Sentencia Social 17/2026 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1665/2025 de 20 de enero del 2026

PRIMERO.-En la demanda de despido origen de este pleito accionaba el trabajador demandante en la consideración de que su relación laboral con la empresa demandada era según un contrato con jornada y salario inferior al que realmente tenía, pues facturaba aparte como autónomo lo que realmente era parte de su salario y jornada.

La sentencia de instancia resume la pretensión de la demanda que dirigía frente a la empresa demandada solicitando: se declare la improcedencia del despido del que fue objeto el trabajador, condenando a la demandada por despido improcedente a readmitirle en su puesto de trabajo o subsidiariamente indemnizarle con la cuantía equivalente a 33 días de salario por año de servicio en la empresa, más una indemnización adicional de 30.000 €; se declare que la relación que unía a la empresa y el trabajador era por cuenta ajena en todos sus términos, siendo el salario equivalente a la totalidad de las cantidades que percibía el trabajador, debiendo en consecuencia la empresa de cotizar por dichas cantidades y regularizar por la diferencia entre el salario real y aquel por el que se infracotizó; se condene a la empresa al abono de la cantidad de 8.000 € por salarios adeudados; se condene a la empresa al abono de la cantidad adicional de 7.000 € por perjuicios causados por infracción de Derechos del trabajador antecedente de hecho primero).

En el acto del juicio la parte demandante desistió de la acción de reclamación de cantidad y se ratificó en la pretensión de declaración de improcedencia del despido, a la que se opuso la parte demandada (antecedente de hecho segundo).

Fijando antigüedad desde el 2 de agosto de 2.021 -aspecto con el que la empresa mostraba conformidad-, indicó que su salario a efectos indemnizatorios era de 171 euros diarios porque a su salario en nómina habría de sumarse cuanto aparte facturaba mensualmente hasta la fecha del despido, siendo en realidad "trabajador por cuenta ajena la totalidad del tiempo".La empresa demandada mantuvo que la relación laboral con el actor era únicamente la derivada del contrato de trabajo celebrado en fecha 2 de agosto de 2.021, en virtud del cual su salario era de 570,60 euros mensuales, con prorrata de las pagas extraordinarias incluidas.

Tras la práctica en relación con las alegaciones de las partes del interrogatorio de la demandada, cinco testificales y prueba documental que obra en las actuaciones, la sentencia de instancia declara lo hechos probados con arreglo a los que razona que "el actor compatibilizó trabajos laborales y como autónomo, durante su prestación de servicios de naturaleza laboral para Europreven, sin que se haya acreditado que todos los servicios llevados a cabo en las dependencias de la demandada en Aviles, con independencia de que permaneciera en ellas más tiempo del horario fijado en el contrato, fueran todas derivadas del contrato laboral, pues también realizaba las actividades de formación respecto de las que no se ha acreditado que concurrieran las notas de laboralidad"(fundamento de derecho segundo), estimando parcialmente la demanda solo en la improcedencia del despido y sus consecuencias legales con arreglo al salario fijado en el hecho probado primero.

Frente a esta estimación parcial de la demanda se alza en suplicación la representación letrada del trabajador demandante al amparo de cuatro motivos por el cauce del apartado b) y uno por el del apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Solicita la revocación de la sentencia de instancia para, manteniendo la improcedencia del despido de que fue objeto el trabajador, se declare "el carácter de relación laboral como por cuenta ajena en toda su extensión y con el salario reclamado en la demanda a efectos indemnizatorios, así como al abono de la cantidad de 8.000 € en concepto de salarios adeudados",pretensión esta última de la que ya hemos dicho consta que desistió en el acto de juicio.

El recurso ha sido objeto de impugnación por la representación letrada de la demandada EUROPREVEN que opone la naturaleza defectuosa de los motivos de recurso, lo cual impediría que prosperen frente a la misma las pretensiones de la demanda. Solicita confirmación de la sentencia recurrida, con desestimación del recurso interpuesto.

SEGUNDO.-Recurre el trabajador a medio de cuatro motivos de revisión fáctica con el siguiente tenor y fundamento. Primero, para añadir al hecho probado cuarto "Sin embargo, lo que en realidad llevaba a cabo el demandante eran reconocimientos médicos, así como coordinación, siendo la presunta labor de formación mínima o nula, y desarrollándose en todo caso dentro del horario laboral del trabajador. El importe que se abonaba a la empresa INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL era siempre la misma cantidad mensual o muy similar".

Alega que no aparece en todo el procedimiento contrato alguno entre las empresas EUROPREVEN e INSTITUTO DE CETIFICACIÓN Y CONTROL, siendo que la única prueba al respecto son las facturas emitidas por esta última a la primera y en todas ellas el concepto es la prestación de formación sobre "la gestión en un spa",lo que tilda de pantomima. Invoca "los documentos aportados por esta parte, en concreto en el cuadrante relativo a dos meses de trabajo (en concreto los de febrero y marzo de 2024)"que fue ratificado por dos testigos, así como la citada documentación aportada por la propia actora.

