Sentencia Social 251/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 3862/2025 de 21 de enero del 2026

PRIMERO.-La sentencia dictada en instancia estima parcialmente la demanda y declara la improcedencia del despido de la trabajadora Dña. Genoveva , despido con fecha de efectos de 30 de abril de 2024, condenando a la empresa demandada a optar entre: 1) la readmisión de la parte actora en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido, o a abonarle una indemnización por despido improcedente que supone un total de 13.167,27 euros.

La sentencia desestima la pretensión de declaración de nulidad del despido interesada por la actora en su demanda.

Frente a la sentencia dictada en instancia, la trabajadora demandante interpuso recurso de suplicación solicitando la declaración de nulidad del despido, por entender que la causa del mismo es una discriminación por motivos de salud, existiendo también una vulneración de su intimidad.

SEGUNDO.-La parte actora, en su escrito de recurso, discute el relato fáctico de la sentencia de instancia, al amparo del art. 193 b) LRJS -"Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas"-.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de los Tribunales Superiores, interpretando el precepto citado, han venido exigiendo para acoger una revisión de hechos en aplicación del art. 193 b) LRJS:

(1) Que tal revisión se funde en un medio de prueba hábil. Con el art. 193. b) LRJS ha de tratarse de la prueba documental y de la pericial. No se ha admitido la alegación de prueba negativa, es decir, la consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido suficientemente, salvo en el caso de que se haya infringido la regla constitucional de mínima actividad probatoria, es decir, si existe una total y absoluta falta de prueba al respecto - STS 18-3-1991 y STS 3-4-1998-.

(2) No se han incluido dentro de la prueba documental o pericial los informes de investigadores privados ( STS 24 febrero 1992). Tampoco los medios de reproducción de la palabra, de la imagen o del sonido ( STS 16 junio 2011), pero el Tribunal Supremo ha matizado o precisado su jurisprudencia en la STS de 23 de julio de 2020 (rec: 239/2018), que citamos en parte, dada su relevancia:

"El avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de autenticación). Si no se postula un concepto amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo. En consecuencia, debemos atribuir la naturaleza de prueba documental a los citados correos electrónicos obrantes a los folios 730, 731 y 505 de las actuaciones. Ello no supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia."

(3) Que la prueba alegada revele un error del juzgador, de modo palmario o evidente, sin necesidad de conjeturas, ni hipótesis o razonamientos. Fuera del supuesto referido, ha de prevalecer la apreciación fáctica del órgano de instancia, y en especial en el caso de que la prueba invocada resulte contradicha por otros medios de prueba - SSTC nº 44/1989 de 20-2-89; y 24/1990, de fecha 15-2-1990; y SSTS 30-10-91, 22-5-93, 16-12-93 y 10-3-94-. Y así, con la excepción indicada, no es posible sustituir la percepción de la prueba del juzgador de instancia por un juicio valorativo de la parte interesada ( SSTS 6-5-85 y 5-6-95).

En tal sentido, ha señalado la STS de 23 de julio de 2020 (rec: 239/2018), en relación con ello que: "En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011 ; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018 , con cita de otras muchas)."

(4) Ha de tener tal revisión trascendencia para modificar el fallo de instancia, - SSTS de 28-5-2003; 02-06-92; 16-04-14 (Rec. 261/13); y 25-05-14 (Rec. 276/13)-. En relación con ello, ha matizado el Tribunal Supremo que: "...pese a que sea exigencia de toda variación fáctica que la misma determine el cambio de sentido en la parte dispositiva, en ocasiones, cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental"( STS 14-6-2018; rec: 189/2017).

(5) La modificación propuesta no ha de contener valoraciones jurídicas predeterminantes del fallo. Así ha señalado el Tribunal Supremo que: "...la modificación o adición que se pretende no sólo debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas ( SSTS 27/01/04 -rco 65/02 -; 11/11/09 -rco 38/08 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -), pues éstas no tienen cabida entre los HDP y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica ( SSTS 07/06/94 -rco 2797/93 -; ... 06/06/12 -rco 166/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -)."- STS 14-6-2018 (Rec. 189/2017)-.

(6) Y se exigen determinados requisitos formales en la interposición del recurso de acuerdo con el art. 196.2 y 3 LRJS, que afectan directamente al motivo de revisión de hechos probados del art. 193 b) LRJS. Y así: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, proponiendo en su caso una redacción alternativa de los hechos probados; y b), que se precise a través de qué concreto medio de prueba hábil a efectos de suplicación se pretende esa revisión -por todas, SSTSJ Galicia 16-09-15 (Rec. 1353/14); 12-06-15 (Rec. 4364/13); 14-05-15 (Rec. 4385/13); 09-03-15 (Rec. 3395/13); 11-02-15 (Rec. 970/13); 20-01-15 (Rec 3950/14)-.

Pretende la demandante y ahora recurrente en primer lugar, que se modifique el hecho probado noveno de la sentencia, que deberá tener la siguiente redacción: ""El 20.3.2024 estaba programada la visita de la Presidenta de la Empresa a la ciudad de Vigo.

Dña. Genoveva solicitó a Dña. Lourdes, su superior directa, instrucciones en cuanto a la necesidad de su presencia en dicha reunión, pues los dos días inmediatamente anteriores tenía una reunión en Oporto y así poder organizarse logísticamente, contestándole doña Lourdes el día 11 de marzo que no era necesario que fuera, pero que valorase dicha oportunidad, en atención al programa y las personas con quienes se iba a estar.

Dña. Genoveva, el día 18 de marzo reiteró la solicitud de instrucciones, y ante la respuesta de Dña. Lourdes, reorganizó su agenda para asistir finalmente a la reunión."

Pretende la recurrente esta modificación basándose en los docs 4 y 13 de la prueba de la demandada, donde figura una cadena de correos electrónicos.

La revisión de hechos probados pretendida por la parte recurrente no prospera, y ello por cuanto la recurrente refiere en el escrito de recurso que fundamenta su pretensión en los doc. 4 y 13 de la prueba de la demandada, que contienen una cadena de correos electrónicos, pero no obstante no identifica con claridad y precisión los documentos concretos de los que de manera literosuficiente se derivaría la modificación interesada, pretendiendo una nueva valoración de la prueba y obviando que el recurso de suplicación es extraordinario y no es una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, y a tales efectos son invocables documentos y pericias, y exclusivamente en tanto que tales pruebas -documentos y pericias- evidencien por sí mismos el error sufrido en la instancia, por ello a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente ( SSTS de 17-octubre-90 [RJ 1990\7929] y 13-diciembre-90 [RJ 1990\9784]), hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así, SSTSJ Galicia, entre otras, de 3-3-00 [AS 2000\487], 14-4-00 [AS 2000\1087], 15-4-00...).

Y esto es lo que ocurre en el presente caso, por lo que, como ya hemos dicho, no ha lugar a la modificación del hecho pobado noveno de la sentencia.

En segundo lugar, pretende el demandante que se añada un nuevo párrafo al hecho probado duodécimo con el siguiente tenor literal: "Para poder asistir a las jornadas territoriales de la empresa, Dña. Genoveva tuvo que volar desde Santiago el día 9 de enero a las 8 de la mañana, y de vuelta el viernes día 12." Y asimismo interesa que el hecho probado decimoquinto tenga la siguiente redacción:" El ordenador utilizado por la actora mientras trabajaba en Red Eléctrica fue examinado en el juzgado el día 29/11/2024, pudiendo verificarse que el disco duro había sido desmontado con anterioridad (tornillo tenía marcas de desmontaje previas), así como que se había accedido el día 6 de noviembre de 2.024 a la carpeta de usuario con credenciales de administrador, apreciándose evidentes signos de manipulación."Solicita también que se añada un nuevo párrafo a este hecho probado con el siguiente tenor literal: "Siendo la carpeta de la usuaria se verifica la última vez que ha sido accedida. Se detecta que la carpeta ha sido accedida el día 6 de noviembre de 2024, acceder a esta carpeta es condición necesaria para ver y/o modificar cualquier fichero que contenga."Y también un nuevo párrafo al hecho probado decimosexto con el siguiente contenido: " Para poder acceder a la clave de encriptado del disco duro no es necesario arrancar el ordenador, y en todo caso, para poder acceder a la clave de encriptado es necesario que el mismo esté arrancado al menos durante cuatro minutos."

Dichas modificaciones las interesa la parte recurrente al considerar que se desprenden de los informes periciales aportados a autos por ambas partes litigantes.

La revisión de hechos probados pretendida tampoco prospera, y ello porque se basa esta pretensión en los mismos documentos que ya fueron valorados por la Magistrada de instancia, por lo que reiteramos lo que ya hemos expuesto anteriormente acerca de que lo pretendido por el recurrente es una nueva valoración de la prueba, obviando que el recurso de suplicación es extraordinario y no es una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo excepcionalmente se puede fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, cuando se evidencie de los documentos referidos el error sufrido en la instancia, certidumbre del error que excluya toda situación dubitativa, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, en donde el recurrente lo que pretende es sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte, lo cual ha de ser rechazado.

TERCERO.-En segundo lugar recurre la actora al amparo del art. 193 c) LRJS -"Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia"-.A tal efecto alega la infracción del art. 55 del ET en relación con el art. 6.4 del Código Civil y art. 24 y concordantes de la Carta Social Europea, así como los arts. 14, 18, 10, 24 y 35 de la Constitución española y la jurisprudencia que los desarrolla.

Alega en apretada síntesis que el despido del que ha sido objeto debe ser declarado nulo por vulneración del derecho a la no discriminación por motivos de salud y por vulneración del derecho a la intimidad.

Y entrando ya a analizar el recurso interpuesto por la parte actora, en el que solicita que se declare la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, hemos de decir que la jurisprudencia mantiene de forma reiterada que cuando se alegue que una determinada decisión empresarial vulnera derechos fundamentales del trabajador, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio contra un derecho fundamental, pero antes se requiere que el trabajador acredite la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción de la vulneración del derecho fundamental alegada; indicios que consideramos no concurren en el caso que nos ocupa, pues como así correctamente refiere la Magistrada de instancia en el fundamento jurídico tercero de la sentencia que respecto a la garantía de indemnidad, vulneración ésta que ya no se reitera en el recurso, no se alega ni se aporta indicio alguno de que la actora haya presentado reclamación judicial o extrajudicial, denuncia ante Inspección de Trabajo, o cualquier actuación previa a la defensa judicial de sus intereses, por lo que se desestima dicha pretensión.

En segundo lugar, respecto a la vulneración del derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del art. 18 CE. consta acreditado que la superior jerárquica de la actora (Doña Lourdes) solicitó a la actora que compartiera su agenda, a consecuencia de las quejas de la carga de trabajo por parte de la actora y de las incidencias ocurridas en la programación de citas. La actora le envió correo electrónico a Doña Lourdes el 2.4.2024 que permitía compartir el calendario de la actora. A partir de entonces Doña Lourdes podía ver títulos, eventos, horas y ubicaciones de la referida agenda.

En cuanto a la violación del derecho a la intimidad del art. 18 CE, el actual artículo 20 bis del ET establece que "Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales". En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se regula en el artículo 87 el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral estableciendo en el apartado 2 "El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos". Por lo tanto, dado que el acceso a la agenda de la actora por parte de la superior jerárquica vino motivado por las incidencias ocurridas en la programación de las reuniones y que eran responsabilidad de la actora, el mismo está amparado por el citado artículo 87.2 de la LO 3/1987. Además a ello se une que la empresa aporta protocolo de conducta del uso de los sistemas informáticos y de comunicaciones, que establece que el material informático proporcionado por la empresa tendrá una finalidad profesional y que en supuestos excepcionales en que se usen para fines particulares, se deberá almacenar la información personal de forma independiente, separada y correctamente identificada como tal. Dicho protocolo se entregó a la actora en el momento de la contratación. Por lo tanto, no existe indicio de vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones puesto que el acceso por la superior jerárquica estaba amparado en el art. 87.2 de la LO3/1987, y la actora era conocedora del protocolo vigente en la empresa que establece la forma en que se debe almacenar por los trabajadores la información personal en los equipos informáticos corporativos, siendo evidente que la inclusión de citas médicas en la agenda debería haber seguido el citado protocolo por la actora.

Por último, la actora invoca discriminación por razón de enfermedad, y como así argumenta correctamente la Magistrada de instancia, con la entrada en vigor de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, se produjo la superación de la doctrina jurisprudencial que entendía como no discriminatoria la situación de IT si no iba acompañada de una situación de discapacidad, atendida la doctrina emanada por el TJUE. El art. 26 de la citada Ley 15/2022 determina la nulidad de pleno derecho del acto que causa una discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado primero del artículo 2 de dicha ley, que incluye la enfermedad o condición de salud. Ahora bien, no estamos ante un supuesto de nulidad objetiva del despido sino de un supuesto de nulidad por vulneración de derechos fundamentales que requiere conforme al art. 181.2 de la LRJS la aportación de un indicio de tal vulneración por parte de la actora y, presentado el indicio se desplaza la carga de la prueba a la empresa, que debe aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Como así se hace constar en la sentencia de instancia, la sentencia del TSJ Galicia de 24.1.2024 (recurso suplicación 4500/2023) establece: "Como señala la doctrina citada, no puede sostenerse que la situación tras la entrada en vigor de la Ley 15/2022 sea igual a la que existía hasta su aparición, partiendo de que el art. 55 ET establece que será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley y la discriminación por enfermedad se encuentra recogida en una ley. El tratamiento diferente por tener el trabajador una enfermedad es así un supuesto de discriminación directa, en los términos del art. 6.1.a Ley 15/2022 (" la discriminación directa es la situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2") y su art. 26 impone la declaración de nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el art. 2.1.

Es relevante que la norma se refiere simplemente a enfermedad, sin exigir situación de incapacidad temporal, aunque resulta útil para comprobar su existencia. Tampoco establece que la enfermedad tenga una determinada intensidad, gravedad, o permanencia, separándola de la noción de discapacidad. No se está sin embargo ante un supuesto de nulidad objetiva de las previstas también en el art. 55 ET (embarazo y situaciones de conciliación de la vida familiar y laboral), de modo que en la calificación de la extinción cabe, además de la nulidad o procedencia, la de improcedencia.

En definitiva, con la Ley 15/2022 se amplían los supuestos en que una enfermedad puede constituir la base de un comportamiento discriminatorio de modo que la nulidad no requiere de una existente o previsible discapacidad, ni que la segregación o estigmatización se evidencie por la propia etiología o clínica de la enfermedad padecida sino que también queda protegido el trabajador ante actuaciones discriminatorias motivadas por la mera constatación de la situación de enfermedad, es decir, que no tienen causa en otra justificación objetiva, razonable y suficientemente probada. Vale decir que la segregación se materializa en la desprotección de su salud (o con en la pérdida del empleo, en casos como el de autos), con la consiguiente repercusión en relación con la situación de los demás trabajadores que pudieran verse implicados en similares circunstancias.

Siendo así, resulta indiferente qué enfermedad afecta al trabajador o su gravedad o duración previsible o que por sí misma constituya una dolencia estigmatizante a los efectos de integrarla entre los motivos de discriminación.

Así, la declaración de nulidad de la actuación empresarial exige probar que es consecuencia o a causa de la enfermedad o condición de salud, pero en los términos del art. 96.1 y 181.2 LJS ( reiterados por el art. 30.1 Ley 15/2022), de modo que si la actuación empresarial es consecuencia o a causa de la enfermedad debe calificarse como nula resultando aplicable el régimen de inversión de la carga de la prueba que establecen dichos preceptos, de modo que es la empresa la que tendrá la carga de probar que el despido no lo ha sido por causa de la enfermedad o condición de salud o que concurre una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la medida que ha adoptado y de su proporcionalidad.

Así en cuanto a la aportación de indicios o principio de prueba que actúa la inversión de su carga, bastará la situación de enfermedad en el entorno temporal de la medida adoptada cuando no hay ningún otro dato positivo -y no una mera ausencia de otras pruebas- en que basar la conducta empresarial sin que baste la alegación o invocación de una norma que ampara la conducta empresarial cuando tal invocación no pase de ser una argumentación que no tenga anclaje en hechos constatables".

Así pues, atendido lo anterior y constando una única baja médica de la actora de corta duración, de 16 a 22 de abril de 2024, en fechas anteriores al despido (por lo que no concurría situación de incapacidad temporal en el momento del despido), la cuestión controvertida pasa por determinar si dicha baja médica unido al conocimiento de otras citas médicas que constaban en la agenda de la actora pueden considerarse como indicio de discriminación por razón de enfermedad.

Y endendemos, al igual que lo ha hecho la Magistrada de instancia, que no existe indicio alguno de discriminación, pues como consta acreditado las únicas citas programadas de carácter médico que constan identificadas en el calendario de la actora son el reconocimiento médico de empresa anual de 4.5.2023 (que obviamente es un reconocimiento que se realiza a todos los trabajadores) y una cita para análisis de 20.11.2023. El resto de supuestas citas médicas o no se registraron en la agenda o aparecen identificadas con un punto ".". Por lo tanto, no se acredita el conocimiento por parte de la empresa o de la superior jerárquica de que dichos eventos registrados con un punto fuesen citas médicas. Y esas dos citas de 4.5.2023 y 20.11.2023 aparecen desconectadas temporalmente con el despido que se produce mucho después el 30.4.2024.

Por tanto no puede considerarse que la parte actora haya aportado indicio alguno de que el despido obedezca a discriminación por razón de enfermedad, dada la corta duración de la única baja que tuvo la actora durante la relación laboral y la ausencia de identificación como citas médicas de los datos registrados en la agenda del ordenador corporativo a los que tuvo acceso su superior.

Así pues, no existiendo indicio alguno de la vulneración de derechos fundamentales referida por la parte actora, no procede ni la inversión de la carga de la prueba ni la declaración de nulidad del despido de la demandante y, por tanto, desestimamos el recurso interpuesto por la parte actora y confirmamos la sentencia dictada en instancia tanto en lo que respecta a la no declaración de nulidad del despido (que conlleva además la desestimación de la solicitud de indemnización por vulneración de derechos fundamentales, vulneración que no ha existido), como en lo relativo a que sea incrementada la indemnización por despido improcedente con arreglo a lo dispuesto en el Convenio 158 de la OIT, pues acogemos la correcta fundamentación jurídica de la sentencia, que desestima esta pretensión con arreglo a lo establecido por el TS en sentencia 19 de diciembre de 2024, Rec 2961/2023 que determina que la indemnización tasada del despido improcedente, que regula la legislación española, ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos sin necesidad de tener que acreditar los concretos daños y perjuicios sufridos. Asimismo señala la sentencia que como ya ha señalado la doctrina constitucional el sistema de fijación de una indemnización tasada no es contrario a esa norma internacional.

Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación