Sentencia Social 3748/2025 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 1450/2025 de 21 de julio del 2025

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que desestima la demanda y declara justificada la decisión empresarial de destinar al trabajador tras la reincorporación llevada a cabo el 16-2-24, a un puesto de trabajo de la línea de montaje y reconoce el derecho a extinguir el contrato de trabajo con la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, recurren en suplicación ambas partes, demandante y demandada, solicitando la primera con amparo procesal en el art. 193.a) de la LRJS, infracción de los arts. 87 y 90 de la LRJS, en relación con el art. 254 de la CE, solicita el recurrente la nulidad de actuaciones con carácter subsidiario, no obstante analizaremos la cuestión denunciada, con carácter previo ya que de ser estimada conllevaría la innecesaridad del análisis de la cuestión debatida. Fundamenta el recurrente la solicitud de nulidad de actuaciones ante la imposibilidad de formular al testigo propuesto por la actora las preguntas pertinentes al objeto del pelito, en concreto las encaminadas a poder probar la existencia de otros puestos de trabajo de TEAM LEADER, dentro de la empresa con la intención de esclarecer si esos puestos, en los que el actor tiene que sustituir como Team Lider a los trabajadores que tienen a su cargo, son puestos que no le suponen esfuerzos físicos al ser compatibles con las dolencias que presenta, o para que se indicase cuales eran los requerimientos físicos de estos puestos. Y ello por cuanto considera relevante para la solución de la cuestión debatida determinar si la adaptación del puesto de trabajo que ha dado lugar a la MSCT, justificada y razonada por motivos de salud ha sido suficiente en el sentido de determinar la existencia de otros puestos dentro de la misma empresa como TEAM LEADER que el trabajador hubiese podido desempeñar al ser compatible con sus limitaciones físicas y que le hubiese permitido mantener su complemento salarial y sus funciones, ahora suprimido a raíz de la adaptación del puesto de trabajo.

La resolución de la petición propuesta obliga a recordar que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. El Tribunal Constitucional viene declarando, al respecto que no existe indefensión cuando «no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa» y tampoco cuando «ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos», por lo que «no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas procesales, sino únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, vea cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial o cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado».

Por otra parte, conviene precisar que el derecho a que a la actora le sean admitidas las pruebas que sean pertinentes y relevantes forma parte del contenido esencial del derecho de defensa integrado dentro del de tutela judicial efectiva que aquel precepto constitucional reclama, siendo constante y reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que así lo reconoce. En tal sentido es importante la doctrina de dicho Tribunal queda reflejada en su sentencia 205/1991, de 30 de octubre (RTC 1991, 205) cuando, resumiendo sentencias anteriores en el mismo sentido, decía lo siguiente: "Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la propia defensa, constitucionalizado por el art. 24.2 C.E., ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo de la defensa, consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal, sin desconocerlo u obstaculizarlo, e incluso prefiriéndose el exceso en la admisión a la postura restrictiva". Ahora bien, como en la misma sentencia se indicaba "ello no supone desapoderar a los órganos jurisdiccionales de la competencia que le es propia para apreciar la pertinencia, por relación al thema decidendi, de las pruebas propuestas, ni liberar a las partes de la carga de argumentar la trascendencia de las que propongan, de tal manera que la denegación de pruebas que el juzgador estime inútiles no implica necesariamente indefensión, pues tal facultad denegatoria viene impuesta por evidentes razones prácticas como son evitar dilaciones injustificadas del proceso", doctrina que puede apreciarse reiterada en sentencias posteriores del mismo TC como la 136/1996, de 23 de julio (RTC 1996, 136), 25/1997, de 11 de febrero (RTC 1997, 25), 170/198, de 21 de julio (RTC 1998, 170) u 88/2004, de 10 de mayo (RTC 2004, 88), entre otras. A lo que procede añadir que como también ha dicho el TC en STC 299/2005, de 21 de noviembre (RTC 2005, 299), sólo se puede sostener la existencia de inadmisión cuando la prueba inadmitida sea "decisiva en términos de defensa".

