Sentencia Social 25/2026 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Social, Rec. 391/2025 de 19 de enero del 2026

PRIMERO:El Juzgado de lo Social estimó parcialmente la demanda de despido planteada por el Sr. Rogelio contra la empresa CAIXABANK S.A. y, tras desestimar la petición de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, declaró improcedente el despido efectuado con efectos del día 5/2/2024 y condenó a la empresa demandada a que, a su elección, readmita al actor en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido y le abone los salarios de tramitación o le indemnice en la cantidad de 140.764,19 euros.

La sentencia dictada en la instancia no se comparte por la defensa letrada de la entidad bancaria demandada, y por ello la recurre en suplicación, a través del planteamiento de cuatro motivos distintos, destinando los tres primeros a intentar revisar el relato de hechos probados que contiene la resolución controvertida, y el último a cuestionar la aplicación que del derecho se hace en la misma.

La representación letrada del actor impugna el recurso de suplicación, y dedica el primer motivo de su escrito de impugnación a los tres primeros motivos del recurso de suplicación formulados al amparo del apartado b) del artículo 193 LRJS ( en los que solicitaba la revisión de los Hechos Probados de la sentencia). El segundo motivo del escrito de impugnación no se destina a la impugnación del recurso, sino a solicitar la revisión del Hecho Probado Tercero, y ello al amparo de lo dispuesto por el artículo 197.1 LRJS que permite que en los escritos de impugnación puedan solicitarse eventuales rectificaciones de hecho. El tercer motivo del escrito de impugnación, también al amparo del artículo 197.1 LRJS, se dedica a cuestionar el derecho aplicado en la sentencia de instancia, por haber desestimado la prescripción de las faltas imputadas, citando a tal efecto el artículo 60.2 ET, en relación con el artículo 82 del Convenio Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro. El cuarto motivo del escrito de impugnación lo dedica a impugnar el motivo del recurso de suplicación en el que se denunciaba la infracción de los artículos 54.2 d), 55.4 y 58 ET, en relación con los apartados 4.4, 4.8 y 4.9 del artículo 76 y apartado 2.2.3 del artículo 79 del Convenio Colectivo para las cajas y entidades financieras, así como de la jurisprudencia que los interpreta.

La Sala va a dar respuesta a los motivos recogidos en el recurso de suplicación y a los recogidos en el escrito de impugnación, empezando por los motivos planteados por ambas partes al amparo de la letra b) del artículo 193 LRJS y terminando por los motivos planteados al amparo de la letra c) del mismo artículo, abordándose en primer lugar el que se refiere a la posible prescripción de las faltas imputadas (planteada en el escrito de impugnación del recurso).

SEGUNDO: El primer motivo del recurso se ampara procesalmente en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS y tiene por objeto adicionar un nuevo hecho probado que sería el Cuarto Bis.

Este nuevo Hecho Probado Cuarto Bistendría el siguiente tenor literal:

"Las firmas que constan en, al menos, doce de los contratos que vehiculizaron la comercialización de los 15 TPVs difieren de las firmas realizadas por los clientes en los escritos de consentimientos que el actor aportó con su pliego de descargos, escritos a los que hace referencia el hecho probado quinto".

Justifica la parte recurrente trascendencia para el fallo de la adición del nuevo hecho probado en dejar acreditado el incumplimiento del actor al haber falsificado las firmas, y basa la revisión pretendida en: (I) los 15 contratos que sirvieron para comercializar los 15 TPVs en los que se basa la operativa irregular imputada (doc. 4 de su prueba); (II) los escritos firmados por los clientes manifestando que eran conscientes de la contratación de los TPVs (doc. 21 de su prueba); y (III) en el documento 11 de la parte demandada.

Pretende la parte recurrente que la Sala haga una "comparación" entre las firmas que aparecen en los 15 contratos que sirvieron para comercializar los 15 TPVs y las que aparecen en los escritos firmados por los clientes manifestando que eran conscientes de la contratación de los TPVs. Esta comparación (que la parte recurrente califica como "revisión superficial") tendría como finalidad que la firma de cada cliente difiere "de una forma clara y evidente". Respecto al documento n.º 11 de la parte demandada, debemos decir que ya se tiene por reproducido en el Hecho Probado Cuarto de la sentencia. Considera la parte recurrente que este documento (en el que el actor manifiesta que "las firmas que constaban en los contratos de los comercios y las 2 transferencias efectuadas en la oficina habían sido realizadas por él"),pese a haberse dado por reproducido en el Hecho Probado Cuarto, la magistrada de instancia en el Fundamento de Derecho Quinto le resta valor al no haber sido ratificado, cuando sí lo fue, tal y como consta en el minuto 0:50:15 del vídeo de la vista.

