Sentencia Social 471/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social, Rec. 410/2025 de 20 de junio del 2025

PRIMERO.-En la instancia se desestima la demanda y declara la procedencia del despido del actor, con efectos desde el día 26 de agosto de 2024, en atención a la cartas remitida por la empresa demanda. A consecuencia de ausencias injustificadas a su puesto de trabajo, sin previo aviso y sin justificación que acredite el motivo de las ausencias. En concreto, producida los días 22, 23, 24 y 25 del mes de agosto de 2024.

En atención al relato que la juzgadora obtiene, valorando el conjunto probatorio aportado por los litigantes. Del que destaca la testifical de la empleada de la empresa y documento nº 6 de la demandada (wasaps que reproduce ese documento) que acreditan comunicaciones que pondera entre ambos, así como comunicaciones de la empresa usuaria ASPLA sobre ausencias a su puesto de trabajo del actor.

Concluyendo que el demandante no fue a trabajar los días 22 a 25 de agosto. No había justificación alguna para no hacerlo porque de la testifical deduce que los conocidos como "días de parrilla", no se pueden disfrutar en época estival, como era agosto.

Lo anterior justificaría la decisión extintiva de la empresa, al no acudir a trabajar el demandante cinco días y no tenía motivos para ello, conforme al art. 52 del Convenio colectivo aplicable, que se considera falta muy grave faltar al trabajo más de dos días de un mes sin justificación.

SEGUNDO.-Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada del actor, con amparo procesal en la letra a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, postulando la declaración de nulidad de actuaciones. Para su reposición al momento de infracción de normas o garantías del procedimiento que -considera- le producen indefensión. Alternativamente, propone la denuncia de infracción de normas o de la jurisprudencia que estima de aplicación. Por incongruencia extra petitaen la recurrida.

Aludiendo a las actuaciones en el juicio oral, en que la parte actora impugnó los documentos presentados de contrario, en concreto, trascripciones de wasap en que se sustenta la recurrida. Alegando que no consta motivación en la recurrida sobre la desestimación de esta impugnación, que -dice- no fue contestada de contrario.

1.-En la resolución de esta cuestión, la doctrina constitucional viene estableciendo para acceder al remedio extraordinario de la nulidad de actuaciones solicitado por infracción de normas procesales ( SSTC, de 12-7-2004, nº 121/2004, rec. 949/2003; nº 165/2001, de 16 de julio; y, nº 26/2000, de 31 de enero), que no es una cuestión formal.

Solo, si se hubieran inadmitido o admitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable, o cuando la práctica de la prueba sea ilegal e imputable al órgano judicial, cabe declarar tal nulidad de actuaciones. Pero, es necesario, asimismo, que la actividad probatoria impugnada se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa".

En este litigio debe partirse del hecho de que, desde el primer momento, en el juicio oral, la parte actora ha propuesto y practicado la prueba que estimo oportuna respecto de su pretensión de falta de justificación de los hechos imputados en la carta de despido por la empresa demandada. Impugnando las conversaciones de wasap analizadas en la recurrida. Pero, sin indicar la causa por que lo es (no correspondencia con teléfono del actor, que no sean íntegras, trascripción que no se corresponda a la conversación...), y sin solicitar expresamente el trámite del art. 90.2 LRJS, dejando que el juico continuase hasta conclusiones y visto para sentencia, sin formular la protesta oportuna, de considerar que se estaba omitiendo el citado trámite. Con relación a la previsión del art. 191.3.d) LRJS, que impide la nulidad de actuaciones pedida.

Limitándose, en conclusiones, a valorar lo manifestado en dichas conversaciones respecto de la baja voluntaria (que no es la causa de despido, fundada exclusivamente, como la recurrida, en faltas de asistencia injustificadas). Y, cuando, además, en este concreto litigio el juzgador de instancia no se limita a valorar la indicada prueba documental (trascripción de conversaciones de wasap), sino en relación a la declaración testifical practicada a su presencia de quien mantiene dichas conversaciones y otras telefónicas con el recurrente y documental de comunicaciones con la empresa usuaria, partes del empleado....

Luego, no siendo la exclusiva prueba en que se sustenta, en concreto, para el relato que declara.

No garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva, invocado, la admisión de la conclusión fáctica deducida por la recurrente de la prueba o elementos aportados e impugnados por esta parte, sino su ponderación en la instancia; pero, junto con otras aportadas por la parte demandada que, legítimamente, puede acreditar su oposición a la demanda.

Con relación a la necesaria material indefensión del art. 24 CE, por falta de análisis detallado (en cuanto a la citada mera "impugnación") de la documental que ahora invoca el recurrente. No es precisa una mayor extensión en su argumentación o la pormenorizada expresión de porqué le da validez. Sino que, basta la alegación a ellas genérica contenida en el FD 2º de la recurrida, cuando, claramente el juzgador opta, valorando también declaraciones de testigo y otras documentales, que da por probado los hechos imputados en la carta de despido, junto a que las conversaciones trascritas se produjeron en la realidad en los términos que detalla.

Luego, y en lo esencial que no es la baja voluntaria del empleado que solo como contexto en que las faltas de asistencia se producen, aludida por el recurrente a su interlocutora en la empresa. Rechazando su alegación de que se haya producido una compensación con "días de parrilla" que pretende justifican su ausencia los días indicados en la mencionada carta.

Conociendo el recurrente la motivación de la valoración de la prueba por el juzgador de instancia; y, así lo revela que, en los motivos subsidiarios propuestos, para el supuesto de no admisión de la nulidad propuesta con carácter principal, el recurrente propone la revocación de la recurrida por los motivos fácticos y jurídicos que explicita.

2.-Es, también, constante la doctrina que declara que la nulidad de actuaciones es una medida excepcional, contraria al principio de economía procesal propio del proceso laboral ( art. 74 LRJS) , que solo debe acordarse cuando se produzca material y efectiva indefensión, mermando las posibilidades de defensa de la parte que lo pretende y siempre que se consigne la oportuna protesta ( STC, 15-11-2004, núm. 201/2004, rec. 2535/2003). El derecho a obtener una resolución fundada en derecho favorable o adversa es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos.

Ello implica que, si la resolución atacada ha de estar motivada, conteniendo elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que la fundamentan; y, la motivación debe contener una fundamentación en derecho. Este último aspecto, no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, o la valoración favorable a su activo probatorio, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva invocado.

La fundamentación en derecho conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o incurra en error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad, tan solo, sería una mera apariencia.

De nuevo acudimos a la doctrina del TC, esta vez, contenida en el auto de fecha 20-10-2003, núm. 327/2003, que establece que el principio de tutela judicial efectiva no obliga a una contestación explícita y pormenorizada en las resoluciones judiciales, a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión o como causa de oposición por los litigantes. Pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica -aquí en concreto, respecto de la opción que le permite al magistrado el art. 97.2 de la LRJS, por aquellas pruebas que mayores garantías le ofrezca, respecto de la justificación de las ausencias injustificadas al trabajo del recurrente-, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales (se centra en la prueba por la empresa de las ausencias con fundamento en otras documentales y testifical). Y que, para comprobar si existe incongruencia omisiva o por exceso, respecto de pruebas aportadas por la demandada e impugnadas por el recurrente, debe constatarse, en primer lugar, que la cuestión cuyo conocimiento y decisión se dice quedó imprejuzgada fue efectivamente planteada ante el órgano judicial en el momento procesal oportuno.

El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-;de manera que, "en relación a estos últimos elementos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión".

3.-Aquí, tanto la pretensión sobre las ausencias como su pretendida justificación por el recurrente (días de parrilla), en lo esencial, debido a la oposición a las mismas esgrimidas por la demandada en el juicio oral, fueron suficientemente debatidas. Tienen reflejo explícito en el relato fáctico, también, en lo esencial que opta, con claridad, por el resultado que obtiene de las deducidas de la declaración testifical y otras documentales (no las referidas trascripciones, exclusivamente), concluyendo que estos días no se disfrutan en periodo estival. De lo que se deduce que, ninguna otra justificación de las ausencias se pretende por el recurrente. Y, sobre las que las indicadas trascripciones nada aportan con fehaciencia (en su literalidad).

Por ello, no cabe tildar de incongruente a la sentencia recurrida, o que carezca de motivación sobre las razones que llevan a la decisión adoptada, ni que le cause indefensión al recurrente, por falta de justificación expresa de su rechazo a la impugnación de esta documental.

