Sentencia Social 1481/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 3680/2024 de 18 de marzo del 2025

PRIMERO.-Por la parte actora se interpone recurso de suplicación frente a la sentencia dictada por el Juzgado Social 11 de Barcelona en fecha 4 de abril de 2024 desestimatoria de la pretensión actora por despido, apreciando la excepción de caducidad de la acción.

La parte actora formaliza su recurso al amparo de un motivo de censura jurídica de los previstos en el art 193 c) de la LRJS.

El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada.

SEGUNDO.-La actora ahora recurrente, al amparo del art 193 c) de la LRJS, formula un único motivo de censura jurídica alegando infracción por la sentencia de instancia del art 59.2 del ET. Y ello al no poder estimarse la caducidad de la acción por despido, fijando como dies a quo el día siguiente al alta de la situación de IT de la ahora recurrente el 3 de junio de 2022 como señala la sentencia de instancia al haber existido reiterados incumplimientos empresariales tras requerimientos expresos de la trabajadora actora a los efectos de que fuera fijada fecha de readmisión, disfrute de vacaciones, alta en la TGSS y reconocimiento médico tras el periodo de IT, requerimientos realizados expresamente en 2 ocasiones sin respuesta alguna empresarial, no procediendo por ello la empresa a dar ocupación efectiva a la recurrente ni a abonar su salario, siendo únicamente notificada por mensaje de la TGSS la baja de la actora en fecha 8 de agosto de 2022 tras el despido entendido como tácito de 31 de julio de 2022 y tras la presentación por la recurrente de papeleta de conciliación en fecha 1 de agosto de 2022 y demanda por despido el 5 de agosto de 2022, citando la recurrente doctrina judicial.

La empresa recurrida, con remisión a la fundamentación de la sentencia de instancia, solicitó la desestimación del recurso al entender la acción por despido caducada, fijando como dies a quo del plazo de 20 días hábiles al menos el 8 de junio de 2022 como fecha de envío del primer burofax por la trabajadora demandante, presentando papeleta de conciliación el 1 de agosto de 2022.

El art 59 del ET, al regular la prescripción y caducidad de las acciones, respecto de la de despido señala: "3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente".

En autos la parte recurrente entiende como fecha de efectos de su despido, tácito, el día 31 de julio de 2022 al no haber dado respuesta la empresa tras alta de situación de IT con efectos 3 de junio de 2022 a dos burofaxes remitidos interesando su reincorporación, disfrute de vacaciones, alta en TGSS y revisión médica tras IT de larga duración, presentándose papeleta de conciliación en fecha 1 de agosto de 2022 y demanda por despido el 5 de agosto de 2022.

La sentencia, y con ella la empresa demandada en su impugnación, fijan como fecha en la que la actora pudo ejercer la acción por despido el 8 de junio de 2022 como fecha del primer burofax interesando su reincorporación, habiendo transcurrido el plazo de caducidad de 20 días al presentar papeleta de conciliación el 1 de agosto de 2022. Junto con lo anterior, comunicada baja en TGSS con efectos 8 de agosto de 2022, entiende la sentencia que la actora debió cautelarmente impugnar por despido dicha baja.

La resolución de la censura jurídica planteada en el recurso, reiterada en los supuestos en los que no existe una comunicación expresa formal por parte de la empresa a los efectos de que la persona trabajadora conozca si la relación laboral ha sido o no extinguida por la empresa, la causa de la extinción y la fecha de efectos de la misma para computar el dies a quo de la acción por despido, obliga a recordar el relato fáctico no controvertido por las partes:

1.- La actora, con antigüedad de 1 de febrero de 2008, inició situación de IT el 8 de septiembre de 2020; por resolución del INSS de 2 de junio de 2022 se denegó grado de IP, extinguiendo la situación de IT.

2.- Debiendo en consecuencia la actora reincorporarse en la empresa en fecha 3 de junio de 2022 consta como en fecha 8 de junio de 2022, recibido por la empresa el 9 de junio de 2022, la actora a través de su letrado requirió de la empresa su reincorporación ratificando el disfrute de vacaciones pendientes el año 2021 a partir del 3 de junio de 2022, solicitando fecha de reincorporación efectiva; su alta en TGSS y revisión médica por servicio de prevención ante la duración de su IT, solicitando respuesta en 48h iniciando anunciando en caso contrario la recurrente acciones legales.

La empresa, en notorio incumplimiento de sus obligaciones a valorar en el motivo de censura jurídica formulado, no contestó en modo alguno a dicho burofax.

3.- Consta la remisión por la recurrente en fecha 29 de julio de 2022 de nueva comunicación a la empresa, indicando no haber ésta indicado fecha de reincorporación ni de disfrute de vacaciones, no constando alta en TGSS ni revisión médica, anunciando de nuevo acciones legales.

De nuevo, reiterando su incumplimiento, la empresa nada contestó a la ahora recurrente.

4.- Consta presentación de papeleta de conciliación por despido el 1 de agosto de 2022 y demanda en fecha 5 de agosto de 2022 interesando la declaración de improcedencia del despido entendido como tácito fechado el 31 de agosto de 2022.

Consta como tras el ejercicio de dicha acción por la actora la empresa, de nuevo incumpliendo cualquier formalidad exigible (cabe recordar la emisión por la actora, a través de su representación jurídica, de hasta dos comunicaciones a la empresa interesando entre otras cuestiones la fijación de fecha de reincorporación y alta en TGSS), procedió a la baja en TGSS de la actora, en consecuencia sin comunicar que lo fuera por despido y siendo la baja comunicada directamente por la TGSS.

Partiendo de dicho escenario fáctico la sentencia de instancia entiende caducada la acción por despido. Para ello señala en su fundamento de derecho cuarto "Es forzoso concluir que, al menos en este momento (el día 08-06-2022), la trabajadora ya conocía que la empresa debía reincorporarla al trabajo y que, en caso de no hacerlo, debía entender que se había producido su despido tácito, frente al que debía accionar en el plazo de 20 días hábiles.

Así las cosas, la papeleta de conciliación interpuesta el 01-08-2022 y la demanda presentada el 05-08-2022 están caducadas, al presentarse más allá del plazo de 20 días hábiles desde que la actora conoció su despido tácito, no pudiendo admitirse la tesis postulada en la demanda de tomar como dies a quo el 31-07-2022, por ser ésta la fecha en la que debió abonarse la nómina de ese mes. Según esta tesis (que no tiene ninguna acogida legal o jurisprudencial), la actora ya debió percibir una nómina el 30-06-2022 y no accionó frente a este supuesto despido tácito en el plazo de 20 días hábiles...

Por tanto, habiéndose impugnado únicamente el despido tácito consistente en la falta de reincorporación al trabajo tras obtener el alta médica (el 02-06-2022), y tras ser la empresa compelida a realizar la reincorporación por Burofax de 08-06-2022 (recibido 09-06-2022), la papeleta de conciliación interpuesta el 01-08-2022 y posterior demanda presentada el 05-08-2022 aparecen formuladas fuera del plazo del artículo 59.3 ET , debiendo estimarse la excepción opuesta por la empresa de caducidad de la acción de despido".

Junto con lo anterior, y con cita de doctrina judicial, la sentencia entiende que la parte actora cautelarmente debió accionar frente a la baja con efectos 8 de agosto de 2022 comunicada por la TGSS: "Debe concluirse así, como ya se ha indicado, que la trabajadora pudo impugnar la actuación empresarial consistente en darla de baja en Seguridad Social el 08-08-2022 (al menos cautelarmente) y no lo hizo".

Atendiendo al relato fáctico transcrito y a lo argumentado por la sentencia de instancia, la censura jurídica interesada en el recurso debe ser estimada. Siguiendo entre muchas la sentencia de nuestra Sala de 24 de marzo de 2022, recurso 7196/2021, cabe indicar: "La doctrina del TS, respecto del despido tácito afirma: (STS Sentencia de 16 noviembre 1998 RJ 1998\9747)

a) "El despido, al igual que el abandono, requiere voluntad resolutoria consciente del empresario, que si bien cabe entender existe cuando los actos u omisiones concurrentes permitan presumir voluntad en tal sentido, excluye tal conclusión en supuestos... en que dichos actos denotan de manera inequívoca la ausencia de la mencionada voluntad resolutoria, aunque manifiestan incumplimiento contractual, ante el que el trabajador puede reaccionar en los términos que permite el marco jurídico aplicable" ( STS/Social 4 julio 1988 [ RJ 1988\6113 ]).

b) "Para que pueda apreciarse la figura del despido tácito -en contraposición al expreso, documentado o no - es necesario que la decisión extintiva empresarial se derive de hechos concluyentes reveladores de la intención inequívoca de la empresa de poner fin a la relación jurídico-laboral , tratándose en definitiva de situar claramente en el tiempo la decisión resolutoria de la empresa y, en su caso, la inactividad impugnatoria del trabajador, a fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica" ( SSTS/Social 2 julio 1985 [ RJ 1985\3660 ], 21 abril 1986 [ RJ 1986\2212 ], 9 junio 1986 [ RJ 1986\3499 ], 10 junio 1986 [ RJ 1986\3515 ], 5 mayo 1988 [ RJ 1988\3563 ]). O dicho más sintéticamente, que para que exista despido tácito es necesario que concurran "hechos o conductas concluyentes" reveladores de una intención de la empresa de resolver el contrato ( SSTS/Social 5 mayo 1988 , 4 julio 1988 [ RJ 1988\6113 ], 23 febrero 1990 [ RJ 1990\3088 ] y 3 octubre 1990 [ RJ 1990\7524 ]).

c) "Si bien la jurisprudencia examina con recelo la figura del despido tácito, que se pretende deducir de conductas equívocas de la empresa, por contrariar los principios de buena fe, básico en las relaciones contractuales y generar situaciones de inseguridad al trabajador, que, nunca, deben beneficiar a quien las ha provocado, su realidad y operatividad no deben excluirse, conforme también constante jurisprudencia, cuando existan hechos que revelen inequívocamente la voluntad empresarial de poner fin a la relación contractual" ( STS/Social 4 diciembre 1989 [ RJ 1989\8925 ]).

Dentro de los actos concluyentes que la doctrina ha venido considerando como determinantes del despido tácito, han estado la falta de ocupación efectiva, impago de salarios y baja en la seguridad social ( STSJ Islas Canarias, Las Palmas núm. 1347/2006 de 14 noviembre , STSJ Islas Baleares núm. 384/1996 de 30 septiembre , STSJ Galicia núm. 2899/2019 de 20 junio , etc.)

En esta línea, la Sala ha venido considerando (STSJ Catalunya nº 7463/2014, de 10 de noviembre ), que dice " ... No es desconocido para esta Sala, pues así lo hemos declarado entre otras sentencias en las de 7 de abril de 2011 , o la de 14 de julio de 2009 , que si se trata de enjuiciar un despido verbal tácito, se debe suavizar la exigencias de la carga de la prueba, pues tan difícil le puede resultar al trabajador demostrar que ha sido objeto de un despido verbal por su empresario como a éste acreditar lo contrario, pero que se suavice este presupuestos no quiere decir que se le exima de probar la existencia del despido, y menos aún cuando se afirma que la empresa ha cerrado, sino que simplemente se le permite que lo pueda acreditar de las más diversas formas posibles, desde acudir el trabajador tras ser despedido al centro de trabajo acompañado de testigos, o solicitar un certificado de vida laboral, donde conste que la empresa en determinada fecha le dio de baja en la TGSS, o conseguir de la TGSS un certificado en el que se diga que la empresa cesó en su actividad en determinada fecha.

En definitiva, el que afirma que es despedido debe demostrar que en realidad lo ha sido y para ello no basta acreditar que se ha presentado la papeleta de conciliación en plazo y se diga que fue despido en determina fecha, como aquí se pretende...".

Aplicando dicha doctrina al supuesto de autos existe una clara conducta empresarial tácita de resolución del contrato de trabajo de la parte recurrente, con incumplimientos reiterados que situaron a la misma en una clara situación de inseguridad jurídica que en modo alguno pueden beneficiar a la empresa como infractora. Así en primer lugar, frente a lo indicado por la sentencia de instancia, no cabe deducir que tras el alta de la situación de IT con efectos 3 de junio de 2022, IT iniciada el 8 de septiembre de 2020, la actora tras comunicación por burofax de 8 de junio de 2022 pudiera entender que la empresa había procedido a la extinción de su contrato de trabajo, fijando por ello al menos en dicha fecha el dies a quo del plazo de 20 días hábiles de caducidad de la acción por despido. Antes al contrario, como la actora a través de su representación jurídica requirió expresamente de la empresa procedía la readmisión de la trabajadora, como expresamente se requirió y su alta en TGSS, lo que no consta aconteciera, debiendo la empresa dar respuesta igualmente tanto al requerimiento de disfrute de vacaciones pendientes a partir del 3 de junio de 2022 como fecha de reincorporación y a la revisión por el servicio de salud laboral instada tras periodo de IT muy prolongado en el tiempo.

Por lo antedicho, anunciando la actora acciones legales de no contestarse a dicho requerimiento, la empresa incurriendo en una flagrante dejación de sus obligaciones legales no contestó a dicha comunicación, situando a la actora en una clara situación de inseguridad jurídica.

Si lo anterior no fuera suficiente consta la remisión de nueva comunicación en fecha 29 de julio de 2022, por ello cerca de 2 meses después de que la empresa debió reincorporar a la recurrente como ésta había expresamente requerido, reiterando los incumplimientos empresariales, comunicación que de nuevo no recibió respuesta alguna por la empresa como era debido y que motivó el ejercicio de las acciones legales, por despido, nuevamente anunciadas.

En consecuencia y como señala la recurrente, dicho proceder empresarial reiteradamente incumplidor de sus mínimas obligaciones legales de comunicación tras requerimiento a la trabajadora de la fecha de su reincorporación, alta en TGSS, disfrute de vacaciones y reconocimiento médico laboral situó a la misma en una situación de inseguridad jurídica que no puede perjudicarla al punto de fijar en el 8 de junio de 2022 el día inicial del cómputo del plazo de caducidad de la acción por despido. Al contrario y como la doctrina judicial expuesta señala y motiva la estimación del motivo de censura jurídica, existe en autos un incumplimiento empresarial prolongado en el tiempo (desde el 3 de junio de 2022) y doblemente requerido para su subsanación expresamente por la trabajadora sin respuesta empresarial en la obligación de dar a la misma ocupación efectiva, proceder a su alta en TGSS y, en su caso, confirmar el disfrute de vacaciones pendientes y la revisión de salud laboral, incumplimientos reiterados que supone acreditar una conducta empresarial concluyente de resolución tácita de la relación laboral no a fecha 8 de junio de 2022 sino a fecha 31 de julio de 2022 alegada en demanda como despido tácito, en términos reiterados en el segundo burofax de 29 de julio de 2022 remitido por la trabajadora y sin respuesta por la empresa.

Y ello sin que, de nuevo como reprocha la sentencia de instancia en términos que no compartimos, el hecho de que la recurrente no impugnara su baja en TGSS suponga tener la acción por despido como caducada. Sin perjuicio de que dicha impugnación, al menos cautelar, hubiera sido conveniente la misma no tiene efecto material en autos al entenderse que la relación laboral por despido tácito ya fue extinguida por la empresa el 31 de julio de 2022. En cualquier caso y frente a lo recogido en doctrina judicial que alega la sentencia recurrida, la empresa en fecha 8 de septiembre de 2022 no procedió a comunicar en forma un despido a la recurrente que hubiera podido motivar su reacción cautelar impugnándolo sino que, de nuevo en flagrante incumplimiento de las obligaciones empresariales y una vez que la parte actora en fecha 1 y 5 de agosto había presentado respectivamente papeleta de conciliación y demanda por despido, procedió sin más a la baja de la recurrente en la TGSS sin comunicación alguna, siendo dicha entidad la que comunicó el hecho de su baja.

Por lo anterior y estimando el motivo de censura jurídica formalizado procede la revocación de la sentencia de instancia, no teniendo por caducada la acción por despido frente al calificado como tácito y con efectos 31 de julio de 2022, despido que incumpliendo toda formalidad legal exigible en el art 55 del ET debe calificarse en términos instados en demanda y reiterados en el motivo de censura jurídica como improcedente.

TERCERO.-Señala el art. 56 del ET que "1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera".

Respecto de las circunstancias laborales de la parte actora ha de estarse a las declaradas probadas a hecho primero: antigüedad de 1 de febrero de 2008, categoría profesional de enfermera y salario bruto mensual con prorrata de pagas extras de 819Ž17 euros diarios (26Ž93 euros diarios).

Pues bien, teniendo en cuenta tales circunstancias laborales respecto de la parte demandante debe aplicarse la DTransitoria 5º de la Ley 3/12 que señala que "1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso".

En consecuencia, procede reconocer a la parte demandante la indemnización de 45 días de salario por año de servicio, prorrateando por meses los periodos inferiores al año, desde la antigüedad 1 de febrero de 2008 hasta el 12 de febrero de 2012 que, junto con la indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con prorrateo por meses de los periodos inferiores al año desde la indicada fecha hasta la de efectos del despido el 31 de julio de 2022 alcanza el tope de 720 días sumando ambos periodos, por un total de 19.389Ž60 euros.

Respecto de los salarios de tramitación y en aplicación del art. 56.2 del ET procederán únicamente en el supuesto de que la empresa demandada opte por la readmisión expresa o tácita de la parte actora, por importe de 26Ž93 euros diarios.

Respecto del FOGASA procede la desestimación de la demanda sin perjuicio de las responsabilidades legales que, en su caso, pudieran corresponderle.

CUARTO.-No procede imposición de costas a la recurrente al estimarse su recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación