Sentencia Social 215/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 1046/2025 de 19 de enero del 2026

PRIMERO.- 1.-La parte actora, Dª Elvira, presentó demanda, contra CONCELLO DE DODRO, en la que solicitaba se condene a la demandada a percibir su salario anual en igual cuantía que la Trabajadora social (funcionaria del Concello), condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esa declaración y a abonar a la demandante la cantidad de 12.385,86 €, por el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, más interés de 10% de mora. Y se condene al abono de 15.000 euros por daños y perjuicios, por vulneración del derecho de igualdad y no discriminación en materia salarial.

2.-La sentencia nº 231/2024, de 19 de septiembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de SANTIAGO DE COMPOSTELA en autos PO Nº 52/2023, desestima la demanda, concluyendo que no existe equiparación entre las funciones de la actora, contratada como personal laboral como "educadora social" y las que realiza "trabajadora social", personal funcionario, por lo que no existe ni el derecho al abono de la diferencias que se reclaman, ni vulneración de derecho fundamental.

3.-Por la parte actora, Dª Elvira, se formula recurso de suplicación contra la referida sentencia, amparada en el apartado b) y c) del artículo 193 LRJS, interesando la revisión de hechos probados, y considerando la procedencia de la reclamación efectuada.

4.-Este recurso ha sido impugnado por la parte demandada CONCELLO DE DODRO que solita su confirmación.

SEGUNDO.- 1.-En su primer motivo de recurso, Dª Elvira, y con amparo en el art. 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS) la recurrente pretende la modificación del relato de hechos probados.

En múltiples sentencias de esta Sala de Suplicación -entre otras 1463/2022, de 28 de marzo ( RSU 5548/2021), hemos recordado que es esta pretensión ha de examinarse a tenor de reiterada jurisprudencia que establece "que los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias:

a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida;

b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas;

c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;

d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;

e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso".

Bajo estas premisas daremos respuesta a la revisión fácticas pretendidas por la recurrente.

2.-La recurrente propone la revisión fáctica consistente en revisar la redacción del Hecho Probado Segundo, que quedaría redactado del siguiente modo:

"La demandante ostenta categoría de A2/Grupo 2 como personal laboral fijo, misma categoría A2/Grupo 2, que la trabajadora social Doña Carmela".

Y ampara tal revisión en el documento nº 4 de la parte, que son documentos referidos como "Plan Concertado de Servicios Comunitarios Básicos del Concello de Dodro, y fichas de RPT", donde se hace mención como categoría de los puestos de "trabajadora social" y "educadora familiar" " Grupo A2 / Grupo II".

Ahora bien, la redacción pretendida no puede admitirse, por cuanto resulta evidentemente valorativa, y es más predeterminante del fallo, más cuando ni cabe concluir tal equiparación entre Grupo A2 Funcionario y Grupo II Personal Laboral del citado documento, sin perjuicio de recoger tales documentos el dato de "Grupo A2 / Grupo II", sino que además específicamente en los propios hechos probados se describe las funciones y tareas para cada uno de estos grupos en cuanto a las categorías aquí controvertidas, y por tanto ni procede la revisión por no resultar acreditados los términos que pretende se recojan, ni poder concluirse del documento aportado, y más cuando en la definición de las funciones y tareas propias de cada uno de los puestos se hace mención específica del Grupo o Categoría profesional en la que se incardinan.

Pero además, pretende la inclusión de conclusiones o valoraciones de tales documentos, en concreto pretende que recoja la expresión "misma categoría" que en modo alguno han de incluirse. Puesto que incorporan expresiones valorativas y conclusivas, todos ellos proscritos en el relato fáctico, como hemos dicho en tantas ocasiones, uno de los requisitos para que las revisiones fácticas sean admisibles en suplicación es el de que la modificación propuesta no contenga valoraciones jurídicas predeterminantes del fallo, como ha señalado el Tribunal Supremo: "...la modificación o adición que se pretende no sólo debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas ( SSTS 27/01/04 rco 65/02 -; 11/11/09 -rco 38/08 -; y 20/03/12 rco 18/11 -),pues éstas no tienen cabida entre los hechos probados y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva y adecuada -ubicación en la fundamentación jurídica ( SSTS 07/06/94 -rco 2797/93 -; ... 06/06/12 -rco 166/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -)" STS 14-6-2018- (Rec. 189/2017).

4.-Por ello el relato de hechos probados se mantiene, sin que proceda introducir la modificación pretendida.

