Sentencia Social 1447/2024 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 749/2024 de 20 de diciembre del 2024

FUNDAMENTO PRIMERO.- Antecedentes relevantes

La demanda por despido y cantidad

1.-La trabajadora demandante, D.ª Rocío presentó demanda interesando la declaración de nulidad del despido objetivo efectuado por la empresa Xiaomi Mi Redmi S.L., invocando discriminación por razón de discapacidad e infracción de la garantía de indemnidad ( arts. 14 y 24 CE de 1978), solicitando el abono de una indemnización de 8.000 € por daños morales y perjuicios, interesando la condena a los codemandados al cumplimiento de las consecuencias legales del despido nulo, así como, la condena al abono de cantidades reclamadas correspondientes al mes de febrero 2022 hasta la fecha de la baja, en la cantidad de 764,60€, cantidades correspondientes a prestaciones impagadas de IT y liquidación de vacaciones, en cantidad de 825,52 euros.

La empresa reconoció la improcedencia del despido en la misma carta comunicada a la trabajadora demandante.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social

2.-El Juzgado de lo Social n.º 9 de Murcia, dictó sentencia núm. 166/23, de fecha 10 de noviembre de 2.023, recaída en los autos número 673/22, sobre despido por causas objetivas con vulneración de derechos fundamentales y reclamación de cantidad, desestimando la demanda presentada, absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra, sin condena al abono de costas.

3.-El Juzgado de lo Social ha fundamentado su decisión desestimatoria de la demanda en los siguiente razonamientos:

1º/ En cuanto a la extensión de la responsabilidad de las consecuencias del despido a determinados codemandados, estima la falta de legitimación pasiva tanto con relación a la empresa Electro y a su administradora, D.ª Gema, considerando que la constitución de la mercantil es posterior a la relación laboral, desligada así de la relación laboral con la actora; y también acoge la falta de legitimación pasiva respecto del administrador de la empresa Xiaomi Mi Redmi S.L. D. Oscar, por no ostentar la condición de empresario;

2º/ Desestima la calificación de nulidad del despido por vulneración de derecho fundamental alguno, al entender que la extinción del contrato de trabajo en la carta de despido viene motivada por causas objetivas, sin que exista discriminación por razón de discapacidad, al ser, no sólo conocida por la empresa la enfermedad/discapacidad de la trabajadora, sino motivo de su contratación bonificada, no concurriendo el caso de que, ante la baja de la trabajadora (en febrero), y ante la previsión de una no reincorporación a corto plazo, se decida extinguir la relación laboral en septiembre, lo que acontece más de 6 meses después. Y con relación a la garantía de indemnidad, la magistrada de instancia entiende que la propia cronología de la creación de la nueva empresa, con despido una semana después de la empleada en la antigua, lleva a inferir, no tanto una represalia contra la trabajadora por denunciar ante la Inspección de Trabajo la mala gestión empresarial de la prestación de incapacidad temporal, sino una forma de nuevo comienzo bajo otro formato de la misma actividad empresarial, o quizá una maniobra mercantil, en todo caso desligada de lo que es objeto de valoración en estos autos.

3º/ Respecto de las reclamaciones de cantidad, la sentencia desestima la demanda al entender que concurrió una indebida acumulación de acciones, que ya debió detectarse con la interposición de la demanda, emplazando al actor a reclamar la deuda en los procedimientos frente a la empresa y al INSS en cuanto a las prestaciones de IT que se consideran adeudadas, o en procedimiento ordinario aparte.

Recurso de suplicación de la trabajadora

4.-Frente al pronunciamiento judicial de instancia, interpone recurso de suplicación la trabajadora accionante, estructurando el recurso de suplicación en dos motivos, con correcto amparo procesal en las letras b) y c) del art. 193 LRJS. Solicita la estimación de su recurso de suplicación, y que se revoque la sentencia estimando íntegramente la demanda, y declare, frente a los demandados, el despido nulo con la reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo, así como el abono de una indemnización por daños morales de 8.000€, interesados en escrito de demanda por la doble infracción cometida por la demandada en materia de vulneración del artículo 14 y 24 de la C.E., con todos los derechos y efectos inherentes a tal declaración y con cuanto más proceda en derecho.

