Sentencia Social 72/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1586/2023 de 23 de enero del 2025

PRIMERO.- Síntesis de la litis

La sentencia de instancia estimaba parcialmente la demanda interpuesta por Don Abilio contra el Ayuntamiento de Arucas, en un litigio relacionado con la adaptación o reubicación de su puesto de trabajo por motivos de salud. La resolución combatida entendió que, si bien el actor no podía ser reubicado en un puesto con complementos de destino y específicos superiores a su actual puesto de trabajo, existía la obligación de adaptar su puesto de trabajo actual o reubicarlo según las recomendaciones del servicio de prevención.

El pronunciamiento impugnado consideró probado que Don Abilio desempeñaba sus funciones en el Ayuntamiento de Arucas desde 2005 como Terapeuta Ocupacional. Varios informes del Servicio Ajeno de Prevención y del Servicio de Psiquiatría destacaban su aptitud limitada para ciertos entornos laborales por motivos de salud, sugiriendo su reubicación lejos de colectivos que requirieran especial atención, como mayores o personas con discapacidad.

La Administración empleadora argumentó que dichas solicitudes de adaptación o reubicación no eran viables bajo la normativa vigente, especificando que no había plazas disponibles con los complementos correspondientes al nivel del actor. La normativa aplicable, particularmente el artículo 66 bis del Real Decreto 364/1995, exige que cualquier movimiento laboral relacionado con la salud de un funcionario respete ciertos niveles presupuestarios en los complementos de destino.

Sin embargo, a la luz de la evidencia y la normativa, incluido el artículo 66 bis, la resolución combatida concluyó que la salud del trabajador debía ser priorizada. Interpretó que podía realizarse la readaptación o reubicación del demandante siempre y cuando los complementos percibidos no superaran los niveles actuales, aun cuando las posiciones adaptadas tuviesen teóricamente asignados niveles superiores.

Por consiguiente, el pronunciamiento impugnado declaró el derecho del actor a dicha adaptación o reubicación bajo las condiciones comentadas, condenando al Ayuntamiento de Arucas a cumplir con dicho dictamen, respetando el límite de los complementos de destino y específico a niveles 16 y 32 respectivamente.

La sentencia aclaró también que, si el Ayuntamiento optase por la extinción del contrato del actor por ineptitud sobrevenida, podrían contemplar la sección de causas objetivas del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, ante la ausencia de tal procedimiento, el juzgador optó por priorizar una solución ajustada a los requerimientos de salud del trabajador.

Disconforme la parte actuante, Ayuntamiento de Arucas, interpone el presente recurso de suplicación articulando un motivo de infracción de normas o garantías procesales, un motivo de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de Abilio.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como único motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la modificación del Hecho Probado Tercero, cuya redacción original es:

"TERCERO.- El actor cursó baja por Incapacidad Temporal desde el 30 de julio de 2020 al 17 de agosto de 20221 y desde el 17 de febrero de 2022, sin que conste si ha sido dado de alta de la citada baja médica.

(No controvertido)"

La redacción que se propone sería la siguiente:

"no obstante, lo cierto es que, como se ha dicho anteriormente, y conforme a los informes emitidos por el Servicio de Prevención Ajeno de la demandada, y del informe clínico del Servicio Público de Tarsila, resulta necesario adaptar el puesto de trabajo del actor, pues el mismo no puede desempeñar el mismo por razones de salud, si bien no cabe la movilidad por motivos de salud que conlleve que el trabajador, como consecuencia de la adaptación del puesto o la reubicación en otro, pase a percibir unos complementos de destino y específicos superiores a los que tiene asignados se debe proceder a la extinción del contrato de trabajo del actor, por ineptitud sobrevenida, acogiéndose para ello a la causa objetiva recogida en el artículo 52. a) del Estatuto de los Trabajadores".

Para ello, el recurrente se apoya en los informes emitidos por el Servicio de Prevención Ajeno de la demandada y el informe clínico del Servicio Público de Tarsila, así como el informe del Sr. Interventor del 21 de diciembre de 2021.

La modificación propuesta presenta un claro signo conclusivo-valorativo más que meramente fáctico, resultando de la interpretación de los documentos que hace la parte recurrente, debiendo recordarse a este respecto que la prueba ha de ser fehaciente, es decir, debe reflejar la verdad por sí sola, y con ello el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas, porque, si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en la valoración de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y no resolviendo un recurso que tiene naturaleza extraordinaria.

Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 20.1 h) Ley 30/1984, art. 66 bis RD 364/1995.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción del artículo 20, apartado 1, letra h) de la Ley 30/1984, y del artículo 66 bis del Real Decreto 364/1995, a saber, la administración recurrente argumenta que la adaptación o reubicación solicitada por el trabajador no es viable según estas disposiciones, que son de aplicación supletoria al caso en cuestión. La legislación mencionada establece que la movilidad por motivos de salud es potestativa y no constituye un derecho subjetivo automático, requiriendo en cambio condiciones significativas de salud para que se imponga a la administración tal cambio. Además, los informes médicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales afirman que el trabajador es apto para su puesto actual, aunque con limitaciones, sugiriendo más una recomendación que una necesidad imperiosa de reubicación. Por lo tanto, la administración concluye que, dado que no se cumplen los requisitos legales de necesidad médica relevante ni existe un puesto de trabajo vacante adecuado presupuestariamente, no procede conceder la adaptación o reubicación del puesto del trabajador.

Lo primero que cabe señalar es que la interpretación efectuada por el juzgador de instancia no puede ser acogida. El juzgador de instancia dispone lo siguiente:

"[.] han de interpretarse las exigencias contenidas en el artículo 66 bis del Real Decreto 364/1995 en el sentido de que, si bien no cabe la movilidad por motivos de salud que conlleve que el trabajador, como consecuencia de la adaptación del puesto o la reubicación en otro, pase a percibir unos complementos de destino y específicos superiores a los que tiene asignados al puesto que pretende adaptar, si puede llevarse a cabo dicha readaptación o reubicación manteniendo dichos niveles de complementos, aunque el puesto adapatado o reubicado tengan asignados unos superiores. Dicha interpretación permite que se tengan en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Servicio de Prevención ajena de la demandada, así como por el Servicio Público de Salud, con la finalidad de preservar la salud del trabajador, sin que se violente la previsión reglamentaria de impedir la asignación de complementos de destino y específicos por encima de las previsiones presupuestarias de la Administración local demandada."

Lo que viene a decir el juzgador de instancia es que el Ayuntamiento proceda a reubicar al trabajador en una plaza con Complemento de Destino o Específico superior al que ahora tiene, pero sin percibir la contraprestación económica correspondiente a dicho Complemento de Destino o Específico superior. Esta interpretación no puede ser acogida, los complementos tienen una razón de ser, a saber, retribuir la complejidad, riesgo, dificultad, peligro, responsabilidad etc. del puesto de trabajo concreto. Si se siguiera con la tesis de la sentencia de instancia, nos encontraríamos con la imposición a una persona de superiores responsabilidades, mayores riesgos, tareas más complejas sin derecho a la retribución correspondiente. Cuando el Estatuto de los Trabajadores regula la movilidad funcional, indica que si es ascendente el trabajador habrá de percibir la retribución correspondiente a esas funciones superiores, pero que, si es descendente, el trabajador no podría percibir un salario inferior, para no perjudicar retributivamente al trabajador. La tesis sentada en la instancia no puede acogerse, dado que implicaría una imposición judicial a una renuncia de derechos - el derecho retributivo - sin que puede considerarse dicha interpretación como praeter legem.

Examinemos el artículo en liza, el art. 66 bis del RD 364/1995:

"Artículo 66 bis. Movilidad por razones de salud o de rehabilitación.

1. Previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge, o los hijos a su cargo, se podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. En todo caso, se requerirá el informe previo del servicio médico oficial legalmente establecido. Si los motivos de salud o de rehabilitación concurren directamente en el funcionario solicitante, será preceptivo el informe del Servicio de prevención de riesgos laborales del departamento u organismo donde preste sus servicios.

2. La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y que sea de necesaria provisión. El funcionario deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.

La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en el nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento.

El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia.

3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento."

El art. 66bis habla de la 'movilidad', y exige que haya 'puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen'. De los hechos probados resulta acreditado que no hay puesto vacante que reúna dichas características, por lo que necesariamente el petitum de reubicación no puede darse, sin que una interpretación semejante a la de instancia sea posible.

Sin embargo, el petitum de la demanda y el contenido del fallo contempla dos derechos, a saber, la reubicación (ya afirmada como imposible) y la adaptación del puesto de trabajo.

De los hechos probados se deduce lo siguiente, a saber:

«SEXTO.- Con fecha 8 de noviembre de 2021, el actor registró en el Ayuntamiento de Arucas solicitud de adaptación y/o cambio de puesto de trabajo, por motivos de salud.

CUARTO.- Por informes de Quirón Prevención, Servicio Ajeno de Prevención de la

Administración empleadora demandada, de fechas 27 de mayo de 2020, 29 de octubre de 2021, y 17 de enero de 2022, se declara al trabajador "Apto para el desempeo del puesto de trabajo", pero se recomienda la reubicación laboral en un entorno que no requiera el cuidado o atención de usuarios o colectivos específicos (personas discapacitadas, mayores, menores.), ni responsabilidad sobre los mismos.

(Copias de dichos informes aportadas por la parte actora dentro de su ramo de prueba)

QUINTO.- El 24 de febrero de 2022, el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil emitió informe clínico en el que consta que el actor "con diagnósticos de presunción de trastorno de ansiedad generalizada y distimia. y debido a la sintomatología descrita, resulta difícil para el paciente desempeñar su labor de monitor, siendo conveniente, en la medida de lo posible, buscar una alternativa de readaptación de su puesto de trabajo".»

Es decir, que la actora solicitó la adaptación del puesto de trabajo, la contestación del Ayuntamiento se limitó a la reubicación. El Servicio Ajeno de Prevención de la Administración empleadora demandada, declara al trabajador "Apto para el desempeño del puesto de trabajo", recomendado la reubicación laboral en un entorno que no requiera el cuidado o atención de usuarios o colectivos específicos (personas discapacitadas, mayores, menores.), y el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil manifiesta que es conveniente buscar una alternativa de readaptación de su puesto de trabajo.

A lo largo del procedimiento y de la narración fáctica, no existe referencia alguna a la imposibilidad de 'adaptación' del puesto de trabajo para evitar lo indicado en el informe del Servicio Ajeno de Prevención. Por ende, se estima parcialmente la demanda en cuanto a la reubicación, no así en cuando a la adaptación del puesto de trabajo.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones

La estimación parcial del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, implica que no haya lugar a hacer pronunciamiento alguno sobre las costas del recurso.

Se decreta también, como preceptúa el artículo 203.1 LRJS, la devolución de la totalidad del depósito constituido para recurrir y dar el destino legal a los aseguramientos si los hubiere, todo ello firme que sea la presente resolución.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.