El motivo está abocado al fracaso, ya que la Sala no es quien debe hacer una "comparación" de las firmas para verificar si son o no son auténticas, o si han sido efectuadas por los supuestos firmantes o por el trabajador despedido. Esta cuestión debió haber sido objeto de una pericial caligráfica, que la parte demandante pudo haber practicado en juicio o incluso haber solicitado como diligencia final.

Respecto a la declaración que consta en el Informe de Auditoría, tampoco afecta ni influye para la introducción del nuevo hecho probado que se solicita. Este informe de auditoría ya se da por reproducido en el Hecho Probado Cuarto, por lo resulta ya innecesario hacer constar nada más respecto al mismo.

En todo caso, ningún error se pone de manifiesto por parte del recurrente, ya que en la sentencia de instancia en ningún momento se dice que la firma de los contratos de los IPV se hayan realizado por los titulares de las empresas correspondientes.

Por todo ello, queda desestimado el primer motivo del recurso de suplicación.

TERCERO: El segundo motivo del recurso se ampara procesalmente también en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS y tiene por objeto modificar el Hecho Probado Quinto.

El Hecho Probado Quintotiene el siguiente tenor literal y de admitirse la revisión se suprimiría la parte en negrita tachada:

QUINTO.-Con anterioridad a la carta de despido se tramitó el expediente disciplinario, comunicándosele al trabajador por carta de 19 de enero de 2024 los hechos que se le imputan y dándosele un trámite de audiencia.

El 25 de enero de 2024 el demandante presentó pliego de descargo en el que negaba los hechos que se le imputaban,alegando la existencia de una presión tan alta que había justificado las operaciones cuyas irregularidades se describían en el pliego de cargos, presentando escritos de los clientes en los que reconocen ser plenamente conscientes de la contratación del TPV a su nombre.

El 26 de enero de 2024 el sindicato SECB presentó pliego de descargos".

Lo que pretende la parte recurrente con la modificación propuesta es que se suprima la afirmación relativa a que el actor, en su pliego de descargos, negó los hechos que se le imputaban, toda vez que considera que no es esto lo que se desprende de dicho documento.

Basa su pretensión en el documento 21 del ramo de prueba de la empresa (pliego de descargos), ya que considera la parte recurrente que en dicho documento el actor no niega los hechos en ningún momento, sino que los justifica en la presión sufrida cuando dice "Últimamente la presión comercial a la que me he visto sometido, ha desencadenado esta actuación que ahora se me juzga".

Considera la parte recurrente que la trascendencia para el fallo de la sentencia de la revisión instada deviene de que la sentencia en su Fundamento de Derecho Quinto parte de que el actor ha negado los hechos en relación con las firmas de los contratos, cuando según la recurrente esa negación no se ha producido.

Efectivamente, la mera lectura del pliego de cargos lleva a la conclusión de que en el mismo no se niegan los hechos, sino que se dan las explicaciones pertinentes para justificarlos, y así se hace constar por el trabajador ("les hago llegar mis explicaciones").Esas explicaciones son de distinta índole (que siempre actuó con trasparencia, honestidad y profesionalidad, que no hay quejas de clientes, que no se ha producido perjuicio para la entidad, que tiene 19 años de trayectoria profesional sin una sola sanción, que los clientes tenían pleno conocimiento de las contrataciones de los IPV y que no hubo interés personal ni económico ni laboral). Además de estas "explicaciones" el trabajador hace dos manifestaciones más: (I) Últimamente la presión comercial a la que me he visto sometido, ha desencadenado esta actuación que ahora se me juzga"y (II) Lo único que pretendía era colaborar con los retos de la oficina.

Así, pues, ciertamente tras la lectura del documento citado (el pliego de descargos) no puede decirse que el trabajador negara los hechos imputados, sino que los justificó o que dio las explicaciones que consideró pertinentes para justificarlos.

Por todo ello, procede admitir la revisión de este Hecho Probado Quinto en los términos solicitados por el recurrente, suprimiendo del mismo la afirmación relativa a que el trabajador negó los hechos que se le imputaban el pliego de descargos que presentó el 25 de enero de 2024.

CUARTO: El tercer motivo del recurso se ampara procesalmente también en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS y tiene por objeto modificar el Hecho Probado Sexto.

El Hecho Probado Sextotiene el siguiente tenor literal y de admitirse la revisión se adicionaría al mismo la parte en negrita:

SEXTO.-A lo largo del año 2023 existen varios correos enviados por el demandante al señor Arsenio en los que se hace referencia a la presión que se encuentra sometido para el cumplimiento de los objetivos, así como a una fiscalización constante en su forma de trabajar.

En dichos correos el demandante menciona el estrés al que se encuentra sometido y la afectación de este a sus tareas rutinarias de vida (dormir...etc).

