legítimos por la resolución impugnada, ya que la misma le impide desarrollar adecuadamente los cometidos de su categoría profesional de Jefe de Área, al no cubrirse la plaza de técnico de calidad y quedar desprovisto de cualquier personal en la Dirección, vaciando de ese modo el contenido de su puesto de trabajo de responsable. Consta en el informe de la Dirección de RRHH de la APG de 6 de mayo de 2024, elaborado ad hoc y exprofeso con motivo del presente procedimiento, que no era necesario reforzar el Departamento de Calidad porque dispone de suficientes profesionales formados y preparados, pero no se refleja quienes son esos profesionales ni su preparación y funciones, solo figura el demandante, sin que haya quedado acreditado que disponga de un Técnico de Calidad, lo que podía haber justificado perfectamente la APG al tener los medios a su alcance, por lo que dada la facilidad probatoria de que disponía, ha de pechar con la falta de prueba sobre este extremo".

En definitiva, legitimaba activamente al actor para interponer la demanda que "la resolución impugnada supone consolidar la situación de ausencia de personal técnico adscrito a dicha Dirección de Calidad, que se mantiene vacante desde agosto de 2021 en contra de la OEP aprobada en 2018 y de las necesidades acreditadas de medios personales especializados y expertos para el desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión y para el desempeño de las funciones propias de calidad".

Bajo el título "Legitimación", el apartado 1 del artículo 17 LJS establece que "Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las leyes".En la tramitación de los procedimientos de impugnación de actos administrativos como el que nos ocupa el artículo 151 establece en su apartado 5 que "Estarán legitimados para promover el proceso, los destinatarios del acto o resolución impugnada o quienes ostenten derechos o intereses legítimos en su revocación o anulación. La legitimación pasiva corresponde a la Administración o Entidad pública autora del acto".

En efecto la resolución de desconvocatoria que es objeto de este procedimiento fue previamente impugnada por el demandante mediante recurso contencioso-administrativo en fecha 16 de mayo de 2023, recayendo Auto de 5 de septiembre de 2023 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias de 5 de septiembre de 2023 en el Procedimiento Ordinario 414/2023, notificado el 11 de septiembre de 2023, por el que se inadmite dicho recurso por carecer de jurisdicción y considerar que su conocimiento corresponde al orden jurisdiccional social (hecho probado noveno). Pero ello no prejuzga la legitimación activa o no del demandante para someter la cuestión al conocimiento del orden que se indica competente.

En resumen y a los solos efectos de comprobar lo que constituyó objeto de controversia, la impugnación lo fue de una resolución de Presidencia de 16 de marzo de 2023 que "acuerda desconvocar la plaza fija correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018 para la ocupación de Técnico/a de Sistemas de Calidad (GII, BII, N8) convocada mediante Resolución de fecha 6 de febrero de 2020 y convocar una plaza fija correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018 para la ocupación de Técnico de Infraestructuras (GII, BII, N5)",pidiendo su nulidad.

El hecho probado segundo da cuenta de la relación laboral que unía al demandante con la demandada. Habiendo desempeñado distintos puestos directivos, el penúltimo como director general de la APG, desde el año 2.020 se le designa director de contratación y calidad, actualmente director de calidad. A tenor del hecho probado cuarto, mediante Resolución de 25 de noviembre de 2016 del Ministerio de Hacienda y Función Pública se autorizó a la APG para la realización de un contrato de relevo para la ocupación de técnico/a de sistemas de calidad (Grupo II, Banda II, Nivel 8). Esa plaza de técnico/a de sistemas de calidad se convocó por Resolución de la Presidencia de la APG de fecha 15 de febrero de 2017 y las bases correspondientes reguladoras del proceso se publicaron en la web de la APG. Tras concluir el proceso selectivo, la APG formalizó contrato de trabajo inscrito en la oficina de empleo de Gijón el 29 de agosto de 2017, con una duración comprendida entre el 1 de septiembre de 2017 y el 1 de l mayo de 2021, para la plaza de técnico de sistemas de calidad con carácter temporal.

