Sentencia Social 1095/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 3834/2025 de 23 de febrero del 2026

PRIMERO.-En función de su relato de hechos probados, y "como primera cuestión" a solventar, da respuesta el Juzgador a la excepcionada "falta de competencia de este Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la demanda, opuesta por la empresa alentender que la relación que habida entre las partes no era de naturaleza laboral sino mercantil". Excepción que es judicialmente estimada desde la hermenèutica jurisprudencial que efectúa de los articulos 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores y 1.3 del RD 1382/1985 (en singular remisión a las notas de "dependència" y "ajeneidad"); advirtiendo que "de la prueba practicada se desprende que en el contrato suscrito entre mercantiles, ... el actor actuabacomo Administrador Unico de Deporte y Ocio Inversion y Evaluación SL" con las "funciones" (de Alta Dirección) que refiere y respecto de las cuales descarta también los exigibles "indicios de laboralidad".

Frente a lo así resuelto opone el recurrente (sin perjuicio de la "cognitio plena", propia de la cuestión de "orden público" planteada de contrario) un primer motivo de revisión fàctica dirigido a la modificación del octavo hecho probado de la sentencia para el que (con formal sustento en la documental 1 a 5, 23 y 24- obrante a los folios 119 a 123, 181 y 182 -página web y recortes de prensa-) propone un texto alternativo según el cual habría desarrollado "para la demandada Lleida Ponent Club de Futbol el cargo y las funciones de Director General desde el 26-1-22 hasta el 19-3-24, disponiendo de una tarjeta de visita en la que constaba dicha circunstancia, así como una dirección de e-mail corporativo de la demandada Lleida Ponent Club de Futbol, en la que constaba la dirección de la sede social de ésta situada en el Estadio Camp d'Esports.Pretensión revisora que hace extensiva al noveno hecho probado al precisar que "se aporta fotografía de 1 valla publicitaria de Deporte y Ocio en el campo del Lleida Ponent Club de Futbol" (documento 6 bis de su ramo de prueba); adicionando al sexto ordinal fáctico el particular acreditativo de que "El Lleida Ponent Club de Futbol, en fecha 1-1-23, formalizó contrato de trabajo indefinido de la Sra. Justino como Oficial 1ª para el centro de trabajo de la Avd/ Dr. Fleming s/n de Lleida" (documento 29, folio 197 de las actuaciones).

Con formal apoyo en los documentos 16 a 21 de su ramo de prueba (folios 150 a 176) propugna también la adición de un nuevo hecho probado (18º) con el siguiente contenido: "El actor, como Director General, desarrollaba funciones para el LPCF tales como las relaciones con la Guardia Urbana, a través del Subinspector D. Higinio, referidas a las actuaciones del Cuerpo Policial los días de partido y su coordinación; funciones de relación con los Servicios médicos contratados por la demandada LPCF con ASISA y su Gerente, Manuel; con CLINICA PERPETUO SOCORRO, GRUPO HLA SL, con su Gerente, Sr. Abelardo; con la empresa de megafonía DEPORTES FEEDBACK o con la empresa de azafatas, RENATA AZAFATAS".

SEGUNDO.-La primera consecuencia jurídico-procesal a derivar del análisis de la competencia de este Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la pretensión de despido deducida en las presentes actuaciones es que la libertad de examen de los distintos elementos de prueba incorporados a las mismas ( esto es, la cognitio plenareferida por el recurrente) no impediría (cual sucede en los supuestos contemplados por las sentencias de la Sala de 18 de octubre de 2002 , 7 de mayo de 2009 y 2 de febrero , 23 de mayo de 2016 , 28 de abril de 2017 , 19 de abril y 23 de septiembre de 2021 y 21 de marzo de 2022; entre otras muchas) que su eventual correspondencia con la realidad expresada en el relato fáctico (tras la valoración de las pruebas documentales aportadas) hubiera de determinar que se diese "por reproducido y en evitación de innecesaria repetición, el contenido de los hechos integrantes de dicha declaración de probanza" en aquellos aspectos que no han sido cuestionados por la parte recurrente. Debiendo también advertirse (a contrario sensu)que las que se hubieran formulado con formal sustento en elementos probatorios no cuestionados de contrario habrán de ser también admitidas por pacíficas; máxime en aquellos supuestos en que su contenido no hubiera sido impugnado por la parte recurrida.

Cuestiona ésta dos de las propuestas formuladas (las referidas a los hechos sexto y noveno) bajo el común reproche de su pretendida irrelevancia; la cual (como advierten las sentencias de la Sala de 17 de diciembre de 2020, 19 de abril de 2021, 6 de noviembre de 2023, 27 de mayo y 17 de octubre y 13 de diciembre de 2024 y 19 de mayo de 2025; entre otras muchas) habrá de "vincularse no tanto a lo razonado por el Juzgador en su sentencia al argumentar la tesis que (la) fundamenta... (y menos aún al criterio de parte favorable a sus intereses) como a lo aducido por el propio recurrente en desarrollo de la pertinencia y fundamentación de su motivo. De tal manera que sólo para el caso de que la propuesta se manifieste como absolutamente desconectada del debate planteado o coincidente (en su reiteración) con alguno de los particulares que ofrece el hecho objeto de censura podrá ésta rechazarse sin perjudicar el derecho de defensa del recurrente. En todos los demás, en los que (sin perjuicio de la respuesta que haya de merecer el pertinente motivo jurídico) no sea posible anticipar una conclusión que sólo habrá de producirse en contestación al mismo, la posible duda sobre su relevancia deberá resolverse en favor de quien recurre al no poder seguirse una interpretación extensiva de una norma que se limita a tasar los medios de prueba hábiles a efectos de revisión art. 193.2 LRJS) y la forma de producirse ésta (196.3) sin introducir un dato que (como el de la relevancia de la misma) debe ser, por ello, flexiblemente interpretado" (por lo que, consecuentemente, podría considerarse la revisión que se postula de los ordinales sexto y noveno). Debiendo advertirse, ello no obstante, sobre la inhabilidad revisora tanto de las fotografías ( sentencia de la Sala de 8 de abril de 2013) y de la página web ( SS de 23 de febrero de 2010 y 16 de diciembre de 2020) como de los recortes de prensa que formalmente sustentan la propuesta de modificación del hecho probado octavo. Remitiéndose a sus pronunciamientos de 13 de abril de 2023 y 26 de marzo de 2025 reitera la STS de 18 de septiembre de este último año que aun documentados en acta notarial (que no es el caso) los recortes de prensa "no sirven para revisar el relato fáctico, porque al fin y al cabo se trata de meros recortes de prensa, es decir, documentos no hábiles para apreciar error...".

Debe, finalmente, advertirse sobre la impugnaday predeterminante valoración de unas "funciones" que no concreta en su contenido más allá de las relatadas mediante la incorporación de décimoctavo hecho probado respecto al cual la parte recurrida se limita a manifestar que del contenido de las mismas "no puede concluirse ...que sean ajenas y separadas de la gestión de la entidad deportiva en base al contrato mercantil suscrito".

TERCERO.-A través de su motivo jurídico de censura denuncia el recurrente la infracción de los artículos 1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores; invocando (en desarrollo de la pertinencia y fundamentación de su reproche - art. 196.2 LRJS-) los pronunciamientos que cita del Alto Tribunal de 20 y 29 de octubre de 2019 respecto a los indicios de laboralidad a tomar en consideración (con singular reseña de la dependencia y ajeneidad). Indicios que considera concurrentes en el supuesto de litis al constar "absolutamente acreditado que el recurrente era el Director General" de la empresa demandada"; lo que le lleva a concluir que "(...) nos encontramos ante una relación laboral que cumple las notas características establecidas por la jurisprudencia referida" y que fue desarrollada personalmentepor el actor y no en el ámbito de una inadvertida "organización empresarial" propia sino bajo las órdenes y decisiones de su empleador, siendo retribuido por ello.