En el caso que nos ocupa, el magistrado de instancia ha admitido la prueba testifical solicitada por la parte actora, cuya representación le formuló las preguntas que tuvo por conveniente y quien durante la práctica del interrogatorio, y a tenor de las circunstancias relativas al mismo optó, en un momento de la declaración acordar la impertinencia por considerarlas especulativas, y así lo razonó en el acto del juicio, formulando la representación del demandante la correspondiente protesta, como a tal efecto se constata a través del visionado del acto del juicio, y ninguna causa de nulidad acontece en el presente supuesto, ya que es el magistrado de instancia a quien le compete admitir la prueba y valorar que preguntas son pertinentes y cuales no, al testigo a la vista de la restante prueba practicada y de conformidad con el resultado de la misma por lo que ninguna situación de indefensión determinante de la nulidad se le ocasiona al actor por dicho motivo, lo que conlleva la desestimación del mismo.

SEGUNDO.-En sede jurídica y con amparo procesal en el art. 193.b) de la LRJS solicita la parte actora revisión de hechos probados, en concreto, a fin de que se le adicione un nuevo hecho, en concreto relacionado con el hecho probado quinto en el que se le añada además de las funciones TEAM LEADER de sustituir a los trabajadores que tiene a su cargo en el caso de ausencias en el puesto de trabajo las que describe en el escrito de recurso.

La revisión no se admite, pues el recurso de suplicación es un recurso extraordinario, y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor probatoria llevada a cabo por el magistrado de instancia, y que a tales efectos sólo son invocables documentos y pericias en tanto que tales pruebas, documentos y pericias evidencien por si mismo el error sufrido en la instancia de manera que, por ello, a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente, hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un medio hábil revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así S TSJ Galicia, 9-3-15, 14-5-15, 09/04/18 R. 663/18, 20/03/18 R. 4626/17, 08/02/18 R. 4425/17, 26/01/18 R. 4648/17, 21/02/18 R. 5195/17, 18/01/18 R. 4612/17, 20/02/18 R. 2870/17 entre otras).

Y en el caso que nos ocupa, el documento en el que se ampara el recurrente, doc 3.2, ficha de la empresa en la que se describen las funciones de TEAM LEADER, no se trata de un hecho controvertido, y que ha sido valorado por el juez de instancia, otra cosa serán las conclusiones valorativas que expone en el recurso, en relación a cuál es la función principal y de mayor contenido en el caso que nos ocupa a los efectos solicitados en el escrito de demanda, lo que ha de tener su análisis a través de la infracción jurídica.

TERCERO.-Solicita la demandada recurrente a través del recurso de suplicación interpuesto, con amparo procesal en el art. 193.b) de la LRJS la revisión de hechos probados, en concreto del hecho probado sexto a fin de que se sustituya por la redacción que propone en el escrito de recurso en el sentido de especificar durante los meses que cita la cantidad que implica el complemento salarial de Team Leader y dicha pretensión revisoria no se admite, por cuanto que resulta intranscendente para la solución de la cuestión debatida, a la par que se ampara en las nóminas obrantes a la causa, que ya han sido valoradas y analizadas por el magistrado de instancia y de lo que extrae el recurrente se trata de conclusiones valorativas e interpretativas a los efectos de determinar si es o no sustancial, cuantitativamente el importe que deja de percibir el trabajador.

