Sentencia Social 1793/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 756/2025 de 21 de octubre del 2025

PRIMERO:Frente a la sentencia de fecha 4 de febrero de 2024, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, que desestimando la demanda de despido y vulneración de derechos fundamentales interpuesta por don Patricio frente a FCC Medioambiente, S.A.U. y al Excmo. Ayuntamiento de Castrillón, declara procedente el despido del actor, recurre el mismo en suplicación, interesando, al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, la modificación del relato fáctico de la sentencia impugnada, y denunciando, al amparo del art. 193.c) LRJS, la infracción de los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Española, del artículo 122.2 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social y de los artículos 34.8 y 53.4.b) del Estatuto de los Trabajadores, todos ellos en relación directa con el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio; del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 51 del mismo texto legal; de los artículos 44 y 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores; de los artículos 49 y 50 del convenio colectivo del Sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado (BOE nº 181, de 30/07/2013), así como el resto de normativa reguladora de aplicación; y de la jurisprudencia derivada del Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo.

Impugnan el recurso interpuesto ambas codemandadas, interesando la representación de FCC Medioambiente, S.A.U. dos revisiones del relato de hechos probados de la sentencia impugnada de conformidad con el artículo 197.2 de la LRJS.

SEGUNDO:En el primer motivo de su recurso, interesa el recurrente, al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, la modificación de los hechos probados primero y tercero de la resolución impugnada.

Cabe recordar, en primer lugar, los requisitos jurisprudencialmente exigidos para que la modificación del relato fáctico contenido en una resolución judicial a través del recurso extraordinario de suplicación interpuesto frente a ella pueda prosperar:

- En relación con los hechos, se exige que lo que se trate de modificar sea un enunciado contenido en el relato fáctico de la resolución impugnada, o bien una afirmación con valor fáctico contenida en la fundamentación jurídica de la misma. Puede pretenderse tanto la modificación de un enunciado en concreto, como su supresión, o la adición de un nuevo hecho al citado relato.

Además, la parte recurrente ha de proponer una redacción alternativa al enunciado que pretende modificar (o simplemente, la redacción del hecho que pretende introducir).

- En relación con la prueba, se exige que la modificación pretendida se desprenda directamente del contenido de una prueba documental o pericial concreta, obrante en las actuaciones y lícita, que sea invocada por la parte recurrente a tal efecto.

No se admite, por tanto, que la modificación se fundamente en pruebas de otro tipo, como puede ser el interrogatorio de parte o la testifical. Además, se excluye el valor de prueba documental a estos efectos de elementos como el acta del juicio, la demanda, las actas de la inspección de trabajo, etc.

Tampoco se admite que se fundamente la supresión de un hecho probado no en una prueba documental o pericial concreta, sino en la falta de prueba del mismo (prueba negativa).

No puede pretenderse a través de este motivo que el órgano judicial encargado de resolver el recurso realice una nueva valoración completa de la prueba practicada en instancia, tarea esta de la valoración de la prueba que corresponde exclusivamente al juez a quo y no puede ser suplida a través de un recurso extraordinario como es el de suplicación.

Asimismo, es necesario que la prueba en la que se fundamenta la pretensión de modificación no haya sido valorada por el órgano que dictó la resolución impugnada, salvo que se ponga de manifiesto el error en que el mismo podría haber incurrido en tal valoración.

- Por último, se exige que la modificación propuesta resulte trascendente, teniendo virtualidad para afectar al fallo de la resolución que se dicte.

Por todas, STS de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, que, en doctrina para el recurso de casación, pero aplicable al de suplicación, también de carácter extraordinario, se remite a muchas otras anteriores en relación con los citados requisitos, a la luz de los cuales pasamos a analizar cada una de las dos pretensiones de revisión fáctica formuladas.

En primer lugar, interesa el recurrente la modificación del hecho probado primero de la sentencia impugnada, consistente en la adición al mismo de dos párrafos del siguiente tenor literal:

"Al momento del despido, regía la relación laboral del actor el Convenio Colectivo del Sector de Saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado (BOE nº 181, de 30/07/2023).