Reiterando la doctrina jurisprudencial que en la misma se contiene fija la STS de 25 de marzo de 2013 (con carácter general y en armonía con lo resuelto por los posteriores pronunciamientos del Alto Tribunal de 19 de febrero y 3 de noviembre de 2014, 20 de enero de 2015, 24 de enero de 2018, 29 de octubre de 2019 y 4 de febrero de 2020; entre otros coincidentes y a los que sigue la de este Tribunal Superior de 21 de marzo de 2022) "los criterios a seguir para determinar si existe o no relación laboral, y que cabe resumir en los siguientes:

A) Ha de partirse de la base de que la naturaleza jurídica de las instituciones viene determinada por la realidad del contenido que manifiesta su ejecución , que debe prevalecer sobre el nomen iurisque errónea o interesadamente puedan darle las partes, porque los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo;

B) Asimismo, aparte de la presunción iuris tantumde laboralidad que el art. 8.1 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su art. 1.1, delimita , desde el punto de vista positivo, la relación laboral , calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios.

C) Profundizando en estas razones, la doctrina de la Sala ha sentado una serie de criterios añadidos y que son los siguientes:

1) La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente. En efecto, en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. A sensu contrario,cuando esta Sala ha declarado que existía arrendamiento de servicios y no una relación laboral ha exigido que la prestación del demandante se limitara a la práctica de actos profesionales concretos sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad ( STS/Social 12-julio-1988) o que realizara su trabajo con independencia, salvo las limitaciones accesorias.

2) Porque, ciertamente, la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajeneidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato ...

3) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.

4) Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario . También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo... compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones...; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad...; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados ... el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo... y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones...".

Precisando el ámbito y jurídicos efectos de las notas que se dejan relatadas, afirma el pronunciamiento del mismo Tribunal de 19 de febrero de 2014 que el requisito relativo a la dependencia entendida como " integración en el ámbito de organización y dirección del empresario no contradice la necesaria autonomía profesional imprescindible en determinadas actividades ; no afectando tampoco a la naturaleza de la relación subyacente la forma de la retribución en la medida que la jurisprudencia no exige que la misma sea fija y periódica, aunque ello refuerce la laboralidad de la relación... (admitiéndose) ...dentro del concepto de salario la retribución por resultado".

CUARTO.-La decisión sobre la laboralidad del vínculo que examinamos habrá, así, de producirse desde el análisis de cada caso, en función de la dimensión jurídica que ofrece el relato fáctico y atendiendo al concurso de los distintos elementos conformadores del nexo en cuestión y la distinta proyección de su intensidad (presuntiva) sobre su naturaleza (laboral o no). Hechos entre los que cabe destacar, como más directamente comprometidos en la calificación litigiosa, los siguientes

El 22 de diciembre de 2020 el actor suscribió un acuerdo de colaboración "en diferentes proyectos relacionados con el asesoramiento jurídico deportivo, la intermediación de futbolistas, la explotación de los derechos de imagen, la planificación económica..." con las empresas Impera SL y Finasport SL; atribuyéndosele las "funciones" recogidas por el primer hecho probado.

El actor figura en el Registro Mercantil como "administrador único y socio único" de la empresa Deporte y Ocio inversión y Evaluación SL cuyo objeto social es "la difusión, organización, asesoría, preparación, promoción, estudio y gestión de toda clase de equipamientos y actividades relacionadas con el deporte, el ocio y la recreación, así como la gestión de instalaciones deportivas de toda clase, además de cualesquiera otras actividades preparatorias, auxiliares o complementarias de las mismas". Entidad que recibió del Sr Ezequiel (en su condición de Director General de las mercantiles ya identificadas) sendas transferencias bancarias por importe de 4.000 euros el 9 de febrero y 11 de marzo de 2022; en concepto de "honorarios correspondientes a los servicios objeto del...contrato" incorporado como documento 23 de su ramo de prueba.

Tras efectuar la primera de las transferencias (el 15 de febrero de 2022) el Sr. Ezequiel (en esta ocasión, representando al Club Lleida Esportiu constituido el 14 de junio de 2021 como resultado de la fusión entre el Club deportivo Elias LLeida y Lleida Esportiu Terraferma) suscribió con el actor (actuando éste "en representación de Deporte y Ocio inversión y Evaluación SL") un "contrato de prestación de servicios de gestión y asesoramiento de entidad deportiva, en el que se hizo constar que por importantes carencias estructurales de la misma la necesidad de intervención de terceros profesionales para su gestión ... y revertir la situación de grave crisis". Dicha mercantil había suscrito con la Sra. Justino, el dia 7 del mismo mes, un "contrato de trabajo temporal ...como oficial de 1ª ... para obra o servicio determinado ejecución de proyecto de comunicación para nuevo cliente" -documento 7 del ramo de prueba de Lleida Ponent Club de Futbol-; siendo ésta contratada (ya con carácter indefinido por dicho Club) el 10 de enero de 2023 (documento 29 del ramo de prueba). En las tarjetas de visita aportadas el actor figuraba como "Director General del Lleida Esportiu".

El 4 de abril de 2024 el citado Club dirige burofax a Deporte y Ocio Inversión y Evaluación SL comunicándole la resolución del contrato suscrito "por incumplimiento de la obligación de destinar los ingresos percibido0s por cuenta del Club a otras finalidades ..., fijando una indemnización de 200.00€, más daños y perjuicios que fija en 77.333,16€". Previamente (el 19 de marzo de 2024) dicho Club había remitido "comunicación a Edemiro informándole que a partir de la fecha deja de ostentar el cargo representativo del Club que mantenía como consecuencia de la pérdida de confianza en su actuación durante los últimos meses y la falta de justificación de algunas de las actuaciones, especialmente en el ámbito económico; considerando revocada cualquier autorización o poder, restringiendo el acceso a documentación, registro, correo corporativo"; revocación a la que siguió una denuncia penal, "incoándose diligencias previas 1177/2024 del juzgado de instrucción núm. 4 de Lleida".

La entidad mercantil (Deporte y Ocio), junto con el ahora recurrente (Sr. Edemiro) presentó, a su vez, demanda en reclamación de cantidad frente a Lleida Ponent Club de Futbol; incoándose procedimiento ordinario núm. 145/2025 ante el Juzgado de Primera instancia núm. 2 de Lleida". En dicho escrito (datado a 20 de septiembre de 2024) se alude a la "relació profesional i d'amistat" habida entre aquél y el Sr. Ezequiel "des de l'any 2004", poniendo de manifiesto el recurrente su condición de "soci i administrador de la societat mercantil demandant DEPORTE Y OCIO, INVERSIÓN Y EVALUACIÓN, SL ...dedicada a l'assessorament de tot tipus d'entitats esportives en l'àmbit de la gestió, l'organització i l'administració" como también que el Sr. Ezequiel le había propuesto "fer gestions per adquirir i dirigir l'aleshores anomenat CLUB LLEIDA ESPORTIU (...)