CUARTO.-En sede jurídica, y con amparo procesal en el art. 193.c) de la LRJS denuncia el demandante recurrente infracción del art. 14, 15 y 24 de la CE, en relación con el art. 17 del ET, arts. 2.1, 2.3, 9.1 y 30.1 de la Ley 15/2022 Integral para la igualdad de trato y la no discriminación y arts. 35.1, 35.5 y 36 del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, en relación con el art. 96.1 y 181.2 de la LRJS. Sostiene el recurrente que nos encontramos con un claro indicio discriminatorio cual es la situación de IT y las secuelas físicas que padece tras el alta médica (discapacidad), resultando de aplicación el art. 30.1 de la Ley 15/22 que señala que cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia corresponderá a la parte demanda o a quien se le impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Y considera que la justificación de la empresa de que la adaptación del puesto de trabajo es en atención a su salud, no ha probado dentro del proceso de adaptación del puesto de trabajo, se hubiesen estudiado otros puestos de Team Leader en los que se incluyan puestos de trabajo que tendría que sustituir al actor en caso de ausencia, con requerimientos físicos compatibles con sus limitaciones y ello puesto en relación con el hecho de que es a la empresa a quien le corresponde la carga probatoria que después de evaluar todos los puestos de Team Leader dentro de la factoría ninguno era compatible con sus limitaciones físicas, ha provocado la pérdida de funciones superiores que venía desempeñando, por lo que la medida no está justificada ni es razonable; por lo que al no ofrecer la empresa una justificación objetiva, razonable y suficientemente probada de que la media adoptada se ajusta a derecho, dicha medida es nula y vulnera el derecho fundamental.

Así las cosas, la Ley 15/22 de 12 de julio , integral para la igualdad de trato y la no discriminación, regula en su artículo 2 su ámbito de aplicación, y dispone:

"1. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley, podrán establecerse diferencias de trato cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos y lo que se persiga es lograr un propósito legítimo o así venga autorizado por norma con rango de ley, o cuando resulten de disposiciones normativas o decisiones generales de las administraciones públicas destinadas a proteger a las personas, o a grupos de población necesitados de acciones específicas para mejorar sus condiciones de vida o favorecer su incorporación al trabajo o a distintos bienes y servicios esenciales y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad.

3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública".

En cuanto a las reglas relativas a la carga de la prueba, en el artículo 30 establece que "...cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad...".

En el caso que nos ocupa, atendiendo al relato fáctico de la sentencia de instancia resulta en lo que ahora interesa que "El actor vino prestando servicios para la demandada desde el 1-10-18 en el puesto de trabajo de monitor e inició un proceso de IT en fecha 3-10-22 y tras reincorporase a su puesto de trabajo el trabajador fue destinado al turno de noche en el puesto de control interno y posteriormente al puesto de acabado de tubos y no volvió a realizar funciones de monitor" 2º) "En el reconocimiento previo a la reincorporación el servicio de prevención determinó que el actor era apto con limitaciones consistentes en flexo extensión o rotaciones repetidas de posturas forzadas o mantenidas de columna cervical; elevación del codo derecho, elevación del codo derecho por encima de la altura del hombro de manera mantenida y repetida". 3º) "La empresa demandada realizó un proceso de adaptación al puesto de trabajo determinando que los puestos a los que fue destinado cumplían con las limitaciones que presentaba el trabajador" Y 4º) "La realización del puesto de monitor Team Leader implica, entre otras funciones, la de sustituir a trabajadores que tiene a su cargo en caso de ausencia en el puesto de trabajo."

Y de lo expuesto se concluye que, la modificación acordada por la empresa demandada en relación al actor del puesto de Team Leader a su adaptación a un puesto de trabajo de operario polivalente, propia de su grupo profesional ha de considerarse razonable y proporcional, compartiendo la conclusión expuesta por el magistrado de instancia en el sentido de que el puesto de monitor Team Leader tiene entre sus funciones la de sustituir a los trabajadores que tiene a su cargo en caso de ausencia, lo que implica que el trabajador ha de desarrollar las funciones de monitor leader, en puestos que no son adecuados a sus limitaciones con evidente menoscabo para su condición de salud, lo que determina la justificación y razonabilidad de la medida adoptada por la empresa para garantizar la salud de trabajador y en consecuencia no se aprecia vulneración de derechos fundamentales.