El trabajador venía prestando sus servicios en régimen de teletrabajo parcial, desde el 15 de Febrero de 2024, tras solicitud de adaptación de jornada para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por cuidado directo de uno de sus progenitores y distribuyéndose el régimen de trabajo de la siguiente manera: teletrabajo de 08:00 s 10:00h y de 14:00 a 16:00h y trabajo presencial de 10:00 a 14:00h".

Se remite, para justificar tal adición, al convenio colectivo al que la misma se refiere, y a los documentos 7 y 13 por ella aportados (certificado emitido por Daorje, S.L.U. por el que se certifica la solicitud de teletrabajo del actor desde el 15/02/2024, correos electrónicos entre el trabajador y los responsables de tal empresa en relación con dicho "permiso" e informe médico aportado para justificar la causa de su solicitud).

Pues bien, en primer lugar, el convenio colectivo citado no es un documento que pueda fundamentar un motivo de revisión fáctica, sino una norma jurídica; siendo además el convenio colectivo de aplicación a la relación laboral entre dos partes no una cuestión fáctica, sino jurídica.

Además, en el presente caso, el convenio de aplicación no resulta discutido; ni siquiera la obligación de subrogación de la empresa demandada en el contrato de trabajo del trabajador recurrente; que es el único motivo que el mismo aduce para incluir en el relato de hechos probados el convenio colectivo de aplicación: que en el mismo se contiene tal obligación de subrogación. Por ello, la modificación planteada en relación con la cuestión del convenio aplicable resulta intrascendente.

Lo mismo cabe indicar respecto del segundo párrafo propuesto por el recurrente.

En primer lugar, en la fundamentación jurídica de la resolución impugnada, el juzgador a quo argumenta que no resulta posible entrar a conocer la adaptación de jornada por cuidado de familiar como causa justificativa de la nulidad del despido interesada en primer lugar por el demandante, no habiéndose ello solicitado en el momento procesal oportuno (indica que ninguna referencia se hizo a tal cuestión en la conciliación, en la demanda ni tampoco al inicio del acto del juicio, introduciéndose la misma en fase de conclusiones).

No entra a conocer, por tanto, de tal cuestión.

Frente a ello, el recurrente no invoca infracción de norma procesal alguna; ni interesa la nulidad de la sentencia impugnada con el objeto de que la citada causa de nulidad pueda ser enjuiciada.

Además, habiéndose ya indicado por el juzgador a quo en el acto del juicio, en fase de conclusiones, que tal cuestión no iba a ser estudiada, el mismo no formuló recurso ni protesta alguna. Tampoco en el momento de ratificación de la demanda, cuando en su recurso indica que, habiendo intentado hacer referencia al reiterado asunto de la nulidad por adaptación de jornada, el juzgador a quo se lo impidió.

Por otra parte, de los documentos que cita no se desprende la modificación interesada: el mero hecho de que le fuese reconocido el derecho a la adaptación de su jornada en febrero de 2024 no implica que tal adaptación se mantuviese vigente en la fecha de la subrogación y del despido.

Por ello, procede la desestimación de la pretensión de revisión del hecho probado primero de la sentencia impugnada formulada.

En segundo lugar, interesa el recurrente la modificación del hecho probado tercero de la resolución recurrida, consistente en la supresión de los siguientes dos incisos, en negrita:

"La empresa codemandada, FCC Medioambiente, S.A.U., mantuvo una reunión con la parte social el día 19 de Julio de dos mi veinticuatro a las 6:00 horas para tratar la subrogación del personal que se hacía efectiva dicho mismo día"

- "La empresa codemandada, dado que el actor no quiso firmar la recepción de la carta entregada en persona el diecinueve de julio de dos mil veinticuatro, le envió mediante burofax - además de la misiva extintiva, firmada por la empresa y el delegado de personal - un escrito en el que exponía. '...Pese a nuestra intención de proceder al abono de su indemnización en el día de hoy y ante la imposibilidad de obtener su número de cuenta corriente bancaria a través de la empresa saliente, ni tampoco en el propio acto de despido y con el fin de proceder al abono de la liquidación, preaviso e indemnización legal, precisamos que nos remita a la mayor brevedad dicho número de cuenta bancaria...".

Se remite, para fundamentar tales modificaciones a los documentos 1 y 17 por él aportados (carta de despido y liquidación y finiquito, y justificante bancario de abono).

Se refiere también a un minuto de la grabación de la vista, que no puede ser tenido en cuenta a efectos de revisión fáctica, no siendo prueba hábil a tal efecto.

Pues bien, de los documentos citados no se desprende que la reunión celebrada en fecha 19 de julio de 2024 no lo fuese para tratar la subrogación del personal que se hacía efectiva ese mismo día.

Por otra parte, tampoco se desprende de tales documentos que el burofax remitido al trabajador el día 19 de julio de 2024 no contuviese un documento con el tenor literal que pretende suprimir el recurrente.

Por ello, procede la desestimación de la pretensión de revisión del hecho probado tercero formulada.

TERCERO:En su escrito de impugnación del recurso, la empresa codemandada, FCC Medioambiente, S.A., formula, al amparo del artículo 197.2 de la LRJS, dos motivos de revisión fáctica.

En el primero de ellos, solicita la adición al hecho probado segundo de la sentencia impugnada de un párrafo con el siguiente contenido:

"El Ayuntamiento de Castrillón facilitó a FCC MEDIOABIENTE un listado de los trabajadores adscritos al servicio de limpieza viaria en el que se recogían los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, Convenio aplicable, categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, jornada completa, vencimiento del contrato y retribución bruta anual".

Se remite, para fundamentar tal adición al documento número 13 por ella aportado.

El texto que se pretende introducir resulta irrelevante. En primer lugar, porque como hemos indicado, la cuestión relativa a la nulidad del despido por adaptación de jornada considera el juzgador a quo que no puede entrarse a conocer por no haber sido invocada por el demandante en el momento procesal oportuno, razonamiento y decisión frente a los cuales no se invoca infracción procesal alguna.

En segundo lugar, el mero hecho de que la lista remitida a la empresa codemandada por el Ayuntamiento de Castrillón no hiciese referencia a la adaptación de jornada del actor no implica que tal empresa no hubiese tenido de otro modo conocimiento de tal circunstancia (la razón que la misma da para la adición que pretende es precisamente la de justificar que no tenía tal conocimiento).

Por ello, el motivo de revisión fáctica expuesto debe ser desestimado.

En segundo lugar, interesa la empresa en su escrito de impugnación la modificación del hecho probado tercero de la sentencia impugnada consistente en la adición al mismo de la fecha en la cual se remitió al actor el whatsapp al que tal hecho se refiere (19 de julio de 2024).

Se remite, para fundamentar tal adición al documento número 6 por ella aportado.

En el mismo, efectivamente, se refleja la fecha indicada por la recurrente, que además puede inferirse de la redacción del hecho probado que se pretende modificar pero cuya inclusión admitimos, para mayor claridad.

Procede, así, la estimación del segundo motivo de revisión fáctica formulado en el escrito de impugnación de FCC Medioambiente, S.A.U.

CUARTO:En el segundo de los motivos del recurso que formula, amparado en el apartad c) del artículo 193 de la LRJS, denuncia el recurrente la infracción de los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Española, del artículo 122.2 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social y de los artículos 34.8 y 53.4.b) del Estatuto de los Trabajadores, todos ellos en relación directa con el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio; del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 51 del mismo texto legal; de los artículos 44 y 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores; de los artículos 49 y 50 del convenio colectivo del Sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado (BOE nº 181, de 30/07/2013), así como el resto de normativa reguladora de aplicación; y de la jurisprudencia derivada del Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo.