Impugnación del recurso

5.-Los codemandados XIAOMI MI REDMI SL y Oscar, bajo una misma representación, presentaron escrito de impugnación.

Dictamen del Ministerio Fiscal

6.-El Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso de suplicación.

FUNDAMENTO SEGUNDO.- Motivos de revisión de hechos

7.-Al amparo de la letra b) del art. 193 LRJS, la parte recurrente solicita la revisión de hechos declarados probados, con objeto de revisar el hecho probado decimotercero, interesando la adición, al final del párrafo, del siguiente texto: "y, Calle Mariana Vera, 4 - Alcantarilla 30 820 Murcia.".

Justifica el agregado en el documento n.º 1 del ramo de la prueba documental de la parte actora, esto es, en el contrato de trabajo, en concreto, en su cláusula primera. Alega que la adición resulta transcendente para acreditar que la recurrente prestaba sus servicios indistintamente en sendos centros de trabajo (Calle Floridablanca 56, Bajo, 30002 Murcia, y, Calle Mariana Vera, 4 - Alcantarilla 30 820 Murcia) y que la magistrada a quoha obviado este detalle.

8.-El motivo no puede prosperar. Aunque se señala con claridad y precisión el hecho cuestionado y lo que ha de adicionarse, reseñando los términos en los que ha quedar redactado el hecho probado, y la adición se remite a prueba documental obrante en las actuaciones, así como que de la documental invocada puede extraerse el centro de trabajo alegado de forma clara, directa, evidente y patente, lo cierto es que no puede concluirse, sin deducciones o conjeturas, que la actora prestara servicios indistintamente en ambos centros de trabajo, sin que en la demanda se indicara cual es el concreto centro de trabajo de la actora.

FUNDAMENTO TERCERO.- Motivo de censura normativa. Sobre la denuncia de vulneración de derechos fundamentales

Formulación del motivo

9.-El segundo motivo del recurso se articula al amparo de la letra c) del art. 193 LRJS. S achaca a la sentencia infracción de preceptos varios: arts. 14 y 24 de la CE de 1978, conectándolos con normativa interna ( art. 17 del ET y Ley 15/2022, integral para la igualdad y no discriminación), de la Unión Europea ( Directiva 2000/78 sobre igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y la ocupación) y de la OIT (Convenio n.º 158), con sus respectivas interpretaciones dadas por el Tribunal Constitucional (Sentencia 140/1999), la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sentencias n.º 421/2022, de 2 de febrero. y de Pleno de 15 de noviembre de 2022) y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia 17/07/2008 (Caso Coleman), C303/06).

Estos reproches normativos y jurisprudenciales se traducen en el recurso de la siguiente manera:

a) Con respecto a la discriminación por razón de discapacidad, la recurrente sostiene que la sentencia de instancia obvia el hecho de que la enfermedad de la actora, que acabó con una nueva intervención quirúrgica, va incrementado su grado de duración, de corto a medio plazo, para finalmente ser declarada de larga duración, en parte de confirmación del 15/08/2022, con revisión, próxima el 19/09/2022, precisamente el mismo día que se produce el despido objetivo por parte de la empresa hacia la actora.

b) Con relación a la garantía de indemnidad, argumenta la recurrente que la sentencia de instancia no valora la extrema cercanía existente entre el despido (14/09/2022), y que la Inspección de Trabajo establezca "como plazo máximo el día el día 7 de octubre de 2022",para que la empresa aporte la documental requerida, a colación de la denuncia presentada por la actora.

En definitiva, la recurrente entiende que, concurriendo tales indicios, la demandada no ha probado la causa del despido; es más, lo ha reconocido como improcedente ante la imposibilidad de probar la causa de despido esgrimida.

Decisión de la sala

10-La Sala debe acoger en parte la tesis del recurso y declarar que el despido del que ha sido objeto, el día 14 de septiembre de 2022, como nulo, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad ( art. 24 de la CE de 1978), con las consecuencias inherentes a tal declaración. Veamos por qué.