En dicho contexto de presión y estrés se han producido las operaciones cuyas irregularidades se imputan al demandante, teniendo en cuenta que las mismas suponen incentivos al trabajador.

Concretamente, en la nómina de abril de 2023, se imputó al actor la retribución en especie correspondiente al incentivo "tarjeta virtual" de la campaña "MY COMMERCE 2022 RETAIL" de "COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS".

La modificación pretendida la basa la entidad bancaria en la nómina del actor correspondiente al mes de abril de 2023, que obra al documento n.º 3 (página 5) del ramo de prueba de la empresa, el cual refleja las cuantías percibidas por el actor como incentivo. La trascendencia para el fallo radicaría en que pondría de manifiesto que sí se produjo un lucro indebido para el demandante derivado de su conducta irregular.

La solicitud revisoria debe aceptarse, ya que la nómina de abril de 2023, efectivamente, pone de manifiesto que el trabajador percibió incentivos económicos derivados de esas contrataciones de IPV y por tanto, pone de manifiesto que podía existir un interés personal, también económico, en esas actuaciones.

Por todo ello, se admite la revisión solicitada del Hecho Probado Sexto.

QUINTO: En el escrito de impugnación, al amparo del artículo 197.1 LRJS , se solicita también la revisión de los hechos probados de la sentencia, en concreto la del Hecho Probado Tercero.

De admitirse la revisión solicitada, el tenor literal del Hecho Probado Terceroquedaría como sigue (en negrita y subrayadas las adiciones que se solicitan y en negrita y tachadas las partes cuya supresión se solicita):

"En el contexto de dicha relación laboral en fecha desconocida, saltó una alarma a la empresa demandada ante las posibles irregularidades efectuadas por el demandante en las altas de comercios/TPV en el marco de la campaña comercial 23 Pymes (My commerce).

La campaña comercial 22 Pymes (My commerce) presenta las mismas características que la campaña comercial 23 Pymes (My commerce).

Ante dicha alerta se envió el 10 de noviembre de 2023 correo electrónico para encomendar a D. Leonardo una auditoría para la investigación de los hechos, disponiendo en el correo que: "mediante la explotación de indicadores de auditoría continua se detectó que el señor Rogelio gestor de clientes II de la Store Pymes navarra La Rioja (2929), había recibido cinco transferencias de cinco clientes de la Store por un total de 6875 euros. Los fondos procedían de cinco operaciones efectuadas con tarjeta del señor Rogelio realizadas en TPV de los clientes que fueron dados de alta por el propio empleado se destaca que los TPV no presentan otra operativa y que la Store tiene en curso la campaña Comercia 23 Pymes, dirigida a la captación de comercios".

El auditor de la demandada revisa el periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 15/12/2023.

El 9 de enero de 2024 se realiza el informe de auditoría en relación a dicho encargo, en el que se concluye la existencia de irregularidades, asegurando también que en la reunión de 18 de diciembre de 2023 el demandante reconoció los hechos. (se da por reproducido el informe de auditoría, documento número 11 aportado por la demandada). La última operación que aparece auditada en dicho informe es del 30-06-2023.

Hasta el informe de auditoría la empresa no tenía un conocimiento completo y cabal de los hechos.

Hasta el inicio de la auditoría de la empresa, ésta, al menos a través del Director de la Oficina Sr. Arsenio, conocía cabalmente los hechos".

En resumida síntesis, el cambio solicitado afectaría a los siguientes datos fácticos:

1. Que la alarma saltó "en fecha desconocida".

Considera la parte que solicita esta revisión porque dice que "en modo alguno se ha acreditado por la demandada, que es a quién corresponde la carga de la prueba, la fecha en que esa supuesta alarma saltó"y cita en apoyo de su pretensión el documento n.º 9 de la demandada, por no llevar fecha.

La revisión está abocada al fracaso, por cuanto no existe error alguno en la magistrada de instancia, ya que en el hecho probado no se fija ninguna fecha concreta respecto a cuándo saltó la alarma, simplemente se dice que saltó la alarma, sin concretar fecha alguna. En todo caso, lo que sí queda acreditado es que, como consecuencia de haber saltado esa alarma, fue el 10 de noviembre de 2023 cuando se envió correo electrónico para encomendar a D. Leonardo una auditoría para la investigación de los hechos y que esa auditoría concluyó con informe de 9 de enero de 2024, siendo entonces cuando la empresa pudo tener un conocimiento completo y cabal de los hechos.

2. Que la campaña comercial 22 Pymes (My commerce) presenta las mismas características que la campaña comercial 23 Pymes (My commerce).

Cita la parte que solicita esta adición los documentos 12 y 13 de la parte demandada que recogen los retos de las campañas Reto My Commercede 2022 y 2023, así como las testificales del Director Comercial, Sr. Eusebio y del Director de la Oficina, Sr. Arsenio.

