Sentencia Social 2904/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6772/2024 de 22 de mayo del 2025

PRIMERO.- Objeto del recurso:

La sentencia de instancia desestimó las demandas acumuladas en las que la demandante había solicitado la extinción a su instancia de la relación laboral por graves incumplimientos empresariales, así como la declaración de nulidad o subsidiaria improcedencia del despido disciplinario del que había sido objeto.

La parte demandante interpone frente a la sentencia el presente recurso de suplicación, articulado mediante un motivo destinado a la revisión de los hechos probado y otro de infracción de normas sustantivas y jurisprudencia.

Las empresas codemandadas impugnaron el recurso solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- Motivo dedicado a la revisión de los hechos probados.

Contiene el recurso un motivo dirigido, por la vía del art. 193.b) LRJS, a la revisión de hechos probados.

El examen del motivo de suplicación obliga, ante todo, a recordar que, respecto de los motivos de revisión fáctica, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (recurso 4672/2019 ),viene exigiendo de forma reiterada que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

La recurrente, con alegación de que el Juez a quoinfringió los arts. 316 y 376 LEC sobre valoración de la prueba de interrogatorio y testifical, pretende en primer término que se sustituya parte del contenido del hecho probado primero por un texto que recoja que "valorando la prueba en su conjunto, Documental 0 de la prueba aportada por la Arrocería de Sants con el resto de la prueba no se puede concluir que la categoría profesional de la parte actora sea la de limpiadora muy a pesar que en los recibos de salarios se manifieste que esta sea su categoría profesional", añadiendo que "atendiendo a la prueba testifical ofrecida por todas las partes y cuya valoración en esta instancia es imperativa por mandato legal HA DE TENERSE POR PROBADA LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE AYUDANTE DE COCINA".

Tal y como antes señalamos, sólo con base en la prueba documental y pericial es posible, por el cauce del art. 193.b) LRJS , modificar los hechos probados, y aunque es cierto que en hipótesis también cabría llegar a revisar una convicción basada en la prueba testifical, ello sólo sería posible en caso de denunciar la parte recurrente, y apreciar la Sala, una absoluta discordancia entre lo manifestado por quienes declararon en juicio y lo que se declara probado, de manera que el registro fáctico pudiera calificarse de absolutamente ilógico o arbitrario. Ese no es en absoluto el caso de autos. El Magistrado de instancia tuvo en cuenta, para formar su convicción acerca de la categoría profesional, una prueba documental -no impugnada en cuanto a su autenticidad- de la que resultaba que se había alcanzado en 2011 un pacto para que la categoría fuese la de limpiadora, siendo ello coherente con lo manifestado en prueba de interrogatorio de la demandada y con lo que aparece en las hojas de salario, habiendo además manifestado varios testigos que la demandante se dedicaba a tareas de limpieza, por más que otros manifestaran algo distinto. Atender a una documental no impugnada, incluso firmada por la recurrente, y a lo manifestado por unos testigos, en lugar de atender a lo que declararon otros, no supone ningún error valorativo palmario. Existe un adecuado soporte a la conclusión fáctica alcanzada por el Magistrado de instancia, alejándose de cualquier atisbo de arbitrariedad o irrazonablidad, sin que en ningún caso la Sala pueda proceder a eso que la recurrente pretende incorporar al texto del hecho probado, valorar la "prueba en su conjunto".

En segundo lugar podemos identificar, depurando en lo posible un motivo en que se entremezclan indebidamente las solicitudes de revisión fáctica con valoraciones jurídicas relacionadas con la calificación del despido o la resolución contractual ex art. 50 ET , que la recurrente interesa la adición de un hecho probado que deje constancia de que inició una baja médica y, tras el alta, un médico solicitó que se expidiese una nueva baja médica. Ello consta documentado y tiene potencial relevancia modificativa del Fallo, por lo que accederemos a añadir un hecho probado, que será el noveno, con el siguiente texto:

"La trabajadora se encontró de baja medica a partir de 29 de noviembre de 2022 por trastorno de ansiedad el cual se extiende hasta el 12 de abril de 2023. Consta una nueva baja solicitada con fecha 13 de abril de 2023 solicitando la continuidad de IT por el facultativo Nº NUM001. No consta el resultado de la solicitud de baja solicitada por el médico de fecha 13/04/2023 (Doc. del 9 al 17 aportados por la parte actora en el juicio oral)".

A continuación se interesa la adición de un hecho probado que refleje el horario de trabajo de la demandante, siendo la base de la solicitud la prueba testifical practicada y la falta de aportación por la empresa del registro horario que fue requerida. La testifical no es hábil para la revisión fáctica, y tampoco es posible tener por probada la jornada por falta de aportación del registro horario. En la demanda mediante otrosí se solicitó, en petición a la que el juzgado de instancia accedió, que se aportara un registro de jornada que no fue aportado por EL RINCÓN DEL BAUTI SL pero sí por L'ARROSSERIA DE SANTS S.L., que era la empleadora tanto en la fecha de interponerse la demanda extintiva como a fecha de despido. Es doctrina actual y mayoritaria de esta Sala la que señala que la falta de aportación del registro de jornada sólo implicará que se tengan por acreditadas los excesos horarios cuando se hayan proporcionado indicios suficientes de su existencia ( sentencias de 26/07/2024, rec. 6342/2023 , 14/03/2024 rec. 7521/2023 , 4/12/2024, rec. 1418/2024 y 7/11/2024, rec. 1737/2024 ). Pero en el presente supuesto no sólo no se deprenden de los hechos probados indicios de lo que se alegaba, sino que la empleadora aportó el registro de jornada, de modo que no procedía en ningún caso considerar acreditados los excesos de jornada por incumplimiento de la llevanza del registro o por su no aportación a los autos. La acción del art. 50 ET se basa necesariamente en los incumplimientos del empleador, no de quien lo fue hasta un año antes del despido (por más que indebidamente fuera también demandado), y en modo alguno la circunstancia de que la anterior empleadora dejara de aportar el registro puede perjudicar a la empresa que se subrogó como empleadora y que sí lo aportó. No procede por ello la adición del hecho probado.

En relación con el hecho probado sexto de la sentencia, se pretende por la recurrente añadir que a la respuesta de la trabajadora ante el requerimiento de justificación de sus ausencias acompañó la solicitud de su médico de que se expidiese una nueva baja. No procede la adición por ser pacífico que ese documento se acompañó a la respuesta, constando el dato incluso en la carta de despido.El Tribunal Supremo ha señalado con reiteración que los hechos conformes no tienen que constar en el relato de hechos probados, ni es viable por ello la revisión encaminada a incluirlos, negando la revisión la STS de 6/06/2012 (rco. 166/2011) porque "el hecho que se pretende incorporar no solamente ha sido de pacífica aceptación por todas las partes y en tanto que hecho conforme no solamente está exento de prueba conforme a los arts. 87.1 LPL y 281.3 LECiv , sino que ni siquiera está necesitado de ser incluido en el relato fáctico, pese a lo cual la Sala puede tenerlo en cuenta sin acceder a la correspondiente revisión fáctica, que se hace innecesaria ( SSTS 03/01/95 -rcud 950/94 -; ... 17/01/07 -rco 16/05 -; 26/05/09 -rco 108/08 -; y 30/09/10 -rco 186/09 -)"

En cuanto al hecho probado séptimo la recurrente pretende eliminar la alusión a que la decisión de despedir trajo causa de la falta de reincorporación o justificación de las ausencias, pero ello no procede porque esa expresión se recoge en el ordinal como mera transcripción de lo que se dice en la carta de despido, y no como manifestación de convicción fáctica judicial. El juez a quorazona sobre el carácter injustificado de las ausencias en la fundamentación de la sentencia, y la recurrente puede cuestionar ese razonamiento por la vía de la censura jurídica, pero no hay razón para modificar un ordinal cuya única finalidad es reflejar qué argumentó la empresa para justificar el despido en la misiva extintiva.