Desestimación de la existencia de discriminación por discapacidad en el despido

11.-En primer lugar, compartimos la conclusión sentada por la sentencia de instancia en cuanto a que el despido no obedece a una discriminación por razón de discapacidad, además de por las razones argumentadas por la magistrada de instancia, que ya hemos resumido en el fundamento de derecho primero de esta resolución y, que damos por reproducidas, porque, aunque concurra el requisito de que la enfermedad -sea curable o incurable- puede equipararse a discapacidad si acarrea limitación, siempre que, además, tal limitación sea de larga duración ( sentencia de 22 de mayo de 2020 - ECLI:ES:TS:2020:1736]), lo cierto es que no concurre el requisito consistente en que el empresario no haya adoptado o realizado "ajustes razonables" ( STJUE 11/07/2006, caso Chacón Navas, C-13/05), puesto que la actora ya venía prestando servicios, por razón de su discapacidad, en un puesto de trabajo adaptado por dicha razón, por lo que, aunque existiera un indicio de discriminación por razón de discapacidad, no puede reprocharse en este supuesto a la magistrada de instancia el no haberlo entendido así. Cuestión distinta hubiese sido que la actora hubiese alegado discriminación por razón de enfermedad, prevista ya expresamente como causa de discriminación en la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral, para la igualdad y no discriminación, vigente a la fecha del despido, sobre el que nada se dice en el recurso, sin perjuicio de que los hechos relacionados con la IT puedan sustentar con más fuerza el indicio alegado sobre vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que pasamos a examinar.

Vulneración de la garantía de indemnidad

12.-En segundo término, la Sala aprecia que la sentencia de instancia comete la infracción normativa denunciada en el recurso sobre la garantía de indemnidad cuando afirma que el despido es ajeno a la denuncia que la misma interpuso ante la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social (ITSS).

A juicio de la Sala, en línea argumental desarrollada en el recurso, dicha denuncia ante la ITSS, efectuada con suficiente antelación a la fecha del despido y, que necesariamente la empresa conocía antes de producirse el despido, es un presupuesto de la posibilidad misma de la violación del artículo 24.1 de la CE (FJ 6 de la sentencia del TC de fecha 10 de Septiembre del 2015, nº 183/2015, recurso 155/2013 y las que en ella se citan). Si a esa posibilidad le sumamos el indicio consistente en que la parte actora ha estado de baja por IT durante un periodo prolongado de tiempo, mediando advertencia previa de la empresa de que iban a tener que buscar a otro personal para cubrir su puesto, los hechos probados reflejan una panorámica de indicios que razonablemente llevan a considerar que el despido, en principio, obedece a la situación de incomodidad que para la empresa supone esta situación. Entra en juego así la doctrina de los despidos pluricausales ( STC 14/2002 de 28 de enero [RTC 2012,14]).

13.-Sobre la garantía de indemnidad y cuestiones procesales que envuelven su aplicación, la sentencia del TS (Social) de 12 de noviembre de 2024 ECLI:ES:TS:2024:5489 establece:

-" La prohibición del despido como respuesta al ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos se desprende también, y así se fundamenta en STS IV 21 de julio de 2021, rcud 3702/2018 , del art. 5 c) del Convenio 158 OIT, norma que ha de ser tenida en cuenta, por mandato del art. 10.2 de la Constitución , a efectos de la interpretación de derechos fundamentales. Tal precepto excluye expresamente de las causas válidas de la extinción del contrato de trabajo «haber planteado una queja o participado en un procedimiento entablado contra el empleador por supuestas violaciones de Leyes o reglamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes». Y como establece el art. 181.2 LRJS , «en el ámbito de los derechos fundamentales, el legislador ha dispuesto un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba, según el que "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". La evidente dificultad probatoria del móvil antisindical o discriminatorio en una conducta empresarial ha sido tenida en cuenta por el legislador, no para producir, de entrada, una inversión de la carga de la prueba, sino para provocar una alteración de la misma a través de la exigencia, para el actor, de aportar únicamente indicios racionales de la lesión». ( STS IV Pleno, de 20 octubre de 2021, rec. 87/2021 )."

- "Recordamos igualmente la doctrina reiteradísima del Tribunal Constitucional que nos enseña que la garantía de indemnidad implica que «del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos» (por todas, STC 14/1993 , 25/2008 y 92/2009 ). [...] y que en todo caso las cuestiones relacionadas con la lesión de la garantía de indemnidad resultan tributarias de las circunstancias concurrentes en cada supuesto."

14.-La trabajadora ha probado la existencia de indicios de vulneración del derecho fundamental, lo que si bien no supone una prueba plena, tampoco equivale a un relevo de prueba, y en el supuesto, la actora acredita la concurrencia de indicios, ya que existe conexión temporal entre la decisión empresarial y la denuncia planteada por la trabajadora, y su resultado [hechos probados octavo a décimo de la sentencia], podría haber desvirtuado los indicios alegados por la actora con la aportación de una causa real y justificada de la decisión de despedir adoptada ( STC 125/2008 de 20 de octubre [RTC 2008, 125] o, al menos, podría haber probado que el despido actuado en nada responde a una represalia por la actuación de la trabajadora. Por el contrario, resulta que la empresa directamente reconoce la improcedencia del despido y, si bien esta decisión no tiene por qué acarrear un automatismo en la calificación de nulidad por falta de causa, ocurre que la empresa, ante este panorama de indicios estaba obligada a aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, y ni si quiera ha aportado una mínima justificación del despido, más allá de las frases que se contienen en la carta de despido y que reproduce en la instancia. En consecuencia, debe entenderse que el despido, en realidad, tiene por causa desprenderse de una trabajadora molesta que está causando problemas ( SSTC 27-2-2006 [RTC 2006, 65] y 18-3-2016 [RJ 2016, 1577]). En términos jurídico laborales estamos ante auténtica represalia prohibida por el art. 36 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección del denunciante, que aunque no resulta aplicable a esta litis por razones temporales, si que resulta aplicable la Directiva que dicha normativa la traspone, esto es, la Directiva 2019/1937, sobre protección de los informantes sobre infracciones del DUE, y ello sin perjuicio de que ya se viniera adoptando esta postura por nuestra doctrina constitucional (entre otras, STC 27-2-2006 [RTC 2006, 65]). Como quiera que nada de esto ha sido considerado en la sentencia, ante los hechos declarados probados, la vulneración de la garantía de indemnidad, a juicio de la Sala, se muestra patente en el caso.

15.-Por tanto, al concurrir indicios de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, y al no ser destruidos, ni siquiera combatidos por la empresa recurrida, la cual ostentaba la carga de la prueba (ex arts. 96 y 181 LRJS) , la Sentencia de Instancia ha infringido el art. 24 de la CE 1978, en concordancia con la normativa alegada y la doctrina jurisprudencial que la interpreta, por lo que el despido necesariamente debe ser calificado como nulo por vulneración de derechos fundamentales al amparo del art. 55 del ET.

La declaración de nulidad comportará la condena a la empresa a la inmediata readmisión del/la trabajador/a en su puesto y condiciones de trabajo, con abono de los salarios de tramitación, a razón de 38,36 euros brutos diarios ( art. 55.6 del ET y 113 de la LRJS) .

FUNDAMENTO CUARTO.- Consecuencias indemnizatorias de la nulidad del despido

16.-Con carácter accesorio, la parte actora ha interesado, además, una indemnización por los daños morales y perjuicios derivados del quebranto del derecho fundamental invocado.

17.-Resulta dificultoso acreditar no sólo los daños y perjuicios, especialmente los de carácter moral, así como su cuantificación.

Criterios jurisprudenciales

18.-La sentencia TS (Social) de 14 de noviembre de 2023 ECLI:ES:TS:2023:4848) establece que aunque se apliquen los criterios de la LISOS para el cálculo de la indemnización por daños morales deben tenerse en cuenta las particulares circunstancias concurrentes en cada caso.

Por una parte, debe recordarse el marco legal que permite la fijación de indemnización. En este sentido los arts. 179.3 y 183.1 y 2 de la LRJS establecen:

"Art. 179.3. La demanda [...] deberá expresar con claridad [...] la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador."

"Art. 183.1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño".

El TS (Social) ha precisado que la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS no supone "una aplicación sistemática y directa de la misma" sino que nos ceñimos "a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental" [ sentencias del TS 273/2023, de 13 abril (rec. 217/2021 ); 294/2023, de 25 abril (rec. 334/2021 ); y 503/2023, de 11 julio (rec. 243/2021 ), entre otras].