Ninguna relevancia tiene esta adición para el fallo de la sentencia, ya que el hecho de que estas campañas My Commerce fueran similares en los años 2022 y 2023 nada afecta respecto a las cuestionadas prácticas utilizadas por el actor para conseguir cumplir los objetivos comerciales fijados en dichas campañas.

3. Que el auditor de la demandada revisó el periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 15/12/2023.

Cita la parte que solicita esta adición, en su apoyo, el documento 11 de la demandada (pág. 3/13, Anexo 1. Apartado 1, párrafo 3º y Anexo 2.2), así como las respuestas dadas por el auditor que elaboró el informe, cuando fue interrogado en el juicio oral.

Esta modificación tampoco puede prosperar, por cuanto resulta innecesaria, ya que el informe de auditoría se da por reproducido en el Hecho Probado Tercero, por lo que esas fechas ya deben considerarse incorporadas al relato fáctico.

4. Que en lugar de que se declare probado que "Hasta el informe de auditoría la empresa no tenía un conocimiento completo y cabal de los hechos",se declare probado que "Hasta el inicio de la auditoría de la empresa, ésta, al menos a través del Director de la Oficina Sr. Arsenio, conocía cabalmente los hecho"

Cita la parte que solicita esta modificación, como documentos que sirven para demostrar el error de la juzgadora, los correos electrónicos aportados como documento 5 de la parte demandante, y admite que estos correos ya están "recogidos en esencia en el hecho probado sexto".

Efectivamente, esos correos han sido ya valorados por la magistrada de instancia y reflejados en el Hecho Probado Sexto. Ahora bien, esos correos no evidencian la existencia de error alguno en la juzgadora, todo lo contrario, esos correos lo único que ponen de manifiesto es que el Sr. Rogelio, en enero, junio y septiembre de 2023 manifestó su malestar por la presión que sentía sufrir por parte del Director de la Oficina, pero de ninguna manera prueban esos correos que, ni el Director de la oficina ni nadie más de la empresa, conocía, antes del inicio de la auditoría, la operativa del actor para poder cumplir los retos de la campaña My Commerce.

Todo lo anterior, hace que la revisión fáctica instada en el escrito de impugnación esté abocada al fracaso y por ello deba ser desestimada. En concecuencia, el Hecho Probado Tercero queda inalterado.

QUINTO: Se plantea en el escrito de impugnación otro motivo en el que la representación letrada cuestiona el derecho aplicado en la sentencia, y más en concreto, que la sentencia de instancia no haya estimado la prescripción de las faltas imputadas,citándose los artículos 60.2 ET , en relación con el artículo 82 del Convenio Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro .

La sentencia recurrida dedica el Fundamento de Derecho Tercero a la prescripción de las faltas imputadas y se refiere, en concreto, a que tanto el artículo 60.2 ET como el artículo 82 del Convenio Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro establecen que las faltas muy graves prescribirán a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Del relato fáctico se desprende que "hasta el informe de auditoría la empresa no tenía un conocimiento completo y cabal de los hechos"(Hecho Probado Tercero, que ha quedado inalterado), lo cual se justifica en el Fundamento de Derecho Tercero, al decir que "se trata de unos hechos que han requerido de una previa investigación y una comprobación rigurosa de la entidad bancaria".

Así pues, para dar respuesta a esta cuestión la Sala debe partir de los hechos que se consideran probados, y en concreto de que:

(I) Los hechos en los que se funda el despido se produjeron en el período temporal de 6 de octubre de 2022 a 30 de junio de 2023(Fundamento de Derecho Tercero, con valor de hecho probado).

(II) Se trata de unos hechos que han requerido de una previa investigación y una comprobación rigurosa de la entidad bancaria (Fundamento de Derecho Tercero, con valor de hecho probado).

(III) El 9 de enero de 2024 se realiza el informe de auditoría en el que se concluye la existencia de irregularidades (Hecho Probado Tercero) .

(IV) Hasta el informe de auditoría la empresa no tenía un conocimiento completo y cabal de los hechos (Hecho Probado Tercero).

(V) El 2 de febrero de 2024 se emite carta de despido con efectos de 5 de febrero de 2024, en la cual se le imputa al demandante el alta irregular de 15 comercios a los que vinculó otros tantos TPV, a 15 clientes de las store pymes Navarra la Rioja Pamplona y Tafalla que computaron en el reto My commerce (Hecho Probado Cuarto).