Un cop el Sr. Ezequiel va ser designat president del CLUB i el Sr. Edemiro va ser contractat com a director general, es va detectar (según alega éste en su demanda civil -incorporada como documento 1 del ramo de prueba de Lleida Ponent Club de Fútbol-) que els gestors anteriors no havien tramitat l'obtenció del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat i estaven operant amb el NIF de l'extinta entitat CLUB LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA (G-25729898), antecedent del CLUB LLEIDA ESPORTIU"; razón por la cual, y amb la finalitat de poder donar operativitat el funcionament del CLUB i de poder gestionar pagaments i cobraments, es va convenir subscriure un contracte de prestació de serveis, de gestió i d'assessorament entre el CLUB i DyO. (documento 22 del ramo de prueba del actor), a través del cual "es pretenia delegar alguns aspectes de la gestió del CLUB a una entitat solvent i experta en la gestió d'entitats esportives a canvi d'una remuneració i, per altra banda, es dotava el CLUB d'una organització que permetia la recepció i l'emissió de factures i la gestió dels pagaments i dels cobraments que se'n derivava".

Es en este contexto que "tant DyO com el Sr. Edemiro van haver de fer ús de fons propis en benefici del CLUB per un import total de 185.375,04€; cantidad que el ahora recurrente reclama en el ámbito civil; advirtiendo en el correspondiente escrito de demanda sobre "l'eventual responsabilitat personal dels membres de la junta ... ya advertidapel Sr. Edemiro en data 14 d'agost".

QUINTO.-Por remisión a la sentencia que cita del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2013, reiteran las de la Sala de 7 de abril y 22 de septiembre de 2014, 17 de enero y 18 de julio de 2019, 24 de julio de 2020, 11 de marzo de 2021, 26 de enero de 2023 y 22 de febrero, 23 de julio de 2024, 24 de febrero y 21 de julio de 2025 y 20 de enero de 2026 que la doctrina de los Actos Propios constituye un límite de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia del principio de buena fé y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos o presupuestos que tal doctrina para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos , en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior".

Se reproduce, así, el criterio jurisprudencial expresado por las SSTS de 30 de septiembre de 2013 y 16 de julio de 2015 recogido por la de la Sala de 14 de febrero de 2025 cuando insiste en la necesidad de que la "conducta vinculante ha de expresarse en actos concluyentes e indubitados que causen estado... lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos"; considerando el pronunciamiento del Alto Tribunal de 21 de diciembre de 2021 contrario a la misma cuando la parte "contradice sin razón objetiva su comportamiento anterior, sobre el cual un tercero fundó una legítima confianza que le llevó a determinadas disposiciones, inhibiciones o asunción de compromisos patrimoniales, que quedarían frustradas con aquel comportamiento contradictorio". De manera que "el principio de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubiesen creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (aparte de muchas otras anteriores" ( STS de 23 de octubre de 2017, por remisión a los pronunciamientos del Alto Tribunal que en la misma se reseñan).

Debe, ello no obstante, advertirse sobre su jurídica inoperatividad en aquellos supuestos en que su aplicación pudiera comportar "una renuncia de derechos indisponibles por parte del trabajador" (ex STSJ del país Vasco de 23 de octubre de 2017); lo que lleva a la STSJ de Canarias/Las Palmas de 3 de noviembre de 2022 a concluir que la calificación de una relación como laboral no puede ser automáticamente establecida por la aplicación al caso de la "doctrina de los actos propios pues ello comprometería el mandato legal previsto en el art. 3.5 del ET de indisponibilidad de los derechos reconocidos legalmente", como sucedería en el supuesto examinado por dicha sentencia "a la vista de las características laborales de la prestación de servicios". Analizando por su parte el Auto del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999 el juicio de contradicción entre los pronunciamientos que compara desde la advertida circunstancia de que la sentencia recurrida había declarado "la incompetencia de la Jurisdicción Social, por entender fundamentalmente que no consta el sometimiento del demandante a un horario de la empresa ni que estuviera sometido a régimen disciplinario alguno, no concurriendo las notas de dependencia, resultando de los actos propios del actor que el mismo interesó que se constituyera una relación mercantil y no laboral, considerando a la demandada como su cliente...".

En el concreto supuesto que enjuiciamos no puede la Sala ignorar el "antecedente" que supone la presentación por parte del actor de una demanda civil contra las mismas personas (física y jurídica) codemandadas en el presente procedimiento en el contexto de una reclamación (mercantil, entre sociedades) de la que no se puede deslindar (a los efectos de decidir sobre la competencia de este orden social para conocer de la pretensión de despido deducida en la litis) lo manifestado en la misma sobre el devenir contractual de las partes concernidas por el conflicto planteado. Iterrelacional del que no puede obtenerse otra razonable conclusión que la judicialmente alcanzada en contra de su pretendido carácter laboral; y ello es así porque en el desempeño de su actividad para con la mercantil subyace un reconocido interés económico-comercial. Lo que nos lleva a considerar -en armonía con lo decidido en la instancia- "(...) que la intervención del actor en representación de la demandada lo fue por su condición de administrador y socio único de Deporte y Ocio Inversión y Evaluación SL...no existiendo ningún vínculo laboral, ni común ni especial, no constando en autos el desempeño de funciones distintas a las que le fueron encomendadas".

Es por ello que sobre la base de lo así expuesto y razonado que

PRIMERO.-En función de su relato de hechos probados, y "como primera cuestión" a solventar, da respuesta el Juzgador a la excepcionada "falta de competencia de este Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la demanda, opuesta por la empresa alentender que la relación que habida entre las partes no era de naturaleza laboral sino mercantil". Excepción que es judicialmente estimada desde la hermenèutica jurisprudencial que efectúa de los articulos 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores y 1.3 del RD 1382/1985 (en singular remisión a las notas de "dependència" y "ajeneidad"); advirtiendo que "de la prueba practicada se desprende que en el contrato suscrito entre mercantiles, ... el actor actuabacomo Administrador Unico de Deporte y Ocio Inversion y Evaluación SL" con las "funciones" (de Alta Dirección) que refiere y respecto de las cuales descarta también los exigibles "indicios de laboralidad".

Frente a lo así resuelto opone el recurrente (sin perjuicio de la "cognitio plena", propia de la cuestión de "orden público" planteada de contrario) un primer motivo de revisión fàctica dirigido a la modificación del octavo hecho probado de la sentencia para el que (con formal sustento en la documental 1 a 5, 23 y 24- obrante a los folios 119 a 123, 181 y 182 -página web y recortes de prensa-) propone un texto alternativo según el cual habría desarrollado "para la demandada Lleida Ponent Club de Futbol el cargo y las funciones de Director General desde el 26-1-22 hasta el 19-3-24, disponiendo de una tarjeta de visita en la que constaba dicha circunstancia, así como una dirección de e-mail corporativo de la demandada Lleida Ponent Club de Futbol, en la que constaba la dirección de la sede social de ésta situada en el Estadio Camp d'Esports.Pretensión revisora que hace extensiva al noveno hecho probado al precisar que "se aporta fotografía de 1 valla publicitaria de Deporte y Ocio en el campo del Lleida Ponent Club de Futbol" (documento 6 bis de su ramo de prueba); adicionando al sexto ordinal fáctico el particular acreditativo de que "El Lleida Ponent Club de Futbol, en fecha 1-1-23, formalizó contrato de trabajo indefinido de la Sra. Justino como Oficial 1ª para el centro de trabajo de la Avd/ Dr. Fleming s/n de Lleida" (documento 29, folio 197 de las actuaciones).