La doctrina jurisprudencial sostiene que "la fijación del importe de la indemnización por daños morales es misión del órgano de instancia, ello no obsta para que sea fiscalizable en vía de recurso extraordinario y que quepa su corrección o supresión cuando [...] se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable" [ sentencia del TS 920/2016, de 2 noviembre (rec. 262/2015 )]. El TS considera que "el importe del resarcimiento fijado prudencialmente por el órgano judicial de instancia únicamente debe ser corregido o suprimido cuando se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable" [ sentencias del TS 440/2016, de 18 mayo (rcud 150/2015 ); 920/2016, de 2 noviembre (rec. 262/2015 ); y 583/2021, de 27 mayo (rcud 151/2019 )].

La sentencia del TS 179/2022, de 23 febrero (rcud 4322/2019 ) fijó una indemnización de 6.251 euros en concepto de indemnización de daños morales de un trabajador cuyo despido se había declarado nulo por vulnerar la garantía de indemnidad: había presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y posteriormente fue despedido. Esta Sala explicó:

a) La relación laboral apenas ha durado dos años.

b) El salario medio del trabajador durante ese periodo era de unos 1.300 euros mensuales.

c) Por ello, consideramos manifiestamente excesiva y desproporcionada la suma reclamada por daños morales de 15.525 euros, una vez que la declaración de nulidad del despido ya comporta la readmisión del trabajador y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de resolución del contrato de trabajo.

d) El importe de la sanción prevista en el art. 40 de la LISOS parte de un mínimo de 6.251 euros hasta un máximo de 25.000 euros, por lo que es más razonable y adecuado fijar la indemnización en la suma correspondiente a la cuantía inferior de esa multa.

La sentencia del Pleno del TS de 356/2022, de 20 abril (rcud 2391/2019 ), dictada en un pleito de despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal cuyo origen estaba relacionado con la violación de su derecho fundamental, fijó la indemnización por daños morales en 60.000 euros. El TS argumentó que la cuantificación de la indemnización debía tener en cuenta "la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso".

En definitiva, la parte actora puede solicitar una indemnización por el daño patrimonial sufrido y, en su caso, por el daño moral, se trata de "dos daños diferentes" ( STS de 19 de mayo de 2020, recurso 2911/2017). El primero trata de reintegrar la lesión sufrida en sus bienes. El segundo, el daño moral es aquel que está representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden desencadenar ciertas conductas, actividades o incluso resultados, tanto si implican una agresión directa a bienes materiales, como al acervo extrapatrimonial de la personalidad ( STS, Sala I, 25 de junio de 1984); daño moral es así el infringido a la dignidad, a la estima moral y cabe en las personas jurídicas ( STS, Sala I, 20 de febrero de 2002, recurso 2855/1996). El daño moral debe ser alegado por el demandante, concretando las bases y elementos clave de la indemnización reclamada y asimismo acreditando en el proceso, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar la condena indemnizatoria (por todas, STS de 22 de julio de 1996, recurso 7880/1995 y STC 247/2006 de 24 de julio), sin perjuicio de que pueda flexibilizarse la exigencia de prueba de su importe cuando ésta resulte demasiado difícil o costosa ( STS 17 de diciembre de 2013, recurso 109/2012), o cuando la existencia del daño se ponga de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión ( STS 24 de octubre de 2019, recurso 12/2019).

Decisión de la Sala

19.-Volviendo al caso de nuestro recurso, debemos señalar que siguiendo la anterior doctrina jurisprudencial que permite acogerse a los criterios del RD Leg. 5/2000, de 4 de agosto -TR de Infracciones y Sanciones en el orden social - para fijar el quantum indemnizatorio, que el artículo 8.12 de la LISOS, contempla como infracción muy grave las decisiones empresariales discriminatorias (también cuando la decisión empresarial sea una reacción frente a las acciones del trabajador para exigir "el principio de igualdad de trato y no discriminación"). Y el artículo 40 de la LISOS prevé una sanción para las mismas de "en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

En el presente caso, consciente la Sala de que se trata de un criterio orientativo, no de un baremo indemnizatorio de aplicación automática, debemos tener presente en el caso la escasa duración de la relación laboral (no llegaba al año); el salario mensual (1.167 euros), el contexto que rodea la decisión del despido y la dimensión de la empresa, lo que lleva a la Sala a fijar como cuantía adecuada y ajustada a la pretensión reconocida judicialmente en cuantía de 7.501 euros -grado mínimo-.