Segundo, sustituir en el último inciso del hecho probado quinto la afirmación "El demandante normalmente estaba en el centro de trabajo de la demandada en Avilés de 8.00 a 14.00."por "El demandante trabajaba en un horario de 8,00 a 14,00 horas, normalmente en Avilés, si bien también en otros centros como Navia, Llanes y en las propias instalaciones de la empresa Reny Picot, cliente de la demandada. En ellos realizaba principalmente reconocimientos médicos".

Alega que la prueba documental practicada según los cuadrantes de trabajo presentados por esta parte, que fueron ratificados por los testigos propuestos, impiden diferenciar en esta situación qué parte de la jornada laboral desempeñaba como trabajador por cuenta ajena y qué otra en virtud de una relación mercantil.

Tercero y al hilo del anterior, añadir también al hecho probado quinto que "Dichos servicios eran prestados por el demandante en horario establecido por la empresa, en los centros de trabajo de las mismas, sometido a instrucciones, con el mismo régimen de vacaciones establecido para el resto de los trabajadores y sin que en su trabajo habitual existiese diferencia alguna entre el modo de prestación de unos u otros servicios".

Invoca la revisión a la vista de la prueba documental practicada y de la testifical que la corrobora porque, por una parte, así se desprende de los cuadrantes de trabajo que señalan horarios y centros para el demandante y el resto de los trabajadores de la empresa. Por otra, el calendario de vacaciones de la empresa que las señala para todos y los correos electrónicos enviados y aportados que reconocen al demandante como responsable de vigilancia de la salud y le dan acceso a las instalaciones.

Cuarto, añadir un hecho probado noveno con el siguiente tenor: "La empresa demandada adeuda al demandante la cantidad de 8.000 € en concepto de salarios adeudados".En la consideración de que ello es relevante para el caso de estimar la existencia de una relación laboral encubierta, tales cantidades serían las consideradas como salarios que reclama según considera "reconocida como adeudada en la documental aportada por esta parte",esto es, correo electrónico reconociendo la obligación de pago de dicha cantidad.

En su escrito de impugnación la empresa demandada se opone a la estimación de ninguno de los propuestos por el incumplimiento de elementales reglas para la revisión fáctica. Denuncia una singular interpretación que el recurrente realiza sobre la valoración de la prueba realizada por el juzgador, apoyándose en un claro subjetivismo interesado en detrimento del criterio judicial, ello además sin poder obviarse que el referido hecho probado que se pretende modificar se sustenta en las testificales practicadas.

Ello exige de entrada considerarlas, pues de conformidad con el artículo 193.b ) LJS, el recurso de suplicación solo puede tener por objeto revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas y el artículo 196 LJS exige que, en el caso de la revisión fáctica, se señalan de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende (apartado 3).

Un recurso extraordinario -como es el que nos ocupa- no puede prescindir de que las facultades para alterar las premisas fácticas de la sentencia de instancia están sujetas a requisitos de ineludible cumplimiento por haber correspondido en nuestro ordenamiento laboral al juzgador de instancia la valoración de la prueba en toda su amplitud, único que ex artículo 97.2 LJS ha tenido plena inmediación en su práctica.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha venido desde tiempo atrás reiterando que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia [...], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin"( sentencia de 24 de septiembre de 2.015, rco. 309/2014, entre otras muchas).

Eso es tanto como asumir que la norma procesal "no permite la reconsideración plena del material probatorio. Se limita, por el contrario, a posibilitar un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas [...], se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado. Las consecuencias de esta configuración legal son múltiples puesto que condiciona las posibilidades reales de que la revisión de hechos probados se produzca [...]. El peligro de que [...] se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican las limitaciones legales y jurisprudenciales existentes en orden a la revisión de hechos probados"( sentencia del Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo de 14 diciembre de 2.022 (rco. 131/2022).

La previsión legal que permite la eventual revisión de los hechos probados según determinadas pruebas practicadas conlleva que las reglas aplicables a la revisión se resuman en exigir al recurrente cuantas dicha sentencia del Pleno más recientemente ha compendiado por:

«1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical [...]. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba [...] obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. [...]».

Y como también reiteran otras sentencias más recientes, «Además, "la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" [...]

Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado" [ sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011 ; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 ; y 258/2020, de 17 marzo (rec. 136/2018), con cita de otras muchas]»(sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2.024, rco. 23/2022 ).

El recurso de entrada prescinde de identificar los concretos documentos en que funda cada solicitud. Nos remite a una generalidad de documentos cuando el soporte documental invocado y cuya valoración únicamente podemos examinar se hace de un modo que directamente remite a examinar la totalidad de la prueba aportada en la instancia para su localización. Circunstancia que no es baladí, teniendo en cuenta que avoca a la Sala para encontrarla al examen de tan heterogénea y amplia prueba cual si el recurso extraordinario que nos ocupa no se sujetase a las reglas expuestas, reglas en virtud de las cuales compete a la parte en primer lugar la adecuada identificación del documento.

Por otra parte, la redacción de los tres primeros motivos es además pretedeterminante de la conclusión jurídica que pretende, lo cual debe asimismo ser rechazada en cuanto "la modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentaciónjurídica" ( sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2.016, rco. 153/2015). Pero incluso con independencia de ello, la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2.006, rco. 79/2005, y de 20 de junio de 2.006, rco. 189/2004).

Es palmario que el recurso confunde los documentos invocados con su eficacia probatoria, para lo cual reclama que sean interpretados con arreglo a parte de la testifical practicada y a su subjetiva consideración. Una adición como la pretendida no solo ha de fundarse en documentos concretamente identificados, sino en aquellos que por su decisivo valor probatorio pongan de manifiesto de forma directa, diáfana e indudable el error de la sentencia de instancia. Los cuadrantes de trabajo de dos meses o el calendario de vacaciones aportado, careciendo de sello o firma de la empresa, no son por su propia naturaleza documentos con decisivo valor probatorio, como tampoco sus correos electrónicos disponen del mismo.

Por último, en el acto del juicio la parte demandante desistió de la acción de reclamación de cantidad, ratificándose en la pretensión de declaración de improcedencia del despido frente a la empresa demandada (antecedente de hecho segundo), lo cual priva de sentido la cuarta adición que pretende insistir para reclamar en el recurso una cantidad que afirma ser adeudada cual salario. Por cuanto antecede, no podemos acceder a ninguna de las revisiones propuestas, desestimando íntegramente los cuatro motivos.

TERCERO.-Bajo un único motivo de censura jurídica el recurso denuncia infracción, de los Artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores. Cuanto alega es que "El demandante prestaba sus servicios para la empresa demandada, durante una jornada de 8,00 a 14,00 horas sin solución de continuidad, y sin que existiese dentro de ese horario un trato diferente en uno u otro momento, bajo las instrucciones de la empresa demandada, sometida a su organización y disciplina, siendo la citada empresa la que establecía las vacaciones del demandante y el resto de los empleados, percibiendo como salario una cantidad correspondiente únicamente a 2 horas diarias y el resto, una cantidad igual mensualmente, ficticiamente a través de una empresa. Dicha relación sólo puede ser por cuenta ajena, ya que cumple los requisitos de los citados preceptos y sobre todo y como hemos repetido varias veces, desempeñando una jornada igual, en la que en parte de la misma se reconocía como relación de este tipo, sin que existiera diferencia ni en cuanto a su carácter ni en cuanto a su desempeño, con aquella otra que falsamente se calificaba como por cuenta propia".

Impugna la infracción jurídica la empresa demandada, que opone en particular que lo que denomina salarios eran facturas emitidas por la prestación de servicios por parte del actor, estando para ello el mismo de alta en el Régimen Especial de Autónomos al tiempo de estarlo igualmente como empleado por cuenta ajena. Toda vez que igualmente había percibido el mismo salarios de otras mercantiles diferentes a la demandada durante la vinculación laboral entre ambos, manteniéndose de alta en diferentes epígrafes de licencia fiscal según consta en el incontrovertido hecho probado sexto, ningún error jurídico acredita en la conclusión judicial.

Ciertamente sin premisas fácticas que desvirtúen la conclusión judicial desestimatoria de todo cuanto exceda de la calificación del despido que imputa a la demandada, las que la sentencia ofrece son en efecto insuficientes para que la Sala pueda corregirla en un recurso extraordinario como el de suplicación. El artículo 196.2 LRJS impone al recurrente el deber de razonar la fundamentación de los motivos y el recurso escuetamente reivindica su demanda en lo que señalaba como verdadera naturaleza de la relación que le ligaba con la empleadora demandada.

El trabajador demandante vino prestando servicios por cuenta de la demandada Europreven Servicios de Prevención de Riesgos Laborales S.L. desde el 2 de agosto de 2.021 en virtud de contrato de trabajo indefinido como médico en centro de trabajo situado en Aviles y jornada a tiempo parcial, rigiéndose por el Convenio Colectivo nacional de servicios de prevención ajenos (hecho probado primero).

