Sentencia Social 875/2024 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Social, Rec. 873/2024 de 18 de noviembre del 2024

PRIMERO.- El demandante prestó servicios para la empresa mutua MAZ desde el 1-4-1980 con categoría de Grupo Profesional II y salario de 2,758,37 euros.

El actor es afiliado al sindicato CC. OO. y ha sido representante legal de los trabajadores en el periodo de 11-2-2009 a 26-4-2021.

En fecha 28-2-2023 la empresa le notificó al actor la iniciación de un expediente contradictorio para la imposición de sanción por falta muy grave.

La empresa entregó al actor carta de despido de fecha 13-5-2013 comunicando su despido disciplinario.

Interpuesta demanda fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza que declaró procedente el despido.

Interpuesto recurso de suplicación por el demandante, fue impugnado por la empresa demandada.

SEGUNDO.- Respecto a la aportación de un nuevo documento , de fecha posterior a la diligencia de ordenación de fecha 15 de octubre de 2024 , consistente en resolución de la TGSS de fecha 10-9-2024 en que se dice "No consta ninguna reclamación de deuda por la Mutua MAZ por el concepto deducciones indebidas en la cotización de seguridad Social en la provincias de Zaragoza , Huesca Y Teruel ", se inadmite por carecer de transcendencia para el resultado del fallo teniendo en cuenta los hechos imputados en la carta de despido al demandante.

Por el demandante, al amparo de lo dispuesto en el art. 193 b) de la LRJS se solicita la revisión de hechos probados, en concreto del hecho probado séptimo, sustituyendo la redacción que consta en sentencia por la que se postula, en base al documento nº 7 del ramo de prueba de la empresa, con el siguiente texto:

"MAZ conocía la autoría de la denuncia formalizada por el actor desde el 28 de septiembre de 2022 como se reconoce en el correo electrónico remitido por el Director General de MAZ al Subdirector de DGOSS en el que literalmente le manifiesta:

Te respondo al correo de la denuncia, confirmando, con explicaciones detalladas tras analizar toda la información al respecto, el riguroso cumplimiento de la normativa vigente por parte de la entidad y, en concreto, por nuestro compañero denunciado, Alejo en las áreas de su responsabilidad.

Tenemos identificado al trabajador que la presenta, con el que hay dificultades de rendimiento en su trabajo y de relación con sus compañeros de departamento, con difícil solución, como ya imaginaras."

La jurisprudencia, entre otras muchas, SsTS de 20 y 22-3-2013, rs. 81 y 9/12, 19-12-2013, r. 37/13 y 29-4-14, r. 58/13, respecto a la revisión en casación de los Hechos Probados, con doctrina aplicable al recurso de suplicación, tiene declarado que los Hechos sólo pueden adicionarse, suprimirse o rectificarse si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que haya sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, es decir, que la modificación haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación; y e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Como dice la STS de 20-3-2012 (rco. 40/11) "una cosa es el error en la apreciación de la prueba que de haberse producido mostraría un relato histórico hecho en términos equivocados y otra muy distinta que la valoración jurídica de las pruebas practicadas conduzca a resultados que el recurso considere erróneos, aun cuando el conjunto fáctico se halle acreditado en forma impecable"; rechazándose las pretensiones que instan una nueva valoración de las prueba "porque con esta forma de articular la pretensión revisoria la parte actúa «como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS de 12-5-2017, rco. 210/15).

No se aprecia la existencia de error en el Juzgador de instancia, pues en el hecho probado cuya revisión se solicita se declaraba probado que:

"Se declara probado que el actor envió desde la cuenta de correo electrónico DIRECCION000 el siguiente correo a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social..."

Para declarar probado en el hecho probado séptimo:

"MAZ encargó en fecha 1-2-23 un informe a una empresa de detectives para averiguar la autoría del email enviado de forma anónima en fecha 19-9-2022, resultando que uno de los usuarios de dicho correo electrónico es el actor Fermín y que Sonia es la pareja del actor. El informe concluyó en fecha 15-2-2023"

La revisión que se solicita tiene como finalidad la fundamentación de la prescripción, al estimar que MAZ conocía desde el 22 de septiembre de 2022 la autoría de la denuncia, pero lo que consta acreditado en la sentencia es que se emitió una denuncia procedente de un correo electrónico que no era el del actor , por lo que, si bien la empresa pudiera tener sospechas de quien lo había emitido , tuvo que encargar un informe a una empresa de detectives para averiguar la autoría del mismo, por lo que hasta que no recibió el informe de detectives no tuvo un conocimiento indubitado de su autoría.

No acreditada la existencia de error, se desestima el motivo.

TERCERO.-Por el recurrente, al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS, denuncia la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia, alega que:

1) En primer lugar del Art. 24 de la Constitución Española, en relación con los Arts. 5, c y 12.1 del Convenio 158 OIT en relación con el Art. 17. 2 del Estatuto de los Trabajadores, y en relación con la Ley 2/2023 de 20 de febrero.