La representación letrada de la parte demandante, en el escrito de impugnación, se muestra disconforme con la fijación del dies a quofijado por la sentencia recurrida para la determinación del plazo de prescripción de las faltas imputadas al trabajador, ya que considera que, tratándose de hechos que se produjeron en el período temporal de 6 de octubre de 2022 a 30 de junio de 2023, estaban ya prescritos cuando fueron sancionados el 2 de febrero de 2024.

Traemos a colación la STS n.º 834/2018 de 14 de septiembre que nos recuerda la doctrina jurisprudencial que, sobre la prescripción de las faltas, dice que el cómputo de la prescripción de las faltas laborales que se cometen fraudulentamente, con ocultación y eludiendo los posibles controles del empresario, no se inicia hasta que la empresa tenga conocimiento de los hechos y pueda ejercer sus facultades disciplinarias (citando las SSTS 27-1-90, RJ 224; 29-10-90, RJ 7938; 28-1-91, RJ 188; 26-3-91, RJ 190; 25-4-91, RJ 5230; 12-2- 92, RJ 970; 26-5-92, RJ 3608; 3-11-93, RJ 8536 y 25-7-02, RJ 9592). Esta sentencia, hace suya la doctrina que recoge la STS de 19 de septiembre de 2011 ,que dice;

"

1).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, "la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos".( sentencias de 25 de julio del 2002 , 27 de noviembre y 31 de enero del 2001 , 18 de diciembre del 2000 , 22 de mayo de 1996 , 26 de diciembre de 1995 , 15 de abril de 1994 , 3 de noviembre de 1993 , y 24 de septiembre y 26 de mayo de 1992 );

2).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras o inspectoras( sentencias de 25 de julio del 2002 , 31 de enero del 2001 , 26 de diciembre de 1995 y 24 de noviembre de 1989 );

3).- En los supuestos en que los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación "no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la mis falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el cómputo de la prescripción" ( sentencias de 25 de julio del 2002 y 29 de septiembre de 1995 )". "Es obvio que el conocimiento empresarial a que se refiere la jurisprudencia reseñada tiene que ser un conocimiento efectivo, real y cierto, no siendo aceptable sustituir ese conocimiento real y cierto por la mera posibilidad de haber tenido la empresa noticia de los hechos acontecidos, sin que ese conocimiento hubiese tenido lugar, y menos aún cabe admitir a este respecto la aplicación de ficciones o suposiciones". "Como se vio, esta doctrina jurisprudencial ha declarado que no basta, a los efectos del inicio del plazo prescriptivo, con que la empresa tenga "un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas", pues a tales efectos se requiere "un conocimiento cabal, pleno y exacto" de los hechos acaecidos.Y es impensable que un conocimiento de caracteres tan exigentes y rigurosos se alcance por el simple hecho de que se hayan recogido en la contabilidad de la empresa las anotaciones o asientos relativos a las operaciones de que se trate".

"La jurisprudencia comentada exige que sean las personas u órganos de la empresa que tienen competencias sancionadoras o inspectoras,quienes tengan el referido conocimiento de los hechos acontecidos, y es prácticamente imposible que los concretos asientos contables diarios de la empresa sean conocidos por esas personas u órganos, salvo en el caso de que éstos realicen una auditoria o un expediente informativo en relación a tales asientos".

En el mismo sentido se pronuncia la STS de 26 de abril de 2022 (rec. 1274/2020) que también cita otras anteriores de la misma Sala Cuarta (las dictadas el 27 de noviembre de 2019, rec. 430/2018, y el 13 de octubre de 2021, rec. 4141/2018).

Pues bien, en el caso que nos ocupa, el trabajador llevó a cabo unas contrataciones de TPV con una serie de clientes que, aparentemente, eran legítimas. Esas contrataciones se produjeron en el período temporal de 6 de octubre de 2022 a 30 de junio de 2023. La transgresión de la buena fe contractual se produce por el hecho de que esas contrataciones acaban revelándose como fraudulentas, puesto que se habían producido conforme a una operativa diseñada por el actor cuya finalidad era fraudulenta (conseguir cumplir los objetivos comerciales con contrataciones simuladas y así percibir los incentivos correspondientes).

Es evidente que el fraude no se ponía de manifiesto en el momento de la contratación de los TPV, y tampoco cuando, meses después, los clientes cancelaban la contratación de los TPV; y ni siquiera se ponía de manifiesto en el momento en el que saltó la alerta por las transferencias que el trabajador estaba recibiendo de algunos clientes. El fraude cometido por el trabajador se puso de manifiesto cuando se conoció por el banco la operativa seguida por el trabajador para conseguir que los clientes aceptaran "hacerle el favor" de efectuar las contrataciones de los TPV. Y, esa operativa solo se supo tras conocerse el informe del auditor interno.