La sentencia considera relevante indicar que la APG mantuvo una plaza de técnico de calidad en su estructura fija y propuso a Puertos del Estado su previsión e inclusión en la OEP de 2018 a través del denominado proyecto de Plan de Empresa, instrumento de planificación presupuestaria propio de los organismos portuarios conforme a su legislación específica ( art. 55 del TRLPEMM). El Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, aprobó la oferta de empleo público para dicho ejercicio. Según el hecho probado quinto, con fecha 14 de diciembre de 2018 fue notificada a la APG por parte del Organismo Público Puertos del Estado la concesión de seis plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2018, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018, entre las que se encontraba la de técnico/a de sistemas de calidad (GII, BII, N8).

Se expone en los hechos probados sexto y séptimo que la cobertura de la ocupación de técnico de sistemas de calidad con carácter temporal se realizó hasta el 2 de agosto de 2021, mediante contrato de trabajo temporal a tiempo completo, inscrito en la oficina de empleo de Gijón el 30 de marzo de 2021. Terminado ese contrato temporal, a efectos de cubrir la ocupación de técnico de sistemas de calidad hasta que se culminase el proceso selectivo, la APG remitió al Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE-, una oferta para ese puesto, que se publicó en el portal "Empléate" con fecha 20 de septiembre de 2021. Sin embargo, la APG no cubrió la plaza ofertada mediante el SEPE y desde el 2 de agosto de 2021 la ocupación de técnico de sistemas de calidad se encuentra vacante. La persona contratada hasta entonces colaboró con el demandante en la elaboración de una Propuesta de Plan de Calidad 2021-2024, que fue enviado al Director para firma o revisión el día 10 de junio de 2021, en el que se recogen una serie de iniciativas para promover la obtención de certificaciones ISO y la evaluación EFQM. Para la ejecución del plan, en el apartado 8 del mismo, sobre recursos necesarios, se prevé incorporar a la dirección a un técnico de calidad y a un responsable de calidad. Dicha propuesta no fue firmada por el Director

Pero sentado cuanto antecede, la Sala conviene con la entidad recurrente en que la condición del trabajador demandante, siquiera considerando el genérico dato a que la sentencia alude porque "la APG empezó a trabajar en la implantación de sistemas de gestión de calidad, integrando en su estructura organizativa una dirección de sistemas de gestión o calidad para la ejecución de las funciones propias del seguimiento y desarrollo de dichos sistemas, así como personal especialista"(hecho probado tercero), no le legitima activamente para la pretensión que interpuso. Que la resolución hubiera o no supuesto "consolidar la situación de ausencia de personal técnico adscrito a dicha Dirección de Calidad, que se mantiene vacante desde agosto de 2021 en contra de la OEP aprobada en 2018 y de las necesidades acreditadas de medios personales especializados y expertos para el desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión y para el desempeño de las funciones propias de calidad"es ajeno a su interés directo.

Quien ni siquiera concurre a la plaza no ostenta un derecho subjetivo afectado por la desconvocatoria, pero tampoco ésta le confiere un verdadero interés legítimo, tutelable mediante el ejercicio de la acción de impugnación. Acaso tal interés sería genérico y ajeno al cargo de Dirección de Calidad porque en absoluto podemos compartir que vacíe el contenido de su puesto de trabajo como responsable, situación que no justifica que le impida desarrollar adecuadamente los cometidos de su categoría profesional de Jefe de Área, por más que la sentencia juzgue fundamental subrayar que con la desconvocatoria de la plaza de técnico de calidad quedó desprovisto de personal. Y como tal interés genérico no tiene encaje en los preceptos cuya infracción se denuncia, privándole de la legitimación activa que debió ser rechazada.

Cuanto antecede determina la estimación de este motivo de recurso y, sin necesidad de entrar al examen de los restantes, la estimación del recurso mismo. Procede por ello la revocación de la sentencia dictada para, en su lugar, desestimar la demanda interpuesta y absolver a la entidad demandada de la pretensión deducida.

CUARTO:Establece el artículo 235.1 LJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social. Dada la estimación del recurso interpuesto, no procede imposición de costas.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,