TERCERO.- 1.-El segundo motivo del recurso, que formula al amparo del art. 193 c) se denuncia la violación por interpretación errónea y no aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia de fecha: 06/10/2022, N.º de Recurso: 3170/2019, a lo que la parte impugnante se opone, por cuanto no resulta de aplicación, e igualmente aludiendo a la Sentencia de este Tribunal Superior de 18 de mayo de 2022, REC 3461/2022.

2.-Para resolver el recurso formulado, es necesario acudir a la abundantísima doctrina sobre igualdad retributiva y no discriminación, de la que son exponentes numerosas sentencias de la Sala IV del TS, entre otras la de 26 de junio de 2024, Rec 162/2022, en la que se cita la Jurisprudencia constitucional y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea existente al respecto, haciendo constar lo siguiente:

"1. Jurisprudencia constitucional

La doctrina constitucional en materia de equiparación salarial, incluso con el matiz de que la exigencia de igualdad retributiva no es absoluta en nuestro derecho, la podemos sintetizar en los siguientes pronunciamientos.

A) LaSTC 112/2017, recuerda el alcance del principio de igualdad recogido en elart. 14 de la CE, que se configura como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual ante supuestos de hecho iguales que deben ser tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de forma que para introducir diferencias entre ellos debe existir una suficiente justificación que aparezca como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas. Junto a ello, ha advertido que "el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en elart. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados"

B) Igualmente, y partiendo de que el principio de igualdad es de carácter relacional, recuerda que las situaciones subjetivas que entran en comparación deben ser equiparables, diciendo lo siguiente: "Además, el juicio de igualdad, que es relacional, exige "como presupuestos obligados, de un lado, que, como consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso. Sólo una vez verificado uno y otro presupuesto resulta procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la norma", con cita de laSTC 27/2004.

C) Además, la mismaSTC 112/2017también recoge la incidencia del principio de igualdad en el ámbito de la negociación colectiva y las matizaciones que pueden presentarse. Se ha dicho que "En el ámbito de las relaciones privadas, en que el convenio colectivo se incardina, "los derechos fundamentales y, entre ellos el derecho a la igualdad, han de aplicarse matizadamente, haciéndolos compatibles con otros valores que tienen su origen en el principio de autonomía de la voluntad ... No puede olvidarse, en este sentido, que en la negociación colectiva los representantes de los trabajadores defienden los intereses globales de éstos, observando la realidad en la que intervienen, las implicaciones presentes y futuras de sus pactos y las consecuencias que una estrategia negociadora desviada podría llegar a provocar en perjuicio de sus representados ( STC 119/2002, de 20 de mayo , FJ 6). En consecuencia, ni la autonomía colectiva puede, a través del producto normativo que de ella resulta, establecer un régimen diferenciado en las condiciones de trabajo sin justificación objetiva y sin la proporcionalidad que la medida diversificadora debe poseer para resultar conforme alart. 14 CE, ni en ese juicio pueden marginarse las circunstancias concurrentes a las que hayan atendido los negociadores, siempre que resulten constitucionalmente admisibles ( STC 27/2004, de 4 de marzo , FJ 4)" ( STC 36/2011 , FJ 2)".

D) El TC reconoce una vulneración del principio de igualdad se puede presentar en el desarrollo normativo de las retribuciones de los trabajadores que figuren en el convenio colectivo, recordando la doctrina que fijó en laSTC 119/2002en la que se decía que "el principio de igualdad implica la eliminación en el conjunto de los factores y condiciones retributivos, para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye igual valor, de cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales, que mencionadas concretamente unas ... y aludidas otras en la genérica fórmula con la que se cierra el art. 14, son susceptibles de generar situaciones de discriminación".

2. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

A) El principio de igualdad entre trabajadores fijos y temporales ha sido ampliamente desarrollado por el TJUE; en concreto por su proyección sobre el derecho a igual tratamiento en materia retributiva destacamos laSTJUE 9 de julio de 2015 (asunto C-177/14 ) y el ATJUE de 22 de marzo de 2018 (C-315/17 ). En desarrollo de la citada STJUE 9 de julio de 2015 considera que la norma nacional, determinante para resolver el litigio principal, excluye sin razones objetivas al personal eventual (trabajadores temporales) del derecho a percibir los trienios que sí son concedidos a los funcionarios de carrera (personal fijo), cuando, en relación con la percepción de dicho complemento salarial, ambas categorías de trabajadores se hallan en situaciones comparables.

B) En cuanto a laDirectiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, destacamos los pronunciamientos del TJUE contenidos en el Auto de 15 de octubre de 2019, asuntos acumulados C-439/18 y 472/18 . En éstos, aun cuando el termino de comparación para apreciar un trato desigual injustificado se da entre trabajadores fijos discontinuos con respecto a los contratados a tiempo completo, emerge como idea principal que los fijos discontinuos deben ser tratados en igualdad de condiciones a efectos económicos que trabajadores fijos ordinarios."