Con formal apoyo en los documentos 16 a 21 de su ramo de prueba (folios 150 a 176) propugna también la adición de un nuevo hecho probado (18º) con el siguiente contenido: "El actor, como Director General, desarrollaba funciones para el LPCF tales como las relaciones con la Guardia Urbana, a través del Subinspector D. Higinio, referidas a las actuaciones del Cuerpo Policial los días de partido y su coordinación; funciones de relación con los Servicios médicos contratados por la demandada LPCF con ASISA y su Gerente, Manuel; con CLINICA PERPETUO SOCORRO, GRUPO HLA SL, con su Gerente, Sr. Abelardo; con la empresa de megafonía DEPORTES FEEDBACK o con la empresa de azafatas, RENATA AZAFATAS".

SEGUNDO.-La primera consecuencia jurídico-procesal a derivar del análisis de la competencia de este Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la pretensión de despido deducida en las presentes actuaciones es que la libertad de examen de los distintos elementos de prueba incorporados a las mismas ( esto es, la cognitio plenareferida por el recurrente) no impediría (cual sucede en los supuestos contemplados por las sentencias de la Sala de 18 de octubre de 2002 , 7 de mayo de 2009 y 2 de febrero , 23 de mayo de 2016 , 28 de abril de 2017 , 19 de abril y 23 de septiembre de 2021 y 21 de marzo de 2022; entre otras muchas) que su eventual correspondencia con la realidad expresada en el relato fáctico (tras la valoración de las pruebas documentales aportadas) hubiera de determinar que se diese "por reproducido y en evitación de innecesaria repetición, el contenido de los hechos integrantes de dicha declaración de probanza" en aquellos aspectos que no han sido cuestionados por la parte recurrente. Debiendo también advertirse (a contrario sensu)que las que se hubieran formulado con formal sustento en elementos probatorios no cuestionados de contrario habrán de ser también admitidas por pacíficas; máxime en aquellos supuestos en que su contenido no hubiera sido impugnado por la parte recurrida.

Cuestiona ésta dos de las propuestas formuladas (las referidas a los hechos sexto y noveno) bajo el común reproche de su pretendida irrelevancia; la cual (como advierten las sentencias de la Sala de 17 de diciembre de 2020, 19 de abril de 2021, 6 de noviembre de 2023, 27 de mayo y 17 de octubre y 13 de diciembre de 2024 y 19 de mayo de 2025; entre otras muchas) habrá de "vincularse no tanto a lo razonado por el Juzgador en su sentencia al argumentar la tesis que (la) fundamenta... (y menos aún al criterio de parte favorable a sus intereses) como a lo aducido por el propio recurrente en desarrollo de la pertinencia y fundamentación de su motivo. De tal manera que sólo para el caso de que la propuesta se manifieste como absolutamente desconectada del debate planteado o coincidente (en su reiteración) con alguno de los particulares que ofrece el hecho objeto de censura podrá ésta rechazarse sin perjudicar el derecho de defensa del recurrente. En todos los demás, en los que (sin perjuicio de la respuesta que haya de merecer el pertinente motivo jurídico) no sea posible anticipar una conclusión que sólo habrá de producirse en contestación al mismo, la posible duda sobre su relevancia deberá resolverse en favor de quien recurre al no poder seguirse una interpretación extensiva de una norma que se limita a tasar los medios de prueba hábiles a efectos de revisión art. 193.2 LRJS) y la forma de producirse ésta (196.3) sin introducir un dato que (como el de la relevancia de la misma) debe ser, por ello, flexiblemente interpretado" (por lo que, consecuentemente, podría considerarse la revisión que se postula de los ordinales sexto y noveno). Debiendo advertirse, ello no obstante, sobre la inhabilidad revisora tanto de las fotografías ( sentencia de la Sala de 8 de abril de 2013) y de la página web ( SS de 23 de febrero de 2010 y 16 de diciembre de 2020) como de los recortes de prensa que formalmente sustentan la propuesta de modificación del hecho probado octavo. Remitiéndose a sus pronunciamientos de 13 de abril de 2023 y 26 de marzo de 2025 reitera la STS de 18 de septiembre de este último año que aun documentados en acta notarial (que no es el caso) los recortes de prensa "no sirven para revisar el relato fáctico, porque al fin y al cabo se trata de meros recortes de prensa, es decir, documentos no hábiles para apreciar error...".

Debe, finalmente, advertirse sobre la impugnaday predeterminante valoración de unas "funciones" que no concreta en su contenido más allá de las relatadas mediante la incorporación de décimoctavo hecho probado respecto al cual la parte recurrida se limita a manifestar que del contenido de las mismas "no puede concluirse ...que sean ajenas y separadas de la gestión de la entidad deportiva en base al contrato mercantil suscrito".

TERCERO.-A través de su motivo jurídico de censura denuncia el recurrente la infracción de los artículos 1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores; invocando (en desarrollo de la pertinencia y fundamentación de su reproche - art. 196.2 LRJS-) los pronunciamientos que cita del Alto Tribunal de 20 y 29 de octubre de 2019 respecto a los indicios de laboralidad a tomar en consideración (con singular reseña de la dependencia y ajeneidad). Indicios que considera concurrentes en el supuesto de litis al constar "absolutamente acreditado que el recurrente era el Director General" de la empresa demandada"; lo que le lleva a concluir que "(...) nos encontramos ante una relación laboral que cumple las notas características establecidas por la jurisprudencia referida" y que fue desarrollada personalmentepor el actor y no en el ámbito de una inadvertida "organización empresarial" propia sino bajo las órdenes y decisiones de su empleador, siendo retribuido por ello.

Reiterando la doctrina jurisprudencial que en la misma se contiene fija la STS de 25 de marzo de 2013 (con carácter general y en armonía con lo resuelto por los posteriores pronunciamientos del Alto Tribunal de 19 de febrero y 3 de noviembre de 2014, 20 de enero de 2015, 24 de enero de 2018, 29 de octubre de 2019 y 4 de febrero de 2020; entre otros coincidentes y a los que sigue la de este Tribunal Superior de 21 de marzo de 2022) "los criterios a seguir para determinar si existe o no relación laboral, y que cabe resumir en los siguientes:

A) Ha de partirse de la base de que la naturaleza jurídica de las instituciones viene determinada por la realidad del contenido que manifiesta su ejecución , que debe prevalecer sobre el nomen iurisque errónea o interesadamente puedan darle las partes, porque los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo;

B) Asimismo, aparte de la presunción iuris tantumde laboralidad que el art. 8.1 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su art. 1.1, delimita , desde el punto de vista positivo, la relación laboral , calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios.

C) Profundizando en estas razones, la doctrina de la Sala ha sentado una serie de criterios añadidos y que son los siguientes:

1) La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente. En efecto, en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. A sensu contrario,cuando esta Sala ha declarado que existía arrendamiento de servicios y no una relación laboral ha exigido que la prestación del demandante se limitara a la práctica de actos profesionales concretos sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad ( STS/Social 12-julio-1988) o que realizara su trabajo con independencia, salvo las limitaciones accesorias.

2) Porque, ciertamente, la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajeneidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato ...

3) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.

4) Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario . También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo... compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones...; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad...; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados ... el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo... y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones...".

Precisando el ámbito y jurídicos efectos de las notas que se dejan relatadas, afirma el pronunciamiento del mismo Tribunal de 19 de febrero de 2014 que el requisito relativo a la dependencia entendida como " integración en el ámbito de organización y dirección del empresario no contradice la necesaria autonomía profesional imprescindible en determinadas actividades ; no afectando tampoco a la naturaleza de la relación subyacente la forma de la retribución en la medida que la jurisprudencia no exige que la misma sea fija y periódica, aunque ello refuerce la laboralidad de la relación... (admitiéndose) ...dentro del concepto de salario la retribución por resultado".

CUARTO.-La decisión sobre la laboralidad del vínculo que examinamos habrá, así, de producirse desde el análisis de cada caso, en función de la dimensión jurídica que ofrece el relato fáctico y atendiendo al concurso de los distintos elementos conformadores del nexo en cuestión y la distinta proyección de su intensidad (presuntiva) sobre su naturaleza (laboral o no). Hechos entre los que cabe destacar, como más directamente comprometidos en la calificación litigiosa, los siguientes

El 22 de diciembre de 2020 el actor suscribió un acuerdo de colaboración "en diferentes proyectos relacionados con el asesoramiento jurídico deportivo, la intermediación de futbolistas, la explotación de los derechos de imagen, la planificación económica..." con las empresas Impera SL y Finasport SL; atribuyéndosele las "funciones" recogidas por el primer hecho probado.

El actor figura en el Registro Mercantil como "administrador único y socio único" de la empresa Deporte y Ocio inversión y Evaluación SL cuyo objeto social es "la difusión, organización, asesoría, preparación, promoción, estudio y gestión de toda clase de equipamientos y actividades relacionadas con el deporte, el ocio y la recreación, así como la gestión de instalaciones deportivas de toda clase, además de cualesquiera otras actividades preparatorias, auxiliares o complementarias de las mismas". Entidad que recibió del Sr Ezequiel (en su condición de Director General de las mercantiles ya identificadas) sendas transferencias bancarias por importe de 4.000 euros el 9 de febrero y 11 de marzo de 2022; en concepto de "honorarios correspondientes a los servicios objeto del...contrato" incorporado como documento 23 de su ramo de prueba.

Tras efectuar la primera de las transferencias (el 15 de febrero de 2022) el Sr. Ezequiel (en esta ocasión, representando al Club Lleida Esportiu constituido el 14 de junio de 2021 como resultado de la fusión entre el Club deportivo Elias LLeida y Lleida Esportiu Terraferma) suscribió con el actor (actuando éste "en representación de Deporte y Ocio inversión y Evaluación SL") un "contrato de prestación de servicios de gestión y asesoramiento de entidad deportiva, en el que se hizo constar que por importantes carencias estructurales de la misma la necesidad de intervención de terceros profesionales para su gestión ... y revertir la situación de grave crisis". Dicha mercantil había suscrito con la Sra. Justino, el dia 7 del mismo mes, un "contrato de trabajo temporal ...como oficial de 1ª ... para obra o servicio determinado ejecución de proyecto de comunicación para nuevo cliente" -documento 7 del ramo de prueba de Lleida Ponent Club de Futbol-; siendo ésta contratada (ya con carácter indefinido por dicho Club) el 10 de enero de 2023 (documento 29 del ramo de prueba). En las tarjetas de visita aportadas el actor figuraba como "Director General del Lleida Esportiu".

El 4 de abril de 2024 el citado Club dirige burofax a Deporte y Ocio Inversión y Evaluación SL comunicándole la resolución del contrato suscrito "por incumplimiento de la obligación de destinar los ingresos percibido0s por cuenta del Club a otras finalidades ..., fijando una indemnización de 200.00€, más daños y perjuicios que fija en 77.333,16€". Previamente (el 19 de marzo de 2024) dicho Club había remitido "comunicación a Edemiro informándole que a partir de la fecha deja de ostentar el cargo representativo del Club que mantenía como consecuencia de la pérdida de confianza en su actuación durante los últimos meses y la falta de justificación de algunas de las actuaciones, especialmente en el ámbito económico; considerando revocada cualquier autorización o poder, restringiendo el acceso a documentación, registro, correo corporativo"; revocación a la que siguió una denuncia penal, "incoándose diligencias previas 1177/2024 del juzgado de instrucción núm. 4 de Lleida".

La entidad mercantil (Deporte y Ocio), junto con el ahora recurrente (Sr. Edemiro) presentó, a su vez, demanda en reclamación de cantidad frente a Lleida Ponent Club de Futbol; incoándose procedimiento ordinario núm. 145/2025 ante el Juzgado de Primera instancia núm. 2 de Lleida". En dicho escrito (datado a 20 de septiembre de 2024) se alude a la "relació profesional i d'amistat" habida entre aquél y el Sr. Ezequiel "des de l'any 2004", poniendo de manifiesto el recurrente su condición de "soci i administrador de la societat mercantil demandant DEPORTE Y OCIO, INVERSIÓN Y EVALUACIÓN, SL ...dedicada a l'assessorament de tot tipus d'entitats esportives en l'àmbit de la gestió, l'organització i l'administració" como también que el Sr. Ezequiel le había propuesto "fer gestions per adquirir i dirigir l'aleshores anomenat CLUB LLEIDA ESPORTIU (...)

Un cop el Sr. Ezequiel va ser designat president del CLUB i el Sr. Edemiro va ser contractat com a director general, es va detectar (según alega éste en su demanda civil -incorporada como documento 1 del ramo de prueba de Lleida Ponent Club de Fútbol-) que els gestors anteriors no havien tramitat l'obtenció del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat i estaven operant amb el NIF de l'extinta entitat CLUB LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA (G-25729898), antecedent del CLUB LLEIDA ESPORTIU"; razón por la cual, y amb la finalitat de poder donar operativitat el funcionament del CLUB i de poder gestionar pagaments i cobraments, es va convenir subscriure un contracte de prestació de serveis, de gestió i d'assessorament entre el CLUB i DyO. (documento 22 del ramo de prueba del actor), a través del cual "es pretenia delegar alguns aspectes de la gestió del CLUB a una entitat solvent i experta en la gestió d'entitats esportives a canvi d'una remuneració i, per altra banda, es dotava el CLUB d'una organització que permetia la recepció i l'emissió de factures i la gestió dels pagaments i dels cobraments que se'n derivava".

Es en este contexto que "tant DyO com el Sr. Edemiro van haver de fer ús de fons propis en benefici del CLUB per un import total de 185.375,04€; cantidad que el ahora recurrente reclama en el ámbito civil; advirtiendo en el correspondiente escrito de demanda sobre "l'eventual responsabilitat personal dels membres de la junta ... ya advertidapel Sr. Edemiro en data 14 d'agost".

QUINTO.-Por remisión a la sentencia que cita del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2013, reiteran las de la Sala de 7 de abril y 22 de septiembre de 2014, 17 de enero y 18 de julio de 2019, 24 de julio de 2020, 11 de marzo de 2021, 26 de enero de 2023 y 22 de febrero, 23 de julio de 2024, 24 de febrero y 21 de julio de 2025 y 20 de enero de 2026 que la doctrina de los Actos Propios constituye un límite de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia del principio de buena fé y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos o presupuestos que tal doctrina para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos , en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior".

Se reproduce, así, el criterio jurisprudencial expresado por las SSTS de 30 de septiembre de 2013 y 16 de julio de 2015 recogido por la de la Sala de 14 de febrero de 2025 cuando insiste en la necesidad de que la "conducta vinculante ha de expresarse en actos concluyentes e indubitados que causen estado... lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos"; considerando el pronunciamiento del Alto Tribunal de 21 de diciembre de 2021 contrario a la misma cuando la parte "contradice sin razón objetiva su comportamiento anterior, sobre el cual un tercero fundó una legítima confianza que le llevó a determinadas disposiciones, inhibiciones o asunción de compromisos patrimoniales, que quedarían frustradas con aquel comportamiento contradictorio". De manera que "el principio de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubiesen creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (aparte de muchas otras anteriores" ( STS de 23 de octubre de 2017, por remisión a los pronunciamientos del Alto Tribunal que en la misma se reseñan).

Debe, ello no obstante, advertirse sobre su jurídica inoperatividad en aquellos supuestos en que su aplicación pudiera comportar "una renuncia de derechos indisponibles por parte del trabajador" (ex STSJ del país Vasco de 23 de octubre de 2017); lo que lleva a la STSJ de Canarias/Las Palmas de 3 de noviembre de 2022 a concluir que la calificación de una relación como laboral no puede ser automáticamente establecida por la aplicación al caso de la "doctrina de los actos propios pues ello comprometería el mandato legal previsto en el art. 3.5 del ET de indisponibilidad de los derechos reconocidos legalmente", como sucedería en el supuesto examinado por dicha sentencia "a la vista de las características laborales de la prestación de servicios". Analizando por su parte el Auto del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999 el juicio de contradicción entre los pronunciamientos que compara desde la advertida circunstancia de que la sentencia recurrida había declarado "la incompetencia de la Jurisdicción Social, por entender fundamentalmente que no consta el sometimiento del demandante a un horario de la empresa ni que estuviera sometido a régimen disciplinario alguno, no concurriendo las notas de dependencia, resultando de los actos propios del actor que el mismo interesó que se constituyera una relación mercantil y no laboral, considerando a la demandada como su cliente...".

En el concreto supuesto que enjuiciamos no puede la Sala ignorar el "antecedente" que supone la presentación por parte del actor de una demanda civil contra las mismas personas (física y jurídica) codemandadas en el presente procedimiento en el contexto de una reclamación (mercantil, entre sociedades) de la que no se puede deslindar (a los efectos de decidir sobre la competencia de este orden social para conocer de la pretensión de despido deducida en la litis) lo manifestado en la misma sobre el devenir contractual de las partes concernidas por el conflicto planteado. Iterrelacional del que no puede obtenerse otra razonable conclusión que la judicialmente alcanzada en contra de su pretendido carácter laboral; y ello es así porque en el desempeño de su actividad para con la mercantil subyace un reconocido interés económico-comercial. Lo que nos lleva a considerar -en armonía con lo decidido en la instancia- "(...) que la intervención del actor en representación de la demandada lo fue por su condición de administrador y socio único de Deporte y Ocio Inversión y Evaluación SL...no existiendo ningún vínculo laboral, ni común ni especial, no constando en autos el desempeño de funciones distintas a las que le fueron encomendadas".

Es por ello que sobre la base de lo así expuesto y razonado que

PRIMERO.-En función de su relato de hechos probados, y "como primera cuestión" a solventar, da respuesta el Juzgador a la excepcionada "falta de competencia de este Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la demanda, opuesta por la empresa alentender que la relación que habida entre las partes no era de naturaleza laboral sino mercantil". Excepción que es judicialmente estimada desde la hermenèutica jurisprudencial que efectúa de los articulos 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores y 1.3 del RD 1382/1985 (en singular remisión a las notas de "dependència" y "ajeneidad"); advirtiendo que "de la prueba practicada se desprende que en el contrato suscrito entre mercantiles, ... el actor actuabacomo Administrador Unico de Deporte y Ocio Inversion y Evaluación SL" con las "funciones" (de Alta Dirección) que refiere y respecto de las cuales descarta también los exigibles "indicios de laboralidad".

Frente a lo así resuelto opone el recurrente (sin perjuicio de la "cognitio plena", propia de la cuestión de "orden público" planteada de contrario) un primer motivo de revisión fàctica dirigido a la modificación del octavo hecho probado de la sentencia para el que (con formal sustento en la documental 1 a 5, 23 y 24- obrante a los folios 119 a 123, 181 y 182 -página web y recortes de prensa-) propone un texto alternativo según el cual habría desarrollado "para la demandada Lleida Ponent Club de Futbol el cargo y las funciones de Director General desde el 26-1-22 hasta el 19-3-24, disponiendo de una tarjeta de visita en la que constaba dicha circunstancia, así como una dirección de e-mail corporativo de la demandada Lleida Ponent Club de Futbol, en la que constaba la dirección de la sede social de ésta situada en el Estadio Camp d'Esports.Pretensión revisora que hace extensiva al noveno hecho probado al precisar que "se aporta fotografía de 1 valla publicitaria de Deporte y Ocio en el campo del Lleida Ponent Club de Futbol" (documento 6 bis de su ramo de prueba); adicionando al sexto ordinal fáctico el particular acreditativo de que "El Lleida Ponent Club de Futbol, en fecha 1-1-23, formalizó contrato de trabajo indefinido de la Sra. Justino como Oficial 1ª para el centro de trabajo de la Avd/ Dr. Fleming s/n de Lleida" (documento 29, folio 197 de las actuaciones).

Con formal apoyo en los documentos 16 a 21 de su ramo de prueba (folios 150 a 176) propugna también la adición de un nuevo hecho probado (18º) con el siguiente contenido: "El actor, como Director General, desarrollaba funciones para el LPCF tales como las relaciones con la Guardia Urbana, a través del Subinspector D. Higinio, referidas a las actuaciones del Cuerpo Policial los días de partido y su coordinación; funciones de relación con los Servicios médicos contratados por la demandada LPCF con ASISA y su Gerente, Manuel; con CLINICA PERPETUO SOCORRO, GRUPO HLA SL, con su Gerente, Sr. Abelardo; con la empresa de megafonía DEPORTES FEEDBACK o con la empresa de azafatas, RENATA AZAFATAS".

SEGUNDO.-La primera consecuencia jurídico-procesal a derivar del análisis de la competencia de este Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la pretensión de despido deducida en las presentes actuaciones es que la libertad de examen de los distintos elementos de prueba incorporados a las mismas ( esto es, la cognitio plenareferida por el recurrente) no impediría (cual sucede en los supuestos contemplados por las sentencias de la Sala de 18 de octubre de 2002 , 7 de mayo de 2009 y 2 de febrero , 23 de mayo de 2016 , 28 de abril de 2017 , 19 de abril y 23 de septiembre de 2021 y 21 de marzo de 2022; entre otras muchas) que su eventual correspondencia con la realidad expresada en el relato fáctico (tras la valoración de las pruebas documentales aportadas) hubiera de determinar que se diese "por reproducido y en evitación de innecesaria repetición, el contenido de los hechos integrantes de dicha declaración de probanza" en aquellos aspectos que no han sido cuestionados por la parte recurrente. Debiendo también advertirse (a contrario sensu)que las que se hubieran formulado con formal sustento en elementos probatorios no cuestionados de contrario habrán de ser también admitidas por pacíficas; máxime en aquellos supuestos en que su contenido no hubiera sido impugnado por la parte recurrida.