Alega que se ha vulnerado la garantía de indemnidad que consiste en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido.

El trabajador presenta denuncia ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ante los indicios acreditados y reconocidos de irregularidades en materia de entregas de botiquines por la empresa MAZ a empresas con deudas a la seguridad social, así como diferencias de deducciones a la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que, efectivamente, el trabajador recurrente no anunció ninguna reclamación judicial, limitándose a denunciar ante el Organismo competente de inspección las posibles irregularidades constatadas por responsabilidad en el desarrollo de prestación de servicios para la empresa, por lo que con su denuncia no se trató de una actividad previa que estuviera directamente encaminada al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que se trataba de una obligación derivada de una asignación directa de sus funciones y responsabilidades de revisión por la empresa según consta en el manual que el recurrente debía cumplimentar para la tramitación y gestión de los botiquines, dentro de sus funciones asignadas se indicaban dar el visto bueno si tenían que revisar las empresas que tuviesen como mínimo dos deudas en TGSS, sin importar el importe de la deuda.

Cita el art. 19.3, 33 y 35 1, a) de la Ley 2/2023.

El despido obedece y trae su causa directa en las irregularidades denunciadas por el trabajador recurrente ante el órgano administrativo competente DGOSS,

2) En segundo lugar alega la prescripción, art. 60 del ET, el 28 de septiembre de 2022 cuando le contesta a la remisión de la denuncia formalizada por el recurrente reconociendo que conocen al trabajador y que lo tienen identificado, por lo que desde dicha fecha comienza el cómputo de la prescripción. La empresa conocía a la cónyuge del recurrente, libro de familia en el momento del matrimonio para obtener el permiso de 15 días por el matrimonio, nacimiento del hijo para el permiso de paternidad, aguinaldo de reyes para los hijos de empleados, etc.

3) Improcedencia en cuanto al fondo, por infracción del Art. 56 en relación con el Art. 54 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los Arts 70 y ss del Convenio Colectivo General de Seguros y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

El Convenio Colectivo General de Seguros y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social regula en su Art. 70, como Faltas Graves:

d) La omisión o no tramitación maliciosa o el falseamiento de los datos o comunicaciones que tuvieran incidencia cuantificable en la Seguridad Social.

e) La desobediencia a las órdenes de los superiores, así como el incumplimiento de las normas específicas de la Entidad.

f) Los malos tratos de obra o de palabra que supongan evidente y notoria falta derespeto hacia otras personas trabajadoras o con el público.

No siendo las faltas graves sancionables con el despido los hechos denunciados por el trabajador recurrente derivaban del directo desarrollo de sus funciones y responsabilidades en la inspección y control de la entrega de botiquines a empresas y deducciones de MAZ, circunstancias que ya fueron reconocidas en la Sentencia de 9 de diciembre de 2010 (Rec 855/2010) de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El trabajador recurrente conocía los hechos y actuaciones reconocidos en la sentencia dada la condición de representante de los trabajadores y miembro del comité de empresa de forma ininterrumpida desde febrero de 2009 hasta marzo de 2021 interviniendo activamente en toda la actividad sindical de representación como secretario del comité de empresa durante dicho periodo y tras finalizar el mismo, desde mayo de 2021 en la actividad profesional desarrollada como trabajador con grupo profesional II y en concreto en las tareas desarrolladas de inspección, tareas técnicas de auditoría y trabajos de prevención desarrollados durante más de 42 años de prestación de servicios en la empresa en el centro de trabajo de Zaragoza, circunstancias que motivaron la formalización de la denuncia por las sospechas de irregularidades que pudiera haber infringido la empresa.

Solicita la nulidad del despido con indemnización adicional de 50.000 euros o, subsidiariamente su improcedencia.

CUARTO.-Por la parte impugnante MAZ, se alega

1) En cuanto a la vulneración de derecho fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.

Aquí, el trabajador, no ha ejercitado ningún derecho laboral derivado de su contrato de trabajo, sino que ha formulado una denuncia (radicalmente falsa, como ha quedado acreditado) contra un compañero de trabajo, con el objetivo espurio de perjudicar gravemente al mismo. Ni hay ejercicio de ningún derecho laboral, ni ningún acto preparatorio de tal ejercicio, sino que simplemente existe una denuncia falsa.

El recurrente podía perfectamente haber puesto los hechos denunciados en conocimiento de la empresa, a través del canal de comunicación interna confidencial, existente desde 2020 en la empresa (Hecho Probado Octavo) para la realización de cualquier denuncia por incumplimiento de la normativa, pero no lo hace, optando por formular una denuncia ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con el único objetivo de perjudicar al responsable de Contratación y Prestaciones.