Sino, más bien, es desestimatoria de las pretensiones fácticas y jurídicas opuestas, en tal extremo por el recurrente. Lo que no causa indefensión cuando puede y, de hecho, impugna por la vía de revisión fáctica y jurídica (luego, conoce las razones que llevan a la desestimación de la impugnación de los citados wasaps), también este pronunciamiento.

Bastando la mera contestación genérica en la recurrida, incluso, la tácita, no debiendo responder pormenorizadamente a todas las pretensiones de los litigantes, para desestimar esta pretensión.

4.-Por último, en lo que a la falta o motivación errónea se refiere, la doctrina jurisprudencial declara que: "Ciertamente la motivación de las resoluciones judiciales no sólo viene impuesta por el art. 120.3 CE , sino que es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que tiene el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos, a la par que está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho ( art. 1.1 CE ) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, y que en todo caso es garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia..."( STS/4ª de 3-11-2016, recurso de Casación núm. 255/2015).

Así, la sala considera que la recurrida cumple la exigencia de motivación cuando -como en autos- se expresan los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los hechos que se estiman probados y los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Poniendo así de manifiesto la ratio decidendidel fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión jurisdiccional.

Dando respuesta a las exigencias legales derivadas del deber de motivación de las resoluciones judiciales en la sentencia impugnada. Pues, los argumentos que han llevado a desestimar la demanda de despido, según el propio relato de la recurrida, son conocidos por el recurrente.

El Juzgador de lo Social no viene obligado, en esta valoración conjunta de la prueba, a acomodarse a la pretensión del actor u oposición de la demandada. El derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes y tutela judicial efectiva ( arts. 24.2 CE y 87.1 de la LRJS) , derecho inseparable del derecho mismo de defensa ( STC 1/1996, de 15 de enero, rec. 1917/1993) que opera en cualquier tipo de proceso, también, el laboral, lleva a concluir, de lo actuado, que no se produce indefensión a la parte recurrente. Lo que no se identifica con el resultado de la practicada en el juicio oral, contrario a sus intereses, sobre su falta de justificación de las ausencias imputadas en la carta de despido comunicada. No alcanzando tales derechos a que sean tenidas como acreditadas circunstancias fácticas controvertidas por las practicadas a instancia de uno de los litigantes o las propuestas, habiendo prueba de signo contrario (en la presente Litis, la aportada por la parte demandada en su conjunto, no solo la impugnada).

Tampoco, garantiza una exhaustiva explicación de las razones que le llevan optar, ante documental u otras pruebas discrepantes, pero, ninguna de ellas prevalente sobre el resto (como luego se verá en los motivos de revisión fáctica también propuesto), a optar por la propuesta por la parte demandada.

Sin que los preceptos citados en el recurso autoricen alterar el carácter extraordinario del interpuesto, ni a valorar el conjunto probatorio aportado de forma contraria a lo concluido en la recurrida, dados los términos regulatorios, que lo impiden. Pues, a tal efecto no es suficiente con la mera alegación de impugnación de una concreta documental, sin solicitar trámite alguno para su evaluación (de haber pretendido que no se corresponden a la realidad), ni consignar protesta en caso de que se hubiese denegado esta petición (que no ha sido).

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de la nulidad de actuaciones postulada.

TERCERO.-Con amparo procesal en la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente solicita la supresión del hecho probado segundo de la recurrida. Considerando que la valoración de la documental en que se sustenta infringe doctrina jurisprudencial y suplicacional que estima de aplicación. Respecto de los pantallazos de wasap que la parte demandada incluye en su documental (doc. 6) acogido en este relato.

Denunciando que no es documento fehaciente ni literosuficientes y, por tanto, alega, no demuestran por sí solo de forma clara, directa y patente, lo que la parte demandada pretende. Con relación a la presunta comunicación del empleado de que no quería continuar en la empresa.

1.-En orden a la supresión fáctica interesada, el precepto en que se funda con relación a lo establecido en el artículo 196.3 del mismo Texto legal, determinan que es preciso que el recurrente se funde en documento fehaciente que sin necesidad de análisis ni conjeturas evidencie error del Juzgador en el relato atacado. No teniendo acceso al extraordinario recurso formulado, la valoración conjunta del total de actividad probatorio desplegado ( art. 74 y 97.2 LRJS) , y siempre que ello sea necesario al recurso.

En su atención, puesto que el resto del relato de la recurrida, no impugnado es suficiente para la confirmación de la recurrida. Dado que se indica en el HP 3º que no acudió a trabajar los días indicados en la carta comunicada, sin relato que sustente la justificación de sus ausencias.

No siendo fehaciente la documental que cita, es cierto, pero con relación a una valoración en la instancia de la mencionada documental, cuando el juzgador no precisa dicha fehaciencia, por la facultad que le incumbe del art. 97.2 LRJS, con relación al art. 87 del mismo Texto, pues puede valorar el conjunto de lo actuado. Siendo el recurrente el que precisa dicha fehaciencia y literosuficiencia para alterar el relato atacado. Lo que no lo constituye, su mera impugnación, pero sin cita documental de superior valor a lo ponderado en la recurrida. Porejemplo, de la que pudiera deducirse que el teléfono de la conversación trascrita no es suyo, que se trascriben parcialmente las conversaciones o que no se corresponden a la realidad de la mismas.

2.-En especial, cuando no trascienden las declaraciones testificales ni las aclaraciones de quienes participan en dichas conversaciones telefónicas a la valoración por la sala (SSTS/4ª de 24-1-2020, rec. 3962/2016; y, 16-10-2018, rec. 1766/2016), junto con otras documentales (comunicaciones con la usuaria, partes de trabajo...). No existiendo tacha de testigos en el proceso laboral, conforme al art. 92.2 LRJS.

Por lo tanto, al no citar el recurrente documental de tal circunstancia (fehaciente) y directa que evidencie, lo que en definitiva pretende. No se accede a la modificación propuesta; que, además, es intrascendente al recurso.

CUARTO.-Con fundamento en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente interesa la revisión del derecho aplicado en la instancia, denunciando infracción, por interpretación errónea, en la recurrida de lo establecido en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Niega la justificación de contrario y, ello, pese a haber sido solicitada con carácter anticipado, sobre que las ausencias se producen por un "exceso de parrilla" que da derecho al oportuno descanso del empleado. Rechazando la veracidad de la testifical propuesta por la empresa.

Prestando servicios el recurrente a través de la demandada en la empresa ASPLA, en turnos de trabajo de mañana, tarde y noche, con ciclo de 7-2, 7-2 y 7-3, días de trabajo y descanso. Que producen exceso de jornada, -afirma- no compensado. No habiéndole correspondido trabajar los días 22 y 24 de agosto, no compensados ni disfrutados, según su calendario.

Solicita la revocación de la recurrida, al no haber incurrido en falta muy grave según convenio, estando todos los días de ausencia debidamente justificados. Declarando el despido improcedente, con las consecuencias a ello anudadas.

1.-Reiterar que el relato que sustenta esta resolución es el declarado probado en la recurrida, por lo que el recurrente carece el dato básico que sustenta su recurso. Pues, en ella se afirma que no acudió a trabajar los cuatro días de agosto que se indican. Conocía que tenía el trabajo de su categoría asignado en el centro y turno correspondiente.

Y, lo que no cita el recurrente es documento fehaciente que sin precisar conjetura alguna, justifique que todos o alguno de ellos, eran días de descanso compensatorio del exceso de jornada que pretende. A lo que no es suficiente con su mera pretensión de que así sucediese o, incluso, lo que, no obstante, no se declara probado, hubiese días que compensar por exceso de jornada.

Pues, para ello se precisaría de su petición y, en caso de denegación, su oportuna reclamación. No incumbiendo al empleado unilateralmente su fijación para disfrute.

No apreciándose falta de valoración de las circunstancias invocadas o que se estiman probadas en la instancia, sino, más bien, ante el fracaso de la pretensión de prueba por la demandante de que disfrutaba "días de parrilla".

2.-El convenio colectivo aplicable, en su art. 52.2 dispone que es falta muy grave, sancionable con despido, faltar al trabajo más de dos días al mes sin justificación.

Y, al no justificar el recurrente por reconocimiento expreso o tácito de la empresa (al contrario, en el relato de la recurrida se establece que los días de parrilla que postula no se disfrutan en periodo estival que es el de las ausencias imputadas) que además ni siquiera se considera probado se hiciese tal comunicación a la empresa por el empleado.

Luego, en modo alguno aceptada o con expresiones que pudieran inducir al trabajador (en relato de la recurrida) a considerar que estaba en el disfrute con anuencia de su empleador, lo que podría justificar la rebaja de la gravedad de la falta imputada.

Y, la resolución del recurso formulado debe partir del inalterado relato de la recurrida. En el que, básicamente, se niega, justificación alguna de las ausencias que se le imputan (ni siquiera sería suficiente con la comunicación del empleado).

Así, no puede atenderse a la reproducción de su argumentación sobre que en las ausencias que se le imputan, concurre periodo de descanso, ni siquiera, bajo la posibilidad (solo ponderable en la instancia) de que el trabajador creyese que disfrutaba del mismo. Puesto que el relato que sustenta la conclusión de la instancia es contrario a ello. Sin que sus decisiones en tal materia, sean determinantes para justificar las ausencias, por sí sola, ni consta documento fehaciente del que pueda obtenerse que tenía derecho a tales descansos.

Por ello, teniendo por acreditado en la recurrida la ausencia al trabajo durante cuatro días en un mes, su despido por trasgresión de la buena fe contractual y ausencias injustificadas del art. 54.2 ET y arts. 52.2 y 53 del convenio colectivo aplicable, sustentan la decisión de la recurrida, al declarar la procedencia de su despido.

Una vez imputado en la carta de despido ausencias injustificadas ( art. 105.1 de la LRJS) , siendo jornada laboral ordinaria, le incumbe la prueba de la justificación de su inasistencia al empleado ( SSTS/4ª de 17-7-2018, rec. 2474/2017; y, 27-3-2012, rec. 1291/2012).

Por lo que, a tales efectos, acreditado en la instancia su inasistencia al trabajo (lo que ni siquiera niega el recurrente), los días que se imputan en la carta de despido, le correspondería acreditar que estas ausencias se debieron a circunstancia objetiva o subjetiva, que permita declararlas justificadas; o, al menos, que rebajen la gravedad de la falta imputada.

Según la parte actora, disfrutaba de descansos, pero no son concedidos por el empresario (en el relato de la recurrida, ni siquiera consta su petición). Actuaciones, expresiones y manifestaciones de partes que solo en revisión conjunta y tendente a la gravedad de la falta se pueden valorar en la instancia, pues, no es preciso, por ser un deber básico del empleado de asistir al trabajo salvo concesión del oportuno permiso por el empleador o su impugnación en legal forma, requerimiento de personarse al trabajo.

E, inalterado el relato de la instancia del que se deduce que el trabajador no acudió a su puesto de trabajo los indicados cuatro días del mes de agosto de 2024, sin causa que lo justifique.

Incluso, en la necesaria individualización relativa al análisis de los hechos que funda la sanción disciplinaria por despido con relación a las concurrentes, personales y objetivas, con relación a la doctrina jurisprudencial reiterada sobre la teoría gradualista invocada, se trata de una infracción del empleado por hecho muy grave, sancionable con el despido notificado. En atención a lo preceptuado en el art. 54.2 del ET invocado; sobre todo, al calificarlo como tal, el convenio sectorial aplicable.

El empresario puede, por ello, deducir las consecuencias extintivas disciplinarias que derivan de esa falta de justificación, subsumible en el incumplimiento contractual grave y culpable previsto en el invocado art. 54.2.a) ( SSTS/Sala Social de 22-3-1990, RJ 1990\2327; 1-10-1987, RJ 1987\6795; 6-5-1981, RJ 1981\2105; y, 20-10-1980, RJ 1980\4018 ( STS S 4ª de 22-3-1990, RJ 1990\, entre otras).

3.-En congruencia con lo anterior debe desestimarse el recurso del actor y considerar que la calificación del despido, de conformidad con la normativa que califica de falta muy grave, la inasistencia al trabajo, sin justificación, durante más de dos días en un mes, no infringe los preceptos citados en el recurso. Y, como en la instancia, concluir con la procedencia del despido comunicado, sin derecho a indemnización del trabajador.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,