Cuestiona ésta dos de las propuestas formuladas (las referidas a los hechos sexto y noveno) bajo el común reproche de su pretendida irrelevancia; la cual (como advierten las sentencias de la Sala de 17 de diciembre de 2020, 19 de abril de 2021, 6 de noviembre de 2023, 27 de mayo y 17 de octubre y 13 de diciembre de 2024 y 19 de mayo de 2025; entre otras muchas) habrá de "vincularse no tanto a lo razonado por el Juzgador en su sentencia al argumentar la tesis que (la) fundamenta... (y menos aún al criterio de parte favorable a sus intereses) como a lo aducido por el propio recurrente en desarrollo de la pertinencia y fundamentación de su motivo. De tal manera que sólo para el caso de que la propuesta se manifieste como absolutamente desconectada del debate planteado o coincidente (en su reiteración) con alguno de los particulares que ofrece el hecho objeto de censura podrá ésta rechazarse sin perjudicar el derecho de defensa del recurrente. En todos los demás, en los que (sin perjuicio de la respuesta que haya de merecer el pertinente motivo jurídico) no sea posible anticipar una conclusión que sólo habrá de producirse en contestación al mismo, la posible duda sobre su relevancia deberá resolverse en favor de quien recurre al no poder seguirse una interpretación extensiva de una norma que se limita a tasar los medios de prueba hábiles a efectos de revisión art. 193.2 LRJS) y la forma de producirse ésta (196.3) sin introducir un dato que (como el de la relevancia de la misma) debe ser, por ello, flexiblemente interpretado" (por lo que, consecuentemente, podría considerarse la revisión que se postula de los ordinales sexto y noveno). Debiendo advertirse, ello no obstante, sobre la inhabilidad revisora tanto de las fotografías ( sentencia de la Sala de 8 de abril de 2013) y de la página web ( SS de 23 de febrero de 2010 y 16 de diciembre de 2020) como de los recortes de prensa que formalmente sustentan la propuesta de modificación del hecho probado octavo. Remitiéndose a sus pronunciamientos de 13 de abril de 2023 y 26 de marzo de 2025 reitera la STS de 18 de septiembre de este último año que aun documentados en acta notarial (que no es el caso) los recortes de prensa "no sirven para revisar el relato fáctico, porque al fin y al cabo se trata de meros recortes de prensa, es decir, documentos no hábiles para apreciar error...".

Debe, finalmente, advertirse sobre la impugnaday predeterminante valoración de unas "funciones" que no concreta en su contenido más allá de las relatadas mediante la incorporación de décimoctavo hecho probado respecto al cual la parte recurrida se limita a manifestar que del contenido de las mismas "no puede concluirse ...que sean ajenas y separadas de la gestión de la entidad deportiva en base al contrato mercantil suscrito".

TERCERO.-A través de su motivo jurídico de censura denuncia el recurrente la infracción de los artículos 1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores; invocando (en desarrollo de la pertinencia y fundamentación de su reproche - art. 196.2 LRJS-) los pronunciamientos que cita del Alto Tribunal de 20 y 29 de octubre de 2019 respecto a los indicios de laboralidad a tomar en consideración (con singular reseña de la dependencia y ajeneidad). Indicios que considera concurrentes en el supuesto de litis al constar "absolutamente acreditado que el recurrente era el Director General" de la empresa demandada"; lo que le lleva a concluir que "(...) nos encontramos ante una relación laboral que cumple las notas características establecidas por la jurisprudencia referida" y que fue desarrollada personalmentepor el actor y no en el ámbito de una inadvertida "organización empresarial" propia sino bajo las órdenes y decisiones de su empleador, siendo retribuido por ello.

Reiterando la doctrina jurisprudencial que en la misma se contiene fija la STS de 25 de marzo de 2013 (con carácter general y en armonía con lo resuelto por los posteriores pronunciamientos del Alto Tribunal de 19 de febrero y 3 de noviembre de 2014, 20 de enero de 2015, 24 de enero de 2018, 29 de octubre de 2019 y 4 de febrero de 2020; entre otros coincidentes y a los que sigue la de este Tribunal Superior de 21 de marzo de 2022) "los criterios a seguir para determinar si existe o no relación laboral, y que cabe resumir en los siguientes:

A) Ha de partirse de la base de que la naturaleza jurídica de las instituciones viene determinada por la realidad del contenido que manifiesta su ejecución , que debe prevalecer sobre el nomen iurisque errónea o interesadamente puedan darle las partes, porque los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo;

B) Asimismo, aparte de la presunción iuris tantumde laboralidad que el art. 8.1 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su art. 1.1, delimita , desde el punto de vista positivo, la relación laboral , calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios.

C) Profundizando en estas razones, la doctrina de la Sala ha sentado una serie de criterios añadidos y que son los siguientes:

1) La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente. En efecto, en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. A sensu contrario,cuando esta Sala ha declarado que existía arrendamiento de servicios y no una relación laboral ha exigido que la prestación del demandante se limitara a la práctica de actos profesionales concretos sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad ( STS/Social 12-julio-1988) o que realizara su trabajo con independencia, salvo las limitaciones accesorias.

2) Porque, ciertamente, la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajeneidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato ...

3) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.

4) Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario . También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo... compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones...; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad...; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados ... el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo... y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones...".

Precisando el ámbito y jurídicos efectos de las notas que se dejan relatadas, afirma el pronunciamiento del mismo Tribunal de 19 de febrero de 2014 que el requisito relativo a la dependencia entendida como " integración en el ámbito de organización y dirección del empresario no contradice la necesaria autonomía profesional imprescindible en determinadas actividades ; no afectando tampoco a la naturaleza de la relación subyacente la forma de la retribución en la medida que la jurisprudencia no exige que la misma sea fija y periódica, aunque ello refuerce la laboralidad de la relación... (admitiéndose) ...dentro del concepto de salario la retribución por resultado".

CUARTO.-La decisión sobre la laboralidad del vínculo que examinamos habrá, así, de producirse desde el análisis de cada caso, en función de la dimensión jurídica que ofrece el relato fáctico y atendiendo al concurso de los distintos elementos conformadores del nexo en cuestión y la distinta proyección de su intensidad (presuntiva) sobre su naturaleza (laboral o no). Hechos entre los que cabe destacar, como más directamente comprometidos en la calificación litigiosa, los siguientes

El 22 de diciembre de 2020 el actor suscribió un acuerdo de colaboración "en diferentes proyectos relacionados con el asesoramiento jurídico deportivo, la intermediación de futbolistas, la explotación de los derechos de imagen, la planificación económica..." con las empresas Impera SL y Finasport SL; atribuyéndosele las "funciones" recogidas por el primer hecho probado.

El actor figura en el Registro Mercantil como "administrador único y socio único" de la empresa Deporte y Ocio inversión y Evaluación SL cuyo objeto social es "la difusión, organización, asesoría, preparación, promoción, estudio y gestión de toda clase de equipamientos y actividades relacionadas con el deporte, el ocio y la recreación, así como la gestión de instalaciones deportivas de toda clase, además de cualesquiera otras actividades preparatorias, auxiliares o complementarias de las mismas". Entidad que recibió del Sr Ezequiel (en su condición de Director General de las mercantiles ya identificadas) sendas transferencias bancarias por importe de 4.000 euros el 9 de febrero y 11 de marzo de 2022; en concepto de "honorarios correspondientes a los servicios objeto del...contrato" incorporado como documento 23 de su ramo de prueba.

Tras efectuar la primera de las transferencias (el 15 de febrero de 2022) el Sr. Ezequiel (en esta ocasión, representando al Club Lleida Esportiu constituido el 14 de junio de 2021 como resultado de la fusión entre el Club deportivo Elias LLeida y Lleida Esportiu Terraferma) suscribió con el actor (actuando éste "en representación de Deporte y Ocio inversión y Evaluación SL") un "contrato de prestación de servicios de gestión y asesoramiento de entidad deportiva, en el que se hizo constar que por importantes carencias estructurales de la misma la necesidad de intervención de terceros profesionales para su gestión ... y revertir la situación de grave crisis". Dicha mercantil había suscrito con la Sra. Justino, el dia 7 del mismo mes, un "contrato de trabajo temporal ...como oficial de 1ª ... para obra o servicio determinado ejecución de proyecto de comunicación para nuevo cliente" -documento 7 del ramo de prueba de Lleida Ponent Club de Futbol-; siendo ésta contratada (ya con carácter indefinido por dicho Club) el 10 de enero de 2023 (documento 29 del ramo de prueba). En las tarjetas de visita aportadas el actor figuraba como "Director General del Lleida Esportiu".

El 4 de abril de 2024 el citado Club dirige burofax a Deporte y Ocio Inversión y Evaluación SL comunicándole la resolución del contrato suscrito "por incumplimiento de la obligación de destinar los ingresos percibido0s por cuenta del Club a otras finalidades ..., fijando una indemnización de 200.00€, más daños y perjuicios que fija en 77.333,16€". Previamente (el 19 de marzo de 2024) dicho Club había remitido "comunicación a Edemiro informándole que a partir de la fecha deja de ostentar el cargo representativo del Club que mantenía como consecuencia de la pérdida de confianza en su actuación durante los últimos meses y la falta de justificación de algunas de las actuaciones, especialmente en el ámbito económico; considerando revocada cualquier autorización o poder, restringiendo el acceso a documentación, registro, correo corporativo"; revocación a la que siguió una denuncia penal, "incoándose diligencias previas 1177/2024 del juzgado de instrucción núm. 4 de Lleida".

La entidad mercantil (Deporte y Ocio), junto con el ahora recurrente (Sr. Edemiro) presentó, a su vez, demanda en reclamación de cantidad frente a Lleida Ponent Club de Futbol; incoándose procedimiento ordinario núm. 145/2025 ante el Juzgado de Primera instancia núm. 2 de Lleida". En dicho escrito (datado a 20 de septiembre de 2024) se alude a la "relació profesional i d'amistat" habida entre aquél y el Sr. Ezequiel "des de l'any 2004", poniendo de manifiesto el recurrente su condición de "soci i administrador de la societat mercantil demandant DEPORTE Y OCIO, INVERSIÓN Y EVALUACIÓN, SL ...dedicada a l'assessorament de tot tipus d'entitats esportives en l'àmbit de la gestió, l'organització i l'administració" como también que el Sr. Ezequiel le había propuesto "fer gestions per adquirir i dirigir l'aleshores anomenat CLUB LLEIDA ESPORTIU (...)

Un cop el Sr. Ezequiel va ser designat president del CLUB i el Sr. Edemiro va ser contractat com a director general, es va detectar (según alega éste en su demanda civil -incorporada como documento 1 del ramo de prueba de Lleida Ponent Club de Fútbol-) que els gestors anteriors no havien tramitat l'obtenció del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat i estaven operant amb el NIF de l'extinta entitat CLUB LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA (G-25729898), antecedent del CLUB LLEIDA ESPORTIU"; razón por la cual, y amb la finalitat de poder donar operativitat el funcionament del CLUB i de poder gestionar pagaments i cobraments, es va convenir subscriure un contracte de prestació de serveis, de gestió i d'assessorament entre el CLUB i DyO. (documento 22 del ramo de prueba del actor), a través del cual "es pretenia delegar alguns aspectes de la gestió del CLUB a una entitat solvent i experta en la gestió d'entitats esportives a canvi d'una remuneració i, per altra banda, es dotava el CLUB d'una organització que permetia la recepció i l'emissió de factures i la gestió dels pagaments i dels cobraments que se'n derivava".

Es en este contexto que "tant DyO com el Sr. Edemiro van haver de fer ús de fons propis en benefici del CLUB per un import total de 185.375,04€; cantidad que el ahora recurrente reclama en el ámbito civil; advirtiendo en el correspondiente escrito de demanda sobre "l'eventual responsabilitat personal dels membres de la junta ... ya advertidapel Sr. Edemiro en data 14 d'agost".

QUINTO.-Por remisión a la sentencia que cita del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2013, reiteran las de la Sala de 7 de abril y 22 de septiembre de 2014, 17 de enero y 18 de julio de 2019, 24 de julio de 2020, 11 de marzo de 2021, 26 de enero de 2023 y 22 de febrero, 23 de julio de 2024, 24 de febrero y 21 de julio de 2025 y 20 de enero de 2026 que la doctrina de los Actos Propios constituye un límite de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia del principio de buena fé y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos o presupuestos que tal doctrina para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos , en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior".

Se reproduce, así, el criterio jurisprudencial expresado por las SSTS de 30 de septiembre de 2013 y 16 de julio de 2015 recogido por la de la Sala de 14 de febrero de 2025 cuando insiste en la necesidad de que la "conducta vinculante ha de expresarse en actos concluyentes e indubitados que causen estado... lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos"; considerando el pronunciamiento del Alto Tribunal de 21 de diciembre de 2021 contrario a la misma cuando la parte "contradice sin razón objetiva su comportamiento anterior, sobre el cual un tercero fundó una legítima confianza que le llevó a determinadas disposiciones, inhibiciones o asunción de compromisos patrimoniales, que quedarían frustradas con aquel comportamiento contradictorio". De manera que "el principio de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubiesen creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (aparte de muchas otras anteriores" ( STS de 23 de octubre de 2017, por remisión a los pronunciamientos del Alto Tribunal que en la misma se reseñan).

Debe, ello no obstante, advertirse sobre su jurídica inoperatividad en aquellos supuestos en que su aplicación pudiera comportar "una renuncia de derechos indisponibles por parte del trabajador" (ex STSJ del país Vasco de 23 de octubre de 2017); lo que lleva a la STSJ de Canarias/Las Palmas de 3 de noviembre de 2022 a concluir que la calificación de una relación como laboral no puede ser automáticamente establecida por la aplicación al caso de la "doctrina de los actos propios pues ello comprometería el mandato legal previsto en el art. 3.5 del ET de indisponibilidad de los derechos reconocidos legalmente", como sucedería en el supuesto examinado por dicha sentencia "a la vista de las características laborales de la prestación de servicios". Analizando por su parte el Auto del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999 el juicio de contradicción entre los pronunciamientos que compara desde la advertida circunstancia de que la sentencia recurrida había declarado "la incompetencia de la Jurisdicción Social, por entender fundamentalmente que no consta el sometimiento del demandante a un horario de la empresa ni que estuviera sometido a régimen disciplinario alguno, no concurriendo las notas de dependencia, resultando de los actos propios del actor que el mismo interesó que se constituyera una relación mercantil y no laboral, considerando a la demandada como su cliente...".

En el concreto supuesto que enjuiciamos no puede la Sala ignorar el "antecedente" que supone la presentación por parte del actor de una demanda civil contra las mismas personas (física y jurídica) codemandadas en el presente procedimiento en el contexto de una reclamación (mercantil, entre sociedades) de la que no se puede deslindar (a los efectos de decidir sobre la competencia de este orden social para conocer de la pretensión de despido deducida en la litis) lo manifestado en la misma sobre el devenir contractual de las partes concernidas por el conflicto planteado. Iterrelacional del que no puede obtenerse otra razonable conclusión que la judicialmente alcanzada en contra de su pretendido carácter laboral; y ello es así porque en el desempeño de su actividad para con la mercantil subyace un reconocido interés económico-comercial. Lo que nos lleva a considerar -en armonía con lo decidido en la instancia- "(...) que la intervención del actor en representación de la demandada lo fue por su condición de administrador y socio único de Deporte y Ocio Inversión y Evaluación SL...no existiendo ningún vínculo laboral, ni común ni especial, no constando en autos el desempeño de funciones distintas a las que le fueron encomendadas".

Es por ello que sobre la base de lo así expuesto y razonado que