2) Respecto de la prescripción: cuando se comunica por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a mi representada, la existencia de una denuncia anónima, imputando determinadas irregularidades, se pudo tener la presunción o sospecha de quién podía ser el autor de la misma, pero en modo alguno existía una constatación plena y cabal de la misma.

Se lleva a cabo una investigación interna para analizar si los hechos eran reales.

Se contesta a la Dirección General el 28-9-2022 informando del riguroso cumplimiento de la normativa.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, traslada los hechos a la Inspección Central de Trabajo, que inicia una investigación, y requiere a la empresa para que presente determinada documentación en Diciembre 2022 e incluso cita a MAZ para que comparezca personalmente en sus dependencias de Madrid.

La Inspección Central de Trabajo concluye: "Realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha podido constatar la existencia de irregularidades en los puntos anteriormente denunciados

Una vez constatado el carácter falso de la denuncia se procede por MAZ a realizar las gestiones oportunas para constatar de forma fehaciente quién es el autor material de la denuncia, y en fecha 1/2/2023 se encarga a una Agencia de Detectives que intente averiguar la autoría del email enviado de forma anónima en fecha 19.09.2022, resultando que la misma correspondía al demandante Fermín.

Es entonces, cuando concluye en 15.02.2023 el informe de la Agencia de Detectives, cuando MAZ procede a incoar el expediente disciplinario del actor y cuando la empresa tiene conocimiento cabal y completo de o sucedido y de la identidad de su autor.

3) Improcedencia en cuanto al fondo:

El actor no dirige un escrito de queja a este directivo o a sus superiores en la empresa en el que vierta expresiones de desprecio contra determinada persona, sino que utiliza un canal de denuncia directa frente a la Dirección General encargada de la supervisión de la actividad de las Mutuas, prescindiendo del canal interno de comunicación de sospechas o irregularidades.

Se constata la falta de veracidad de los hechos denunciados por el actor, ni el actor ha practicado prueba alguna en este sentido. Ningún recorrido ha tenido su denuncia ni ante la DOGSS ni ante ITSS, de forma que tales hechos no son ciertos.

Constituyen transgresión de la buena fe contractual y la deslealtad, así como el falseamiento de informaciones de la empresa por lo que el despido es procedente.

RESOLUCION DEL RECURSO

QUINTO.- Sobre la garantía de indemnidad invocada y la nulidad del despido

Respecto de la garantía de indemnidad y la nulidad del despido, la doctrina de TS en STS (Pleno) de 15-11-2022 nº 91777/2022 R. 2645/2021 afirma:

"5.- Reiterada doctrina constitucional sostiene que "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero- o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril)- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3; 6/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre, FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo" ( sentencia del TC 183/2015, de 10 septiembre, FJ 3).

6.- La sentencia del TC 55/2004, de 19 abril, FJ 2, explica que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial."

En el presente supuesto no se trata del ejercicio por parte del trabajador de sus derechos laborales que derivan del contrato de trabajo, sino que se trata de una denuncia anónima dirigida a la DGOSS sobre la actuación de uno de los directivos de MAZ, por entregas de botiquines por parte de MAZ a empresas que tenían lo que podría ser considerado "incumplimiento de las normativas deudas con la Seguridad Social", que dio lugar a una investigación en la que intervino la DGOSS y la Inspección de Trabajo, y que dio como resultado la falta de acreditación de los hechos denunciados.

Por lo que la sanción disciplinaria de despido no constituye una represalia de la empresa ante una reclamación de sus derechos laborales por parte del trabajador, sino ante una denuncia falsa, lo que la empresa estimó que constituía una transgresión de la buena fe contractual sancionable con el despido.

SEXTO.-En cuanto a la Prescripción.

En orden al cómputo del plazo de prescripción, podemos citar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así sentencia de 4 de julio de 2006 (RUD 834/2005), en la que se mantiene:

".... la buena doctrina sobre el día inicial del cómputo, cuestión que ya ha sido objeto de unificación, entre otras, en las sentencias de esta Sala, oportunamente citadas por el Ministerio Fiscal, de 22 de marzo de 2001 (Rec. nº 2231/01) y de 20 de abril de 2004 (Rec. nº 1954/04 que cita la anterior y otras, y resume así dicha doctrina: "La fecha inicial para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones, según dispone el artículo 1968 del Código Civil, se inicia desde el momento en que pudieron ser ejercitadas".