TERCERO.- Censura jurídica:

Por la vía del art. 193.c) LRJS la recurrente múltiples infracciones de normativa y jurisprudencia pero se aparta decididamente de las exigencia resultante del art. 196.2 LRJS cuando establece que en el recurso de suplicación "se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos".La recurrente, en el motivo de censura jurídica, señala qué preceptos considera infringidos, transcribiendo luego el contenido de algunas sentencias, sin hacer ninguna referencia a la conexión entre tales denuncias y la concreta sentencia recurrida, limitándose por lo general a expresar generalidades.

En primer término denuncia la "violación, por inaplicación, de los arts. 299 , 316 , 319 , 326 , 328 , 329 y 376 , 385 , 386 , 389 y 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ",siendo la única fundamentación de tal denuncia la de que "el Juzgador a quo ha obviado tener en cuenta el contenido de los preceptos rituarios indicados, por los que se pone de manifiesto que hacen prueba plena de los hechos los documentos, cuya autenticidad no haya sido impugnada por la parte a quien perjudiquen, así como las testificales ofrecidas. Y así sucedió en la vista oral del proceso en que la parte demandada no formuló objeción alguna a los mismos, lo que les confiere plena eficacia".El rechazo del motivo es obligado desde el momento en que todos los preceptos disciplinan la valoración de la prueba, de modo que tienen que ver con el modo en que se confeccionan los hechos probados y por tanto no son normas sustantivas que puedan fundamentar una censura jurídica.

En el siguiente apartado se alega la "violación, por inaplicación de normas de rango constitucional, del art. 24.2, 1 , 9.2 , 10 , 15,14 , 18 y 35 CE ".Tal alegación se explica a continuación sin referencia alguna a la sentencia dictada, haciendo afirmaciones genéricas como que "en el ámbito del derecho laboral la función tuitiva del mismo se justifica desde el punto de vista del desigual posicionamiento del trabajador frente a la empresa",transcribiendo luego los preceptos para añadir que "el proceso laboral ha ido configurándose con la idea de otorgar protección a los trabajadores, buscando facilitar el acceso a la jurisdicción, imponiendo normas más beneficiosas a los trabajadores, incluso estableciendo que en caso de duda sobre los efectos jurídicos de una situación de hecho concreta, se deba aplicar la norma más favorable al trabajador, y ello por aplicación del principio in dubio pro operario".

El tercer apartado afirma la vulneración de los artículos que establecen, a juicio de la recurrente, "reglas de valoración de la prueba",aunque en realidad los preceptos que se citan en el párrafo contienen reglas sobre distribución de la carga de la prueba ( arts. 105.1 y 96.2 LRJS) o sobre cuál debe ser la calificación del despido en función de lo que haya quedado acreditado ( Art. 115.1.b) LRJS) . Luego la recurrente se extiende, con referencias a doctrina constitucional y los inexistentes artículos "96.13 y 181.24 de la LRJS ",a la inversión de la carga de la prueba en aquellos supuestos en que se aporten indicios de vulneración de derechos fundamentales, sin expresar la recurrente en ningún momento cuáles son esos indicios en el caso de autos, ni cuáles fueron los derechos fundamentales conculcados por la empresa. En último término bajo el título de "examen de la jurisprudencia"se hace cita y transcripción de sentencias (TC, TSJs y Sala Civil del TS) con intercalación de afirmaciones relativas a la valoración de la prueba por los órganos de instancia y a la inversión de la carga de la prueba que, según hemos podido advertir, han sido transcritas desde diversas páginas de internet, en su mayoría desde un artículo del Magistrado Sr. Tuset del Pino publicado en la red social LINKEDIN, aunque no aparecen entrecomilladas ni se cite la fuente.

La defectuosa construcción del motivo aboca a su desestimación, pues no debe la Sala construirlo ex officiodeterminando la vinculación de todo lo que se alega en términos genéricos con la concreta fundamentación de la sentencia recurrida.