FUNDAMENTO QUINTO.- Determinación de responsabilidades

20.-Finalmente, por lo que respecta a la cuestión de quién debe responder del despido nulo y sus consecuencias, la Sala, en este punto, debe confirmar la decisión de la sentencia de instancia.

21.-Como punto de partida, la Sala ha de tener presente los reiterados pronunciamientos del TS (Social) -por todas, la sentencia TS, Social 7 de junio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:2618 )- que declaran la incompetencia del orden social de la jurisdicción para conocer de la responsabilidad por mala gestión de los administradores societarios, pudiendo citarse en tal sentido las SSTS de 17 de enero y 9 de junio de 2000 y 8 de mayo de 2002, en las que hemos establecido que "la jurisdicción social es incompetente para conocer las pretensiones relativas a la responsabilidad de los administradores societarios fundada en la omisión o incumplimiento de los deberes societarios a que se refieren los arts. 133.1 y 265.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas ,...., remitiendo el conocimiento y decisión al orden jurisdiccional civil, con la salvedad del incumplimiento por los administradores de lo establecido en la disposición transitoria tercera de dicha norma legal, sobre el incremento del capital social a diez millones de pesetas, para cuya decisión es competente la jurisdicción del orden social".

22.-La única que ostenta la condición acreditada de empresaria de la actora es la mercantil Xiaomi Mi Redmi S.L., sin que se haya alegado (ni acreditado), respecto de la mercantil Electro Store Electronics S.L., que concurre una sucesión de empresas o un grupo patológico a efectos laborales para derivar de ello una posible responsabilidad solidaria. Por otra parte, no hay base fáctica para declarar responsabilidad con relación a los administradores sociales puesto que está ausente en el relato judicial mínimos presupuestos fácticos que permitan de ser considerados como empleadores ( art. 1.2º del ET) . Y todo ello con independencia de que se sostenga o no la pretensión con base a la supuesta mala gestión de los administradores societarios - para lo que ya se ha dicho que no es competente el orden social de la jurisdicción-, sin que tampoco concurra el más mínimo elemento de juicio que permitiere en este caso aceptar la competencia del orden social de la jurisdicción con base en la doctrina del levantamiento del velo, al no resultar de ninguna forma acreditada la posible existencia de confusión o unidad patrimonial entre las sociedades mercantiles demandadas y las personas físicas que desempeñan los cargos de administradores societarios, que permitiere atribuir a estos últimos la cualidad de empleadores en los términos del art. 1.1 ET. Por tanto, aunque la indemnización por daños y perjuicios pudiera hacerse extensiva a las personas físicas que han vulnerado los derechos fundamentales, la actuación que da lugar al despido como nulo, con vulneración de derechos fundamentales, proviene de la mercantil, Xiaomi Mi Redmi S.L., aunque se haya actuado por unas concretas personas físicas, por lo que entendemos que las consecuencias del despido declarado como nulo, con la correlativa indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales, solo pueden ser exigidas la mercantil Xiaomi Mi Redmi S.L., debiendo confirmarse la absolución de los restantes demandados.

23.-Recapitulando: debemos estimar parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la recurrente, D.ª Rocío, contra la Sentencia 166/23, de fecha 10 de noviembre de 2.023, dictada por el Juzgado de lo Social n.º 9 de Murcia y, con revocación parcial del fallo de instancia, debemos estimar y estimamos parcialmente la demanda interpuesta por D.ª Rocío, declarando como nulo el despido por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, efectuado el día 14 de septiembre de 2022 por la mercantil Xiaomi Mi Redmi S.L., lo que comportará la condena a la empresa a la inmediata readmisión de la trabajadora en su puesto y condiciones de trabajo, con abono de los salarios de tramitación, a razón de 38,36 euros brutos diarios, así como, la condena a la empresa al abono a la parte actora de una indemnización de 7.501 euros por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales, confirmando la Sentencia de Instancia en los restantes pronunciamientos

FUNDAMENTO SEXTO.-Costas

23.-No procede condena en costas al recurrido que impugnó el recurso, aunque se estime ( SSTS de 18 de octubre de 2006 [rec. 396/2005] y de 2 de enero de 2009 [rec. 1013/2006])en relación con el art. 235 LRJS.