Alega que el despido de que fue objeto por la empresa demandada debió ser declarado nulo o subsidiariamente improcedente por varias razones:

- En primer lugar, debió considerarse nulo por haberse producido encontrándose el trabajador en situación de adaptación de jornada para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral conforme al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

- En segundo lugar, debió considerarse también nulo por vulnerar su derecho a la no discriminación y a la libertad ideológica, al haber tenido como móvil su afiliación al PSOE, cuando el Ayuntamiento codemandado es, mayoritariamente, de otro signo político.

Defiende, además, en relación con esta cuestión, la responsabilidad de la citada corporación, por haber mostrado su aquiescencia y haber adoptado una posición de pasividad frente a la decisión acordada por la empresa, cuando los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas del contrato en virtud del cual se adjudicó a tal empresa el servicio en el que trabajaba el recurrente, establecían un deber de controlar el estricto cumplimiento de tal contrato, y dentro del mismo, de la obligación de la empresa adjudicataria de mantener la plantilla.

- En tercer lugar, la carta de despido no cumple los requisitos formales legalmente exigidos, al no exponer con claridad y precisión las causas del despido, teniendo en cuenta que las expuestas en la misma no son suficientemente justificativas del mismo.

- En cuarto lugar, la empresa infringió su obligación de abono inmediato de la indemnización, sin que exista motivo alguno para eximirla de responsabilidad en relación con tal incumplimiento.

- Por último, el despido del actor "encubre" un incumplimiento de la obligación de subrogación a que está sujeta la empresa codemandada, puesto que se produjo con anterioridad a comenzar a prestar servicios en la misma y además, no se encuentra justificado, conforme luego se expondrá.

QUINTO:En relación con la primera de las cuestiones planteadas, la relativa a la nulidad del despido por tener el trabajador afectado su jornada adaptada por causa de conciliación de su vida personal, familiar y laboral; en ningún caso podría ser la misma estimada.

En primer lugar, como ya hemos expuesto, el juzgador a quo considera en su resolución que no resulta posible entrar a conocer de la pretensión de declaración de nulidad del despido por tal circunstancia porque la misma no fue adecuadamente invocada en la conciliación ni en la demanda, ni siquiera en el momento de su ratificación o ampliación.

Frente a tal decisión, no alega el recurrente, al amparo del apartado a) del artículo 193 de la LRJS, la infracción de norma alguna de naturaleza procesal; ni interesa, como debería haber realizado, la nulidad de la resolución impugnada y la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno para que pueda, el juzgador de instancia, pronunciarse sobre tal cuestión.

Además, habiendo ya manifestado en el acto del juicio, tras interesar el demandante el fase de conclusiones la declaración de nulidad del despido por la razón citada, el juzgador a quo, su decisión de no pronunciarse sobre tal cuestión, no formuló el ahora recurrente recurso o protesta alguna frente a tal decisión.

Tampoco lo hizo al inicio del juicio cuando, indica en su recurso que, habiendo intentado en fase de ratificación de la demanda, alegar y argumentar la causa de nulidad citada, el juzgador no se lo permitió.

Por otra parte, no existe constancia en la resolución impugnada de que, a la fecha del despido, el actor tuviese su jornada adaptada por razón de conciliación; circunstancia que no se ha logrado, por los motivos arriba expuestos, introducir en el relato de hechos probados.

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación que nos ocupa, únicamente pueden ser tenidos en cuenta para su resolución los datos que se desprenden de la citada resolución recurrida, sin poder atender a cuestiones que, invocadas en el recurso, no constan acreditadas.

Ello lleva, tal y como viene entendiendo reiteradamente la jurisprudencia, a la imposibilidad de estimar aquellos recursos que fundamenten sus motivos de censura jurídica en hechos distintos de los contenidos en tal reiterado relato fáctico, o en previos motivos de revisión fáctica que han resultado desestimados.

Por ello, no procede la declaración de nulidad del despido por la circunstancia invocada en primer lugar por el recurrente, de encontrarse el trabajador en situación de adaptación de jornada por conciliación de su vida personal, familiar y laboral.

SEXTO:La segunda de las causas de nulidad invocadas tampoco puede ser estimada.

Alega el recurrente que su despido obedeció a su afiliación al PSOE, contrario al signo político del Ayuntamiento de Castrillón, en el que se enmarcaba el servicio que venía prestando, y que ello constituye una discriminación y una vulneración de su libertad ideológica.

Pues bien, en primer lugar, no consta en autos siquiera la composición del Ayuntamiento de Castrillón ni el signo político de este. Mucho menos que el mismo hubiese cambiado poco tiempo antes del despido del actor, quien llevaba años afiliado al PSOE, como consta en la sentencia impugnada, considerando el juzgador a quo que no se acredita un nexo temporal entre un posible cambio de signo político (al contrario del partido del recurrente) de la citada corporación, y el despido acordado.

Por otra parte, no consta tampoco que ninguna de las codemandadas tuviese conocimiento de la afiliación del recurrente al PSOE.

No existe, así, tal y como considera el juzgador a quo, indicio alguno de que la extinción de contrato acordada obedezca a su ideología o suponga la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Ello determina que no se fundamente responsabilidad alguna del Ayuntamiento de Castrillón, quien además, no está facultado para intervenir en las medidas laborales adoptadas por la empresa codemandada, afectando las mismas únicamente a su relación con sus propios trabajadores, que no tienen vínculo alguno con el citado Ayuntamiento; más allá de la posible responsabilidad que pudiese exigir a este en relación con el posible incumplimiento del contrato administrativo, no constando si se procedió a exigir o no tal responsabilidad.

SÉPTIMO:Tampoco cabe la declaración de improcedencia del despido por las causas formales alegadas por el recurrente.

En primer lugar, y en relación con la insuficiencia de la carta de despido, ni siquiera se argumenta en el recurso que no se haya expuesto adecuadamente en la carta una causa para la extinción contractual, sino únicamente que la expuesta no resulta suficiente para justificarla.

Ello no constituye un motivo de oposición formal, sino de fondo.

Como se desprende de los hechos probados de la sentencia impugnada, en la carta de despido se expuso detalladamente la causa organizativa del mismo, que era la duplicidad del puesto de trabajo que venía desempeñando el actor en la anterior empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Castrillón (Daorje): el de encargado de tal servicio.

Se indicó en la misiva que en la nueva empresa, existía ya, adscrito a los servicios centrales, un jefe de servicio responsable de los centros de trabajo situados en la zona nororiental de Asturias, que comprende Castrillón, que sería quien realizaría cuantas visitas fuesen necesarias al dicho centro de trabajo de Castrillón, para garantizar la adecuada prestación del servicio de limpieza viaria, asumiendo todas las tareas que venía desempeñando hasta ahora el recurrente.

Se expuso, por tanto, adecuadamente, la causa de se consideraba justificativa del despido, permitiendo al actor tener conocimiento de la misma y articular convenientemente su defensa.

Se cumplió, por tanto, el requisito de suficiencia contemplado en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que la comunicación escrita del despido deberá expresar los hechos que lo motivan y la fecha de efectos.

La exigencia de la adecuada relación fáctica en la comunicación de despido ha sido reiteradamente interpretada por la jurisprudencia en el sentido de que aunque no se impone una pormenorizada descripción de aquéllos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquellos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa.

Tal exigencia, conforme a lo expuesto, se cumple en el presente caso.

OCTAVO:En relación con el abono de la indemnización, el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores exige que el empresario ponga a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio.

No obstante, en el presente caso, como estima el juzgador a quo, la imposibilidad de cumplimiento simultáneo a la remisión de la comunicación de despido, así como la voluntad empresarial de su cumplimiento, se encuentra suficientemente justificada.

Consta en el relato de hechos probados que, ante la negativa del trabajador ahora recurrente a recibir la carta de despido en el momento en que la empresa intentó entregársela en mano, la misma remitió tal comunicación mediante burofax en la misma fecha. En tal burofax acompañaba escrito solicitando el número de cuenta para proceder al abono de la indemnización correspondiente, ante la imposibilidad de obtenerlo de la anterior empresa, ni tampoco en el intento de notificación en persona de la carta.

La misma solicitud se realizó mediante mensaje de Whatsapp, enviado al trabajador en la misma fecha.

Por otro lado consta que, una vez que el trabajador, mediante este último medio, remitió su número de cuenta el día 22 de julio, la empresa procedió, de manera inmediata al abono de la indemnización.

Así, habiéndose negado el trabajador a recibir en mano la carta de despido, y entendiéndose que tampoco pudo la empresa, por tanto, entregar por dicho medio, cheque o talón por el importe de la indemnización; la misma de manera inmediata le requirió para que le indicase su número de cuenta, a lo que el trabajador, habiendo recibido la comunicación, no contestó hasta tres días después, realizando la empresa la transferencia el mismo día en que tuvo contestación.

Teniendo esto en cuenta, debemos asumir que el único culpable de no haber recibido la indemnización de manera simultánea a la carta de despido fue el trabajador, no pudiendo, así, imputarse responsabilidad alguna a la empresa por el incumplimiento de tal obligación, que se encuentra justificado, precisamente, por la conducta de su empleado.

Por ello, la falta de abono simultáneo, en el presente caso, no puede justificar la declaración de improcedencia interesada en el recurso.

NOVENO:Por último, y en relación con la justificación de la causa de despido invocada en la carta de despido, y con el cumplimiento de la obligación de subrogación por parte de la empresa demandada, debemos considerar que como entiende el magistrado de instancia, la citada empresa, efectivamente, cumplió con su obligación de subrogación, procedió a dar de alta al trabajador demandante y asumió las consecuencias de su despido, abonándole la correspondiente indemnización.

No obstante, el mero hecho de que exista una obligación de subrogarse en un determinado contrato de trabajo, que no se discute en el presente caso, no implica que el nuevo empresario, una vez subrogado en la posición del anterior, no pueda proceder al despido del trabajador asumido, si existiese causa lega justificativa del despido.

En el presente caso, la empresa demanda invoca como tal causa la organizativa, prevista en el artículo 52.c), por remisión al 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Tal precepto considera que existe esta causa en aquellos supuestos en que se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.

En el presente caso, al entrar la nueva empresa en la prestación del servicio de limpieza de viales del Ayuntamiento de Castrillón con su propia estructura organizativa, se dio la circunstancia de que las tareas que en la anterior empresa y en tal servicio venía desempeñando el recurrente pasaron a ser realizadas por quien en la empresa codemandada era, ya desde tiempo atrás, el jefe de servicio responsable de los centros de trabajo situados en la zona nororiental de Asturias, entre los que se incluyó el de Castrillón.

Se justifica en la sentencia impugnada que, al contrario de lo que alega el recurrente, tal jefe de servicio pudo asumir tales funciones, no siendo necesaria su presencia cada vez que surgía alguna incidencia, sino que las mismas podían solucionarse a distancia, con la colaboración de un operario, como jefe de equipo, igual que se venía haciendo en otros centros de trabajo.

Justificado ello, la figura del ahora recurrente pasó a no resultar necesaria en la empresa codemandada, habiendo quedado vacía de funciones por la expuesta asunción de las que venía desempeñando por el Jefe de Servicio citado, que era ya antes de la subrogación en el contrato del demandante, parte de la estructura organizativa de la empresa demandada.

Partiendo de ello, como venimos reiteradamente indicando, no existe obligación del empresario de reubicar al trabajador que ha visto amortizado su puesto de trabajo. No consta, además, la circunstancia, alegada por el recurrente, de que, en el periodo posterior a su despido, la empresa demandada procediese a la realización de nuevas contrataciones, y menos aún de personal del perfil del recurrente.

Por ello, considerándose conforme a lo indicado, adecuadamente justificada la causa del despido del actor, procede la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia impugnada.

CUARTO:Siendo el recurrente beneficiario del derecho a asistencia jurídica gratuita, no procede hacer expresa imposición de costas.

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de general y pertinente aplicación,