En definitiva, se trata de unos hechos que, tal y como declara la sentencia de instancia, han requerido de una comprobación minuciosa y de una previa investigación para conocer cómo era el modus operandillevado a cabo en cada una de las contrataciones y en las posteriores cancelaciones producidas. El hecho de que saltara una alarma por recibir el trabajador transferencias de algunos clientes no evidenciaba, por sí mismo, la existencia de un fraude, ya que el fraude se evidenció solo tras la investigación del auditor (donde se comprobó que esas transferencias eran el resultado de la connivencia entre el trabajador y algunos clientes para realizar las operaciones, primero de contratación y posteriormente de cancelación del los TPV). Así pues, hasta el informe de auditoría la empresa no podía tener un conocimiento completo y cabal del alcance de las irregularidades cometidas, tal y como se considera probado en el Hecho Probado Tercero de la sentencia.

La representación letrada del trabajador, en su escrito de impugnación del recurso de suplicación, ha pretendido modificar el Hecho Probado Tercero, solicitando que se modificada este hecho probado en el sentido de que la empresa, al inicio de la auditoría ya tenía conocimiento cabal de los hechos, a través del Director de la oficina. Esta revisión, que lógicamente pretendía poder defender la prescripción de las faltas imputadas, no ha sido admitida, por cuanto ninguna prueba documental existe al respecto. No siendo equiparable que el Director de la oficina conociera el malestar del Sr. Rogelio por la presión que le decía sentir, con que el Director conociera la forma ideada por el Sr. Rogelio para poder alcanzar los objetivos comerciales.

Todo lo anterior hace que el dies a quose haya fijado correctamente por la magistrada de instancia, haciéndolo coincidir con la fecha del informe de auditoría (9 de enero de 2024), por lo que habiendo sido sancionados los hechos mediante carta de despido de 2 de febrero de 2024, debe concluirse que las faltas imputadas no estaban prescritas cuando fueron sancionadas por la empresa.

SEXTO: El cuarto motivo del recurso de suplicación se destina a la censura jurídica de la sentencia recurrida. En concreto, se denuncia que la resolución de instancia infringe los artículos 54.2,d ), 55.4 y 58 ET ), en relación con lo dispuesto en los apartados 4.4, 4.8 y 4.9 del artículo 76 del Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro, así como en el apartado 2.2.3 del artículo 79 del citado Convenio Colectivo .

Mantiene la parte recurrente que el actor planeó y ejecutó un engaño con el fin de hacer creer a la entidad demandada que había comercializado unos TPVs que, en realidad, no había comercializado, obteniendo así un incentivo; y para ello se valió de la connivencia de los clientes quienes, si bien emitieron su consentimiento, lo hicieron en enero de 2024 (HP 5º), es decir, mucho tiempo después de las operaciones y en el marco del expediente contradictorio iniciado frente al actor. Además, la parte recurrente cuestiona esos consentimientos al no haber sido ratificados en el acto de juicio por los propios firmantes.

Considera la parte recurrente que la sentencia para desvirtuar la gravedad de los hechos, tiene en cuenta que el actor estaba sometido a una cierta presión comercial para el cumplimiento de objetivos, pero que eso no puede justificar el engaño cometido para poder percibir el correspondiente incentivo.

El nuevo relato de hechos probados, resultante tras las modificaciones estimadas, hace que la Sala deba partir de que el modus operandique ha quedado acreditado es el siguiente: el trabajador habría contactado con algunos de sus clientes, solicitándoles como un favor que le autorizaran para llevar a cabo la contratación de unos TPV, tras lo cual habría de hacerse un pago con dicho aparato (que podía hacer él mismo con su tarjeta) y que, una vez hecho el pago por él, el cliente le tenía que devolver el dinero bajo un concepto que él propio trabajador les facilitaba. Pasado un tiempo el cliente procedería a la devolución del TPV y la pequeña comisión que se generaba por la devolución se la reintegraba al cliente el propio trabajador . Esas ventas de TPV permitieron imputar al actor la retribución en especie correspondiente al incentivo "tarjeta virtual" de la campaña "MY COMMERCE 2022 RETAIL" de "COMERCIA GLOBAL PAYMENTS".

Pues bien, la cuestión de quién efectuara la firma de los contratos de los TPV, no resulta ser del todo relevante para valorar la transgresión que se imputa, ya que consta acreditado que los clientes habían dado su consentimiento para que el actor llevara a cabo la operación en su nombre, siendo conocedores de la misma.

Lo que sí resulta verdaderamente relevante a los efectos de valorar si ha existido transgresión de la buena fe contractual es la forma de proceder del actor para conseguir esos contratos de TPV, solicitando de sus clientes que participaran en una operación que ya de principio se sabía que iba a ser infructuosa para el banco, pues él mismo les decía que podrían anular la contratación y que el coste de la anulación les iba a ser reintegrado por él.

Es decir, las contrataciones de los TPV eran ficticias, pues no respondían a una verdadera transacción entre el cliente y el trabajador, sino a un favor personal que el cliente le hacía al trabajador que previamente se lo había pedido, y que conllevaba una simulación de la contratación, siendo el actor quien hacía la primera compra, y solicitándole después al cliente la devolución de ese dinero, consiguiendo así que la devolución del TPV no tuviera apenas coste para el cliente y sumando el trabajador la venta del TPV de cara al cumplimiento de los objetivos comerciales que el banco marcaba.

En definitiva, aunque no hubiera engaño hacia los clientes, sí había engaño hacia la empresa,a la que se le hacía creer que se producían contrataciones de TPV, cuando esa contratación era simulada, y era el propio trabajador el que facilitaba al contratante los pasos a seguir para llevar a cabo dicha simulación; obteniendo por ello el trabajador despedido un incentivo económico.

El contrato de trabajo no deja de ser una variante más en el ámbito de la contratación, por lo que los principios de buena fe, de origen civilista, se aplican de igual manera en el Derecho del Trabajo, haciendo de esta una obligación y un deber entre trabajadores y empresarios. De tal manera que la buena fe es intrínseca al contrato de trabajo y una obligación entre partes y que se transgrede esta buena fe contractualcuando para perseguir un beneficio se actúa de forma fraudulenta.

En el caso que nos ocupa, lo que adquiere valor no es tanto el beneficio económico que obtiene el trabajador con estas contrataciones de TPV (beneficio que sí consta acreditado), sino la actuación fraudulenta del trabajador, que lleva consigo la pérdida de confianza que la entidad bancaria depositó en él.

En este caso, el trabajador era plenamente consciente de la irregularidad que estaba cometiendo, existiendo intencionalidad, dolo y culpabilidad, y siendo poco relevante, a los efectos de analizar si existió la transgresión de la buena fue contractual que se le imputa, que el importe del incentivo que consiguió con esas contrataciones fuera colectivo o individual, o de mayor o menor importe.

En este sentido, la STS de 29 de enero de 2019, rec. 4473/2017 ,nos dice sobre la transgresión de la buena fe que:

"Se ha dicho así que dicha transgresión constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que debe presidir la correcta ejecución del contrato; que la buena fe es consustancial al contrato de trabajo, pues su naturaleza genera derechos y obligaciones recíprocos, que se traduce en una exigencia de comportamiento ético, acorde a una serie de valoraciones objetivas, que limita o condiciona el ejercicio de los derechos subjetivos, y que se concreta en valores que pueden traducirse por lealtad, honorabilidad, probidad y confianza; que la esencia de su incumplimiento no está en la causación de un daño, sino en el quebranto de los anteriores valores, por lo que a pesar de la inexistencia de perjuicio alguno a la empresa, a pesar de ser un elemento a considerar y ponderar en orden a su gravedad, no se enerva la transgresión, para cuya consideración también deben valorarse las condiciones personales y profesionales del trabajador y la confianza depositada en el mismo;que tampoco es necesaria la concurrencia de dolo en la conducta entendida como conciencia y voluntad en su realización, pues basta que los hechos se produzcan de manera culposa, si la culpa es grave e inexcusable, para estimar cometida la infracción de la norma".

Así, en el caso que nos ocupa, el demandante, en un contexto de estrés por alcanzar los objetivos comerciales marcados por el banco, de manera consciente y voluntaria ideó una fórmula para alcanzar los objetivos de contrataciones de TPV, realizando una serie de actuaciones irregulares que presentan indicios más que significativos de ser manifiestamente ilícitas. El trabajador, que no negó estos hechos en el pliego de descargos, los justificó, principalmente, en el pleno conocimiento y consentimiento de los clientes y en la presión comercial que impone el banco a los empleados.

Las contrataciones de los TPV eran ficticias, pues no respondían a una verdadera transacción entre el cliente y el trabajador, sino a un favor personal que el cliente le hacía al trabajador (que previamente se lo había pedido), y que conllevaba una simulación de la contratación, siendo el actor quien hacía la primera compra (y por tanto, participando directa y personalmente en la simulación), y solicitándole después al cliente la devolución de ese dinero, consiguiendo así que la devolución del TPV no tuviera coste para el cliente y sumando el trabajador la venta del TPV de cara al cumplimiento de los objetivos comerciales que el banco marcaba.