Se observa así que la norma del antecitado artículo 60.2 ET efectúa una clara separación al fijar el "dies a quo" en una y otra clases de prescripción, estableciendo que en la corta el plazo empieza a correr "a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión", y para evitar una utilización arbitraria de ese criterio sobre el momento en que se obtiene dicho conocimiento pleno, que vendría a quebrantar el principio de seguridad jurídica, el mencionado precepto incorpora la llamada prescripción larga, que opera, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido la falta. Si bien la jurisprudencia ha matizado que, en el caso de faltas continuadas, el inicio del cómputo de su prescripción ha de ser la fecha del final de los hechos ininterrumpidos, sin que pueda retrotraerse al primer momento de la transgresión ( SSTS de 15-9-1988, 29-1-1990 y 25-7-2002, entre otras) y que asimismo, en los casos de faltas clandestinas u ocultas, ha de valorarse esta situación pese a aquella regla general.

A lo que se ha de añadir que es constante y reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de que el "dies a quo" en determinados casos de transgresión de la buena fe contractual, no viene dado por un determinado hecho aislado cuando ello exige una completa y exhaustiva comprobación que, por un lado, permite a la empresa conocer los hechos para mejor calificarlos y al trabajador, por su parte, que no se infrinjan principios que como los de "culpabilidad", "proporcionalidad" y "personalidad" son inherentes a todo Derecho sancionador o, como es en el presente caso, a la actividad disciplinaria en el ámbito laboral. Criterio éste que se complementa con la posición mantenida en otras sentencias de la Sala (así, en la de 15 de abril de 1994), según la cual "la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el art. 60-2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquélla en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos".

En el presente supuesto debe de tenerse en cuenta que la empresa, así como la DGOSS y la Inspección de Trabajo ,inician una investigación sobre los hechos denunciados , de forma anónima por el trabajador demandante que utilizó el correo de su pareja , y no es hasta que se comprueba la falsedad de los hechos denunciados y se constata la autoría de los mismos , tras la investigación por detectives contratados por el empresa , lo que tiene lugar el 15-2-2023, cuando la empresa tiene cabal y pleno conocimiento de los mismos ,iniciando expediente contradictorio el 28-2-2023 , procediendo a su despido disciplinario por carta entregada el 13-3-2023, imputándole una falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual del art. 54.2 d) dl ET ,así como faltas muy graves consistentes en fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas; inexactitud o falta de veracidad en la información suministrada, así como falseamiento voluntario de datos e información de la empresa del art. 70.3 a), b) y e) del Convenio colectivo, cuyo plazo de prescripción el de 60 días, por lo que no se ha producido al ser sancionado la prescripción denunciada.

SÉPTIMO.- En cuanto a la improcedencia.

Se imputa al demandante recurrente una transgresión de la buena fe contractual.

Como afirma esta Sala en sentencia de 17-5-2024 R 348/2024

"La doctrina casacional ha conformado una asentada jurisprudencia sobre la transgresión de la buena fe y el abuso de confianza como causas justificadas de despido, que es sistematizada por la STS de 19 de julio de 2010 (r. 2643/09 ), ampliamente transcrita en el FJ Octavo de la recurrida.

El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe, que el art. 5. letra a) ET impone a los trabajadores como uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación -y reitera el art. 20.2º ET al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a la exigencias de la buena fe-, es uno de los pilares sobre el que descansa la prestación laboral y de ahí que el legislador la configure en el art. 54 .2 letra d) ET como incumplimiento contractual que pueden ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario ( STS de 27-6-2018, r. 962/17 ).

Como regla general deben ponderarse las circunstancias concurrentes para agravar o para atenuar la conducta del trabajador, que tendrán mayor o menor incidencia en la referida calificación atendida la gravedad objetiva de la conducta constitutiva del incumplimiento ( STS de 19 de julio de 2010, r. 2643/09 ).

Destaca, entre otras muchas, la STS de 27 de enero de 2004 (rcud. 2233/03 ), que "el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción ante la infracción y la sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto".

En este sentido, recuerda la STS de 13 de noviembre de 2000 , "las infracciones que tipifica el art. 54-2 del ET para erigirse en causa que justifique la sanción de despido han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficientes, lo que excluye su aplicación bajo nuevos criterios objetivos, exigiéndose análisis individualizados de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como los de su autor, ya que sólo desde esta perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción". Esta doctrina es reproducida, entre otras, por la STS 17/2019, de 10 de enero , y por la STS de 6-4-2022, r. 634/19 .

En el presente supuesto se ha producido una transgresión de la buena fe contractual, tal y como concluye la sentencia de instancia, al achacar en este caso a un directivo de la empresa un comportamiento de desvío de fondos de la empresa que son públicos , efectuando una denuncia anónima ante la DGOSS, y por tanto con publicidad , sin efectuar la misma por el canal de comunicación interno que es confidencial y puede ser utilizado ante cualquier incumplimiento, denominado con dirección "canaldenuncia @maz.es", y tratándose de una denuncia falsa ocultando la identidad de denunciante, que motivó una investigación a la mutua , conducta que es encuadrable como falta muy grave sancionable con el despido.

Por lo expuesto el recurso se desestima.

En atención a lo expuesto