En virtud del suscrito, la labor que realizaba por cuenta de la misma consistía en llevar a cabo los reconocimientos médicos de los clientes que tienen contratada la Vigilancia de la Salud de sus empleados con a demandada, lo que realizaba en el centro de la empresa en Avilés y, en ocasiones, en las instalaciones de los clientes, como en el caso de Reny Picot, a las que acudía el actor y otros médicos de la demandada cuando tenían que hacer los reconocimientos médicos de sus empleados. El demandante normalmente estaba en el centro de trabajo de la demandada en Avilés de 8.00 a 14.00 horas (hecho probado quinto). La prestación de servicios era en horario de lunes a viernes de 08.00 a 10.00 horas (fundamento de derecho segundo).

Merced al servicio contratado con la mercantil Instituto de Certificación y Control, S.L.U., consta que impartía también actividades de formación especializada al personal laboral de Europreven, así como implantación de diferentes procedimientos o protocolización de procesos de gestión vinculados a la actividad de Europreven. Figuró de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del 1 de noviembre de 2.001 al 24 de julio de 2.024, así como en dos epígrafes que detallan rentas de trabajo por importes abonados por otra mercantil -Clínica Ayala, S.L.- y por la demandada en los ejercicios 2.021, 2.022 y 2.023 (hechos probados cuarto y sexto).

La empresa entregó al actor comunicación de fecha 16 de febrero de 2024 en la que se le notifica la extinción disciplinaria de su relación laboral con efectos a la misma fecha (hecho probado segundo), habiendo el demandante enviado el día 15 de febrero de 2024 un correo electrónico, cuyo contenido la sentencia da por reproducido, poniendo en conocimiento de la empresa demandada su disconformidad con la manera en la que se estaban gestionando los temas relacionados con él y la forma en la que estaba siendo tratado (hecho probado tercero).

Acudiendo a la valoración de la prueba practicada, el órgano de instancia concluye que "acreditado que las partes suscribieron un contrato de trabajo indefinido en el que se establece que prestará servicios como médico, en el centro de trabajo situado en Avda. Alemania 20, Bj, de Aviles, con una jornada a tiempo parcial de 427,5 horas al año, prestadas en horario de lunes a viernes de 08.00 a 10.00 horas, y que el salario abonado por la empresa demandada al actor en virtud de dicho contrato era de 570,60 euros mensuales, con prorrata de las pagas extraordinarias incluida; siendo la labor que realizaba por cuenta de la misma consistente en llevar a cabo los reconocimientos médicos de los clientes que tienen contratada la Vigilancia de la Salud de sus empleados con a demandada, lo que realizaba en el centro de la empresa en Avilés y , en ocasiones, en las instalaciones de los clientes, como en el caso de Reny Picot, a las que acudía el actor y otros médicos de la demandada, cuando tenían que hacer los reconocimientos médicos de sus empleados".Para la empresa para la que impartía formación -relacionada con la especialización e implantación de diferentes procedimientos o protocolización de procesos de gestión- emitía las correspondientes facturas -cuyo concepto es el recurso quien lo identifica con "la gestión en un spa"-,figurando el actor de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del 1 de noviembre de 2.001 al 24 de julio de 2.024.

Dado que hemos de partir de que no es posible amparar una eventual resolución distinta en base a hechos diferentes a los declarados probados en sentencia, el examen de la infracción de normas invocada debe atenerse al inalterado relato de hechos consignado en la instancia. A la postre, la sentencia no nos ofrece otro dato fáctico que "el actor compatibilizó trabajos laborales y como autónomo, durante su prestación de servicios de naturaleza laboral para Europreven, sin que se haya acreditado que todos los servicios llevados a cabo en las dependencias de la demandada en Aviles, con independencia de que permaneciera en ellas más tiempo del horario fijado en el contrato, fueran todas derivadas del contrato laboral, pues también realizaba las actividades de formación respecto de las que no se ha acreditado que concurrieran las notas de laboralidad"(fundamento de derecho segundo).

Prescinde el recurrente de que el objeto del recurso de suplicación no es el objeto del litigio librado por las partes en la instancia, sino la sentencia dictada. Incumbe a la parte que sostiene una pretensión el adecuado ejercicio de la misma con arreglo a las reglas del recurso de suplicación, extraordinario y tasado a estos efectos. La Sala no puede construir su planteamiento sin que ofrezca a través de la sentencia los oportunos hechos, como tampoco soslayar el que la sentencia ofrece sin otras razones para ello. Las alegaciones en que se sustenta la infracción jurídica transitan por una discrepancia que resultó huérfana de prueba que la acredite, pues carecemos de elementos fácticos que las sustenten. El motivo de censura jurídica, por tanto, también debe ser desestimado so riesgo de que sea la Sala y no el órgano judicial llamado al enjuiciamiento de instancia quien acometa éste.

En virtud de cuanto antecede, solo podemos desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de instancia.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,