Y ante lo expuesto, de los hechos acreditados en autos no cabe duda alguna de que el actor cometió una vulneración muy grave de la necesaria rectitud y lealtad que ha de mediar en un trabajador de larga experiencia en el desempeño de sus funciones en una entidad bancaria. Y es igualmente por ello por lo que no cabe justificar, y ni siquiera degradar, la auténtica gravedad y trascendencia jurídica de los hechos que llevó a efecto, siendo por lo expuesto por lo que resulta evidente que el comportamiento del demandante imputado en la carta de despido y acreditado en autos es plenamente encuadrable en la causa de despido aplicada y prevista en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y en los preceptos concordantes de la normativa convencional de aplicación. Así, el artículo 76, apartados 4.4, 4.8 y 4.9 del Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro califican como faltas muy graves la transgresión de la buena fe contractual, el fraude y el abuso de confianza respecto de la Entidad o de la clientela. Faltas, todas ellas, que se cometieron en el presente caso, ya que el modus operandidel trabajador sancionado si bien no puede considerarse un abuso de confianza respecto a los clientes (ya que contaba con su consentimiento), sí que lo es respecto a la entidad bancaria; constituyendo, además, un fraude, por cuanto pretendía hacer creer a la entidad bancaria que se habían cumplido los objetivos comerciales a través de operaciones que estaban diseñadas por el propio empleado para que no llegaran a producir ningún rédito para el banco, pero que sí le sirvieron a él para conseguir cumplir los objetivos y percibir los incentivos correspondientes.

Y finalmente, a ello cabe unir otra consideración adicional, y es que aun aplicando la teoría gradualista a la transgresión de la buena fe o el abuso de confianza, no podemos dejar de obviar que los hechos sancionados no pueden considerarse ni de escasa relevancia, ni poco claros en cuanto a su entidad ni siquiera un acontecimiento aislado, sino todo lo contrario, responden a una operativa diseñada por el actor cuya finalidad era fraudulenta (conseguir cumplir los objetivos con contrataciones simuladas y así percibir los incentivos correspondientes) y que, además, fue ofrecida a determinados clientes de la entidad bancaria, con el correspondiente coste de imagen de dicha entidad. En definitiva, perseguía obtener un beneficio en perjuicio de la entidad bancaria. Estos hechos transgreden la buena fe resulta consustancial al contrato de trabajo, ya que el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador se manifiesta en una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual.

Cabe hacer un último apunte respecto a la proporcionalidad, ya que en la sentencia recurrida se concluye que el despido es una medida disciplinaria no proporcional atendiendo a dos motivos: 1. El trabajador ha prestado sus servicios durante 19 años en la empresa, sin que haya tenido ninguna sanción previa y ninguna queja por parte de los clientes; 2. El consentimiento de los clientes que son afectados por las 15 TPV, que aseguran conocer y consentir dicha contratación, tanto en cuento al fondo como a la forma.

Pues bien, a juicio de la Sala, ninguno de estas dos razones pueden justificar el irregular proceder del trabajador ni resta importancia al abuso de derecho cometido por el mismo. Todo lo contrario. Un trabajador con 19 años trabajando en banca conoce y es plenamente conscientede que la simulación de una operación en connivencia con un cliente para obtener un determinado beneficio constituye una falta muy grave, que causa un daño a la entidad bancaria y que rompe la buena fe contractual. Y, en segundo lugar, el consentimiento de los clientes, si bien podría llegar a suavizar la gravedad de las posibles irregularidades de las firmas (de haber existido esas irregularidades), lo que no corrige es la irregularidad de cara al banco, haciéndole pensar que está vendiendo unos productos cuando la venta es básicamente simulada. Y a todo esto no puede oponerse que el trabajador estuviera en una situación de estrés por cumplir los objetivos marcados por la entidad bancaria, ya que supondría tanto como justificar cualquier irregularidad o fraude en dicha situación. Es evidente que existen otros cauces a disposición de los trabajadores para denunciar las situaciones de tensión laboral y de estrés, sin que puedan justificar actos como los aquí juzgados.

En definitiva, considera la Sala que los hechos que aquí se examinan revisten una entidad y gravedad de tal entidad que provocan evidentemente la pérdida de confianza de la empresa y se erigen así por sí mismos como causa hábil para proceder a la extinción unilateral del contrato de trabajo a instancia de la empresa, al haber incurrido el actor en una clara transgresión de la buena fe contractual, en fraude y en abuso de confianza ( artículo 54.2.d ET y artículos concordantes del convenio de aplicación ya citados) y corresponder al empresario la elección de la medida disciplinaria a imponer, dentro del marco sancionador que establece el convenio colectivo de aplicación, en cuyo artículo 79.2.3 contempla la sanción del despido para las faltas muy graves.

Y, al no entenderlo así la sentencia recurrida, solo cabe revocarla y estimar el recurso interpuesto, declarando el despido procedente.

SEXTO.- Costas

Al haber sido estimado el recurso de suplicación interpuesto por la empresa recurrente no procede la condena en costas, debiendo ser devuelto el depósito y la consignación una vez la sentencia sea firme.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.