Ahora bien, dado que -como ya señalamos- en el motivo de revisión fáctica la recurrente incluyó argumentos de censura jurídica, les daremos a continuación sucinta respuesta para mejor colmar las exigencias del art. 24 CE.

En cuanto a la acción de extinción, en el primer motivo del recurso se señalaba que justificaba la aplicación del art. 50 ET la existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo así como la realización de horas extraordinarias no abonadas y los incumplimientos en materia de jornada, reclamando una indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Ninguna infracción cometió la sentencia al desestimar la demanda inicial porque ningún incumplimiento resultó acreditado. En el recurso no se indica en ningún momento qué variación en las condiciones de trabajo, producida en una fecha concreta, constituyó una MSCT. De la demanda inicial parecía desprenderse que la recurrente entendía como tal la puesta a la firma de la trabajadora, con ocasión de la subrogación, de un anexo al contrato de trabajo según el cual había causado baja voluntaria en la empresa anterior. Ese dato se incluye, con valor fáctico, en la sentencia de instancia, reconociendo el Magistrado de instancia que era "un element estrany i evidentment molt irregular",que tenía "una intencionalitat poc clara que hagués esborrat l'antiguitat de la treballadora".Ahora bien, coincidimos con el juzgador a quoen que ese mero intento de que se suscribiera un documento, en caso de considerarlo existente, siendo pacífico no se llegó a suscribir, no supuso una modificación sustancial de trabajo, pues no sólo nunca produjo efecto alguno ante la negativa de la trabajadora a la firma, sino que de forma inmediata, y por tanto mucho antes de interponerse la demanda extintiva, la mercantil comunicó a la trabajadora que mantendría "las mismas condiciones de laborales"que tenía en la anterior empresa, negando haber tratado de que firmase una baja voluntaria en ella. En todo caso debemos recordar que la extinción del art. 50.1.a) ET no es viable frente a cualquier MSCT, sino únicamente cuando aquellas "redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador",lo que no sucedería por un mero intento de desconocer las condiciones laborales anteriores que, en caso de materializarse, podría haber sido corregido mediante un procedimiento del art. 138 LRJS.

Tampoco advertimos error in iudicandoen la sentencia de instancia al negar la extinción por excesos de jornada o incumplimientos en materia de descanso porque no se acreditó de forma eficaz ni una cosa ni la otra, habiendo fracasado el intento de revisión fático sustentado en la prueba testifical.

En relación con la acción de despido se sostenía en el primer motivo de recurso que el Magistrado de instancia no había predicado de la contestación de la trabajadora al requerimiento empresarial los efectos impeditivos del reproche disciplinario, ya que a ella acompañó la justificación documental de haber solicitado un médico la expedición por la SGAM de una nueva baja médica. Los hechos acreditados y relevantes en este punto son los siguientes:

-El 23/11/2022 la nueva empleadora se subrogó en los derechos y obligaciones de la anterior.

-El 28/11/2022 la trabajadora escribió a la empresa oponiéndose a firmar un nuevo contrato o causar baja voluntaria en la empresa anterior.

-El día 29/11/2022 la demandante inició una baja médica con el diagnóstico de trastorno de ansiedad.

-El 30/11/2022 la empresa le contestó afirmando que mantenía todas sus condiciones de trabajo y no tenía que firmar ninguna baja voluntaria.

-El 12/04/2023 el INSS extendió el alta médica, notificándosela a la trabajadora.

-El 13/04/2022 la trabajadora acudió a un médico de familia y éste le entregó un formulario de solicitud dirigido al ICAM a fin de que se accediera a la "continuidad de IT".

-No consta cuál fue la resolución del ICAM respecto a tal solicitud, si le fue presentada.

-La trabajadora no se presentó al trabajo tras el alta médica.

-El 25/05/2023 la empresa envió una carta a la trabajadora manifestando haber tenido conocimiento del alta médica de 12/04/2023 requiriendo justificación de las ausencias.

-La trabajadora contestó manifestando que había sufrido "confusión" con lo que denominaba una baja de 13/04/2023, "confusión que me ha ocasionado la Administración Sanitaria al darme un documento oficial que justificaba mi baja por crisis de ansiedad"sin haber "advertido que había un error en la baja médica del 13 de abril y producto de la medicación que he estado tomando no he estado muy lucida para reaccionar".A esa contestación acompañó la solicitud del médico para que el ICAM extendiera una nueva baja y en ella mostró su disposición para trabajar siempre que se le comunicaran "por escrito una descripción de las mismas".

Tal y como recuerda la sentencia de esta Sala de 15/09/2023 (rec. 2335/2023 ) "con el alta médica desaparece la causa de suspensión contractual que prevé el artículo 45.1 c) del ET y surge el antedicho deber de reincorporación inmediata, de cuyo incumplimiento el empresario puede deducir las consecuencias extintivas disciplinarias o en orden a la concurrencia de un desistimiento que derivan de la falta de justificación por el trabajador de la incomparecencia tras el alta médica o, en su caso, declaración de inexistencia de incapacidad permanente".Producida el alta médica surge para la persona trabajadora la ineludible obligación de comunicarla a la empresa y, o bien reincorporarse, o bien acreditar ante la empresa por algún medio la imposibilidad para el trabajo.

En el presente supuesto es obligado concluir que la trabajadora conoció del alta médica el mismo día que se produjo, el 12/04/2023, pues sólo así se explica que al día siguiente acudiese al médico solicitando que se prorrogase, dando lugar a lo que no era sino una mera solicitud al ICAM para que "continuase"la IT, nunca una nueva baja médica. Recordemos que extendida un alta médica, no es posible que el médico de cabecera dentro del plazo de 180 días extienda una nueva por el mismo diagnóstico (como era el caso), en forma de recaída, siendo imprescindible la validación por parte del ICAM, ahora SGAM. De ahí que el facultativo no extendiese una nueva baja, sino que únicamente entregó a la trabajadora una solicitud dirigida al ICAM, que desconocemos si también se tramitó de forma interna por la administración sanitaria. No consta qué resolvió el ICAM al respecto. En su recurso la parte actora reprocha que no se acordase como diligencia final obtener esa información, tal y como dice haber solicitado en conclusiones, pero lo cierto es que en modo alguno la previsión del art. 88 LRJS sirve para suplir la inactividad probatoria de las partes, y en este caso nada impedía a la actora haber aportado el día de juicio la respuesta del ICAM, si existió, pues como interesada podía dirigirse a tal entidad para obtener la correspondiente resolución o certificación, si es que no estaba en su poder. Lo que parece innegable, porque ni tan siquiera lo afirma la actora, es que realmente llegase nunca a iniciar un proceso de IT el 13/04/2023.

No se ha acreditado de ningún modo que el trastorno de ansiedad justificativo de la baja se manifestase con tal intensidad sintomatológica que impidiese a la trabajadora conocer la existencia e implicaciones del alta de 12/04/2023, o entender que el documento de 13/04/2023 no era una baja que justificase su ausencia. Es importante destacar que la demanda de extinción fue presentada el día 17/04/2023, lo que implica que ya en esa fecha la trabajadora contaba con asesoramiento legal, siendo imposible entender que no podía conocer de su obligación de reincorporarse o bien de justificar ante la empresa que, pese al alta médica, persistía su imposibilidad para el trabajo. La mera solicitud de un facultativo para que el ICAM reconsiderase el alta médico, en ausencia de resolución al respecto, en modo alguno puede reputarse como justificación suficiente de persistencia en la limitación para el trabajo. Sólo acredita que la trabajadora acudió al médico y que este rellenó un formulario dirigido al ICAM. No existió cobertura fáctica o jurídica para la ausencia al trabajo entre el 12/04/2023 y el 25/04/2023, de modo que fue justificado el reproche disciplinario acordado por la mercantil empleadora.

Al coincidir el criterio expuesto con el contenido en el censurado pronunciamiento de instancia, sólo cabe la desestimación del recurso.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,