Asimismo el TS, en supuestos de doble escala salarial, sostiene que se admite, que en "el ámbito de las relaciones privadas en el que el convenio colectivo se incardina, los derechos fundamentales, y entre ellos el de igualdad, han de aplicarse matizadamente, haciéndolos compatibles con otros valores que tienen su origen en el principio de la autonomía de la voluntad con independencia de que el Convenio Colectivo, como fuente reguladora de la relación laboral, según elartículo 3 del ET, tiene que someterse y ajustarse a los dictados de la Constitución, de la Ley y de los reglamentos, respetando en todo caso los principios y los derechos constitucionales". Tras lo que concluye rotundamente que, "pese a ello, no puede incurrir el Convenio Colectivo en el establecimiento de diferencias en el trato de los trabajadores, a menos que tales diferencias sean razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas, estando el convenio colectivo facultado para establecer determinadas diferencias en función de las particulares circunstancias concurrentes en cada caso, sin que cuando se trata de la retribución del trabajo quepan las generalizaciones, de manera que el principio general a tener en cuenta es el de igual retribución a trabajo de igual valor, como ordena el artículo 28 ETy en principio está desprovista de toda fundamentación razonable la inclusión en el convenio colectivo de diferencias salariales en atención únicamente a la fecha de la contratación".

En el tema de la igualdad retributiva, el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, entre otras, en sentencia de 18 de mayo de 2022 establece lo siguiente: "(...) En lo que ahora interesa y aunque el recurso, así como las impugnaciones, ya hacen una mención de la doctrina constitucional en materia de equiparación salarial, incluso con el matiz de que la exigencia de igualdad retributiva no es absoluta en nuestro derecho, podemos rememorar a modo de resumen la misma.

Así, laSTC 112/2017 , recuerda el alcance del principio de igualdad recogido en elart. 14 de la CE , que se configura como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual ante supuestos de hecho iguales que deben ser tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de forma que para introducir diferencias entre ellos debe existir una suficiente justificación que aparezca como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas. Junto a ello, ha advertido que "el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en elart. 14 CE , sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados".

Igualmente, y partiendo de que el principio de igualdad es de carácter relacional, recuerda que las situaciones subjetivas que entran en comparación deben ser equiparables, diciendo lo siguiente: "Además, el juicio de igualdad, que es relacional, exige "como presupuestos obligados, de un lado, que, como consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso. Sólo una vez verificado uno y otro presupuesto resulta procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la norma..."

3.-Por tanto, para considerar si corresponde a la aquí recurrente y demandante el percibo del mismo salario que trabajadora con otra categoría profesional hemos de partir de la comparación entre ambas trabajadoras, atenernos para ello a los hechos probados de la sentencia.

En todo caso, al no alterarse el relato fáctico de la sentencia recurrida, la Sala tiene que partir, ineludiblemente, de los hechos que se declaran probados en la misma, y de lo afirmado en la fundamentación jurídica con valor fáctico, por lo que el recurso no puede prosperar, pues tal como viene sosteniendo este Tribunal, al no haberse logrado modificar la apreciación del Juzgador de instancia que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que en la sentencia impugnada se precisó, no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan, y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos (doctrina ésta que resulta de aplicación en aquellos casos, como el que aquí nos ocupa, en los que la revisión sustantiva tenga como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica), circunstancias éstas que son las que concurren en la presente litis.

Pues bien, es clásica, lejana en el tiempo y reiterada la jurisprudencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1996 y 30 de enero de 2003, entre otras), que señala que, para determinar si, en realidad, se desempeñan o no funciones de categoría profesional superior a la reconocida, es presupuesto necesario establecer las funciones de ambas categorías comparadas, y precisar las que verdaderamente se hayan realizado por quien demanda las diferencias retributivas. Por su parte, el artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores indica que "el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen".

Esto sentado, y partiendo de que las funciones entre las categorías de Educadora Familiar y Trabajadora Social, definidas en los Hechos Probados de la sentencia recurrida, no son análogas, de donde resulta por tanto que no haya equiparación en sus funciones, tareas y que por tanto decae la necesaria consideración de a igual trabajo igual retribución.

Además no podemos perder de vista que no estamos ante la comparación de dos trabajadores que tengan equiparado el régimen retributivo, ya que el término de comparación que emplea es con personal funcionario, no personal laboral que es el supuesto analizado por la sentencia del Tribunal Supremo que estima infringida el recurrente, donde se concluye que, "se ha considerado igualmente discriminatoria, con carácter general, "toda diferencia en aquellos aspectos de la relación de trabajo en los que exista "igualdad radical e inicial entre unos y otros trabajadores"; y más específicamente, las diferencias salariales "cuando se demuestre que todos realizan un trabajo igual o similar" [ STC 136/1987, de 22/Julio ] ( STS 13/07/06 -rec. 294/05 )", salvo que se acrediten razones objetivas que justifiquen ese desigual tratamiento del personal temporal respecto al fijo, conforme a lo dispuesto en el art. 15. 6 ET (...)".

Y en el presente caso, no sólo de la propia definición de las funciones y tareas contenidas tanto en la relación de puestos de trabajo, y que figuran igualmente en lo que se denomina "Plan Concertado de Servicios Comunitarios Básicos del Concello de Dodro", ejecutado en los últimos años, y que se han considerado como las probadas para cada una de las trabajadoras que se comparan, no podemos concluir ni igual trabajo, ni igual responsabilidad, por cuanto asume la "trabajadora social", labores de coordinación y gestión, que no asume la aquí demandante, y por tanto justificada en su caso una diferencia retributiva entre ambas categorías, sin una equiparación de sus tareas y funciones que determinen el abono de las diferencias salariales que solicita.

Y sin que proceda una discriminación por tanto que ampare igualmente la indemnización pretendida, cuando su régimen retributivo por ser personal laboral y personal funcionario es distinto, y tal diferencia viene derivada de una justificación objetiva, como es en este caso las diferentes funciones, y responsabilidades que se asumen por cada trabajadora, y así se viene pronunciando esta sala en varias de sus sentencias entre otras Sentencia de 10 de octubre de 2025, Rec. 5728/2024, y Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia 2451/2025 de 6 May. 2025, Rec. 2233/2024 "la pretensión de la parte actora encuentra amparo en el artículo 17 ET , tal y como ha sido interpretado por la STSJ Galicia, Sala Social, de 24-2-2022 (rec. 2727/2021 ): "el argumento de que los funcionarios tienen una retribución diferente a las del personal laboral puede acogerse desde una perspectiva abstracta, pero siempre que se justifique dicha diferencia, lo que no es el caso, dado que el trabajo realizado por la actora es idéntico al del funcionario a cuyo nivel retributivo quiere equipararse, y solamente puede sostenerse que no es discriminatoria la diferencia retributiva entre los funcionarios y el personal laboral -tanto fijo como temporal- cuando el trato diferenciado «deriva precisamente del hecho de que la normativa aplicable les da un tratamiento diferenciado fundado en datos objetivos cuales los que derivan del hecho de que cada uno de los grupos lleva a cabo trabajos de naturaleza diferente en la relación de puestos de trabajo creada al amparo de las previsiones legales, y esa propia diferenciación en los trabajos justifica el diferente tratamiento y su plena acomodación a la legalidad vigente» ( SSTS 11/11/04 -rco 40/04 -;22/09/ 09 -rcud 3895/08 -; 24/01 / 11 -rcud 964/10 -; 03/07 / 12 -rcud 3013/11 -; y 24/02 / 14 -rco 268/11 -)".

En suma, caben las diferencias salariales entre el personal laboral y el personal funcionario, pero deben responder a un criterio objetivo. En ausencia de ese criterio objetivo, el principio de igualdad impone retribuir de manera equivalente puestos de trabajo de idéntico contenido, independientemente de la naturaleza del vínculo del empleado público. Y en el presente supuesto, tal y como hemos referido y resulta de la fundamentación fáctica de la sentencia dictada, resulta que la actora "educadora social" no realiza las mismas funciones que la "trabajadora social", cuya equiparación pretende, por lo tanto, el principio de igualdad retributiva ( artículos 14 CE y 28 ET) , no se ha vulnerado lo que compele a desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

Es por lo que habiéndolo así entendido la Juzgadora de instancia ha de ser confirmado su criterio y la sentencia en este extremo, desestimando el motivo de impugnación articulado por la recurrente.

TERCERO: 1.-En definitiva, y por todo lo dicho, entendemos que la sentencia de instancia no incurre en el reproche jurídico que contra ella se dirige por parte de Dª Elvira, lo que conlleva a desestimar el recurso, con confirmación de la sentencia dictada y la absolución a la demandada de los pedimentos contenidos en la demanda rectora de las presentes actuaciones.

2.-Sin condena en costas ( art. 235 LRJS) , por cuanto se ha desestimado el recurso.

Por ello;

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,