QUINTO.-Con idéntico amparo procesal en el art. 193.c) de la LRJS, denuncia el demandante recurrente, infracción del art. 1902 del Código Civil en relación con los arts. 179 y 183 de la LRJS en relación con el art. 14 CE, al considerar que existiendo vulneración de derechos fundamentales, tiene derecho a una indemnización de 10.001 Euros; Pretensión inacogible en atención a lo expuesto en el anterior fundamento de derecho al considerar la sala que no existe vulneración del derecho fundamental que postula, el demandante presenta una condición de salud que lo determina apto con limitaciones para desarrollar su trabajo, y la empresa realizó los ajustes razonables para que, pese a la limitación pudiera seguir desempeñando un puesto de trabajo de su categoría profesional y que, en modo alguno puede tildarse de discriminatoria, se trata de una adaptación de puesto de trabajo no impugnada por el trabajador, para que pueda seguir trabajando: en consecuencia la indemnización que solicita se desestima.

A igual conclusión desestimatoria se llega en relación a la denuncia de infracción del art 41 del ET al considerar el recurrente que la empresa no ha notificado al trabajador ni a la representación legal de los trabajadores la medida adoptada, ni se ha alegado que tenga su causa en motivos económicos, técnicos, organizativos y productivos y solo es hasta el acto del juicio cuando justifica la racionalidad de la medida y a continuación por otra parte, argumenta para la resolución de la presente litis consistente en si existe o no causa justificada para la adaptación del puesto de trabajo que se ha llevado cabo para desvirtuar la vulneración de Derechos Fundamentales, es indiferente que estemos ante una MSCT o ante el ius variandi empresarial. Y si se considera que no estamos ante la primera que se reconduzca el procedimiento y así lo aclaró en la conciliación, en los mismos términos que ahora reitera en el recurso y que nos encontramos en definitiva, ante una fiscalización del poder del ius variandi ante la falta de una justificación razonable de la medida se vulneró el derecho del actor y que la falta de justificación razonable del cambio de puesto supone una vulneración el derecho a la igualdad.

Y rechazamos dicha argumentación, reiterando lo dispuesto el precedente fundamento jurídico por cuanto no es la enfermedad la que justifica el cambio del puesto de trabajo, son las limitaciones dada la imposibilidad de realizar determinadas funciones propias de supuesto de monitor las que determinaron la adaptación del puesto de trabajo, tras su reincorporación al finalizar la situación de IT y el consecuente, reconocimiento respecto del cual resultó apto con limitaciones; adaptación razonable que no constituye vulneración de derechos fundamentales, sino la adaptación razonable y justificada del puesto de trabajo a sus condiciones de salud.

SEXTO.-Con amparo procesal en el art. 193.c) de la LRJS denuncia la empresa demandada infracción del art. 26.3 ET relativo al complemento del puesto del monitor, considerando que la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia cual es que dejar de percibir la suma de 132,84 Euros mensuales, implica una MSCT por lo que supone una variación esencial de la remuneración, censura jurídica que no altera la conclusión establecida en la resolución impugnada por cuanto que se centra la cuestión objeto de recurso en la cuestión relativa a la remuneración, quedando incólume el contenido del hecho probado octavo, lo relevante es en cuanto a la decisión adoptada por la empresa se trata no solo de la cuantía remuneratoria sino de la denuncia de una situación de discriminación en la que el actor que vincula a su situación de discapacidad y que postula que podía haber sido destinado a otras líneas de producción compatible con sus secuelas físicas y que afecta al complemento de monitor, considerando el magistrado de instancia además, que la variación del puesto del trabajo del actor monitor a un puesto de trabajo en la línea de montaje con la consiguiente supresión del complemento de monitor supone una modificación sustancial, porque varia esencialmente la remuneración del trabajador.

Por todo lo expuesto: