Sentencia Social 598/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 610/2024 de 21 de abril del 2025

PRIMERO.-La sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Guadalajara de 8 de febrero de 2024 estima parcialmente la demanda declarando el derecho de los trabajadores demandantes a integrarse como personal con relación laboral indefinida en la EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS S.A. en el grupo profesional de oficios, O 3, con antigüedad de 18-2-2019 y el derecho a ser retribuidos de conformidad con el Convenio Colectivo para el personal de ENRESA para sus categorías, condenando solidariamente a las codemandadas a estar y pasar por dicha declaración.

La parte recurrente ENRESA interpone recurso que ha sido impugnado por la recurrida.

SEGUNDO. -El recurso se sustenta en varios motivos, uno para revisión fáctica y otro para examen de la normativa aplicada.

Al cobijo del art. 193 b) de la L.R.J.S. se postula modificación del Hecho Probado Quinto en varios apartados, citando la documental aportada, en concreto, el documento de transferencia de titularidad de la Central Nuclear José Cabrera, los Pliegos de Prescripciones Técnicas del servicio de mantenimiento de infraestructuras y de vigilancia y control de sistemas y equipos para el plan de desmantelamiento y clausura de la Central Nuclear José Cabrera, relativos a los contratos celebrados entre MARSEIN S.A. Y ENRESA y partes de trabajo.

Se interesa que se modifiquen diversos extremos:

a): "Hasta el 2019 el mantenimiento lo realizaba personal del titular de la central nuclear: Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, y no Enresa"

b): "La organización de su trabajo en actividades diarias, prestación de servicios para distintas áreas de actividad de ENRESA, distribución del trabajo, manejo de la "araña" (plataforma elevadora) se encuentran establecidos en el pliego de prescripciones técnicas donde están definidos de forma pormenorizada los trabajos, por lo general recurrentes y rutinarios, que corresponde realizar a la empresa adjudicataria; ello sin perjuicio de que puntualmente se hayan podido dar indicaciones sobre incidencias imprevistas/sobrevenidas".

c): "MARSEIN S.A. es quien controla a estos trabajadores, autoriza los festivos, las vacaciones y controla horarios, jornadas o ausencias, también controla los "días de compensación. El horario del personal de la contrata, según los pliegos, ha de adecuarse al horario general de la instalación".

A fin de resolver los motivos de recurso que nos ocupan, es preciso tener en cuenta que la posibilidad de revisar el relato fáctico se hace depender de que el error que se denuncia cometido por el Juez "a quo" quede fehacientemente acreditado en base a dos únicos medios probatorios, los documentos y las pericias, siempre y cuando a través de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error cometido, sin necesidad de tener que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el sentido que se pretenda extraer de aquellas pruebas, y en concreto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en orden a la interpretación de los arts. 193.b) y 196.2 y 3 de la LRJS vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:

1.- Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.- Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.- Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.- No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.- El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.- Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretenda vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.

7.- No es posible que el contenido propuesto para integrar el relato fáctico, contenga normas de Derecho o la exégesis de las mismas.

8.- La modificación o adición pretendida no debe contener valoraciones o calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo, ya que su adecuada y necesaria ubicación se sitúa dentro de la fundamentación jurídica de la sentencia.

9.- Por último, es necesario que la revisión propuesta, a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.

Aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso"(por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, rec. 19/2002)

No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas)."

Sentado lo anterior, las adiciones pretendidas no pueden prosperar dado que los documentos en que se apoya la recurrente para conseguir tal modificación no acreditan error alguno en la valoración de la prueba, apoyándose en documentos, o pericias ya valoradas por el Magistrado de instancia cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la L.P.L . De manera tal que en el Recurso de Suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido, y, sólo de excepcional manera, puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente -193.b) y 196.3 LRJS. - pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador "a quo" hubiera podido incurrir, o cuando los razonamientos que le han llevado a éste a su conclusión fáctica, a los que debes referirse en los fundamentos de derecho -artículo 97.2 de la citada Ley de Ritos -, carezcan de la más elemental lógica, lo que no concurre en nuestro supuesto.

El contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas no autorizan a comprender que su seguimiento sea fidedigno, automático y sacralizado, y hay que estar a los condicionantes y circunstancias realmente concernientes y visibilizadas en cada aspecto concreto de la ejecución, que no se compadecen al albúr de otros elementos de prueba y convicción que han sido reflejados y valorados por el juzgador, que además de los documentos que se citan incluyen prueba testifical y se valoran e interpretan para conformar el relato fáctico. No siendo posible una nueva evaluación de aquellos que ya se tomaron en consideración y han dado reflejo a otra plasmación fáctica. Los partes de trabajo no obstaculizan la realidad que se ha vertido en la sentencia, y no se extrae de los mismos de modo directo, patente y concluyente la versión que se interesa. A efectos del litigio es indiferente que el servicio se prestara con anterioridad por otra empresa diversa a ENRESA, siendo que en cualquier caso lo que se constata y refiere en la sentencia como probado era que las tareas se desempeñaban por personal de ENRESA.

TERCERO. -Al amparo de la letra c) del art. 193 de la L.R.J.S. se esgrime infracción del art. 43 del E.T. y jurisprudencia que lo interpreta, señalando que el objeto del contrato de servicios entre MASEIN S.A. Y ENRESA no se limita a la mera puesta a disposición del trabajador, existiendo una justificación técnica del servicio sin que el hecho de que se preste en la Central Nuclear implique cesión ilegal, por el objeto de la contrata y la operativa derivada de la naturaleza de los servicios contratados. Aduciendo que MARSEINS S.A. cuenta con una organización propia y estable y medios necesarios, ejerciendo las funciones inherentes a la condición de empresario, porque imparte formación a sus trabajadores, proporciona medios principales de la contrata, una caseta con oficina, vestuario, vehículo, y equipos de protección individual, distribuyendo las tareas, estableciendo horario, jornada, vacaciones y descanso, ejerciendo facultades disciplinarias, y realizando el control de presencia, siendo que ENRESA únicamente desarrolla un control de accesos por razones de seguridad.

Los elementos fácticos que proporciona la sentencia informan de dos trabajadores que prestan servicios para MARSEIN S.A. en lo que interesa a esta litis desde el 18-2-2019 con categoría profesional de oficial primero-mecánico-auxiliar de operación, percibiendo un salario base mensual prorrateado de 1.866,73 euros, en centro de trabajo Central Nuclear de José Cabrera en Almoacid de Zorita. Las labores de mantenimiento están contratadas por ENRESA a MARSEIN, desarrollando los actores sus tareas en el ámbito eléctrico, mecánico, instrumentación, fontanería, Protección contra Incendios. Como datos reseñables hay que hacer constar:

-Los demandantes reciben una formación continua y especial sobre su trabajo en Centrales Nucleares que proporciona ENRESA, al margen de la formación básica proporcionada por su empleadora en la contratación (Como operadores de grúa, pérdida programada de suministro eléctrico exterior, vehículo de transporte de contenedores de la Central nuclear, desmantelamiento de la Central).

-Disponen de acreditaciones y permisos de ENRESA para trabajo en altura, manejo de carretillas, trabajos en zona radiológica.

-La organización del trabajo técnico de los actores y su planificación se realiza por D. Nazario, supervisado por D. Leoncio, Jefe del Servicio de Operación y Mantenimiento y Supervisión de la operación de ENRESA, ambos trabajadores de ENRESA.

-D. Nazario autoriza festivos, vacaciones y controla horarios, jornadas o ausencia, también los "días de compensación", con independencia de que los trabajadores lo comuniquen a MARSEIN.

-La organización del trabajo en su actividad diaria y en las distintas áreas de ENRESA se lleva a cabo mediante emails intercambiados entre los responsables de ENRESA que se realizan las peticiones pertinentes, y el trabajo se organiza a través de un grupo de Whatsapp en el que varios responsables de áreas de ENRESA intercambian órdenes de trabajo con los demandantes que disponen de teléfono para comunicaciones internas.

- Los demandantes en materia de prevención de riesgos dependen del responsable de Prevención de Riesgos Laborales de ENRESA.

-MARSEIN tiene designado un coordinador de servicios que acude al menos una vez a la semana a la planta y está presente en las reuniones con ENRESA pero no ostenta control ni se relaciona en temas laborales con los demandantes, comenzando a intercambiar emails los primeros meses de 2023.

-Hasta junio de 2023 los trabajadores fichaban en el sistema de la Central Nuclear, habiéndose dispuesto con posterioridad un fichaje exclusivo para MARSEIN.

-Los trabajadores proporcionan a su empresa partes de asistencia y tiempo de trabajo a efectos de facturación.

-Los trabajadores utilizan material de ENRESA, previendo el contrato de mantenimiento que ENRESA proporcionará a MARSEIN determinada herramienta y útiles.

-MARSEIN tiene instalada en la Central una caseta que es un almacén de material que utilizan los trabajadores.

El alcance e interpretación del art. 43 E.T. puede sistematizarse del siguiente modo, tal como se desprende de la STS de 16 de mayo de 2019 (Rcud. 3861/2016):

"1.- En nuestro ordenamiento no existe ninguna prohibición para que el empresario pueda utilizar la contratación externa para integrar su actividad productiva, lo que supone que -con carácter general- la denominada descentralización productiva sea lícita, con independencia de las cautelas legales e interpretativas necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los trabajadores (en tal sentido, las SSTS de 27 de octubre de 1994 y de 17 de diciembre de 2001 - rec. 3724/1993; y rec. 244/2001-).

2.- Con mucha frecuencia y en la práctica se recurre a las contratas como medio formal de articular un acuerdo de facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario en supuestos en los que la actividad que conlleva la contrata consiste en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal, como ocurre en el supuesto que resolvemos. En éstos casos la tarea de identificar los fenómenos interpositorios ilícitos se dificulta notablemente y exige un análisis detallado de cada caso concreto para tratar de establecer los límites entre una lícita descentralización productiva ( artículo 42 ET) y una cesión ilegal de trabajadores del artículo 43 ET. Para proceder a la calificación que corresponda en cada caso es necesario en cada litigio considerar con detenimiento, a la vista de los hechos probados, las circunstancias concretas que rodean la prestación de servicios del trabajador, las relaciones efectivamente establecidas entre el mismo y las empresas que figuran como comitente y contratista, y los derechos y obligaciones del nexo contractual existente entre estas últimas ( STS de 30 de mayo de 2002, Rcud. 1945/2001).

3.- No basta la existencia de un empresario real para excluir la interposición ilícita por parte del contratista, pues existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de este en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial ( STS de 12 de diciembre de 1997, Rcud. 3153/1996). El hecho de que la contratista sea una empresa real y no ficticia, no impide que pueda apreciarse la existencia de cesión ilegal ya que, no basta la existencia de un empresario real para excluir la interposición ilícita por parte del contratista ( STS de 19 de enero de 1994, Rcud. 3400/92), pues "existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de éste en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner en contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial" ( STS de 12 de diciembre de 1997, citada).

4.- Para que exista cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio. Se trata de un supuesto de interposición en el contrato de trabajo y la interposición es un fenómeno complejo, en virtud del cual el empresario real, que incorpora la utilidad patrimonial del trabajo y ejerce efectivamente el poder de dirección, aparece sustituido en el contrato de trabajo por un empresario formal. La finalidad que persigue el artículo 43 ET es que la relación laboral real coincida con la formal y que quien es efectivamente empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando así que se produzcan determinadas consecuencias que suelen asociarse a la interposición, como son la degradación de las condiciones de trabajo cuando la regulación profesional vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el trabajador que la que rige en el ámbito del empresario real, o la disminución de las garantías cuando aparecen empleadores ficticios insolventes ( STS de 26 de octubre de 2016, Rcud 2913/2014)".

Mediante la lícita descentralización productiva, la empresa principal puede atribuir a una empresa contratista la realización de una parte de su actividad, siempre que sea suficientemente diferenciada, sin que sea necesario que sea complementaria o contingente, puestos que también las actividades inherentes al ciclo productivo pueden ser objeto de contrata externa. En la válida externalización, la empresa principal se limita a recibir -con el lógico control que puede ser más abundante cuando la actividad es especialmente técnica y cualificada- el resultado de la ejecución por la contratista, en la que ésta aporta sus medios personales y materiales, con la consiguiente organización y dirección. En la medida en que esta diferenciación sea inexistente, dependiendo de la principal la organización y control de los trabajadores de la contratista, la contrata se habrá desnaturalizado y trastocado en simple provisión de mano de obra e integrará una cesión ilícita de trabajadores ( Sentencia del T.S. de 6-4-2024, rec. 564/2023).

El T.S. ha adoptado diversos criterios en estos supuestos de contratas para detectar la figura de la cesión ilegal, que se reflejan en las siguientes precisiones contenidas en la mencionada sentencia:

"-Cuando la contrata consiste en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal o arrendataria, no es fácil diferenciarla de la cesión, lo que se agrava porque en la práctica se recurre a las contratas como medio formal de articular un acuerdo interpositorio de facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil reconocer, en las circunstancias de cada caso, el límite entre un mero suministro de trabajadores y una descentralización productiva lícita. Por ello, la doctrina judicial ha recurrido a la aplicación ponderada de diversos criterios de valoración que no son excluyentes, sino complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador: la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios [ STS 07/03/88 [RJ 1988863]]; el ejercicio de los poderes empresariales [ SSTS 12/09/88 [ RJ 1988877 ], 16/02/89 [ RJ 198974 ], 17/01/91 [RJ 19918] -rcud 990/90 - y 19/01/94 [RJ 199452] -rcud 3400/92 -] y la realidad empresarial del contratista, que se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico, como capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva... [ SSTS 17/01/91 [RJ 19918] -rcud 990/90 - y 11/10/93 [RJ 1993586] -rco 1023/92 -] ( SSTS 14/09/01 [RJ 200282] -rcud 2142/00 -; 17/01/02 [RJ 2002755] -rec. 3863/2000 -; 16/06/03 [RJ 2003092] -rcud 3054/01 -; y 14/03/06 [RJ 2006230] -rcud 66/05 -).

-La línea divisoria entre los supuestos de subcontratación lícita y de seudocontrata o cesión ilegal de trabajadores bajo falsa apariencia de contrata de obras o servicios ha de ser trazada de acuerdo con la doctrina del empresario efectivo [ STS 11/07/86 [ RJ 1986026 ]; 17/07/93 [RJ 1993688] -rcud 1712/92 -; 11/10/93 [RJ 1993586] -rco 1023/92 -; 18/03/94 [RJ 1994548] -rcud 558/93 -; y 12/12/97 [RJ 1997315] -rcud 3153/96 -], debiendo ponderarse el desempeño de la posición empresarial no de manera general sino en relación al trabajador concreto que la solicita [ STS 12/09/88 [RJ 1988877 ]; y 19/01/94 [RJ 199452] -rcud 3400/92 -]. De acuerdo con esta doctrina, los casos de empresas contratistas que asumen la posición de empresarios o empleadores respecto de sus trabajadores, desempeñando los poderes y afrontando las responsabilidades propias de tal posición se incluyen en la subcontratación lícita, regulada por el art. 42 del ET , mientras que los casos de contratas ficticias de obras o servicios que encubren una mera provisión de mano de obra constituyen cesión ilegal de trabajadores, prohibida y regulada por el 43 del ET. Siendo ello así, para proceder a la calificación que corresponda en cada caso es necesario en cada litigio considerar las circunstancias concretas que rodean la prestación de servicios del trabajador, las relaciones efectivamente establecidas entre el mismo y las empresas que figuran como comitente y contratista, y los derechos y obligaciones del nexo contractual existente entre estas últimas ( STS 30/05/02 [RJ 2002567] -rec. 1945/2001-)."

Con estas apreciaciones, y descendiendo al supuesto examinado, es acertado el criterio de instancia, en tanto que de las circunstancias expuestas y analizadas, y aunque existe una justificación técnica de la contrata, y el despliegue de la actividad necesariamente se haya de desarrollar en la Central Nuclear, disponiendo de una infraestructura y medios que proporciona ENRESA, se evidencia que la empleadora y contratista no pone en juego ningún otro elemento material que sea mínimamente relevante, ni que ejercite potestades de gestión empresarial mediatas ni inmediatas, ya que al margen de una formación inicial, no ostenta control en la organización del trabajo de los trabajadores, que reciben todas las indicaciones e instrucciones directamente de personal de ENRESA, sin ninguna intervención de MARSEIN, ya que el coordinador designado no se relaciona con los trabajadores sino con ENRESA y no está pendiente de ningún aspecto laboral; no controla la contratista el horario, jornadas y ausencias, ni autoriza los festivos y vacaciones que llevaba a cabo la principal, con una comunicación a la empleadora sin ningún poder de decisión. Se limita a recibir unos partes de asistencia a efectos de facturación, elaborados por los trabajadores, que han recibido además formación específica por parte de ENRESA, dependen en materia de prevención de riesgos laborales del responsable de ENRESA, y no se relacionan con su empresa para la gestión y organización del trabajo, recibiendo todas las órdenes y pautas de trabajo de ENRESA. No se evidencia ninguna función por parte de MARSEIN que se incardine en la efectividad de sus facultades y potestades como empresario, salvo sesgadamente en designar un coordinador que no coordina con los trabajadores, ser avisada de la operativa de las condiciones de trabajo de los demandantes, y constatar el trabajo por los partes de asistencia confeccionados por los actores, a efectos de la facturación a realizar.

En este contexto la disgregación y separación de relación laboral entablada se muestra palpable, en cuanto no converge el desarrollo del ejercicio empresarial que compete en virtud del contrato de trabajo con el que efectiva y verdaderamente se está desplegando por la principal, es decir, no hay coincidencia del vínculo laboral real con el formal, conllevando una degradación de las condiciones laborales y garantías que corresponden a los trabajadores, por cuanto su verdadera empleadora no coincide con la que formalmente concertaron su contrato, que no empeña una organización instrumental ni material ni intangible, y se limita a poner mano de obra a disposición del empresario principal bajo cuyo ámbito de organización y dirección se desarrolla la actividad de los trabajadores.

La controversia, por tanto, ha sido resuelta impecable y sólidamente en la sentencia combatida, y el recurso ha de ser desestimado.

CUARTO. -A tenor de lo dispuesto en el art. 235.1 L.R.J.S. se imponen las costas a la parte recurrente.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,